Sec. 1.

a. En la fecha y en el lugar señalados para la reunión de la Convención General, el Presidente de la Cámara de Diputados o, en su ausencia, el Vicepresidente de la Cámara o, en ausencia de ambos, un Funcionario Presidente pro tempore nombrado por los miembros del Comité Conjunto sobre Arreglos para la Convención General de la Cámara de Diputados, declarará constituida la asamblea con los miembros presentes. El Secretario de la Cámara de Diputados o en su ausencia, un Secretario pro tempore designado por el Funcionario Presidente, inscribirá los nombres de aquellas personas cuyas cartas de recomendación hayan sido presentadas en debida forma, y dicha inscripción será prueba prima facie de que las personas cuyos nombres aparecen ahí inscritos tienen derecho a escaño. En caso de que se presenten cartas de recomendación por o en nombre de personas de jurisdicciones que no hayan estado representadas anteriormente en una Convención General, entonces el Secretario de la Cámara de Diputados, o uno designado en su lugar según lo dispuesto en este documento, procederá según lo dispuesto en la Cláusula c. Si hay quórum presente, el Secretario de la Cámara de Diputados así lo certificará, y la Cámara procederá a organizarse mediante la elección, por votación, de un Secretario de la Cámara de Diputados, siendo necesaria la mayoría de los votos emitidos para dicha elección. Al efectuarse la elección, el Funcionario Presidente declarará organizada la Cámara. Si hubiera vacante en el cargo de Presidente o Vicepresidente, se procederá a llenarlas por medio de votación y el término del delegado así elegido durará hasta la clausura de la Convención General. Al llenar dichas vacantes, el Presidente nombrará un Comité que estará al servicio de la Cámara de Obispos y le informará de la organización de la Cámara de Diputados y de su disposición para evacuar las diligencias.

b. Habrá un Presidente y un Vicepresidente de la Cámara de Diputados, quienes serán responsables de las funciones que normalmente corresponden a sus respectivos cargos o las que sean especificadas en estos Cánones. Serán electos a más tardar el séptimo día de cada reunión ordinaria de la Convención General en la forma aquí establecida. La Cámara de Diputados elegirá entre sus miembros, por una mayoría de votos en votaciones separadas, a un Presidente y a un Vicepresidente, quienes serán de órdenes diferentes. Dichos delegados ocuparán sus cargos cuando se levante la reunión ordinaria en la cual tuvo lugar su elección, y seguirán en sus puestos hasta que se levante la siguiente reunión ordinaria de la Convención General. Serán y permanecerán miembros ex officio de la Cámara durante el plazo de sus cargos. Ninguna persona que haya sido elegida Presidente o Vicepresidente podrá ejercer por más de tres plazos completos consecutivos en cada cargo respectivo. En caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o incapacidad del Presidente, el Vicepresidente cumplirá con los deberes de dicho cargo hasta la clausura de la próxima reunión de la Convención General. En caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o incapacidad del Vicepresidente, el Presidente designará a un Diputado de la orden opuesta, siguiendo el consejo y por consentimiento de los miembros laicos y clérigos del Consejo Ejecutivo, quien actuará hasta la clausura de la próxima reunión de la Convención General. El Presidente estará autorizado para nombrar a un Consejo Asesor para consulta y consejo con respecto al desempeño de las funciones del cargo. El Presidente podrá también nombrar un Canciller del Presidente, una persona adulta, confirmada y comulgante de la Iglesia, solvente, versada tanto en leyes eclesiásticas como seculares, para ocupar dicho cargo hasta que así lo desee el Presidente, como consejero en asuntos relacionadas con el desempeño de las obligaciones de dicho cargo.

c. Con el fin de asistir al Secretario de la Cámara de Diputados en la preparación de las actas especificadas en la Cláusula a., será deber del Secretario de la Convención de cada Diócesis enviar al Secretario de la Cámara de Diputados, en cuanto sea posible, una copia del Diario de la Convención Diocesana, junto con una copia certificada de las cartas de recomendación de los mencionados miembros y copias en duplicado de dichas cartas de recomendación. Cuando se reciban cartas de recomendación de personas procedentes de jurisdicciones que anteriormente no habían sido representadas en la Convención General, el Secretario de la Cámara de Diputados verificará que se hayan cumplido las disposiciones de la Sección 1 del Artículo V de la Constitución antes de que se conceda a dichas personas un escaño en la Cámara.

d. El Secretario llevará las actas completas de las deliberaciones de la Cámara, registrándolas, con todos los informes, en un libro preparado para ese efecto; conservará los Diarios y Registros de la Cámara; los entregará al Secretario en la forma especificada a continuación, y llevará a cabo cualquier otra tarea que pudiera disponer la Cámara. El Secretario podrá, con la aprobación de la Cámara, nombrar Secretarios Adjuntos y el Secretario y sus Secretarios Adjuntos continuarán en sus cargos hasta que se organice la siguiente Convención General y hasta que sus sucesores sean elegidos.

e. Será deber del Secretario de la Cámara de Diputados informar a la Autoridad Eclesiástica de la Iglesia en cada Diócesis, así como al Secretario de la Convención de cada Diócesis, siempre que se proponga cualquier propuesta de cambio al Libro de Oración Común o a la Constitución, o sobre cualquier otro asunto presentado a la consideración de las distintas Convenciones Diocesanas, y el Secretario deberá presentar ante la Convención General en su siguiente sesión un comprobante escrito de que dicho requisito se ha cumplido. Todos los avisos serán enviados por medios electrónicos, y los certificados del Secretario habrán de devolverse. El Secretario notificará a todos los Secretarios Diocesanos de su obligación de dar a conocer dichos cambios propuestos al Libro de Oración Común y a la Constitución, y cualquier otro asunto, a la Convención de su Diócesis en su próxima sesión, y certificará ante el Secretario de la Cámara de Diputados que tal medida se tomó.

f. El Secretario de la Cámara de Diputados y el Tesorero de la Convención General tendrán derecho a escaños en la Cámara, y con el consentimiento del Presidente, podrán exponer temas relacionados a sus respectivas funciones.

g. En las reuniones de la Cámara de Diputados, el Reglas y las Órdenes de la reunión anterior seguirán vigentes hasta que la Cámara las enmiende o revoque.

h. En caso de renuncia, fallecimiento o discapacidad total del Presidente y Vicepresidente durante el receso de la Convención General, el Secretario de la Cámara de Diputados desempeñará las funciones ad interim que correspondan al cargo de Presidente hasta la siguiente reunión de la Convención General o hasta que dicha discapacidad ya no exista.

i. Si se produjera una vacante durante el receso en el cargo de Secretario de la Cámara de Diputados, sus obligaciones recaerán en el Primer Secretario Adjunto o, si no lo hubiera, en un Secretario pro tempore nombrado por el Presidente de la Cámara, o si el cargo de Presidente también se encontrara vacante, entonces por el Vicepresidente; si ambos cargos estuvieran vacantes, entonces por los miembros de la Cámara de Diputados del Comité Conjunto de Planificación y Arreglos de la Convención General siguiente que designen la Convención General precedente.

j. En toda reunión ordinaria de la Convención General, el Secretario elegido por la Cámara de Diputados, por acto simultáneo de las dos Cámaras de la Convención General, será nombrado también Secretario de la Convención General, y será responsable de organizar e imprimir el Diario de la Convención General, así como de cualquier otro asunto que le fuera encargado y fungirá hasta que se elija a un sucesor.

Sec. 2.

a. La Convención General, por Canon, puede establecer Comisiones Permanentes para estudiar y redactar propuestas sobre temas importantes, considerados como asunto de interés continuo para la misión de la Iglesia. El Canon deberá especificar las obligaciones de cada una de esas Comisiones Permanentes. Las Comisiones Permanentes deberán estar formadas por cinco Obispos, cinco Presbíteros o Diáconos de esta Iglesia y diez Laicos, quienes deberán ser adultos confirmados, comulgantes, en buena posición en esta Iglesia. Los Presbíteros, Diáconos y Laicos no están obligados a ser Diputados de la Convención General.

b. Los períodos de todos los miembros de las Comisiones Permanentes deberán ser iguales al intervalo entre la reunión regular de la Convención General que antecede a su designación y la clausura de la segunda reunión regular posterior de la Convención General, y dichos períodos deberán rotarse para que, tan cercano como se pueda, el período de la mitad de los miembros vencerá al terminar cada reunión regular de la Convención General. El período de servicio de un miembro quedará vacante en caso de dos ausencias de las reuniones de la Comisión en el intervalo entre reuniones regulares sucesivas de la Convención General, a menos que sea justificado por la Comisión por causas válidas.

c. El Obispo Presidente nombrará a los miembros Episcopales, y el Presidente de la Cámara de Diputados designará a los miembros Laicos y otros miembros clérigos de cada Comisión tan pronto como sea posible después de la clausura de la Convención General, pero no después de 90 días de que se levante. Los miembros episcopales nombrados después de la clausura de cualquier Convención General en la cual se elija un Obispo Presidente serán nombrados por el Obispo Presidente electo. Las vacantes se deberán resolver de la misma manera; se dispone, sin embargo, que las vacantes que se produzcan durante el año previo a la siguiente Convención General ordinaria no se deberán llenar a menos que lo pida la Comisión.

d. El Obispo Presidente y Presidente de la Cámara de Diputados podrán nombrar conjuntamente a los miembros del Consejo Ejecutivo como enlaces para facilitar la comunicación entre el Consejo Ejecutivo y cada Comisión Permanente y la coordinación de la labor de cada Comisión Permanente y los comités del Consejo Ejecutivo. Se notificará al Secretario de la Convención General de dichos nombramientos. Estos enlaces no podrán ser miembros de la Comisión, pero tendrán escaño y voto. Los gastos razonables de estos enlaces los cubrirá el Consejo Ejecutivo. Cada Comisión tendrá personal de apoyo de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera designado por el Obispo Presidente. Cada Comisión podrá constituir comités de entre los que sean miembros o los que no sean miembros de la Comisión, y con sujeción al presupuesto de la Comisión, podrá contratar los servicios de los consultores y coordinadores que sean necesarios para llevar a cabo su trabajo.

e. El Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados serán miembros ex officiis de cada Comisión, o podrán nombrar representantes personales para asistir a cualquier reunión en su lugar, pero sin voto.

f. El Director Ejecutivo de la Convención General deberá, a más tardar (120) días después de la reunión de la Convención General, notificar a los miembros de la misma de las designaciones para las Comisiones y su obligación de presentar informes en la próxima Convención, y programará una reunión organizacional para cada Comisión. Un año antes del día de la inauguración de la Convención, el Director Ejecutivo de la Convención General deberá recordarles esta obligación a los Presidentes y Secretarios de todas las Comisiones.

g. Todas las Comisiones elegirán a un presidente, un vicepresidente y un secretario.

h. La Convención General podrá remitir un asunto pertinente a una Comisión para su consideración, pero no podrá ordenar a la Comisión que llegue a una conclusión determinada.

i. Las Comisiones darán aviso oportuno y apropiado a la Iglesia de la hora, lugar y orden del día de las reuniones, así como de las instrucciones sobre cómo los miembros de la Iglesia pueden presentarle sus opiniones a la Comisión.

j. Toda Comisión deberá preparar un informe, el cual, en conjunto con cualquier informe minoritario, deberá enviarse a más tardar a 150 días antes del día de la inauguración de cada Convención, al Director Ejecutivo de la Convención General, quien deberá distribuirlo a todos los miembros de la Convención.

k. El Informe de cada Comisión presentado en la Convención General deberá:

l. Toda Comisión, como una condición precedente a la presentación y recepción de todo informe a la Convención General, en el cual dicha Comisión proponga que se adopte alguna Resolución deberá, por medio del voto, autorizar a un miembro o a unos miembros de la Convención General, quienes, de ser posible, deberán ser miembros de la Comisión, con las limitaciones que pueda establecer la Comisión, para aceptar o rechazar, a nombre de la Comisión, cualquier enmienda propuesta por la Convención General para cualquiera Resolución; en el entendido, sin embargo, que ninguna de dichas enmiendas puede cambiar la sustancia de la propuesta, sino deberá ser básicamente para fines de corregir errores. El nombre del miembro o miembros de la Convención Generala quien dicha autoridad se ha conferido, así como las limitaciones de la autoridad, deberá comunicarse por escrito a los Funcionarios Presidentes de la Convención General, a más tardar en el momento de la presentación de dicho Informe a la Convención General.

m. Todas las Comisiones cuyos Informes pidan gastos con cargo al presupuesto de La Iglesia Episcopal (excepto para la impresión del Informe) deberán incluir dicha solicitud en su informe a la Convención General y de conformidad con el Canon I.4.6.

n. Deberán existir las siguientes Comisiones Permanentes:

Sec. 3.

a. El derecho a convocar reuniones extraordinarias de la Convención General descansará en los Obispos. El Obispo Presidente enviará las convocatorias para dichas reuniones, indicando el lugar y hora de las mismas, con el consentimiento o la solicitud de una mayoría de los Obispos, expresada por escrito.

b. Los Diputados electos para la Convención General precedente serán los Diputados a dichas reuniones extraordinarias de la Convención General, excepto en aquellos casos en que otros Diputados hubieran sido escogidos en el ínter tanto por cualquier Convención Diocesana, y dichos Diputados representarán, en la reunión extraordinaria de la Convención General, a la Iglesia de la Diócesis en la cual fueron seleccionados.

c. Cualquier vacante en la representación de una Diócesis causada por fallecimiento, ausencia o incapacidad de cualquier Diputado, será llenada temporal o permanentemente en la forma dispuesta por la Diócesis o, en ausencia de tal disposición, por nombramiento de la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis. Durante los plazos especificados en el certificado que le expida la autoridad designada a dicha persona, el Diputado Provisional así nombrado tomará posesión y tendrá derecho a ejercer la facultad y autoridad del Diputado en cuyo lugar haya sido nombrado.

Sec. 4.

a. Todas las jurisdicciones de esta Iglesia facultadas por la Constitución o los Cánones para escoger Diputados de la Convención General, deberán hacerlo a más tardar 12 meses antes de la apertura de la Convención General para la cual son escogidos. Los diputados de las jurisdicciones que no cumplan con este requisito de elección no podrán tomar asiento a menos que así lo permita un dictamen del funcionario presidente.

b. Será el deber de todo Diputado con escaño comunicar a la jurisdicción electora las medidas tomadas y las posiciones establecidas por la Convención General.

c. Será la responsabilidad de cada Diócesis facilitar un foro en el cual los Diputados de la Convención General de dicha jurisdicción tengan la oportunidad de informar.

Sec. 5.

a. El Secretario de la Convención General, ex officio, será el Secretario de la Convención General, cuyo deber será el de recibir todos los diarios, archivos, informes y otros documentos o artículos que sean, o que llegasen a ser, propiedad de cualquiera de las dos Cámaras de la Convención General. Asimismo, transferirá los mismos a los Archivos de la Iglesia, como lo disponga el Archivista.

b. También será deber de dicho Secretario conservar un registro adecuado de las ordenaciones y consagraciones de todos los Obispos de esta Iglesia, indicando con exactitud el lugar y hora de las mismas, con los nombres de los Obispos Consagrantes y de las otras personas presentes y participantes; también deberá autenticar estos hechos en la forma más completa posible y se asegurará de llevar un registro y autenticación similares de todas las futuras ordenaciones, y consagraciones y entronaciones de Obispos de esta Iglesia; y transmitirá los mismos a los Archivista de la Iglesia como lo disponga el Archivista. El Obispo Presidente informará al Secretario oportunamente del lugar y la hora de dichas ordenaciones y consagraciones; será obligación del Secretario asistir a dichas ordenaciones y consagraciones, en persona o por medio de un Subregistrador clérigo o laico.

c. El Secretario elaborará, en la forma establecida por la Cámara de Obispos, las cartas de Ordenación y Consagración por duplicado, obtendrá inmediatamente las firmas y sellos de los Obispos ordenantes y consagrantes y de todos los demás Obispos asistentes, en la medida que sea factible, entregará una de dichas cartas al Obispo recién consagrado, archivará y conservará debidamente la otra y registrará el hecho en las actas oficiales.

d. El Secretario será también el Historiógrafo, a menos que la Cámara de Obispos hubiera nombrado a otra persona, y, en este caso, la Cámara de Diputados confirmará la propuesta.

e. Los gastos necesarios incurridos bajo esta Sección serán sufragados por el Tesorero de la Convención General.

f. Será deber de los Secretarios de ambas Cámaras entregarle al Secretario las actas de ambas Cámaras, junto con los Diarios, archivos, papeles, informes, registros electrónicos y todos los demás expedientes de ambas Cámaras de la forma prescrita por el Archivista. Las actas de ambas Cámaras permanecerán archivadas hasta después de clausurada la primera Convención General siguiente a aquella en que se anotaron dichas actas; se dispone, no obstante, que cualquier porción de dichas actas que por cualquier motivo no hubiera sido publicada en el Diario, permanecerá en los archivos. El Secretario de la Cámara de Diputados también entregará al Secretario, de la manera prescrita por el Archivista, a menos que se ordene expresamente lo contrario, todos los Diarios, archivos, papeles, informes y otros documentos publicados, no publicados o electrónicos especificados en el Canon I.6. Los Secretarios exigirán del Secretario recibos de los Diarios y otros expedientes. El Secretario deberá transmitir las actas de los secretarios de ambas Cámaras al Archivista de la Iglesia.

g. En caso de una vacante en el cargo de Secretario, el Obispo Presidente nombrará a un Secretario que desempeñará el cargo hasta la siguiente Convención General.

Sec. 6.

a. La Cámara de Diputados, por propuesta de la Cámara de Obispos, elegirá a un Anotador (quien podrá ser una persona física o una organización incorporada de esta Iglesia), cuyo deber es y será continuar la Lista de Ordenaciones y llevar una Lista de Clérigos solventes.

b. Será deber del Obispo o, si no lo hubiera, del Presidente del Comité Permanente de cada jurisdicción, enviar al Anotador a más tardar el primer día de marzo de cada año, un informe certificando la siguiente información hasta el día treinta y uno de diciembre del año anterior: (1) el nombre de los Clérigos con residencia canónica con sus distintos cargos; (2) el nombre de los Clérigos con licencia del Obispo para oficiar, sin estar aún transferidos; (3) el nombre de todas las personas asociadas a la jurisdicción que hayan sido ordenadas Diáconos o Presbíteros durante los doce meses anteriores, con la fecha y lugar de ordenación y el nombre del Obispo Ordenante; (4) el nombre de los Clérigos de la jurisdicción que hayan fallecido en los últimos doce meses, con la fecha y el lugar de su muerte; (5) el nombre de los Clérigos de que hayan sido recibidos en los últimos doce meses, con la fecha de su recepción y el nombre de la jurisdicción de procedencia y, en el caso de Clérigos recibidos de una jurisdicción que no sea de esta Iglesia, la fecha y el lugar de ordenación y el nombre del Obispo Ordenante; (6) el nombre de los Clérigos que hayan sido transferidos durante los doce meses anteriores, con las fechas de las Cartas Dimisorias y de su aceptación, y el nombre de la jurisdicción a la cual fueron transferidos; (7) el nombre de los Clérigos que hayan sido suspendidos en los últimos doce meses, con la fecha y el motivo de la suspensión; (8) el nombre de los Clérigos que hayan sido removidos o destituidos en los últimos doce meses, con fecha, lugar y motivo de la remoción o destitución; (9) el nombre de los Clérigos que hayan sido restaurados en los últimos doce meses, con la fecha respectiva; y (10) el nombre de las Diaconisas canónicamente residentes en la Diócesis.

c. Será deber del Anotador suministrar, en la autoridad correspondiente y a cuenta del solicitante, toda información que pudiera tener en su custodia el Anotador, partiendo de los informes dispuestos en virtud del Apartado .b del presente.

d. El Anotador elaborará y presentará ante cada sesión de la Convención General una lista de todos los Presbíteros y Diáconos ordenados, recibidos, transferidos, relevados y destituidos, retornados, suspendidos, depuestos o restaurados; de todos los Obispos ordenados, recibidos, relevados y destituidos, retornados, suspendidos, depuestos o restaurados; y de todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos que hayan fallecido; dicha lista cubrirá el período desde el último informe similar del Anotador hasta el treinta y uno de diciembre inmediatamente anterior a cada sesión de la Convención General.

e. Los gastos necesarios incurridos por el Anotador en virtud de esta Sección serán sufragados por el Tesorero de la Convención General.

f. En caso de una vacante en el cargo de Anotador, el Obispo Presidente nombrará un Anotador, quien desempeñará el cargo hasta la siguiente Convención General.

Sec. 7.

a. En todas las reuniones ordinarias de la Convención General, se elegirá a un Tesorero (quien también podrá ser Tesorero de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera [DFMS] y del Consejo Ejecutivo) por acto simultáneo de ambas cámaras, el cual permanecerá en el cargo hasta que se elija a su sucesor. Será el deber del Tesorero recibir y desembolsar todo dinero recaudado bajo la autoridad de la Convención, siempre que dicha recaudación y desembolso no estén ordenados de otra forma; además, con la asesoría y aprobación del Obispo Presidente y del Tesorero del Consejo Ejecutivo, invertirá, periódicamente, cualquier fondo excedente. El Tesorero rendirá su informe para la Convención en cada sesión ordinaria, el cual será sometido a una auditoría bajo la dirección de un comité que actúe bajo su autoridad.

b. En caso de una vacante por fallecimiento, renuncia u otro motivo, en el cargo de Tesorero de la Convención General, el Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados nombrarán a un Tesorero, quien desempeñará el cargo hasta elegir a su sucesor. En caso de incapacidad temporal del Tesorero para actuar, debido a enfermedad u otra causa, los mismos funcionarios nombrarán a un Tesorero Interino que realizará todos los deberes del Tesorero hasta que dicho Tesorero pueda reanudar sus deberes.

Sec. 8.

a. La Convención General deberá adoptar, en cada reunión ordinaria, un presupuesto para La Iglesia Episcopal que incluya los gastos imprevistos de la Convención General, el estipendio del Obispo Presidente, así como los gastos necesarios de su cargo, los gastos necesarios del Presidente de la Cámara de Diputados, incluidos el personal y el Consejo Asesor que se requieran para asistirle en el ejercicio de sus funciones y asuntos relacionados con el Presidente y las alícuotas aplicables al Church Pension Fund. A fin de sufragar los gastos de este presupuesto, se impondrá una alícuota a las Diócesis de la Iglesia de acuerdo con una fórmula que la Convención General deberá adoptar como parte del presupuesto de La Iglesia Episcopal. Deberá ser obligación de cada Convención Diocesana pagarle su alícuota al Tesorero de la Convención General según el calendario establecido por el Consejo Ejecutivo.

b. La Coalición Episcopal para la Equidad y la Justicia Racial (la “Coalición”), creada por la 80ª Convención General, deberá financiarse en parte con un retiro de una décima parte anual de los fideicomisos y los fondos patrimoniales no restringidos de la Iglesia, tal y como se determina en los estados financieros auditados más recientes, a una tasa porcentual igual al porcentaje del retiro aplicado para financiar el presupuesto de la Iglesia, tal y como se describe en la subsección 8.a de este Canon. La cantidad de financiamiento estimado para la Coalición se describirá en el presupuesto de la Iglesia Episcopal solo con fines informativos. El financiamiento de la Coalición deberá ser proporcionado por el Tesorero después de que el Consejo Ejecutivo declare el porcentaje anual del retiro. La Coalición deberá presentar un informe ante todas las reuniones ordinarias de la Convención General, proporcionando estados financieros e informes auditados sobre su ministerio y su participación en la misión de Dios.

Sec. 9.

El Tesorero de la Convención General estará facultado para solicitar préstamos, en nombre del Consejo Ejecutivo, por cualquier cantidad que a juicio del Tesorero fuera necesaria para ayudar a pagar los gastos del presupuesto de La Iglesia Episcopal adoptado según el Canon I.1.8.a, con la aprobación del Consejo Ejecutivo.

Sec. 10.

El Tesorero deberá proporcionar una fianza condicionada al fiel cumplimiento de sus deberes. El monto y los términos de la misma estarán sujetos a la aprobación del Obispo Presidente, y el costo de dicha fianza será sufragado por la Convención General.

Sec. 11.

El Tesorero podrá nombrar, dependiendo de la aprobación del Obispo Presidente, a un Tesorero Adjunto, quien desempeñará el cargo mientras así lo disponga el Tesorero y cumplirá con aquellos deberes que este le asigne. El Tesorero Adjunto deberá proporcionar una fianza condicionada al fiel cumplimiento de sus deberes. El monto y los términos de la misma estarán sujetos a la aprobación del Obispo Presidente, y el costo de dicha fianza será sufragado por la Convención General.

Sec. 12.

a. Habrá una Dirección Ejecutiva de la Convención General, encabezada por un Director Ejecutivo de la Convención General que será nombrado conjuntamente por el Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados con el asesoramiento y consentimiento del Consejo Ejecutivo. El Director Ejecutivo se reportará al Consejo Ejecutivo y actuará por órdenes del mismo.

b. La Oficina Ejecutiva de la Convención General deberá incluir las funciones del Secretario de la Convención General y del Tesorero de la Convención General, así como las del Gerente de la Convención General, y, si los distintos cargos son desempeñados por diferentes personas, dichos funcionarios deberán estar bajo la supervisión general del Director Ejecutivo de la Convención General, quien deberá también coordinar el trabajo de las Comisiones, Comités, Agencias y Juntas financiadas por el presupuesto de La Iglesia Episcopal.

Sec. 13.

a. En cada reunión de la Convención General, el Comité Permanente Conjunto sobre Planificación y Arreglos deberá presentarle a la Convención General sus recomendaciones sobre lugares para la celebración de la Convención General que tendrá lugar como segunda Convención General posterior a la Convención General en la que se haya realizado el informe. Al hacer dichas recomendaciones, el Comité constatará a la Convención la disposición de las Diócesis donde se encuentran los lugares recomendados para celebrar la Convención General en sus jurisdicciones.

b. De los lugares recomendados por el Comité Conjunto, la Convención General aprobará no menos de tres y no más de cinco lugares como posibles sedes para la reunión de la Convención General.

c. De los lugares aprobados por la Convención General, el Comité Conjunto, con el consejo y el consentimiento de un voto mayoritario de: los Presidentes y Vicepresidentes de ambas Cámaras de la Convención, los Presidentes de las Provincias y el Consejo Ejecutivo, determinarán la sede para dicha Convención General y procederán a hacer todos los arreglos razonables y necesarios y los compromisos para la celebración de dicha Convención General. Por lo tanto, la sede y la fecha se considerarán de este modo como designados por la Convención General, como se dispone en la Constitución.

d. Una vez determinada la sede y los arreglos para la celebración de dicha Convención General, el Comité Conjunto informará al Secretario de la Convención General, quien comunicará esa determinación a las Diócesis.

e. Según las pautas establecidas por la Convención General con respecto a la fecha y duración de futuras Convenciones Generales, y de conformidad con los arreglos razonables y necesarios y los compromisos adquiridos con las Diócesis y operadores de las instalaciones dentro de la Diócesis en la cual tendrá lugar la siguiente Convención General, el Comité Conjunto fijará la fecha y la duración de la siguiente Convención, dará esa información al Secretario de la Convención General y la incluirá en su informe para la Convención. En caso de un cambio de circunstancias que requiera la necesidad o conveniencia de cambiar la fecha o duración previamente fijadas, el Comité Conjunto deberá investigar y hacer recomendaciones al Obispo Presidente y al Presidente de la Cámara de Diputados, quienes con el consejo y consentimiento del Consejo Ejecutivo, podrán fijar una fecha o duración diferentes.

Sec. 1.

a. En cada Convención General se elegirá un Comité Nominador Conjunto para la Elección del Obispo Presidente. El Comité Nominador deberá estar formado por 20 miembros, de la siguiente manera: cinco Obispos elegidos por la Cámara de Obispos; cinco personas del clero, incluida por lo menos una persona del diaconado y cinco del laicado, elegidas por la Cámara de Diputados, que podrían ser miembros de dicha Cámara, aunque no necesariamente; dos personas, de entre 16 y 23 años de edad, designadas por el Presidente de la Cámara de Diputados; y tres personas designadas conjuntamente por el Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados para asegurar la diversidad cultural y geográfica de la Iglesia. El Comité Permanente Conjunto sobre Nominaciones propondrá una lista de nominados para los puestos de elección, de acuerdo con su cargo y procedimientos canónicos. En todos los casos, los nominados y designados deberán tener las aptitudes necesarias para prestar un servicio eficaz en el Comité Nominador.

b. En caso de ocurrir vacantes en el Comité Nominador Conjunto después de la elección de sus miembros menos de un año antes de la siguiente Convención General debidas a fallecimiento, discapacidad, renuncia u otra causa, estas no se llenarán y los miembros restantes constituirán el Comité Nominador Conjunto. En caso de que las vacantes ocurrieran más de un año antes de la siguiente Convención General, el Funcionario Presidente de la Cámara de Obispos nominará a Obispos y el Presidente de la Cámara de Diputados nominará a Diputados Clericales y Laicos. Un miembro laico del Comité que es Presbítero o Diácono ordenado, o un Presbítero o Diácono que sea consagrado como Obispo antes de la próxima Convención General, no será elegible para continuar como miembro del Comité Nominador Conjunto hasta la siguiente Convención General siguiente.

c. El Comité Nominador Conjunto permanecerá en funciones hasta la clausura de la siguiente Convención General, durante la cual se elegirá a un nuevo Comité Nominador Conjunto. Los miembros del Comité pueden postularse para reelección.

d. El Comité Nominador Conjunto deberá elaborar y administrar un proceso para solicitar e identificar a nominados calificados para el cargo de Obispo Presidente y para proporcionar los candidatos a la Convención General en la que será elegido un Obispo Presidente. El proceso debe permitir que el trabajo se lleve a cabo de manera eficiente y tan rentable como sea posible. Este proceso estará diseñado para alentar la diversidad que refleje la amplitud de La Iglesia Episcopal. El proceso incluirá (1) el Comité Nominador informará a la Iglesia en general sobre el proceso y el programa; (2) el Comité Nominador preparará un perfil para la elección del próximo Obispo Presidente y este perfil se distribuirá por toda la Iglesia; (3) presentando los nombres de al menos tres miembros de la Cámara de Obispos para que juntas, la Cámara de Obispos y la Cámara de Diputados, los consideren para la elección de un Obispo Presidente; (4) estableciendo un proceso oportuno para que cualquier obispo o diputado exprese la intención de nominar a cualquier otro miembro de la Cámara de Obispos por medio de un proceso de peticiones, y para que cada nominado por este medio nominado sea aprobado siguiendo el mismo proceso de comprobación de referencias personales y antecedentes que el resto de los candidatos, y para que cada Obispo por ese medio nominado pueda incluirse en la información que se distribuirá sobre candidatos, y (5) facilitando atención pastoral para cada obispo nominado y su familia y su diócesis.

e. El Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados nombrarán un Comité de Transición del Obispo Presidente. Los miembros deberán tener las habilidades y talentos necesarios para determinar la necesidad y proporcionar asistencia de transición al Obispo Presidente y al Obispo Presidente electo.

f. El Consejo Ejecutivo designará un pequeño Comité de Instalación del Obispo Presidente que cuente con las habilidades y talentos necesarios para planificar y llevar a cabo una Celebración del Nuevo Ministerio para el nuevo Obispo Presidente.

g. En la Convención General en la cual se elegirá a un Obispo Presidente, el Comité Nominador Conjunto presentará a la Cámara de Obispos y a la Cámara de Diputados en Sesión Conjunta los nombres de por lo menos tres miembros de la Cámara de Obispos, junto con los de los nominados por medio del proceso de peticiones, a la consideración de las dos Cámaras para escoger a un Obispo Presidente, y podrá haber debate sobre todos los nominados. Comenzando al día siguiente de la Sesión Conjunta, la Cámara de Obispos llevará a cabo la elección de entre dichas personas nominadas. Si la Cámara de Obispos no pudiera elegir a un Obispo Presidente de entre dichos candidatos, se celebrará otra Sesión Conjunta, en la cual se podrán recibir candidaturas adicionales, y al día siguiente, la Cámara de Obispos llevará a cabo la elección de entre todos los nominados. Luego de la elección por la Cámara de Obispos, se dará un informe de los resultados a la Cámara de Diputados, el cual incluirá la cantidad de votos emitidos por cada persona nominada en cada papeleta, la cual votará para confirmar o no a la persona nominada como Obispo Presidente.

h. En el caso de que ocurriera una vacante en el cargo de Obispo Presidente entre reuniones de la Convención General, según lo especifica el segundo párrafo de la Sección 3 del Artículo I, de la Constitución, el Comité Nominador Conjunto presentará al Secretario de la Cámara de Obispos, según lo dispuesto en dicho artículo, los nombres de por lo menos tres miembros de la Cámara de Obispos para la consideración de dicha Cámara a fines de escoger un Obispo Presidente para llenar la vacante; simultáneamente, por la misma vía, trasmitirá una copia de dicho informe al Secretario de la Cámara de Diputados a fin de hacer el despacho por correo a todos los Diputados. Tal informe también será despachado a la prensa de la Iglesia y a la prensa secular. Luego, la Cámara de Obispos tendrá una reunión extraordinaria con el propósito de elegir a un Obispo Presidente para llenar la vacante, y en dicha elección, el voto recaerá sobre las personas nominadas por el Comité Nominador Conjunto y cualquiera otra propuesta de algún miembro votante de la Cámara de Obispos. Inmediatamente después de la elección de la Cámara de Obispos, el Secretario de la Cámara de Obispos informará al Presidente y al Secretario del Comité Permanente de cada Diócesis, pidiendo una reunión lo antes posible a fin de considerar la aprobación. Al recibo de la aprobación de una mayoría de los Comités Permanentes de las Diócesis, el Obispo Presidente Electo será declarado elegido.

Sec. 2.

a. El período de ejercicio del Obispo Presidente, cuando sea elegido de conformidad con el primer párrafo del Artículo I, Sección 3 de la Constitución, comenzará el 91° día después de la clausura de la Convención en la que se elija a dicho Obispo Presidente y terminará el 91° día después de la clausura de la tercera reunión ordinaria sucesiva de la Convención General. Pero si el Obispo Presidente alcanza la edad de setenta y dos años antes de completar dicho período de ejercicio, debe renunciar al cargo ante la reunión ordinaria de la Convención General más próxima anterior a la fecha en que alcance dicha edad, y la renuncia entrará en vigor cuando asuma el cargo un sucesor. En esa Convención se elegirá a un sucesor, que asumirá el cargo en el 91° día después de la clausura de esa Convención General. Si la reunión ordinaria de la Convención General en la que se espera elegir al sucesor del Obispo Presidente se pospone más allá de la fecha originalmente fijada de conformidad con el Canon I.1.13.c, y si como resultado de dicho aplazamiento el Obispo Presidente alcanza la edad de setenta y dos años antes de que un sucesor pueda ser elegido y asuma el cargo, entonces el Obispo Presidente podrá ejercer su cargo hasta que el sucesor tome posesión del cargo, independientemente de que haya alcanzado la edad de setenta y dos años, pero a más tardar 90 días después de la clausura de la siguiente reunión de la Convención General.

b. Cuando la Cámara de Obispos elija a un Obispo Presidente de conformidad con el segundo párrafo del Artículo I, Sección 3 de la Constitución para llenar una vacante, el Obispo Presidente así elegido tomará posesión de su cargo inmediatamente.

Sec. 3.

a. Al vencimiento del mandato del cargo de Obispo Presidente, el Obispo electo como su sucesor presentará ante la Cámara de Obispos su renuncia a su anterior jurisdicción, la cual tendrá efecto en la fecha en que asuma el cargo de Obispo Presidente, o no más de seis meses después, en caso de un motivo justificado y con el consentimiento del Consejo Asesor establecido según el Reglamento Parlamentario de la Cámara de Obispos.

b. La Cámara de Obispos tomará inmediatamente las medidas respectivas con respecto a esa renuncia.

Sec. 4.

a. El Obispo Presidente de la Iglesia será el Pastor Principal y Primado de la Iglesia, y deberá:

b. El Obispo Presidente informará anualmente a la Iglesia y podrá, periódicamente, emitir Cartas Pastorales.

c. El Obispo Presidente desempeñará las demás funciones que se prescriban en estos Cánones; y, para poder desempeñar mejor dichos deberes y responsabilidades, el Obispo Presidente podrá nombrar, en los puestos que establezca el Consejo Ejecutivo de la Convención General, a funcionarios responsables ante él, los cuales podrán delegar la autoridad según lo consideren adecuado.

Sec. 5.

El Obispo Presidente podrá también nombrar un Canciller del Obispo Presidente, un adulto, confirmado, de gran estima y comulgante de la Iglesia, versado tanto en leyes eclesiásticas como seculares, para ocupar dicho cargo hasta que así lo desee el Obispo Presidente, como consejero en materias relacionadas con el desempeño de las obligaciones de dicho cargo.

Sec. 6.

Los estipendios del Obispo Presidente y de los asistentes personales que fueran necesarios durante su período de ejercicio para la realización efectiva de sus deberes, y los gastos necesarios de esa oficina, serán establecidos por la Convención General y deberán contemplarse en el presupuesto presentado por el Consejo Ejecutivo, según las disposiciones del Canon I.4.6.

Sec. 7.

En caso de discapacidad del Obispo Presidente, el Obispo que le suceda como Presidente de acuerdo con las Reglas de la Cámara de Obispos, sustituirá al Obispo Presidente para todos los efectos de estos Cánones, excepto los titulados “De la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera” y “Del Consejo Ejecutivo”.

Sec. 8.

Una vez aceptada la renuncia del Obispo Presidente por causas de discapacidad, antes del vencimiento de su período de ejercicio, el Obispo Presidente recibirá, además de cualquier concesión que pudiera recibir del Church Pension Fund, un subsidio por discapacidad que pagará el Tesorero de la Convención General en una suma que será determinada por el Consejo Ejecutivo y ratificada en la próxima reunión ordinaria de la Convención General.

La Constitución de dicha Sociedad, que fue incorporada por decreto de la Legislatura del Estado de Nueva York, con todas sus enmiendas, es por este intermedio enmendada y establecida y dice lo siguiente: Constitución de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera de La Iglesia Episcopal Protestante de los Estados Unidos de América, establecida en 1821, y enmendada en varias ocasiones posteriores.

ARTÍCULO I Esta organización se denominará la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera de La Iglesia Episcopal Protestante de Estados Unidos de América, y se considerará que la misma incluye a todas las personas que son miembros de la Iglesia.

ARTÍCULO II El Consejo Ejecutivo, conforme se constituye por los Cánones, será su Consejo Ejecutivo y aprobará los estatutos para su gobierno de conformidad con la Constitución y los Cánones.

ARTÍCULO III Los funcionarios de la Sociedad serán un Presidente, Vicepresidentes, un Secretario, un Tesorero y los demás funcionarios designados de conformidad con los Cánones o los Estatutos. El Obispo Presidente de la Iglesia será el Presidente de la Sociedad; un Vicepresidente será la persona que ejerza el cargo de Presidente de la Cámara de Diputados y otro será la persona que es el Director de Operaciones; el Tesorero será la persona que ejerza el cargo de Director Ejecutivo de Finanzas del Consejo Ejecutivo; y el Secretario será la persona que ejerza el cargo de Secretario del Consejo Ejecutivo y tendrá las facultades y desempeñará las funciones dispuestas en los Estatutos. Los demás directivos de la Sociedad serán los que se dispongan en los Estatutos de la misma. El ejercicio de los cargos, las remuneraciones, las facultades y los deberes de los funcionarios de la Sociedad serán los que se determinen en los Cánones y los Estatutos de la Sociedad acordes con los mismos.

ARTÍCULO IV La presente Constitución de la Sociedad podrá ser modificada o enmendada en cualquier momento por la Convención General de la Iglesia.

Sec. 1.

a. Habrá un Consejo Ejecutivo de la Convención General (que por lo general se denominará Consejo Ejecutivo o simplemente Consejo), cuyo deber será supervisar la ejecución del programa y las políticas adoptados por la Convención General. El Consejo Ejecutivo tendrá la supervisión de la labor realizada por la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera en su calidad de su Consejo Ejecutivo. El Consejo tendrá la responsabilidad de supervisar la disposición del dinero y otros bienes de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera de conformidad con las disposiciones de este Canon y las resoluciones, órdenes y presupuestos aprobados o autorizados por la Convención General. También será responsabilidad del Consejo Ejecutivo supervisar el trabajo de la Oficina de la Convención General y del Director Ejecutivo de la Convención General, quien se reportará directamente ante el Consejo Ejecutivo. Además, el Consejo tendrá la responsabilidad de supervisar la disposición de los fondos de la Oficina de la Convención General. El Consejo adoptará los procedimientos que considere apropiados para la aprobación de los gastos de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera y de la Oficina de la Convención General.

b. El Consejo Ejecutivo rendirá cuentas a la Convención General y presentará un informe completo y publicado sobre el trabajo de los organismos bajo su responsabilidad en cada reunión de la Convención General. El informe incluirá información acerca de la implementación de todas las resoluciones adoptadas en la Convención General anterior en las que el Consejo Ejecutivo, la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera y la Oficina de la Convención General hayan pedido la adopción de las medidas.

c. El Consejo ejercerá las facultades que le confieran los Cánones, además de las que pudieran ser designadas por la Convención General y, entre sesiones de la misma, podrá iniciar y desarrollar cualquier trabajo nuevo que considere necesario. Con sujeción a lo dispuesto en estos Cánones, puede promulgar Estatutos para su propio gobierno y promulgar procedimientos para sus propios comités.

d. El Consejo Ejecutivo estará compuesto de (a) 20 miembros elegidos por la Convención General, de los cuales cuatro serán Obispos, cuatro Presbíteros o Diáconos y 12 Laicos que sean adultos confirmados y comulgantes en buena posición (dos Obispos, dos Presbíteros o Diáconos y seis Laicos serán elegidos en cada sesión ordinaria posterior de la Convención General); (b) 18 miembros elegidos por los Sínodos Provinciales, y (c) los siguientes miembros ex officiis: el Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados, y (d) el Director General de Operaciones, el Secretario de la Convención General, el Tesorero de la Convención General, el Director de Finanzas de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera y el Director Jurídico del Consejo Ejecutivo, quienes tendrán escaño y voz, pero no derecho a voto. Cada Provincia tendrá derecho a ser representada por un Obispo o Presbítero o Diácono con residencia canónica en una Diócesis que sea miembro constituyente de la Provincia, y por un Laico que sea un adulto comulgante, confirmado y con buena reputación de una Diócesis que sea miembro constituyente de la Provincia, y los plazos de los representantes de cada Provincia serán rotados de tal forma que nunca dos personas serán elegidas simultáneamente para períodos de mandato equivalentes.

e. El Consejo Ejecutivo nombrará una comisión de entre sus miembros para ayudar al Consejo a (i) asesorar al Comité Permanente Conjunto sobre Nominaciones y a los Consejos Provinciales en las habilidades, los dones y la experiencia que se necesitan en el Consejo Ejecutivo para que pueda funcionar con la máxima eficacia, y si dichas habilidades están en ese momento representadas o no, y (ii) crear una descripción de las habilidades, los dones y la experiencia necesarios para servir en el Consejo Ejecutivo, incluido el valor de la diversidad cultural y geográfica en el Consejo y el valor de incluir voces históricamente subrepresentadas en el gobierno de la Iglesia.

f. Entre los miembros del Consejo Ejecutivo que elegirá la Convención General, la Cámara de Obispos elegirá a los Obispos con sujeción a la confirmación de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados elegirá a los Presbíteros, Diáconos y Laicos con sujeción a la confirmación de la Cámara de Obispos.

g. Excepto en el caso de miembros inicialmente electos para plazos más cortos a fin de lograr la rotación de los plazos, el período de ejercicio de los miembros del Consejo (que no sean miembros ex officiis) será igual al doble del intervalo entre reuniones ordinarias de la Convención General. El período de mandato de todos los miembros comenzará inmediatamente después de clausurada la Convención General en la cual fueron elegidos o, en el caso de elección por un sínodo, al clausurarse la primera reunión ordinaria de la Convención General después de dicha elección. El período de mandato de un miembro quedará vacante después de dos ausencias de las reuniones del Consejo en el intervalo entre reuniones regulares sucesivas de la Convención General a menos que sea justificado por el Presidente o el Vicepresidente por causas válidas. Los miembros permanecerán en sus cargos hasta que sus sucesores sean elegidos y confirmados. Ninguna persona que hubiera servido por lo menos tres años consecutivos en el Consejo Ejecutivo calificará para reelección inmediata por un plazo de más de tres años. Después de que una persona haya servido seis años consecutivos en el Consejo Ejecutivo, deberá transcurrir un plazo de tres años para que tal persona califique para su reelección al Consejo.

h. En caso de que se produzca una vacante en el Consejo por fallecimiento, renuncia, discapacidad u otra razón con respecto a un miembro elegido por la Convención General, el Consejo cubrirá dicha vacante mediante la elección de una persona adecuada para el cargo hasta que su sucesor sea elegido por la Convención General.

i. Si ocurriera alguna vacante en el Consejo porque un Sínodo Provincial no eligió a un miembro, o porque uno de sus miembros falleció, renunció o lo destituyeron de la Provincia, el Consejo Provincial de dicha Provincia nombrará a una persona apropiada para ocupar el cargo hasta que el Sínodo Provincial llene la vacante mediante elección.

Sec. 2.

a. El Obispo Presidente deberá, ex officio, ser el Director Ejecutivo del Consejo Ejecutivo y, como tal, tendrá la obligación de supervisar el trabajo del Consejo Ejecutivo en la implementación del ministerio y la misión de la Iglesia según sean encomendados al Consejo Ejecutivo por la Convención General.

b. El Presidente de la Cámara de Diputados, deberá, ex officio, ser el Vicepresidente del Consejo Ejecutivo.

c. El Secretario de la Convención General será ex officio el Secretario del Consejo Ejecutivo.

d. El Tesorero de la Convención General será ex officio el Tesorero del Consejo Ejecutivo.

e. El Director presidirá las reuniones del Consejo, desempeñará los deberes comunes de dicho cargo y cualquier otro deber que le pudieran conferir los Cánones y los Estatutos del Consejo. En ausencia del Director o por pedido del mismo, el Vicedirector presidirá las reuniones del Consejo y desempeñará cualquier otro deber que le sea conferido por los Cánones y por los Estatutos del Consejo.

f. Previa nominación conjunta por parte del Presidente y el Vicepresidente, el Consejo designará a un Director de Operaciones, quien actuará bajo la dirección de la Presidencia y se reportará ante ella. De ocurrir una vacante en dicho cargo de Director de Operaciones, se designará un sustituto de igual manera.

g. Previo nombramiento conjunto por parte del Presidente y el Vicepresidente, el Consejo designará a un Director de Finanzas, quien actuará bajo la dirección de la Presidencia y se reportará ante ella. Si ocurriera una vacante en dicho cargo, se nombrará un reemplazo de igual manera.

h. Previo nombramiento conjunto por parte del Presidente y el Vicepresidente, el Consejo designará a un Director Jurídico, quien actuará como abogado bajo la dirección de la Presidencia y se reportará ante ella. Si ocurriera una vacante en dicho cargo, se nombrará un reemplazo de igual manera.

i. El Director de Operaciones, el Director de Finanzas y el Director Jurídico del Consejo Ejecutivo participarán en una evaluación de desempeño anual realizada por el Presidente, cuyos resultados se presentarán ante el Comité Ejecutivo del Consejo Ejecutivo.

j. Los Directores de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera y los Directores del Consejo Ejecutivo, y un comité de seis miembros del Consejo Ejecutivo que no sean directores, deberán participar en una evaluación de ministerio mutua cada dieciocho meses, facilitada por un consultor seleccionado por el Presidente y el Vicepresidente.

k. El Consejo elegirá a los miembros de la Iglesia del Consejo Asesor Anglicano (CCA) y de cualquier otro organismo anglicano y ecuménico para los cuales no se dispone otro procedimiento dispuesto en los Cánones. Los miembros del Consejo Asesor Anglicano que representen a La Iglesia Episcopal se reportarán ante cada Convención General utilizando el calendario y el formato que se requieran para Comisiones Permanentes en estos Cánones y le proporcionarán informes escritos completos al Consejo Ejecutivo en la siguiente reunión del Consejo que ocurra después de cada reunión del Consejo Asesor Anglicano.

Sec. 3.

Al ser nominado conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente, el Consejo Ejecutivo deberá elegir un Comité de Auditoría del Consejo y de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera. El Comité estará compuesto de seis miembros: uno que, al momento del nombramiento, sea miembro del comité del Consejo Ejecutivo y cuya principal responsabilidad sean asuntos de finanzas; los cinco restantes serán miembros de la Iglesia general con experiencia en prácticas financieras y comerciales en general. Los miembros ejercerán sus funciones por un período que comenzará el 1° de enero siguiente a la reunión ordinaria de la Convención General en la que hayan sido elegidos o inmediatamente después de su nombramiento, lo que ocurra más tarde, y continuarán hasta el 31 de diciembre siguiente a la clausura de la siguiente reunión ordinaria de la Convención General o hasta que se nombre a un sucesor; asimismo, podrán ejercer sus funciones durante dos períodos consecutivos, después de los cuales deberá transcurrir un intervalo completo entre las reuniones ordinarias trienales de la Convención General para poder ser reelegidos. Anualmente el Comité de Auditoría elegirá a un Presidente del Comité de entre sus miembros. El Comité de Auditoría evaluará con regularidad los estados financieros relacionados con todos los fondos a cargo de la administración o control del Consejo y de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera, y emitirá informes al respecto para el Consejo, al menos una vez al año.

Previa recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo Ejecutivo deberá contratar, en nombre del Consejo y la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera, a una empresa de contadores públicos certificados para que hagan la auditoría anual de todas las cuentas bajo la administración o control del Consejo y la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera. Después de recibida la auditoría anual, el Comité de Auditoría recomendará al Consejo y la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera qué medida tomar en cuanto a cualquier asunto que se haya identificado en la auditoría anual y la carta administrativa acompañante. Las obligaciones del Comité de Auditoría deberán disponerse en los Estatutos del Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría deberá evaluar los Estatutos del Comité por lo menos cada año, y recomendar cualquier cambio al Consejo Ejecutivo para su aprobación.

Sec. 4.

Después de la clausura de una Convención General y sujetos a los fondos presupuestados para el propósito, el Presidente y el Vicepresidente, habiendo revisado las resoluciones adoptadas por la Convención General que dispongan estudio o actuación adicional, deberán acto seguido recomendar al Consejo Ejecutivo la formación de dichos comités y grupos de trabajo que sean necesarios para realizar ese trabajo. Cualquier resolución del Consejo Ejecutivo que cree un grupo de trabajo o un comité de estudio deberá especificar el tamaño y la composición, las funciones claras y expresas asignadas, el tiempo para completar el trabajo asignado, a quién se presentará el informe del organismo, y la cantidad y la fuente de financiamiento para el mismo. Los miembros de cada uno de esos organismos serán designados conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente, y la composición de los comités y los grupos de trabajo deberá reflejar las diversas voces de la Iglesia y un equilibrio de las órdenes de la Iglesia en consonancia con su sistema de gobierno histórico. Los comités y los grupos de trabajo así formados se vencerán al inicio de la siguiente Convención General, a menos que sean reasignados por el Presidente y el Vicepresidente y que el Consejo Ejecutivo los autorice de nuevo.

Sec. 5.

a. El Consejo se reunirá por lo menos tres veces al año en el lugar y en la fecha establecidos conforme se estime conveniente, así como en otros momentos en que sea convocado. El Consejo se reunirá a petición del Presidente o por solicitud escrita de cinco de sus miembros.

b. Será necesaria una mayoría de los miembros elegidos del Consejo para constituir el quórum en cualquier reunión del Consejo. No se tomará medida alguna en nombre del Consejo a menos que haya quórum, así definido, presente y votante. Un miembro puede participar y votar en reuniones del Consejo a través de la tecnología que permita a todos los participantes oírse mutua y simultáneamente y de conformidad con los procedimientos y directrices dispuestos en los estatutos del Consejo.

c. Los miembros del Consejo Ejecutivo tendrán derecho al reembolso de los gastos razonables en que incurran por asistir a las reuniones, de conformidad con los procedimientos dispuestos y aprobados por el Consejo Ejecutivo. Salvo lo determinado por la Convención General, los sueldos de todos los directivos del Consejo y de todos los agentes y empleados del Consejo y de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera serán fijados por el Consejo.

Sec. 6.

a. Después de celebrar audiencias presupuestarias abiertas y accesibles, por lo menos cuatro meses antes de la siguiente reunión ordinaria de la Convención General, el Consejo Ejecutivo deberá presentar al Secretario de la Convención General una propuesta de presupuesto de La Iglesia Episcopal para el siguiente período presupuestario (como se utiliza en esta Sección 6, el “presupuesto”). El período presupuestario siguiente comprenderá los años civiles que comiencen el 1° de enero siguiente a la clausura de la última reunión ordinaria de la Convención General y terminen el 31 de diciembre posterior a la clausura de la siguiente reunión ordinaria de la Convención General.

b. Los ingresos para apoyar el presupuesto serán generados primordialmente mediante una alícuota única solicitada a las Diócesis de la Iglesia, basada en una fórmula que será adoptada por la Convención General como parte de su proceso presupuestario. Si en cualquier año el ingreso total esperado para el presupuesto es inferior a la suma requerida en el presupuesto aprobado por la Convención General, la porción canónica del presupuesto tendrá prioridad sobre cualquier otra área del mismo, con sujeción a las reducciones necesarias a fin de mantenerlo equilibrado.

c. Después de celebrar audiencias legislativas abiertas y accesibles sobre el presupuesto dentro de los 90 días anteriores a la Convención General y también durante la misma, deberá haber sesiones conjuntas de las dos Cámaras para la presentación del presupuesto; y a continuación, la Convención General lo examinará y tomará las medidas adecuadas al respecto.

d. Después de que la Convención General apruebe el presupuesto de La Iglesia Episcopal y las alícuotas previstas para el período presupuestario, el Consejo notificará formalmente a cada Diócesis de su alícuota para apoyar el presupuesto de La Iglesia Episcopal.

e. Será obligatorio que todas las diócesis hagan el pago total de la alícuota diocesana, a partir del 1° de enero de 2019.

f. El Consejo tendrá el poder para otorgar exenciones de las alícuotas anuales completas de las diócesis que se requieran dentro del límite establecido por la Convención General. Cualquier diócesis podrá apelar al Consejo Ejecutivo para pedir una exención de la alícuota, en su totalidad o en parte, sobre la base de dificultades económicas, un plan establecido para trabajar hacia el pago completo o por otras razones, según lo acordado con el Consejo Ejecutivo. A partir del 1° de enero de 2019, si no se liquida el pago completo o no se pide una exención, la diócesis no deberá ser elegible para recibir subvenciones ni préstamos de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera, a menos que esto sea aprobado por el Consejo Ejecutivo.

g. El Consejo tendrá la facultad de disponer de todas las partidas de dinero incluidas en el presupuesto y en los presupuestos estimativos aprobados por la Convención General, dependiendo de las restricciones que pudieran ser impuestas por la Convención General, incluidas, sin limitación, las prioridades estipuladas en la Sección 6.b de este Canon. También tendrá la facultad de emprender otros trabajos contemplados en el presupuesto aprobado por la Convención General, o cualquier otro trabajo bajo la jurisdicción del Consejo, cuya necesidad hubiera surgido después de la acción de la Convención General y que a juicio del Consejo esté garantizado por sus ingresos.

h. Con respecto al Presupuesto para La Iglesia Episcopal, el Consejo Ejecutivo tendrá el poder para considerar y votar para hacer los ajustes o adiciones que se consideren necesarios o convenientes, y que, a su juicio se justifiquen, de los fondos disponibles y el ingreso anticipado con sujeción a las restricciones que pudiera imponer la Convención General. Asimismo, deberá tener la facultad de aprobar otras iniciativas propuestas por el Presidente o por otros medios consideradas por el Consejo entre reuniones de la Convención General, mientras el Consejo las estime prudentes y los ingresos de la Iglesia sean adecuados para apoyarlas.

i. Cada Diócesis deberá reportar anualmente al Consejo Ejecutivo la información financiera y de cualquier otra naturaleza pertinente al estado de la Iglesia en la Diócesis, según se requiera en un formulario autorizado por el Consejo Ejecutivo.

j. Cada Diócesis reportará anualmente al Consejo Ejecutivo el nombre y domicilio de toda congregación nueva y de toda congregación que sea clausurada o retirada por cualquiera de los siguientes motivos:

k. Nada de lo dispuesto en este Canon deberá alterar de ninguna manera la obligación de la Iglesia de financiar la Coalición Episcopal para la Equidad y la Justicia Racial tal como se describe en el Canon I.1.8.b, salvo la determinación del Consejo Ejecutivo del retiro anual de fondos de los fideicomisos y los fondos patrimoniales no restringidos.

Sec. 7.

a. Cada Obispo Misionero o, en caso de una vacante, el Obispo encargado de la jurisdicción, que reciba ayuda del presupuesto de la Convención General, rendirá un informe ante el Consejo Ejecutivo al cierre de cada año fiscal que contenga una descripción del trabajo realizado, un detalle de los fondos recibidos de todas las procedencias y desembolsados para cualquier fin, y el estado de la Iglesia en su jurisdicción a la fecha de dicho informe, todo en la forma que lo disponga el Consejo.

b. La Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis que reciba ayuda del Presupuesto de la Convención General presentará un informe ante esta al cierre de cada año fiscal, con una descripción del trabajo en su diócesis que haya sido financiado parcial o totalmente por esa ayuda.

Sec. 8.

El Consejo, tan pronto como sea posible después del cierre de cada año fiscal, deberá pedir que se prepare y publique para la Iglesia un informe completo de la labor del Consejo Ejecutivo, la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera y la Oficina de la Convención General. Dicho informe incluirá un detalle desglosado de todos los ingresos y egresos así como una a lista de todos los fondos en fideicomiso y otros bienes de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera y de todos los demás fondos en fideicomiso y bienes en su responsabilidad de supervisión. El informe incluirá un calendario detallado de los salarios pagados a todos los directivos y empleados principales de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera y el Consejo Ejecutivo.

Sec. 9.

a. Los ministros Ordenados y Comulgantes Laicos de esta Iglesia, o de cualquier Iglesia en plena comunión con esta y en buena posición, que satisfagan los requisitos de conformidad con las normas y los procedimientos adoptados periódicamente por el Consejo Ejecutivo, calificarán para nombramientos como Misioneros de esta Iglesia.

b. Los miembros en buena posición de Iglesias que no estén en plena comunión con esta, pero que hayan satisfecho los demás requisitos mencionados anteriormente, podrán, a petición de la Autoridad Eclesiástica de la jurisdicción donde exista la necesidad, ser empleados y asignados a cargos para los cuales estén profesionalmente capacitados, y podrán recibir los mismos estipendios y otras asignaciones que los Misioneros designados. La Autoridad Eclesiástica de una jurisdicción podrá emplear a cualquier persona capacitada para trabajar dentro de la jurisdicción.

Sec. 1.

Habrá un Archivo de La Iglesia Episcopal, cuyo propósito será preservar físicamente, organizar y facilitar el acceso a los expedientes de la Convención General, del Consejo Ejecutivo y de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera, y otros expedientes importantes y recuerdos de la vida y el trabajo de la Iglesia y ejecutar un programa de gestión de expedientes que fomente la dimensión histórica de la misión de la Iglesia.

Sec. 2.

Para fines de este Canon, los expedientes se definen como toda prueba definitiva que haya sido creada, recibida o guardada por esta Iglesia, sus directivos, representantes o empleados en el cumplimiento de sus funciones administrativas y comerciales y la misión programática de la Iglesia, sin importar el método, medio, formato o características del proceso de registro. Los expedientes incluyen todos los materiales originales usados para captar la información, sin importar el lugar o circunstancias de la creación, o la formalidad o informalidad de las características del expediente. Los expedientes y los archivos de la Iglesia no están limitados por el instrumento en el cual se conservan e incluyen formatos como documentos en papel, documentos electrónicos, documentos impresos y publicaciones, imágenes fotorreproducidas, cintas legibles por máquina, películas y discos.

Sec. 3.

Los Archivos de La Iglesia Episcopal serán administrados por el Archivista.

Sec. 4.

Después de consultar con el Consejo Asesor de los Archivos, el Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados en sus respectivas funciones de Presidente y Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, deberán nominar de manera conjunta, y el Consejo Ejecutivo deberá nombrar al Archivista, quien prestará sus servicios a discreción del Presidente del Consejo Ejecutivo y le rendirá cuentas. Si ocurriera una vacante en dicho cargo, se nombrará un reemplazo de igual manera.

Sec. 5.

a. Habrá un Consejo Asesor de los Archivos, que estará compuesto del Archivista, el Secretario, el Director Jurídico, el Historiógrafo, y entre ocho y doce personas nombradas, dos o tres de las cuales deberán ser Obispos, dos o tres serán Clérigos y cuatro, cinco o seis serán Laicos. Todos los miembros nombrados para el Consejo Asesor ocuparán sus cargos a partir de la clausura de la Convención General en que se confirmen sus nombramientos y terminarán con la clausura de la segunda Convención regular que le siga.

b. Los Obispos serán nombrados por el Obispo Presidente, y otros Clérigos y todos los Miembros Laicos serán nombrados por el Presidente de la Cámara de Diputados; después de los nombramientos iniciales, todos estarán sujetos a la confirmación de la Convención General. Se pondrá especial atención en asegurar que la composición incluya a personas conocedoras de historia o administración de archivos, o que sean personas con conocimientos en disciplinas relacionadas a las resoluciones de lo que incumbe a Archivos. Los puestos de los miembros del Comité que resulten vacantes antes del vencimiento normal del mandato de algún miembro se llenarán por nombramiento del Obispo Presidente o del Presidente de la Cámara de Diputados, según corresponda. Dichos nombramientos serán por el tiempo restante de la porción no cumplida del mandato correspondiente al miembro que produce la vacante, y si hubiera una reunión ordinaria de la Convención General, las designaciones por períodos que se extiendan más allá de dichas reuniones estarán sujetas a confirmación de la Convención General. Dadas las habilidades y conocimientos especiales requeridos por este Comité, un miembro será elegible para ser designado por dos plazos sucesivos, después de los cuales el miembro no podrá ser designado nuevamente antes de la siguiente reunión de la Convención General que siga a la clausura de la reunión en la cual se cumple el segundo plazo sucesivo del dicho miembro. Los miembros designados a llenar vacantes en mandatos no cumplidos no serán por esa razón descalificados para ser postulados para dos plazos completos inmediatamente después.

c. El Consejo Asesor de los Archivos asesorará al Archivista, a los Archivos y al Consejo Ejecutivo sobre la identificación, la recopilación, la conservación, el manejo, el uso y la accesibilidad de los documentos, así como sobre el establecimiento de las mejores prácticas al respecto.

d. El Consejo Asesor de los Archivos se reunirá al menos una vez al año o cuando lo pidan el Archivista o el Presidente y el Vicepresidente del Consejo Ejecutivo.

Sec. 6.

Los gastos de los Archivos de La Iglesia Episcopal serán incluidos en el presupuesto de La Iglesia Episcopal.

Sec. 1.

Se preparará un informe anual de cada parroquia o congregación de esta Iglesia para el año que termine el 31 de diciembre anterior, según el modelo preparado por el Consejo Ejecutivo y aprobado por el Comité sobre el Estado de la Iglesia, mismo que será presentado al Obispo de la diócesis a más tardar el 1° de marzo o, en caso de no haber un Obispo, deberá hacerse ante la autoridad eclesiástica de la Diócesis. El Obispo o la autoridad eclesiástica, según sea el caso, conservará una copia y enviará el informe al Consejo Ejecutivo a más tardar el l de mayo. En cada Parroquia y otras Congregaciones la preparación y envío de este informe será el deber conjunto del Rector o Miembro del clero a cargo y el Clérigo encargado y antes del envío de este informe deberá ser aprobado por la Junta Parroquial o el comité del obispo o el consejo de la misión. Este informe incluirá la información siguiente:

Sec. 2.

Todo Obispo, Presbítero o Diácono cuyo informe no esté incluido en un informe Parroquial deberá también informar sobre el ejercicio de dicho cargo, y si no lo hubiera, sobre las causas o razones que lo impidieron.

Sec. 3.

Estos informes o las partes de ellos que el Obispo considere apropiados, serán asentados en el Diario de la convención.

Sec. 4.

Asimismo, cada año se preparará un informe de cada Diócesis para el año que termina el 31 de diciembre anterior, según el modelo autorizado por el Consejo Ejecutivo y aprobado por el Comité sobre el Estado de la Iglesia; el informe se enviará al Consejo Ejecutivo a más tardar el 1° de septiembre. Incluirá información relativa a la implementación por parte de la Diócesis de las resoluciones de la Convención General anterior que el Secretario de la Convención General haya determinado específicamente que demandan medidas por parte de las Diócesis, según la Regla Conjunta II.2.e.

Sec. 5.

a. Será deber del Secretario de la Convención de todas las jurisdicciones enviar al Secretario de la Cámara de Diputados por medios electrónicos, inmediatamente después de su publicación, un (1) ejemplar del Diario de la Convención de la jurisdicción, junto con las responsabilidades episcopales, estados de cuenta y todos aquellos expedientes en formato electrónico que pudieran reflejar el estado de la Iglesia en esa jurisdicción y un (1) ejemplar a los Archivos de la Iglesia en el formato electrónico prescrito por el Archivista de la Iglesia.

b Se nombrará un Comité de la Cámara de Diputados al clausurar cada Convención General, para servir ad interim, y para preparar y presentar a la próxima reunión de la Cámara de Diputados un informe sobre el Estado de la Iglesia, el cual, una vez aprobado por dicha Cámara, será enviado a la Cámara de Obispos.

Sec. 1.

En toda Provincia, Diócesis, Parroquia, Misión e Institución asociada con esta Iglesia, se observarán los siguientes métodos administrativos estandarizados:

a. Todas las cuentas de las Provincias se someterán anualmente a la auditoría realizada por un contador público certificado independiente o un contador independiente con licencia, o por algún comité de auditoría autorizado por el Consejo Provincial. El informe de auditoría será entregado al Consejo Provincial a más tardar el 1° de septiembre de cada año, abarcando el año civil precedente.

b. Los fondos permanentes, en fideicomiso y en patrimonio, así como todos los valores de cualquier tipo, representados por evidencia física de propiedad o endeudamiento, serán depositados en un Banco Nacional o Estatal, en una Corporación Diocesana o en alguna otra agencia aprobada por escrito por el Comité de Finanzas o el Departamento de Finanzas de la Diócesis, por medio de una escritura de fideicomiso o un acuerdo de representación que requiera por lo menos dos firmas para cualquier orden de retiro de dichos fondos o valores. Este párrafo, sin embargo, no se aplicará a los fondos y valores rechazados por los depositarios mencionados, por considerarlos de insuficiente cuantía. Dichos fondos y valores menores permanecerán bajo el cuidado de las personas o corporaciones debidamente responsables de ellos. No se considerará que este párrafo prohíba inversiones en valores emitidos que sean ingresados en el libro en forma de ingreso u otra manera que desligue de la expedición de un certificado evidenciando la propiedad de los valores o de las deudas del emisor.

c. Deberá llevarse y mantenerse un control de todos los fondos permanentes y en fideicomiso, indicando por lo menos lo siguiente:

d. Los tesoreros y conservadores, que no sean instituciones bancarias, deberán contar con fianzas adecuadas, excepto los tesoreros de fondos que no excedan los quinientos dólares en ningún momento dado durante el año fiscal.

e. Se llevarán libros de contabilidad que servirán de base para una contabilidad satisfactoria.

f. Todas las cuentas de la Diócesis se someterán cada año a la auditoría de un contador público certificado independiente. Todas las cuentas de las Parroquias, Misiones u otras Instituciones se someterán a la auditoría de un contador público certificado independiente o un contador público independiente con licencia, o un comité de auditoría autorizado por el Comité de Finanzas, el Departamento de Finanzas u otra autoridad diocesana adecuada.

g. Todos los informes de dichas auditorías, incluidos todos los memorandos emitidos por los auditores o el comité de auditoría relativos a controles internos u otros asuntos de contabilidad, junto con un resumen de las medidas tomadas o propuestas para corregir deficiencias o implementar recomendaciones contenidas en algún memorando, se presentarán al Obispo o a la Autoridad Eclesiástica a más tardar 30 días después de la fecha de dicho informe, y en ningún caso después del 1° de septiembre de cada año, y abarcarán los informes financieros del año civil previo.

h. Todos los inmuebles y su contenido deberán estar adecuadamente asegurados.

i. El Comité de Finanzas o el Departamento de Finanzas de la Diócesis podrá exigir, para sus archivos, copias de todas las cuentas descritas en esta Sección, e informará anualmente a la Convención de la Diócesis sobre la administración de este Canon.

j. El año fiscal comenzará el 1º de enero.

Sec. 2.

Las distintas Diócesis harán cumplir los anteriores métodos administrativos estandarizados mediante la promulgación de Cánones apropiados que dispondrán invariablemente de un Comité de Finanzas, un Departamento de Finanzas de la Diócesis u otro órgano diocesano apropiados con dicha autoridad.

Sec. 3.

Ninguna Junta Parroquial, Fideicomisario ni otro Organismo autorizado por la legislación civil o canónica para tener, manejar o administrar los inmuebles de una Parroquia, Misión, Congregación o Institución, podrá gravar ni enajenar los mismos, de manera total o parcial, sin el consentimiento por escrito del Obispo y del Comité Permanente de la Diócesis a la cual pertenece la Parroquia, Misión, Congregación o Institución, excepto según el reglamento establecido por los Cánones de la Diócesis.

Sec. 4.

Toda propiedad inmobiliaria y personal de una Parroquia, Misión o Congregación se mantiene en fideicomiso para esta Iglesia y la Diócesis a la cual pertenece dicha Parroquia, Misión o Congregación. La existencia de este fideicomiso, sin embargo, no limitará de ninguna manera la facultad y autoridad de la Parroquia, Misión o Congregación, que de otra manera pueda existir sobre dicha propiedad en tanto que la Parroquia, Misión o Congregación en particular permanezca como parte de esta Iglesia, y esté sujeta a su Constitución y Cánones.

Sec. 5.

Las diversas diócesis podrán por decisión propia confirmar el fideicomiso declarado en la Sección 4 mediante la medida correspondiente, pero dicha medida no será necesaria para la existencia y validez del fideicomiso.

Sec. 1.

El Church Pension Fund, una corporación creada por el Capítulo 97 de las Leyes del Estado de Nueva York de 1914 y sus enmiendas posteriores, está autorizado por este intermedio a establecer y administrar el sistema de pensiones clericales, incluidos los beneficios vitalicios, contra accidentes y de salud de esta Iglesia, esencialmente de conformidad con los principios adoptados por la Convención General de 1913 y aprobados posteriormente por las Diócesis en conjunto, con el propósito de ofrecer pensiones y beneficios similares a los clérigos incapacitados por edad o enfermedad, y a las viudas e hijos menores de los clérigos fallecidos. El Church Pension Fund también tiene autorización para establecer y administrar el sistema de pensión para empleados laicos y el plan de seguro médico confesional de esta Iglesia, sustancialmente de conformidad con los principios adoptados por la Convención General de 2009 en la Resolución 2009-A177, con la intención de proporcionar atención médica y prestaciones afines a los Clérigos y empleados laicos de esta Iglesia que reúnan los beneficios, así como a sus beneficiarios y personas a cargo elegibles.

Sec. 2.

La Convención General en cada reunión ordinaria elegirá, por nominación de un Comité Conjunto de la misma, a doce personas que desempeñarán el cargo de fideicomisarios del Church Pension Fund y también llenará las vacantes que pudieran existir en la Junta de Fideicomisarios. Excepto en el caso de un Fideicomisario que cubra una vacante, el período de ejercicio de un Fideicomisario comenzará en la clausura de la reunión ordinaria de la Convención General en la que el Fideicomisario fuera elegido y expirará en la clausura de la segunda reunión ordinaria de la Convención General siguiente. Cualquier persona elegida como Fideicomisario por la Convención General por doce o más años consecutivos no podrá ser elegible para reelección hasta la próxima reunión ordinaria de la Convención General posterior a aquella en la cual dicha persona no fue elegible para reelección a la Junta de Fideicomisarios. Cualquier vacante que ocurriera cuando la Convención General no se encuentre en sesión podrá ser llenada por la Junta de Fideicomisarios mediante la designación ad interim de un Fideicomisario que desempeñará el cargo hasta que la próxima sesión de la Convención General haya elegido a un Fideicomisario para terminar el mandato no expirado correspondiente a dicha vacante.

Sec. 3.

A fin de administrar el sistema de pensiones, el Church Pension Fund tendrá el derecho de recibir y utilizar todos los ingresos netos por concepto de derechos de autor sobre publicaciones autorizadas por la Convención General, y de imponer y cobrar a todas las Parroquias, Misiones y otras organizaciones o grupos eclesiásticos sujetos a la autoridad de esta Iglesia, y cualquier otra sociedad, organización u organismo de la Iglesia que de acuerdo con el reglamento del Church Pension Fund decidan ingresar al sistema de pensiones, alícuotas basadas en los salarios y otras compensaciones pagadas a los Clérigos por dichas Parroquias, Misiones y otras organizaciones u organismos eclesiásticos por servicios prestados actualmente o en el pasado, antes de convertirse en beneficiarios del Fondo. Para los fines de administrar el sistema de pensión y el seguro médico confesional para empleados laicos, el Church Pension Fund tendrá derecho a recolectar de todas las Parroquias, Misiones y otras organizaciones u organismos eclesiásticos sujetos a la autoridad de esta Iglesia, y de cualquier otra sociedad, organización u organismo de la Iglesia que en virtud de los reglamentos del Church Pension Fund elijan ingresar al sistema de pensión para empleados laicos, las imposiciones o aportaciones sobre la base de los salarios y otras compensaciones pagadas a los empleados calificados de dichas Parroquias, Misiones y otras organizaciones u organismos eclesiásticos, determinar la elegibilidad de todos los Clérigos y empleados laicos para participar en el plan de seguro médico confesional a través de un proceso formal de inscripción para los beneficios, y el Church Pension Fund tendrá derecho a imponer y cobrar aportaciones para la atención médica y otras prestaciones relacionadas con el plan de seguro médico confesional de todas las Parroquias, Misiones y otras organizaciones u organismos eclesiásticos sujetos a la autoridad de esta Iglesia con respecto a sus Clérigos y empleados laicos.

Sec. 4.

El sistema de pensiones será administrado de tal manera que ninguna pensión será asignada antes de que el Church Pension Fund disponga de los fondos suficientes para cumplir con tal pensión, con la excepción de lo dispuesto por la Convención General en 1967.

Sec. 5.

A todo Clérigo que haya sido ordenado o recibido en esta Iglesia de otra y que haya permanecido en servicio continuo en la función y obra del Ministerio de esta Iglesia por un período de por lo menos veinticinco años, y para quien las condiciones de este Canon se hayan cumplido con el pago de alícuotas sobre bases razonables que el Church Pension Fund pudiera establecer de acuerdo con sus reglamentos administrativos, el Church Pension Fund proporcionará una asignación de jubilación mínima, cuyo monto será determinado por los Fideicomisarios y también fijará asignaciones para las viudas e hijos menores de los asegurados. En el caso de un Clérigo que en cuyo nombre no se hubieran pagado las alícuotas por un período de por lo menos veinticinco años, el Church Pension Fund estará facultado para recalcular la asignación de jubilación mínima antes mencionada y los demás beneficios según tasas coherentes con la práctica actuarial apropiada. Por este intermedio, los fideicomisarios del Church Pension Fund están facultados para establecer las Reglas y Reglamento necesarios para cumplir con la intención de este Canon y de acuerdo con prácticas actuariales idóneas. Conforme con las disposiciones de este Canon, se observará el principio general de que debe existir una relación actuarial entre los distintos beneficios; se dispone, sin embargo, que la Junta de Fideicomisarios tendrá la facultad de establecer un máximo de anualidades mayores de dos mil dólares pensando en lo que es mejor para la Iglesia, dentro de los límites del ejercicio actuarial idóneo.

Sec. 6.

Un Fondo Inicial de Reserva, derivado de aportaciones voluntarias, será administrado por el Church Pension Fund de la Iglesia para asegurar que los clérigos ordenados antes del 1° de marzo de 1917 y sus familias, reciban cualquier aumento al aporte a que pudieran tener derecho, conforme con las alícuotas autorizadas por este Canon, que pudiera nivelar sus distintas asignaciones según lo aquí establecido.

Sec. 7.

Quedan por este medio aprobadas las medidas de los Fideicomisarios del Fondo General de Ayuda para los Clérigos, al aceptar las disposiciones del Capítulo 239 de las Leyes de 1915 del Estado de Nueva York, que autorizan la fusión con el Church Pension Fund, según los términos acordados entre los dos fondos. Cualquier corporación, sociedad u otra organización que hasta ahora haya administrado fondos de ayuda para los clérigos podrá fusionarse con el Church Pension Fund, siempre que sea compatible con sus facultades corporativas y sus obligaciones existentes, y hasta donde pudiera ser sancionado por las respectivas Diócesis en el caso de sociedades diocesanas; si tal fusión fuera impracticable, podrá establecer por medio de un acuerdo con el Church Pension Fund el sistema más práctico de cooperación con dicho fondo. Nada de lo aquí expresado podrá ser interpretado en detrimento de corporaciones o sociedades existentes cuyos fondos son derivados de las contribuciones hechas por los miembros de las mismas.

Sec. 8.

Las mujeres ordenadas al Diaconado antes del 1° de enero de 1971, que no estuvieran empleadas en servicio activo el 1° de enero de 1977, continuarán disfrutando los beneficios de las disposiciones presentes de protección de pensiones, a costo de sus empleadores, a través del Plan de Pensiones para las Diaconisas dispuesto por la Church Life Insurance Corporation, o a través de algún otro plan de pensiones que ofrezca garantías equivalentes o mejores de un ingreso de jubilación confiable, aprobado por una autoridad facultada para ello. Las mujeres ordenadas al Diaconado antes del 1 enero de 1971, y que estuvieran empleadas en servicio activo el 1 enero de 1977 o posteriormente, tendrán derecho a los mismos beneficios de protección de pensiones que otros Diáconos, en consideración de servicio prospectivo a partir del 1 enero de 1977. Las mujeres ordenadas al Diaconado el 1 enero de 1971 o posteriormente gozarán de la misma protección de pensiones que otros Diáconos.

Sec. 9.

La Convención General se reserva la facultad de modificar o enmendar este Canon, pero ninguna enmienda se hará sino hasta después de comunicarla a los Fideicomisarios del Church Pension Fund y hasta que dichos Fideicomisarios hayan tenido amplia oportunidad para expresarse al respecto.

Sec. 1.

Respetando la disposición del Artículo VII de la Constitución, las Diócesis de esta Iglesia serán las siguientes y por este medio se unirán en Provincias:

La Primera Provincia estará compuesta de las Diócesis que se encuentran dentro de los estados de Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut.

La Segunda Provincia estará compuesta de las Diócesis que se encuentran dentro de los estados de Nueva York y Nueva Jersey, las Diócesis de Haití, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y la Asamblea de Iglesias Episcopales de Europa.

La Tercera Provincia estará compuesta de las Diócesis que se encuentran dentro de los estados de Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Virginia Occidental y el Distrito de Columbia.

La Cuarta Provincia estará compuesta de las Diócesis que se encuentran dentro de los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Tennessee, Kentucky y Louisiana, excepto la porción de la misma que compone la Diócesis de Louisiana Occidental.

La Quinta Provincia estará compuesta de la Diócesis de Missouri y de las Diócesis que se encuentran dentro de los estados de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan y Wisconsin.

La Sexta Provincia estará compuesta de las Diócesis que se encuentran dentro de los estados de Minnesota, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Montana, Wyoming y Colorado.

La Séptima Provincia estará compuesta de las Diócesis de Louisiana Occidental y de Missouri Occidental, y de las Diócesis que se encuentran dentro de los estados de Arkansas, Texas, Kansas, Oklahoma y Nuevo México.

La Octava Provincia estará compuesta de las Diócesis que se encuentran dentro de los estados de Idaho, Utah, Washington, Oregon, Nevada, California, Arizona, Alaska y Hawaii, y la Diócesis de Taiwan y la Misión de Área de Navajolandia.

La Novena Provincia estará compuesta de las Diócesis de esta Iglesia en Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Honduras y Venezuela.

Sec. 2.. Los objetivos principales de las Provincias son proporcionar una estructura que facilite la colaboración interdiocesana para lograr los objetivos diocesanos y de La Iglesia Episcopal y permitir comunicaciones más eficaces y la promoción regional de iniciativas programáticas significativas.

Sec. 3.

a. Cuando una Diócesis o Misión de Área nueva sea creada enteramente dentro de una Provincia, dicha nueva Diócesis o Misión de Área se incluirá en esa Provincia. En caso de que una Diócesis o Misión de Área nueva abarque un territorio en dos o más Provincias, se incluirá y formará parte de aquella Provincia donde se encuentre la mayor cantidad de Presbíteros y Diáconos con residencia canónica a la fecha de la creación de la nueva Diócesis o Misión de Área. Cuando se forme una Diócesis o Misión de Área nueva de territorio no incluido antes en otra Provincia, la Convención General designará la Provincia a la cual se anexará.

b. Por mutuo acuerdo entre los Sínodos de dos Provincias contiguas, una Diócesis o Misión de Área podrá trasladarse de una Provincia a otra; dicho traslado se considerará completo con la aprobación del mismo por la Convención General. Después de dicha aprobación, el Canon I.9.1 se enmendará debidamente.

Sec. 4.

Para los propósitos de la Provincia, los derechos y privilegios Sinodales de las distintas Diócesis dentro de la Provincia serán aquellos que ocasionalmente determine el Sínodo Provincial.

Sec. 5.

Habrá en cada Provincia un Sínodo constituido de una Cámara de Obispos y una Cámara de Diputados, y las mismas se reunirán y deliberarán separada o conjuntamente. El Sínodo se reunirá periódicamente según determine cada Provincia con el propósito de organizar y ejecutar las responsabilidades de la Provincia en la forma dispuesta por los Cánones.

Sec. 6.

Todo Obispo Diocesano de esta Iglesia, con jurisdicción dentro de la Provincia, todo Obispo Coadjutor, Obispo Sufragáneo, Obispo Asistente y todo Obispo cuyo trabajo episcopal haya sido realizado dentro de la Provincia, pero que en razón de avanzada edad o enfermedad física haya renunciado, tendrá escaño y voto en la Cámara de Obispos de la Provincia.

Sec. 7.

a. El Presidente de cada Provincia podrá ser uno de los Obispos, Presbíteros, Diáconos o Laicos de la Provincia, elegido por el Sínodo. El método de elección y la duración en el cargo será determinado por las reglas del Sínodo.

b. Cuando la persona elegida no sea un Obispo, se elegirá a un Vicepresidente que será un Obispo miembro de la Provincia. En ese caso el Obispo así elegido servirá, ex officio, como el Presidente de la Cámara de Obispos del Sínodo, y será el representante de la Provincia en todos los asuntos que requieran la participación de un Obispo.

Sec. 8.

Cada Diócesis y Misión de Área dentro de la Provincia tendrá derecho a representación en la Cámara de Diputados Provincial, por medio de Presbíteros o Diáconos con residencia canónica en la Diócesis o Misión de Área, y Laicos comulgantes en buena posición en esta Iglesia, pero no necesariamente domiciliados en la Diócesis o Misión de Área, en la cantidad que disponga el Sínodo Provincial, por Ordenanza. Cada Diócesis y Misión de Área determinará la forma en que serán elegidos sus Diputados.

Sec. 9.

El Sínodo Provincial tendrá facultades para: (a) promulgar Ordenanzas para su propia regulación y gobierno; (b) desempeñar aquellas funciones que le pudieran ser encomendadas por la Convención General; (c) tratar todo asunto dentro de la Provincia; se dispone, sin embargo, que ningún Sínodo Provincial tendrá la facultad de regular ni controlar las políticas o asuntos internos de ninguna Diócesis constituyente; y además, se dispone que todo acto y procedimiento del Sínodo estará sujeto a las disposiciones de la Constitución y Cánones que gobiernan esta Iglesia; (d) adoptar un presupuesto para el mantenimiento de cualquier obra provincial emprendida por el Sínodo, recaudándose dicho presupuesto en la forma que determinara el Sínodo; (e) crear por Ordenanza un Consejo Provincial con facultades para administrar y realizar el trabajo que le pudiera encomendar la Convención General, el Obispo Presidente y el Consejo Ejecutivo o el Sínodo de la Provincia.

Sec. 10.

Dentro de los sesenta días siguientes a cada sesión de la Convención General, los Presidentes de ambas Cámaras de la misma remitirán a los Sínodos Provinciales, o a cualquiera de ellos, aquellos asuntos que la Convención General pudiera ordenar o estimar convenientes para su consideración, y será deber de dichos Sínodos considerar los asuntos remitidos durante la primera reunión del Sínodo celebrada después de la clausura de la Convención General, e informar acerca de su medida y juicio al respecto al Secretario de la Cámara de Obispos y al Secretario de la Cámara de Diputados por lo menos seis meses antes de la fecha de la siguiente reunión de la Convención General.

Sec. 11.

Cada Sínodo Provincial levantará actas, diarios u otros documentos de sus reuniones, y transmitirá una copia de ello al Secretario de la Cámara de Diputados, y una copia a los Archivos de La Iglesia Episcopal. El Sínodo también transmitirá copias de todo expediente inactivo no publicado a Archivos.

Sec. 12.

El Presidente de cada Provincia presentará anualmente al Consejo Ejecutivo un informe escrito sobre los ministerios, programas y otros trabajos de la Provincia, incluida una descripción de cómo han utilizado los fondos asignados por la Convención General, y darán cuenta de su trabajo al Consejo Ejecutivo en la fecha y en la forma especificada por este.

Sec. 1.

Cuando se forme una Diócesis nueva dentro de los límites de cualquier otra, o por la unión de dos o más Diócesis, o por partes de dos o más Diócesis, las Autoridades Eclesiásticas y los Comités Permanentes de las Diócesis afectadas someterán para su aprobación a las Convenciones de cada Diócesis involucradas un acuerdo conjunto de la unión que establezca sus acuerdos, incluida la manera de determinar el Obispo Diocesano y otros Obispos (si corresponde), las disposiciones de la Constitución y los Cánones de la nueva Diócesis, y otros asuntos que sean necesarios o apropiados. Una vez aprobado por las Convenciones de cada una de las Diócesis involucradas, el acuerdo conjunto de unión deberá ser sometido a la ratificación de la Convención General no menos de noventa (90) días antes del primer día de la siguiente reunión de dicha Convención General.

Sec. 2.

Después de la ratificación por la Convención General, la Autoridad Eclesiástica de la nueva Diócesis, como se dispone en el acuerdo conjunto de unión, convocará a la primera Convención de la nueva Diócesis, con el fin de permitir que se organice, y fijará el tiempo y el lugar donde se lleva a cabo el mismo, estando dicho lugar dentro de los límites territoriales de la nueva Diócesis.

Sec. 3.

Cuando una Diócesis esté a punto de ser dividida en dos, la Convención de dicha Diócesis declarará qué porción o porciones de la misma constituirán la Diócesis nueva e informará su decisión a la Convención General antes de la ratificación de tal división.

Sec. 4.

Cuando una Diócesis nueva se haya organizado en su primera Convención, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y Cánones hechas y dispuestas para ese fin, y en la forma dispuesta en las secciones anteriores del presente Canon, y haya escogido un nombre y accedido a la Constitución de la Convención General de acuerdo con el Artículo V, Sección 1 de la Constitución, y haya presentado ante el Consejo Ejecutivo copias certificadas de la Constitución adoptada en su primera Convención y de los procedimientos previos a la formación de la Diócesis nueva que se propone, esta será luego admitida en unión con la Convención General.

Sec. 5.

En caso de convertir una Mision de Área en una Diócesis de esta Iglesia, de acuerdo con el Artículo V, Sección 1 de la Constitución, la Convocación de la Mision de Área tendrá derecho a elegir Diputados a la siguiente Convención General, y también a elegir un Obispo. La jurisdicción anteriormente asignada al Obispo en la Mision de Área cesará con la admisión de la Diócesis nueva.

Sec. 6.

Cuando una Diócesis y una o más Diócesis que fueron formadas ya sea por división o por creación de una Diócesis o una Diócesis Misionera formada por la división, deseen reunirse en una Diócesis, la unión propuesta debe iniciarse con la aprobación, por parte de las Convenciones de las Diócesis, de un acuerdo conjunto de la unión que establezca sus acuerdos, incluida la manera de determinar al Obispo Diocesano y a otros Obispos (si corresponde), las disposiciones de la Constitución y los Cánones de la nueva Diócesis, así como otros asuntos que sean necesarios o apropiados. Si el acuerdo de las Diócesis es aceptado y los consentimientos de sus Convenciones son obtenidos más de tres meses antes de la próxima reunión de la Convención General, el acuerdo y los consentimiento serán certificados por la Autoridad Eclesiástica y el Secretario de la Convención de cada Diócesis a todos los Obispos de la Iglesia con jurisdicción y a los Comités Permanentes de todas las Diócesis; y al recibir el consentimiento de una mayoría de dichos Obispos y una mayoría de los Comités Permanentes de todas las Diócesis y al recibir el consentimiento de una mayoría de dichos Obispos así como una mayoría de los Comités Permanentes para la propuesta reunificación, esto certificará en igual forma ante el Secretario de la Cámara de Diputados de la Convención General, después de lo cual la reunificación se considerará completa. Pero, si se llega al acuerdo y se obtienen los consentimientos en el plazo de los tres meses antes de la próxima reunión de la Convención General, los hechos se certificarán ante el Secretario de la Cámara de Diputados, quien los presentará ante las dos Cámaras y la reunificación se considerará completa una vez aprobada por la mayoría de los votos en la Cámara de Obispos y en la Cámara de Diputados, en votación por órdenes.

Sec. 7.

Cuando la unión de dos o más Diócesis o partes de Diócesis o la reunificación de las dos o más Diócesis se haya completado, los hechos se certificarán ante el Obispo Presidente y ante el Secretario de la Cámara de Diputados. Entonces el Obispo Presidente notificará al Secretario de la Cámara de Obispos de cualquier cambio en el estado o el estilo del Obispo u Obispos en cuestión y el Secretario de la Cámara de Diputados suprimirá el nombre de cualquier Diócesis que dejará de existir o cuyo nombre se cambiará de la lista de las Diócesis en unión con la Convención General y, si corresponde, modificará el nombre de la Diócesis recientemente unida en la lista de las Diócesis en unión con la Convención General.

Sec. 1.

Las Misiones de Área establecidas conforme a la Sección 1 del Artículo VI, y las Diócesis Misioneras organizadas de acuerdo con la Sección 3 del Artículo VI, constituirán jurisdicciones por las cuales esta Iglesia en conjunto asuma una responsabilidad especial

Sec. 2.

a. La Cámara de Obispos podrá establecer una Misión en cualquier Área no incluida dentro de los límites de una Diócesis de esta Iglesia o de una Iglesia en plena comunión con esta, según condiciones y acuerdos compatibles con la Constitución y Cánones de esta Iglesia que pudieran ser aprobados por la Cámara de Obispos ocasionalmente.

b. Dichas Misiones de Área podrán emprenderse bajo los auspicios exclusivos de esta Iglesia o junto con otros organismos cristianos, en términos que no comprometan las doctrinas de la fe cristiana en la forma como esta Iglesia las ha recibido.

c. Para cada Misión de Área, la Cámara de Obispos asignará un Obispo de esta Iglesia o de una Iglesia en plena comunión con esta, quien se encargará de la supervisión episcopal. Si la persona así asignada fuera un Obispo de esta Iglesia, este ejercerá jurisdicción como Obispo Misionero de acuerdo con estos Cánones durante el plazo de su nombramiento, en lo que puedan aplicarse a la Misión de Área; si surgiera la necesidad de un Comité Permanente o una Comisión sobre el Ministerio, el Obispo nombrará una junta o juntas de clérigos y Laicos residentes en el área, para cumplir las funciones que pudieran ser necesarias.

d. Salvo lo expresamente dispuesto de otra forma en los acuerdos mencionados en el párrafo a. de esta sección, el Obispo con jurisdicción en una Misión de Área podrá autorizar el uso de las formas de culto que pudiera considerar convenientes de acuerdo con las circunstancias.

e. Una Misión de Área podrá ser clausurada por la Cámara de Obispos como misión de esta Iglesia, podrá ser transferida por dicha Cámara para convertirse en misión de otra Iglesia o en parte constituyente de una Provincia autónoma en plena comunión con esta Iglesia o podrá organizarse como una Diócesis extraprovincial.

f. Una Misión de Área que haya sido emprendida bajo los auspicios de esta Iglesia, con un Obispo de esta Iglesia asignado para darle supervisión episcopal, tendrá derecho a representación en la Cámara Provincial de Obispos y en la Cámara Provincial de Diputados de la Provincia a la cual pertenece.

g. En el caso de que quedara vacante el puesto de Obispo que tenga la jurisdicción de una Misión de Área, la responsabilidad del mismo recaerá sobre el Obispo Presidente, con autoridad para nombrar a otro Obispo como su sustituto en dicho puesto, hasta que la vacante sea llenada por la Cámara de Obispos.

Sec. 3.

a. Un Área que no haya sido previamente organizada como una Diócesis y que no se encuentre bajo la jurisdicción permanente de un Obispo en plena comunión con esta Iglesia, podrá por medio de una solicitud de admisión, de conformidad con los procedimientos de la Sección 1 del Artículo V, ser admitida como Diócesis, y podrá ser aceptada como Diócesis Misionera dentro de la interpretación de la Sección 1 del presente Canon. Dicha Diócesis Misionera y toda Diócesis Misionera actual organizada por la Cámara de Obispos según Cánones previamente existentes y admitidas en unión con la Convención General, serán gobernadas por una Constitución y Cánones adoptados por la Convención de dicha Diócesis, que reconozcan la autoridad de la Constitución y Cánones de la Convención General y que incorporen las disposiciones establecidas en los párrafos subsiguientes de la presente sección.

b. En el caso de que una Diócesis Misionera fuera del territorio de Estados Unidos de América no pueda funcionar como una jurisdicción en unión con La Iglesia Episcopal, y el Obispo o, si no hubiera uno, la Autoridad Eclesiástica de dicha Diócesis, después de consultar con las autoridades diocesanas apropiadas, y el Obispo Presidente concuerdan en que la continuación de la unión con esta Iglesia ya no es factible, el Obispo Presidente está autorizado, después de consultar con las autoridades apropiadas de la Comunión Anglicana, a tomar las medidas necesarias para que dicha Diócesis se convierta en una parte constitutiva de otra Provincia o Consejo Regional en plena comunión con esta Iglesia.

c. En cada Diócesis Misionera habrá una Convención anual compuesta de uno o varios Obispos, los demás Clérigos de la Diócesis y Delegados Laicos de las Congregaciones organizadas. Dicha Convención elegirá a un Comité Permanente, de conformidad con los Cánones diocesanos, que tendrá las facultades y deberes establecidos para los Comités Permanentes en el Canon I.12 y en otros Cánones de la Convención General. También elegirá los diputados Clericales y Laicos y los Diputados Suplentes a la Convención General, de conformidad con sus Cánones diocesanos y las disposiciones del Artículo I.4 de la Constitución. Si la Diócesis Misionera es miembro de una Provincia de esta Iglesia, también seleccionará los Diputados Clericales y Laicos y los Diputados Suplentes al Sínodo de conformidad con los Cánones diocesanos y las disposiciones de las ordenanzas de la Provincia.

d. La Convención de una Diócesis Misionera también adoptará un presupuesto y programa anual para la Diócesis, proporcionará los medios para su administración durante el año, y hará los arreglos para revisar y aprobar las peticiones de subvenciones de ayuda al Consejo Ejecutivo o a otras fuentes, tanto para las operaciones actuales como para sus necesidades de capital.

e. La elección del Obispo de una Diócesis Misionera, en caso de una vacante o cuando se otorgue el consentimiento canónigo, y la elección de una persona como Obispo Coadjutor u Obispo Sufragáneo, serán efectuadas por una Convención Diocesana de acuerdo con sus propios Cánones y las disposiciones del Canon III.11 de la Convención General.

f. A petición de la Convención de una Diócesis Misionera, junto con la presentación de hechos pertinentes y un plan factible, la Convención General podrá, por resolución conjunta: (1) conceder autonomía a dicha Diócesis para unirse a otra Provincia o Consejo Regional que tenga autoridad metropolítica de la Comunión Anglicana; o (2) permitir que la Diócesis que procura su autonomía, pero que no planea unirse a otra Provincia o Consejo Regional, se una con no menos de otras tres Diócesis viables al mismo tiempo que sean geográficamente contiguas o que se localicen geográficamente de tal manera que puedan ser consideradas de la misma región, con el propósito de establecer una Nueva Provincia o un Nuevo Consejo Regional con autoridad metropolítica de la Comunión Anglicana.

g. A petición de la Convención de una Diócesis Misionera, acompañada por la renuncia por escrito de su Obispo de jurisdicción permanente, la Convención General podrá cambiar el estado de una Diócesis Misionera al de una Misión de Área, según los términos y condiciones que pudiera estipular la Cámara de Obispos de acuerdo con el Canon I.11.2.a; y en tal caso, cesará su derecho de representación con Diputados en la Convención General.

Sec. 4.

Se enviará un aviso a todos los Arzobispos y Metropolitanos, y a todos los Obispos Presidentes de Iglesias en plena comunión con esta Iglesia, acerca del establecimiento de cualquier Misión de Área o de la organización o cambio de estado de cualquier Diócesis Misionera fuera de Estados Unidos; y de la consagración o nombramiento de un Obispo Misionero para la misma.

Por este medio, se declara como fallo de esta Iglesia que dos Obispos de Iglesias en plena comunión mutua no deberán ejercer jurisdicción en el mismo lugar, excepto como se defina por concordato adoptado conjuntamente por la autoridad competente de cada una de dichas Iglesias, después de consultar con el organismo interanglicano apropiado.

Sec. 1.

En cada Diócesis, el Comité Permanente elegirá entre sus miembros a un Presidente y un Secretario. Podrá reunirse ocasionalmente y de conformidad con sus propias reglas, llevará actas de sus deliberaciones, y el Presidente podrá convocar una reunión extraordinaria cuando lo estime necesario. El Comité podrá ser convocado a petición del Obispo, cuando desee su asesoría, y podrá reunirse por propio acuerdo y según sus propias reglas cuando desee aconsejar al Obispo.

Sec. 2.

En todos los casos en que un Canon de la Convención General ordene el cumplimiento de una función o el ejercicio de una facultad por parte de un Comité Permanente, de los miembros clericales del mismo o de cualquier otro organismo compuesto por varios miembros, la mayoría de dichos miembros constituirá quórum, habiendo sido todos debidamente convocados a reunión, y una mayoría del quórum así reunido tendrá competencia para actuar, salvo que el Canon requiera expresamente lo contrario.

Sec. 3.

Todo documento que deba ser firmado por miembros del Comité Permanente, por los miembros clérigos del mismo o por cualquier otro organismo que consista de varios miembros, podrá ser firmado en contrapartes y las contrapartes unidas se considerarán como un solo documento. Los testimonios requeridos para la ordenación y que se requiere que dé un Comité Permanente de conformidad con cualquiera de estos Cánones deben ser firmados por una mayoría del Comité y podrán ser firmados electrónicamente y en contrapartes.

Sec. 1.

Toda Congregación de esta Iglesia pertenecerá a la Iglesia en la Diócesis donde esté situado su lugar de culto. Un Clérigo que sirva a un Curato que tenga congregaciones en más de una jurisdicción tendrá los derechos (incluido el de voto), en la Convención de la jurisdicción en la que tenga residencia canónica, que dispongan los cánones de esa diócesis y podrá recibir escaño y voz en las jurisdicciones que no sean su residencia canónica.

Sec. 2.

a. La determinación y definición de los límites de las Parroquias o Curatos Parroquiales existentes, así como el establecimiento de una nueva Parroquia o Congregación, y la formación de una nueva Parroquia dentro de los límites de cualquier otra, recaerán en las distintas Convenciones Diocesanas.

b. Hasta que se adopte un Canon u otra regulación de una Convención Diocesana, la formación de nuevas Parroquias o el establecimiento de nuevas Parroquias o Congregaciones dentro de los límites de Parroquias existentes será tarea del Obispo de la Diócesis, actuando con la asesoría y el consentimiento del Comité Permanente de la misma, y, en caso de no haber Obispo, de la Autoridad Eclesiástica.

Sec. 3.

a. En los casos en que los límites parroquiales no estén definidos por ley o acordados por actos de la Convención de la Diócesis en virtud de la Sección 2 de este Canon, ni de ninguna otra manera, se definirán de acuerdo con las divisiones civiles del estado en la forma siguiente:

b. Los límites parroquiales serán los límites fijados por la ley de una aldea, pueblo, municipio, municipio incorporado, ciudad o alguna división de un distrito civil similar que pueda reconocer el Obispo como los límites de la Parroquia, actuando con la asesoría y el consentimiento del Comité Permanente.

c. Si hubiera solo una Iglesia o Congregación dentro de los límites de dicha aldea, pueblo, municipio incorporado, ciudad u otra división de un distrito civil, como se contempla aquí, la misma será considerada Curato Parroquial del Clérigo de la misma. Si hubiera dos o más Iglesias o Congregaciones, el referido distrito civil será considerado Curato de los Clérigos de las mismas.

d. Este Canon no afectará los derechos legales con respecto a los bienes de ninguna Parroquia o Congregación.

Sec. 1.

En todas las Parroquias de esta Iglesia, la cantidad, forma de elección y período de ejercicio de Coadjutores e Miembros de la Junta Parroquial, con los requisitos de los votantes, serán aquellos que pudieran permitir o requerir las leyes Estatales o Diocesanas, y los Coadjutores e Miembros de la Junta Parroquial seleccionados según dichas leyes permanecerán en sus cargos hasta que sus sucesores sean seleccionados y califiquen.

Sec. 2.

Salvo lo contemplado en las leyes del Estado o la Diócesis, la Junta Parroquial será un agente y representante legal de la Parroquia en todos los asuntos que conciernan a sus bienes corporativos y a las relaciones de la Parroquia con su Clero.

Sec. 3.

Salvo que hubiera conflicto con las leyes como se indicó anteriormente, el Rector u otro miembro de la Junta que este nombre, presidirá en todas las reuniones de la Junta Parroquial.

Sec. 1.

Será lícito, en las condiciones indicadas a continuación, organizar una Congregación en cualquier territorio extranjero que no esté dentro de la jurisdicción de algún Obispo Misionero de esta Iglesia ni dentro de ninguna Diócesis, Provincia o Iglesia Regional de la Comunión Anglicana.

Sec. 2.

El Obispo encargado de dichas Congregaciones y el Consejo Asesor dispuesto a continuación, podrán autorizar a cualquier Presbítero de esta Iglesia para oficiar temporalmente en cualquier lugar designado por ellos dentro de cualquier territorio extranjero, al estar convencidos de la conveniencia de establecer en dicho lugar una Congregación de esta Iglesia.

Sec. 3.

Dicho Presbítero, después de haber oficiado públicamente en dicho lugar por cuatro domingos consecutivos, podrá notificar, durante el Oficio Divino, que se celebrará una reunión de las personas mayores de edad presentes en el oficio, en el lugar y fecha que serán fijados por el Presbítero encargado, con el fin de organizar la Congregación. Dicha reunión podrá proceder a efectuar tal organización sujeta a la aprobación del Obispo y del Consejo Asesor mencionados y de conformidad con los reglamentos que dicho Consejo Asesor pudiera disponer.

Sec. 4.

Antes de ser admitida bajo la dirección de la Convención General de esta Iglesia, dicha Congregación deberá, en su Constitución, Plan o Artículos de Organización, reconocer y aceptar la Constitución, Cánones, Doctrina, Disciplina y Culto de esta Iglesia, y convendrá en someterse y obedecer las órdenes que pudieran enviar periódicamente el Obispo encargado y el Consejo Asesor.

Sec. 5.

El deseo de dicha Congregación de ser admitida bajo la dirección de la Convención General será debidamente certificado por el Clérigo, un Coadjutor y dos miembros de la Junta Parroquial o Fideicomisarios de dicha Congregación, debidamente elegidos.

Sec. 6.

Dicho certificado, y la Constitución, Plan o Artículos de Organización, serán presentados ante la Convención General, si estuviera en sesión, o ante el Obispo Presidente en cualquier otra ocasión; en caso de satisfacer los requisitos, el Secretario de la Cámara de Diputados de la Convención General, bajo instrucciones escritas del Obispo Presidente, incluirá subsiguientemente el nombre de la Congregación en la lista de Congregaciones en el extranjero bajo la dirección de la Convención General; se enviará un certificado de dicho acto oficial y el Secretario de esta Iglesia lo archivará. Dichas Congregaciones quedan bajo el gobierno y la jurisdicción del Obispo Presidente.

Sec. 7.

El Obispo Presidente podrá, periódicamente, por comisión escrita bajo la firma y sello episcopales, asignar a un Obispo u Obispos de esta Iglesia o de una Iglesia en plena comunión con esta, el cuidado y responsabilidad de una o más de dichas Congregaciones y de los Clérigos que ahí oficien, por el tiempo que estime conveniente; se dispone, sin embargo, que si dicho plazo venciera en un año durante el cual se celebrará una Convención General, antes de dicha Convención, la comisión se podrá prorrogar hasta la clausura de la Convención.

Sec. 8.

Ninguna parte de este Canon deberá interpretarse como impedimento para la elección de un Obispo para encargarse de dichas Congregaciones en virtud de la disposición del Canon III.12.1-4.

Sec. 9.

A fin de ayudar al Obispo Presidente o al Obispo encargado de estas Iglesias en el extranjero en la administración de sus asuntos y en la resolución de aquellos asuntos que pudieran surgir por su situación peculiar, se constituirá de la siguiente manera un Consejo Asesor compuesto de cuatro Clérigos y cuatro Laicos, quienes actuarán como Consejo Asesor del Obispo encargado de las Iglesias en extranjero. Serán seleccionados para servir durante dos años y hasta que sus sucesores hayan sido elegidos y hayan aceptado la elección, por una Asamblea debidamente reunida de todos los Clérigos de las Iglesias o Capillas extranjeras y de dos representantes Laicos de cada Iglesia o Capilla escogidos por su Junta Parroquial o Comité. El Consejo Asesor será convocado a solicitud del Obispo cuando desee su asesoría y podrán reunirse por su propia iniciativa y de acuerdo con sus propias reglas cuando deseen aconsejar al Obispo. Cuando una reunión no sea factible, el Obispo podrá consultarles por carta.

Será lícito que el Obispo Presidente, en cualquier momento, autorice al Consejo Asesor por escrito bajo su firma y sello episcopal, para actuar como Autoridad Eclesiástica.

Sec. 10.

En el caso de que un Clérigo a cargo de una Congregación o por otro medio autorizado para servir a la Iglesia en un país extranjero fuera acusado de cualquier ofensa en virtud de los Cánones de esta Iglesia:

a. Con el permiso del Obispo Presidente, el Obispo a Cargo y el Consejo de Asesoramiento se podrá (i) involucrar a una Diócesis de esta Iglesia para que facilite las Estructuras Disciplinarias necesarias para cumplir con los requisitos de los Cánones de esta Iglesia o (ii) establecer entre las Congregaciones de la Asamblea las Estructuras Disciplinarias necesarias para cumplir con los requisitos de los Cánones de esta Iglesia. En cualquier caso, a los efectos de la aplicación de las disposiciones para Disciplina Eclesiástica (Título IV) de un Clérigo, el Obispo a Cargo deberá cumplir la función reservada para el Obispo Diocesano, salvo que el Obispo Presidente deberá aprobar cualquier Acuerdo, cualquier Acuerdo para Disciplina y los términos de cualquier Orden y pronunciar la Sentencia.

b. En caso de no existir ninguna otra disposición para organizar o facilitar las Estructuras Disciplinarias para el cumplimiento de los Cánones sobre Disciplina Eclesiástica de una Congregación en un territorio extranjero, será deber del Obispo encargado de dichas Congregaciones convocar al Consejo Asesor y pedir una investigación sobre la veracidad de dicha Acusación; si hubiera pruebas razonables para creerla, dicho Obispo y el Consejo Asesor nombrarán a una Comisión compuesta de tres Clérigos y dos Laicos, cuyo deber será reunirse donde resida el acusado y obtener todas las pruebas del caso de las partes interesadas; ellos le concederán al acusado todos los derechos en virtud de los Cánones de esta Iglesia que puedan ser ejercidos en un territorio extranjero. La decisión de dicha Comisión, solemnemente tomada, será enviada entonces al Obispo encargado y al Obispo Presidente y, se aplicará si fuera aprobada por ellos; se dispone, sin embargo, que dicha Comisión no inicie ninguna otra medida disciplinaria que no sea la amonestación o destitución del Clérigo de su cargo en dicha Congregación. Si el resultado de la investigación de la mencionada Comisión revelara pruebas que, a su juicio, tienden a demostrar que dicho Clérigo merece una medida disciplinaria más severa, todos los documentos del caso serán entregados al Obispo Presidente, quien podrá proceder en contra de dicho Clérigo, en la medida de lo posible, de conformidad con los Cánones de la Convención General.

Sec. 11.

Si existiera ya una Congregación dentro de los límites de cualquier ciudad en un territorio extranjero, ninguna nueva Congregación podrá ser establecida en esa ciudad, salvo con el consentimiento del Obispo a cargo y del Consejo Asesor.

Sec. 12.

En caso de una diferencia entre el Clérigo y una Congregación en un territorio extranjero, el Obispo encargado examinará debidamente el caso y tendrá plena facultad, junto con el Consejo Asesor, para resolver y conciliar dicha diferencia observando los principios reconocidos en los Cánones de la Convención General.

Sec. 13.

A ningún Clérigo se le permitirá asumir la dirección de una Congregación en un territorio extranjero, organizada en virtud de este Canon, sin antes haber sido nominado por la Junta Parroquial del mismo, o, si esta no existiera, por el Consejo Asesor, y aprobado por el Obispo encargado; y cuando dicho nombramiento haya sido aceptado por el Clérigo, este será transferido a la jurisdicción del Obispo Presidente.

Sec. 1.

Cuando una congregación de personas cristianas que respetan la fe cristiana como se dispone en los credos católicos y reconocen que las Escrituras contienen todo lo necesario para la salvación pero utilizan un rito distinto al establecido por esta Iglesia, desee afiliarse a esta Iglesia, reteniendo al mismo tiempo el uso de su propio rito, dicha congregación podrá, con el consentimiento del Obispo en cuya Diócesis está situada, solicitarle reconocimiento legal al Obispo Presidente por intermedio del Obispo.

Sec. 2.

Cualquier persona que no haya recibido la ordenación episcopal y que desee servir en dicha congregación como Clérigo, deberá cumplir las disposiciones del Canon III.10.4.

Sec. 3.

Un Clérigo de dicha Congregación que haya sido ordenado por un Obispo que no esté en plena comunión con esta Iglesia, pero cuya regularidad de la ordenación sea aprobada por el Obispo Presidente, podrá ser admitido en la Orden apropiada según la disposición del Canon III.10.3.

Sec. 4.

Los clérigos y delegados de dichas congregaciones tendrán escaños sin voto en la Convención Diocesana, a menos que hayan sido admitidos formalmente por dicha Convención.

Sec. 5.

La responsabilidad por las Congregaciones así admitidas recaerá en el Obispo de la Diócesis, salvo que este hubiera delegado su autoridad a otro Obispo que puede haber sido comisionado por el Obispo Presidente para asumir la responsabilidad de dichas Congregaciones.

Sec. 1.

a. Todas las personas que hayan recibido el Sacramento del Sagrado Bautismo con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya sea en esta Iglesia o en otra Iglesia cristiana, y cuyo bautismo haya sido debidamente registrado de esta Iglesia, serán Miembros de la misma.

b. Los Miembros que hayan cumplido los dieciséis años de edad serán considerados como Miembros Adultos.

c. Se espera que todos los Miembros Adultos de esta Iglesia, después de haber recibido la instrucción correspondiente, hayan hecho una declaración pública madura de su fe y de su compromiso con las obligaciones de su Bautismo y hayan sido confirmados o recibidos por la imposición de manos de un Obispo de esta Iglesia o por un Obispo de otra Iglesia en plena comunión con esta Iglesia. Aquellas personas que hayan hecho una promesa pública en otra Iglesia podrán ser recibidos por la imposición de manos del Obispo, en vez de ser confirmados. Esto puede ser un requisito para funciones de liderazgo específicas, según lo definido por la Constitución y los Cánones de esta Iglesia y sus organismos constituyentes.

d. Cualquier persona que sea bautizada en esta Iglesia como adulto y reciba la imposición de manos del Obispo en el bautismo, será considerada, para los fines de este y todos los demás Cánones, como bautizada y confirmada. Además:

Cualquier persona que haya sido bautizada como adulto en esta Iglesia y que un tiempo después del bautismo reciba la imposición de manos del Obispo en Reafirmación de los Votos Bautismales será considerada, para los fines de este y todos los demás Cánones, como bautizada y confirmada; además,

Cualquier persona que haya recibido la imposición de manos durante la Confirmación (por cualquier Obispo de la sucesión histórica) y sea acogida en la Iglesia Episcopal por un Obispo de esta Iglesia, será considerada, para los fines de este y todos los demás Cánones, como bautizada y confirmada; y por último,

Cualquier persona bautizada que haya recibido la imposición de manos de un Obispo de esta Iglesia durante la Confirmación o la Recepción, será considerada, para los fines de este y todos los demás Cánones, como bautizada y confirmada.

Sec. 2.

a. Todos los Miembros que hayan recibido la Santa Comunión en esta Iglesia por lo menos tres veces durante el año previo serán considerados Comulgantes de esta Iglesia.

b. Para satisfacer las necesidades de correlación estadística en toda la Iglesia, los Comulgantes a partir de los dieciséis años se consideran Comulgantes Adultos.

c. En casos de sensibilidad pastoral, con la aprobación del Obispo, se podrá prescindir de estos requisitos por causa justificada.

Sec. 3.

Todos los Miembros de esta Iglesia que durante el año anterior se hayan mantenido fieles en el culto corporativo, excepto en caso de causa justificada que se los haya impedido, y que hayan sido fieles en su trabajo, oraciones y donaciones para la expansión del Reino de Dios, se consideran Comulgantes en Buena Posición.

Sec. 4.

a. Un Miembro de esta Iglesia deberá procurar una Carta de Transferencia para transferir su membresía de la congregación en la cual su membresía está registrada a otra Congregación. Esta Carta de Transferencia deberá indicar que la persona está registrada como Miembro de esta Iglesia y si dicho Miembro:

Al recibir acuse de que el Miembro que recibió dicha Carta de Transferencia ha sido inscrito en otra congregación de esta u otra Iglesia, el Clérigo a cargo o el Coadjutor que expidió la Carta de Transferencia deberá borrar el nombre de la persona del registro parroquial.

b. El Clérigo a cargo o el Coadjutor de la Congregación a la cual fue enviada dicha membresía deberá incorporar al registro parroquial la información contenida en la Carta de Transferencia presentada, y luego notificará al Clérigo a cargo o al Coadjutor de la congregación que emitió la Carta de Transferencia que la persona ha sido debidamente registrada como Miembro de la nueva congregación.

c. Si un Miembro de esta Iglesia que no tenga dicha Carta de Transferencia deseara ser Miembro de una nueva congregación, el Clérigo a cargo de dicha congregación le indicará a esa persona que debe obtener una Carta de Transferencia de su congregación anterior; si no se puede obtener tal Carta de Transferencia, no siendo culpa de la persona que lo solicita, se podrá hacer un asiento apropiado en los registros de la parroquia al presentarse pruebas de condición de miembro que el Clérigo a cargo o el Coadjutor determinen adecuadas.

d. Cualquier Comulgante de una Iglesia en plena comunión con esta tendrá derecho a los beneficios de esta sección hasta donde pudiesen ser aplicables.

Sec. 5.

A ninguna persona se le negarán derechos, condición de miembro o acceso a posición de igualdad en la vida, culto, gobierno o empleo de esta Iglesia por motivos de raza, color, origen étnico, origen nacional, estado civil o familiar (incluidos planes de embarazo o guardería infantil), sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, incapacidad o edad, excepto en los casos estipulados por los Cánones.

Sec. 6.

Una persona a quien se le hayan negado los Sacramentos de esta Iglesia, a quien se le haya revocado el derecho a la Sagrada Comunión en virtud de las rúbricas o que haya sido informada de la intención de negarle o revocarle el derecho a la Sagrada Comunión en virtud de las rúbricas, podrá apelar ante el Obispo o la Autoridad Eclesiástica. Un Presbítero que niegue o revoque a una persona la Sagrada Comunión o que comunique a una persona la intención de repelerla de la Sagrada Comunión, deberá informar a dicha persona, por escrito, con una antelación de catorce días de (i) las razones y (ii) el derecho de la persona a apelar ante el Obispo o la Autoridad Eclesiástica. Ningún Clérigo de esta Iglesia estará obligado a admitir a los Sacramentos a una persona a quien se le ha denegado o revocado ese derecho, sin recibir instrucciones por escrito del Obispo o la Autoridad Eclesiástica. El Obispo o la autoridad eclesiástica podrá en ciertas circunstancias considerar que es apropiado requerir que la persona sea admitida o restaurada por insuficiencia de la causa señalada por el Clérigo. Sin embargo, si al Obispo o a la Autoridad Eclesiástica le pareciere que existe causa suficiente para justificar la denegación a la Sagrada Comunión, se deben tomar las medidas apropiadas para iniciar una investigación de conformidad con los Cánones de la Diócesis; de no existir dicho Canon, el Obispo o la Autoridad Eclesiástica procederá de acuerdo con aquellos principios legales y de equidad que aseguren una investigación y un veredicto imparciales. El veredicto deberá expresarse por escrito en un plazo de sesenta días a partir de la apelación y especificar los pasos requeridos para la readmisión a la Sagrada Comunión.

Sec. 7.

Ninguna persona que no haya sido bautizada podrá ser elegible para recibir la Sagrada Comunión en esta Iglesia.

Sec. 8.

Cualquier persona que acepte un cargo en esta Iglesia desempeñará las funciones de ese cargo de manera óptima y fiel, de conformidad con la Constitución y Cánones de esta Iglesia y de la Diócesis en que ejerza su cargo.

Sec. 1.

Todo clérigo de esta Iglesia se regirá por las leyes del Estado que rigen la creación del estado civil del matrimonio, así como por estos cánones concernientes a la solemnización del matrimonio. Los Clérigos pueden solemnizar un matrimonio por medio de cualquiera de las formas litúrgicas autorizadas por esta Iglesia.

Sec. 2.

La pareja deberá notificar al Clérigo de su intención de contraer matrimonio por lo menos con treinta días de anticipación a la solemnización; se dispone sin embargo, que si una de las partes es integrante de la Congregación del Clérigo, o ambas partes pueden proporcionar pruebas satisfactorias de la necesidad de acortar el lapso, se podrá omitir este requisito por causa justificada; en cuyo caso el Clérigo informará de inmediato de esta medida al Obispo por escrito.

Sec. 3.

Antes de la solemnización, el Clérigo determinará:

a. Que ambas partes tienen derecho a contraer matrimonio de conformidad con las leyes del Estado y consienten hacerlo libremente, sin fraude, coerción, error en cuanto a la identidad del cónyuge, ni reservas mentales.

b. Que por lo menos uno de los contrayentes está bautizado.

c. Que ambas partes han sido instruidas por parte del Clérigo, o de una persona que el Clérigo conozca como competente y responsable, con respecto a la naturaleza, propósito y significado, así como los derechos, deberes y obligaciones del matrimonio.

Sec. 4.

Antes de la solemnización, las partes deberán firmar la siguiente Declaración de Intención:

Somos conscientes de la enseñanza de la iglesia de que el propósito de Dios para nuestro matrimonio es para nuestro gozo mutuo, para la ayuda y la comodidad que nos brindaremos mutuamente tanto en la prosperidad como en la adversidad, y, cuando sea la voluntad de Dios, para el don y el patrimonio de los hijos y su formación en el conocimiento y el amor de Dios. También entendemos que nuestro matrimonio debe ser incondicional, mutuo, exclusivo, fiel y para toda la vida y nos comprometemos a empeñarnos por aceptar estos presentes y cumplir estos deberes, con la ayuda de Dios y el apoyo de nuestra comunidad.

Sec. 5.

Al menos dos testigos estarán presentes en la solemnización y, junto con el Clérigo y los contrayentes, firmarán el registro de dicha solemnización en el documento correspondiente; este deberá incluir la fecha y el lugar de la solemnización, los nombres de los testigos, de los contrayentes y de sus padres, la edad de los contrayentes, su condición religiosa y su(s) domicilio(s).

Sec. 6.

Un obispo o presbítero puede pronunciar una bendición de un matrimonio civil usando cualquiera de las formas litúrgicas autorizadas por esta Iglesia.

Sec. 7.

Cualquier Clérigo de esta Iglesia podrá negarse, a su discreción, a solemnizar o bendecir un matrimonio.

Sec. 1.

Cuando peligre la unidad marital por disensión y en la medida de lo posible, será deber de una o ambas partes llevar el asunto ante un Clérigo de esta Iglesia, antes de contemplar cualquier medida jurídica; será deber de dicho Clérigo actuar en primer lugar para proteger y promover la seguridad física y emocional de las personas involucradas y solo entonces, si es posible, tratar de reconciliar a las partes.

Sec. 2.

a. Cualquier miembro de esta iglesia cuyo matrimonio haya sido anulado o disuelto por un tribunal civil, podrá solicitar al Obispo o a la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis donde reside legal o canónicamente, un fallo sobre su estado marital a juicio de la Iglesia. Dicho fallo podrá ser el reconocimiento de la nulidad o de la terminación de dicho matrimonio; se dispone, sin embargo, que ningún fallo será interpretado de manera que afecte en forma alguna la legitimidad de los hijos o la validez civil de la relación anterior.

b. Todo fallo rendido de conformidad con esta Sección se hará por escrito y formará parte permanente del archivo de la Diócesis.

Sec. 3.

Ningún Clérigo de esta Iglesia podrá solemnizar el matrimonio de una persona que haya estado casada con otra persona que aún viva, y ningún miembro de esta Iglesia se unirá en matrimonio cuando cualquiera de las partes contrayentes haya estado casada con otra persona que aún viva, salvo en los casos siguientes:

a. El Clérigo quedará satisfecho con las pruebas correspondientes de que el anterior matrimonio ha sido anulado o disuelto a través de un fallo o decreto final de un tribunal civil de una jurisdicción competente.

b. El Clérigo habrá informado a las partes que deben guardar un interés continuo por el bienestar del excónyuge y de los hijos del matrimonio anterior.

c. El Clérigo consultará con el Obispo de la Diócesis donde reside canónicamente o con el Obispo de la Diócesis donde tiene residencia canónica, y obtendrá su consentimiento antes de solemnizar cualquier matrimonio según esta Sección, e informará al Obispo al efecto.

d. Si el matrimonio propuesto se va a solemnizar en una jurisdicción que no sea la que ha dado el consentimiento, este deberá ser confirmado por el Obispo de dicha Jurisdicción.

e. Los Obispos que ejerzan la autoridad eclesiástica, o en su caso la supervisión eclesiástica, que mantengan una posición teológica que no abrace el matrimonio para las parejas del mismo sexo, invitarán, en el caso de segundas nupcias después del divorcio, a otro Obispo de esta Iglesia a supervisar el proceso de consentimiento y a recibir cualquier informe de dichos Matrimonios, según lo dispuesto en la subsección c.

Sec. 4.

Todas las disposiciones del Canon I.18 serán aplicables en todos los casos.

Sec. 1.

La Iglesia Episcopal, miembro de la Comunión Anglicana, tiene una relación de plena comunión con (i) aquellas Iglesias que también son miembros de la Comunión Anglicana por acto del Consejo Asesor Anglicano y (ii) aquellas Iglesias de la sucesión histórica con las cuales celebró acuerdos de pacto antes de 1980, y posteriormente con aquellas iglesias de la sucesión histórica con las cuales ha celebrado acuerdos de pacto adoptados por la Convención General:

a. Las Antiguas Iglesias Católicas de la Unión de Utrecht (mediante la ratificación del Acuerdo de Bonn de 1931 por la 51^a Convención General de 1934).

b. La Iglesia Filipina Independiente (a través del Concordato de Plena Comunión entre la Iglesia Filipina Independiente y La Iglesia Episcopal de 1961, adoptado por la 60^a Convención General en 1961).

c. La Iglesia Siria Mar Thoma de Malabar (a través del acuerdo entre la Iglesia Mar Thoma y La Iglesia Episcopal de 1979).

d. La Iglesia Episcopal tiene una relación de plena comunión con la Iglesia Evangélica Luterana de Canadá bajo los términos del Memorando de Reconocimiento Mutuo de Relaciones de Plena Comunión de fecha 26 de septiembre de 2018 por y entre La Iglesia Episcopal, la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Anglicana de Canadá y la Iglesia Evangélica Luterana en Canadá, que fue aceptado por la 80ª Convención General de La Iglesia Episcopal como Resolución 2022-A092.

e. La Iglesia Evangélica Luterana de Baviera (Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, ELKB) (a través de la aceptación de Compartir los Dones de la Comunión [Acuerdo de Augsburgo] de 2022)

Sec. 2.

La Iglesia Episcopal tiene una relación de plena comunión con la Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos según los términos y la definición de “Llamados a la Misión Común” que la 73a Convención General de La Iglesia Episcopal adoptó como Resolución 2000-A040.

Sec. 3.

La Iglesia Episcopal tiene una relación de plena comunión con las Provincias Norte y Sur de la Iglesia Morava de Estados Unidos en virtud de los términos de “Finding Our Delight in the Lord: A Proposal for Full Communion Between The Episcopal Church; the Moravian Church-Northern Province; and the Moravian Church-Southern Province” (Encontremos nuestro goce en el Señor: una propuesta para la plena comunión entre La Iglesia Episcopal, la Provincia Norte de la Iglesia Morava y la Provincia Sur de la Iglesia Morava), el cual se adoptó en la 76^a Convención General de La Iglesia Episcopal como la Resolución 2009-A073.

Sec. 4.

La Iglesia Episcopal tiene una relación de plena comunión con la Iglesia de Suecia bajo los términos del Memorándum de Entendimiento entre La Iglesia Episcopal y la Iglesia de Suecia (basado en los entendimientos expuestos en el Informe sobre los fundamentos de las relaciones futuras entre la Iglesia de Suecia y La Iglesia Episcopal), que fue aceptado por la 80ª Convención General de La Iglesia Episcopal como Resolución 2022-A137.

Todas las personas de esta Iglesia deberán celebrar y guardar el Día del Señor, comúnmente llamado domingo, con la participación habitual en el culto público de la Iglesia, escuchando la palabra de Dios leída y enseñada, y por medio de otros actos de devoción y obras de caridad, expresándose siempre de manera piadosa y sobria.

Sec. 1.

Las lecciones indicadas en el Libro de Oración Común deberán ser leídas de la traducción de las Sagradas Escrituras comúnmente conocida como la versión del Rey Jaime o Versión Autorizada (que es la Biblia histórica de esta Iglesia), junto con las Lecturas Marginales autorizadas por la Convención General de 1901; de una de las tres traducciones conocidas como Versiones Revisadas, que incluyen la Revisión Inglesa de 1881, la Revisión Americana de 1901 y la Versión Estándar Revisada de 1952; de la Biblia de Jerusalén de 1966; de la Nueva Biblia Inglesa con la Apócrifa de 1970; de La Biblia de las Buenas Nuevas de 1976; de la Nueva Biblia Americana (1970); de la Versión Estándar Revisada, Edición Ecuménica, comúnmente conocida como la “Biblia Común V.E.R.” (1973); de la Nueva Versión Internacional (1978); de la Nueva Biblia de Jerusalén (1987); de la Biblia Inglesa Revisada (1989); de la Nueva Versión Estándar Revisada (1989, 2022); de la Versión Inglesa Contemporánea (1995); de la Versión Inglesa Contemporánea Global (2005); de Biblia Inglesa Común (2011); de la Nueva Biblia de Jerusalén Revisada (2019); de traducciones, autorizadas por el Obispo diocesano, de aquellas versiones aprobadas y publicadas en cualquier otro idioma que no sea inglés, las cuales deberán ser autorizadas por Obispos Diocesanos para uso específico en congregaciones o ministerios dentro de sus diócesis.

Sec. 2.

Todas las traducciones propuestas para su inclusión en el Canon II.2.1 deberán ajustarse a los criterios para recomendar nuevas traducciones bíblicas para ser utilizadas en el culto público adoptado por la Convención General.

Sec. 3.

Todas las traducciones propuestas para su inclusión en el Canon II.2.1 primero deben ser remitidas a la Comisión Permanente sobre Liturgia y Música para su revisión conforme a los criterios para recomendar nuevas traducciones bíblicas para ser utilizadas en el culto público.

Sec. 1.

La copia del libro de Oración Común aceptada por la Convención General de esta Iglesia, en el año de nuestro Señor de 1979, y autenticada por las firmas de los Funcionarios Presidentes y los Secretarios de ambas Cámaras de la Convención General, se declara por este medio como el Patrón del Libro de Oración Común de esta Iglesia.

Sec. 2.

Todas las copias del Libro de Oración Común que se hagan y publiquen en adelante cumplirán con esta versión uniforme, con su paginación y, hasta donde sea posible, con todo lo referente a su arreglo tipográfico, con excepción de que las Rúbricas podrán imprimirse en rojo o negro, y de que los números de las páginas se colocarán a la par de los distintos encabezados en el índice de materias. El requisito de uniformidad en la paginación se aplicará al libro completo, pero no afectará las ediciones más pequeñas conocidas como 32mo o las ediciones anotadas para música.

Sec. 3.

En caso de alguna inexactitud tipográfica en el Patrón del Libro de Oración Común, se podrá ordenar su corrección por medio de una Resolución conjunta de cualquier Convención General, y el aviso de dichas correcciones será comunicado por el Conservador a la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis de esta Iglesia y a las casas editoras del Libro de Oración Común.

Sec. 4.

Deberán enviarse copias foliadas del Patrón del Libro de Oración Común debidamente autenticadas, al igual que el Patrón del Libro en sí, a la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis en confianza para su uso, consulta y apelación de asuntos relacionados con los formularios autorizados de esta Iglesia.

Sec. 5.

No se hará, imprimirá, publicará ni utilizará como autoridad en esta Iglesia ninguna copia, traducción o edición del Libro de Oración Común, ni de ninguna parte o partes del mismo, a menos que contenga la autorización del Conservador del Patrón del Libro de Oración Común, certificando que él o alguna persona nombrada por él ha comparado dicha copia, traducción o edición con el mencionado Patrón del Libro o con una copia certificada del mismo, y que cumple con él. El Conservador, o alguna persona designada por el Conservador, podrá ejercer la debida discreción en referencia a las traducciones de todo el Libro de Oración Común o partes del mismo, a otros idiomas, de modo que dichas traducciones reflejen el estilo idiomático y el contexto cultural de esos idiomas. Además, no se hará, imprimirá, publicará ni usará como autoridad en esta Iglesia, ni se certificará como tal, ninguna copia, traducción o edición del Libro de Oración Común, ni parte o partes del mismo, que contenga o que esté relacionada con cualquier enmienda o adición del mismo, o con cualquier otro asunto, excepto las Sagradas Escrituras o el Himnario autorizado de esta Iglesia, o con materiales dispuesto en el Ritual para Ocasiones Especiales y las Liturgias Propias para las Fiestas Menores y Ayunos, en la medida en que dichos libros sean autorizados periódicamente por la Convención General.

Sec. 6.

a. Cuando la Convención General, de conformidad con el Artículo X de la Constitución, autorice para uso de prueba una revisión propuesta del Libro de Oración Común o de una parte o partes del mismo, la Resolución que así lo permita especificará la duración de dicho uso de prueba, el texto preciso de la revisión y las condiciones o términos especiales que regirán dicho uso de prueba, incluida la traducción.

b. Un período de prueba de conformidad con el Artículo X, Sección 3 de la Constitución debe preceder a la primera lectura para cualquier alteración o adición al Libro de Oración Común de conformidad con el Artículo X, Sección 2, excepto para cambios al Leccionario y Tablas y Rúbricas y el Salterio, según lo dispuesto en el Artículo X, Sección 4.a.

c. Durante el período de uso de prueba, la Comisión Permanente sobre Liturgia y Música examinará la alteración o modificación propuesta utilizando los principios adoptados por la Convención General de esta Iglesia, e incluirá sus valoraciones y recomendaciones en un informe ante la Convención General.

d. El Calendario de la Iglesia, con las celebraciones principales y menores, forma parte del Libro de Oración Común y puede modificarse siguiendo el proceso de uso de prueba previsto para la revisión del Libro de Oración Común en la Constitución y los Cánones de esta Iglesia.

e. Será deber del Conservador del Patrón del Libro de Oración Común:

f. Durante dicho período de uso de prueba y de acuerdo con las condiciones de modificación específicas, únicamente el material así autorizado y en la forma exacta en que haya sido autorizado estará disponible como alternativa para dicho Libro de Oración Común o partes del mismo; se dispone, sin embargo, que será facultad conjunta del Obispo Presidente y del Presidente de la Cámara de Diputados, por recomendación de una resolución debidamente adoptada en una reunión de la Comisión Permanente sobre Liturgia y Música y comunicada a dichos funcionarios por escrito, autorizar variaciones, ajustes, sustituciones o enmiendas a cualquier parte de los textos experimentales, que pudieran parecer convenientes como resultado de dicho uso de prueba, y que no cambien la esencia de ningún rito.

g. En caso de autorizar dichas variaciones, ajustes, sustituciones o alternativas como las indicadas anteriormente, será deber del Conservador del Patrón del Libro de Oración Común notificar a la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis y a la Asamblea de Iglesias Episcopales de Europa sobre dicha medida, notificando también de la misma por medio de los medios de información públicos.

Sec. 7.

La designación del Conservador del Patrón del Libro de Oración Común se realizará por nombramiento de la Cámara de Obispos y será confirmada por la Cámara de Diputados en una reunión de la Convención General. El Conservador permanecerá en su cargo hasta la segunda Convención General posterior a la Convención General en que el Conservador fuera propuesto y confirmado. La vacante que se produzca en el cargo de Conservador durante el receso de la Convención General podrá ser llenada provisionalmente hasta la siguiente Convención General por nombramiento del Obispo Presidente, una vez recibida la confirmación del Consejo Ejecutivo.

Sec. 8.

Será deber de la Autoridad Eclesiástica de cualquier Diócesis en que se publique o circule cualquier edición no autorizada del Libro de Oración Común, o cualquier parte o partes del mismo, dar aviso público de que dicha edición no tiene autoridad en esta Iglesia.

Sec. 1.

El Artículo X de la Constitución define el Libro de Oración Común y un proceso de uso de prueba como un paso hacia la inclusión en dicho Libro de Oración Común. Además del Libro de Oración Común y de los textos autorizados para uso de prueba según sus definiciones en la Constitución y los Cánones de esta Iglesia, la autoridad de esta Iglesia puede establecer Recursos Litúrgicos Suplementarios y Alternativos.

Sec. 2. Autorización y Uso de Recursos Litúrgicos Suplementarios y Alternativos

Sec. 3. Otros Libros de Oración Común

Sec. 4. Uso de otras Plegarias y Liturgias Eucarísticas no Autorizadas por La Iglesia Episcopal

Una Plegaria Eucarística preparada de conformidad con An Order for Celebrating the Holy Eucharist (Orden para Celebrar la Sagrada Eucaristía) (Libro de Oración Común, 1979 pp. 400-405) puede ser autorizada para uso estacional en domingo, siempre que haya sido sometida y haya recibido la aprobación previa por escrito del obispo con autoridad eclesiástica.

Sec. 5. Salterio Alternativo

Se puede autorizar un Salterio Alternativo por resolución en la Convención General para su estudio y uso ocasional en La Iglesia Episcopal con la aprobación del obispo diocesano con autoridad eclesiástica.

En cualquier Congregación cuyo culto se celebre en un idioma que no sea el inglés, y que se haya puesto bajo el cargo de un Obispo de esta Iglesia, será lícito usar una forma de oficio en dicho idioma, siempre y cuando dicha forma de oficio haya sido previamente aprobada por el Obispo de la Diócesis, hasta que se establezca por autoridad de la Convención General una edición autorizada en dicho idioma del Libro de Oración Común; y se dispone además, que ningún Obispo permita ninguna forma tal de oficio hasta no haberse primero convencido de que el mismo está de acuerdo con la Doctrina y Culto de esta Iglesia; en ningún caso serán usadas dichas formas de oficio para la ordenación o consagración de Obispos, Presbíteros o Diáconos.

Será deber de todo Clérigo velar por que se use música en su Congregación como ofrenda a la gloria de Dios y como una ayuda a las personas en su culto, de acuerdo con el Libro de Oración Común y en la forma autorizada por las rúbricas o por la Convención General de esta Iglesia. Con este fin, el Clérigo tendrá la autoridad máxima en la administración de asuntos relacionados con la música. Para cumplir con esta obligación, el Clérigo procurará la ayuda de personas con conocimientos de música. Juntos velarán por que la música sea apropiada en el contexto en que se usa.

Sec. 1.

Ninguna Iglesia ni Capilla será consagrada hasta que el Obispo esté suficientemente convencido de que el inmueble y el terreno sobre el cual se construya tienen las garantías de propiedad y uso de una Parroquia, Misión, Congregación o Institución afiliada con esta Iglesia y supeditada a su Constitución y Cánones.

Sec. 2.

Será ilícito que una Junta Parroquial, Junta de Fideicomisarios o cualquier otro organismo autorizado por las leyes de cualquier Estado o Territorio para poseer bienes en nombre de una Diócesis, Parroquia o Congregación, grave o enajene a cualquier Iglesia o Capilla dedicada y consagrada, o a cualquier Iglesia o Capilla que haya sido usada exclusivamente para los oficios Divinos, que pertenezca a la Parroquia o Congregación por ellos representada, sin el previo consentimiento del Obispo, actuando con el asesoramiento y consentimiento del Comité Permanente de la Diócesis.

Sec. 3.

Ninguna Iglesia o Capilla dedicada y consagrada podrá ser trasladada, desmantelada o en otra forma destinada a cualquier uso mundano o común, sin el previo consentimiento del Obispo, actuando con el asesoramiento y consentimiento del Comité Permanente de la Diócesis.

Sec. 4.

Cualquier Iglesia o Capilla dedicada y consagrada deberá estar sujeta al fideicomiso declarado con respecto a la propiedad inmobiliaria y personal en posesión de cualquier Parroquia, Misión o Congregación, como lo estipula el Canon I.7.4.

Sec. 1.

Cada Diócesis tomará las medidas necesarias para el desarrollo y la consolidación del ministerio de todas las personas bautizadas, lo cual incluye:

a. Ayudar a entender que se convoca a todas las personas bautizadas al ministerio en el nombre de Cristo, a identificar sus dones con la ayuda de la Iglesia y a servir a la misión de Cristo en todo momento y en todo lugar.

b. Ayudar a entender que se convoca a todas las personas bautizadas a que sustenten sus ministerios entregándose a la formación cristiana para toda la vida.

Sec. 2.

A ninguna persona se le negará en esta Iglesia el acceso al proceso de discernimiento ni a ningún proceso para el empleo, licenciatura, llamado o utilización para cualquier ministerio, sea esta laica u ordenada, por causa de raza, color de la piel, origen étnico, situación migratoria, nacionalidad, sexo, estado civil o familiar (incluidos planes de embarazo y guardería infantil), orientación sexual, identidad y expresión de género, discapacidad o edad, a excepción de lo que esté dispuesto de otro modo en estos Cánones. No se establece aquí ningún derecho a empleo, licenciatura, ordenación, llamado, utilización ni elección.

Sec. 3.

A ninguna persona se le negará el acceso al proceso de discernimiento ni a cualquier proceso para el empleo, licencia, llamado o utilización para cualquier ministerio, laico u ordenado, en esta Iglesia debido a su creencia teológica profesada a conciencia de que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, ni que el matrimonio es un pacto entre dos personas. No se establece aquí ningún derecho a empleo licenciatura, ordenación, llamado, utilización ni elección. En las diócesis en las que el obispo que ejerce la autoridad eclesiástica (o, en su caso, la supervisión eclesiástica) no pueda, por razones de creencia teológica profesara en conciencia, ordenar a una persona que sostenga una de las creencias teológicas arriba mencionadas, el obispo que ejerce la autoridad eclesiástica (o la supervisión eclesiástica) invitará a otro obispo de esta Iglesia para que le dé acceso al proceso de discernimiento para la ordenación.

Sec. 4.

A ningún presbítero ni diácono se le negará la licencia o la residencia canónica en ninguna diócesis de esta Iglesia debido a su creencia teológica profesada en conciencia de que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, o que el matrimonio es un pacto entre dos personas. No se establece ningún derecho de residencia canónica ni de licencia.

Sec. 5.

Las disposiciones de estos Cánones para la admisión de Candidatos para la ordenación a las tres órdenes, Obispos, Presbíteros y Diáconos, se aplicarán igualmente a todas las personas que participen en el proceso.

Sec. 1.

En cada Diócesis existirá una Comisión sobre el Ministerio (en adelante “Comisión”) constituida por Presbíteros, Diáconos, si los hubiera, y Laicos. Los Cánones de cada Diócesis estipularán la cantidad de miembros, el período de ejercicio y las formas de selección de la Comisión. Cualquier Diócesis podrá acordar por escrito con una o varias otras Diócesis para compartir una Comisión para Ministerio.

Sec. 2.

La Comisión asesorará y ayudará al Obispo:

a. En la implementación del Título III de estos Cánones.

b. En la determinación de las oportunidades y necesidades presentes y futuras para el ministerio de todas las personas bautizadas.

c. En el diseño y la supervisión del proceso en curso para el reclutamiento, discernimiento, formación para el ministerio y evaluación de la buena disposición.

Sec. 3.

La Comisión puede adoptar reglas para su desempeño, con sujeción a la aprobación del Obispo, siempre y cuando sean coherentes con la Constitución y los Cánones de esta Iglesia y de la Diócesis.

Sec. 4.

La Comisión podrá establecer comités constituidos por miembros y otras personas para que informe a la Comisión o actúen en su nombre.

Sec. 5.

El Obispo y la Comisión deberán asegurar que los miembros de esta y sus comités reciban la educación y capacitación permanentes para su trabajo.

Sec. 1.

El Obispo y la Comisión tomarán las medidas necesarias para el fomento, la capacitación y los recursos necesarios para ayudar a cada congregación en el desarrollo de un proceso permanente del discernimiento de la comunidad que sea apropiado a los antecedentes culturales, edad y experiencias de vida de todas las personas que buscan orientación en su llamado al ministerio.

Sec. 2.

El Obispo, en consulta con la Comisión, puede utilizar los centros de ministerio de los campus universitarios y de colegios, así como otras comunidades de fe, como comunidades adicionales donde tenga lugar el discernimiento. En casos en que estas comunidades de discernimiento estén ubicadas en otra jurisdicción, el Obispo le consultará al Obispo donde esté ubicada la comunidad de discernimiento.

Sec. 3.

El Obispo y la Comisión solicitarán de manera activa a todas las congregaciones, colegios y otras organizaciones juveniles, centros de ministerio de los planteles universitarios, seminarios y otras comunidades de fe los nombres de aquellas personas cuyas cualidades de entrega cristiana, potencial para el liderazgo y visión los señalen como candidatos deseables para puestos directivos de la Iglesia.

Sec. 4.

El Obispo, la Comisión y la comunidad de discernimiento ayudarán a las personas involucradas en un proceso de discernimiento del ministerio a determinar las vías para la expresión y el apoyo de sus ministerios, sean estos Laicos u ordenados.

Sec. 1.

a. Un comulgante confirmado en buena posición o, en circunstancias extraordinarias sujeto a las directrices establecidas por el Obispo, un comulgante en buena posición podrá ser autorizado por la Autoridad Eclesiástica para servir como Líder Pastoral, Líder de Culto, Predicador, Ministro Eucarístico, Visitante Eucarístico, Evangelista o Catequista. Los requisitos y las directrices para la selección, capacitación, educación continua y utilización de tales personas y la duración de las licencias serán establecidos por el Obispo, en consulta con la Comisión sobre el Ministerio.

b. El Obispo Presidente o el Obispo Sufragáneo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de los Centros Médicos de la Administración de Veteranos y de las Instituciones Correccionales Federales puede autorizar a un miembro de las Fuerzas Armadas para ejercer uno o más de estos ministerios en las Fuerzas Armadas conforme a las disposiciones de este Canon. Los requisitos y las directrices para la selección, capacitación, educación continua y utilización de tales personas y la duración de las licencias serán establecidos por el Obispo en consulta con la Comisión sobre el Ministerio.

Sec. 2.

a. El Clérigo u otro líder que ejerza la supervisión de la congregación u otra comunidad de fe podrá pedir a la Autoridad Eclesiástica con jurisdicción que otorgue licencias a personas dentro de dicha congregación u otra comunidad de fe para que ejerza esos ministerios. La licencia deberá emitirse por un período que se determinará según el Canon III.4.1.a y podrá ser renovada. La licencia puede ser revocada por la Autoridad Eclesiástica mediante una petición o por medio de una nota dirigida al Clérigo u otro líder que ejerza la supervisión de la congregación u otra comunidad de fe.

b. Al renovar la licencia, la Autoridad Eclesiástica deberá considerar el desempeño del ministerio por parte de la persona autorizada, la educación continua en el área autorizada y el respaldo del Clérigo u otro líder que ejerza la supervisión de la congregación u otra comunidad de fe en la que la persona esté sirviendo.

c. Una persona con licencia en una Diócesis conforme a las disposiciones de este Canon puede prestar servicios en otra congregación o comunidad de fe de la misma u otra Diócesis a invitación del Clérigo u otro líder que ejerza la supervisión, y con el consentimiento de la Autoridad Eclesiástica en cuya jurisdicción tendrá lugar esa prestación de servicios.

Sec. 3.

Un Líder Pastoral es un laico autorizado para asumir responsabilidades pastorales o administrativas en una congregación en circunstancias especiales según sean definidas por el Obispo.

Sec. 4.

Un Líder de Culto es un laico que en forma regular dirige el culto público bajo la dirección del Clérigo u otro líder que supervisa a la congregación u otra comunidad de fe.

Sec. 5.

Un Predicador es un laico autorizado para predicar. Las personas autorizadas de este modo deberán predicar solo en aquellas congregaciones bajo la dirección del Clérigo u otro líder que ejerza la supervisión de la congregación u otra comunidad de fe.

Sec. 6.

Un Ministro Eucarístico es un laico autorizado para administrar los Elementos Consagrados durante la Celebración de la Sagrada Eucaristía. El Ministro Eucarístico debería proceder normalmente bajo la dirección de un Diácono, si lo hubiere, o de otro modo, bajo la dirección del Clérigo u otro líder que ejerza la supervisión de la congregación u otra comunidad de fe.

Sec. 7.

Un Visitante Eucarístico es un laico autorizado para llevar los Elementos Consagrados de una manera oportuna después de la celebración de la Sagrada Eucaristía a aquellos miembros de la congregación que, por motivos de enfermedad o incapacidad, no pudieron estar presentes en el Oficio. El Visitante Eucarístico debería actuar normalmente bajo la dirección de un Diácono, si lo hubiera, o de otro modo bajo la dirección del Clérigo u otro líder que supervisa a la congregación u otra comunidad de fe.

Sec. 8.

Un Catequista es un laico autorizado para preparar al individuo para el Bautismo, la Confirmación, la Recepción y la Reafirmación de los votos bautismales y deberá actuar bajo la dirección del Clérigo u otro líder que supervisa a la congregación u otra comunidad de fe.

Sec. 9.

Un Evangelista es un laico que presenta las buenas nuevas de Jesucristo de tal forma que la gente desea recibir a Cristo como Salvador y seguirlo como Señor en el compañerismo de la Iglesia. El Evangelista ayuda con el ministerio del evangelismo de la comunidad en colaboración con el Presbítero y otros líderes que ejercen supervisión de la congregación, o según lo indique el Obispo.

Sec. 1.

a. La autoridad canónica asignada al Obispo Diocesano por virtud de este Título podrá ser ejercida por un Obispo Coadjutor, siempre y cuando haya sido autorizado en virtud del Canon III.11.9.a y a petición del Obispo Diocesano, de un Obispo Sufragáneo o de cualquier otro Obispo de una Iglesia en Plena Comunión con esta Iglesia que haya sido ordenado en la sucesión histórica a petición del Obispo del ordenante.

b. El Consejo Asesor de la Asamblea de las Iglesias Episcopales en Europa y el consejo nombrado por un Obispo que tenga jurisdicción en la Misión de Área de conformidad con las disposiciones del Canon I.11.2.c, para los fines de este y otros Cánones del Título III, tendrá los mismos poderes que el Comité Permanente de una Diócesis.

c. En caso de producirse una vacante en el episcopado de una Diócesis como se define en el Canon III.12.4.d, la Autoridad Eclesiástica podrá autorizar y pedir al Presidente de la Cámara de Obispos de la Provincia que lleve a cabo una ordenación.

Sec. 2.

Ningún Nominado, Postulante o Candidato de ordenación podrá firmar ninguno de los certificados exigidos por este Título.

a. Las cartas de recomendación que requiere el Comité Permanente de conformidad con este Artículo deben ser firmadas por una mayoría del Comité, en una reunión debidamente congregada, salvo que las cartas de recomendación sean formalizadas en contrapartidas, de las cuales cualquiera puede ser entregada por facsímil u otro medio de transmisión electrónica y cada una de las cuales se considerará como original.

b. Cada vez que se exija una certificación de una Junta Parroquial, esta debe ser firmada por lo menos por dos tercios de todos los miembros de la Junta Parroquial en una reunión debidamente congregada y por el Rector o el Clérigo de la parroquia; el hecho debe ser atestiguado por el Secretario de la Junta Parroquial. Si no hubiera un Rector o Clérigo a cargo, la certificación será firmada por un Presbítero de la Diócesis que conozca a la persona nominada y a la Parroquia, indicando el motivo de la sustitución en la cláusula de atestación.

c. Si la congregación u otra comunidad de discernimiento a la que pertenece el solicitante no fuera una Parroquia, la certificación que exigen los Cánones III.6 o III.8 será firmada y fechada por el Clérigo encargado y el consejo de la Congregación u otra comunidad de fe, y deberá ser atestada por el secretario de la reunión en la cual la certificación fue aprobada. De no haber un Clérigo, la certificación será firmada y fechada por un Presbítero de la Diócesis que conozca al nominado y a la congregación u otra comunidad de fe, indicando el motivo de la sustitución en la cláusula de atestación.

d. Si el solicitante es miembro de alguna Orden Religiosa o Comunidad Cristiana reconocida por el Canon III.14, las certificaciones a que se refieren los Cánones III.5 o III.6 y todos los demás requisitos impuestos sobre una congregación o Clérigo a cargo serán dados por el Superior o persona encargada, y por el Capítulo u otro órgano comparable de la Orden o Comunidad.

Sec. 3.

La postulación para cualquier dispensa permitida por este Título de cualquiera de los requisitos para la ordenación debe hacerse en primer lugar ante el Obispo y, si resulta aprobada, remitirse al Comité Permanente para su consejo y consentimiento.

Sec. 1. Selección

El Obispo, en consulta con la Comisión, establecerá los procedimientos para identificar y para seleccionar a las personas con claras dotes y aptitudes para la ordenación al Diaconado.

Sec. 2. Nominación

Un adulto confirmado, comulgante y en buena posición, puede ser candidato para la ordenación al diaconado por la congregación a la que pertenece o por otra comunidad de fe.

a. La Nominación será escrita e incluirá una carta de apoyo de la congregación del Nominado u otra comunidad de fe que comprometa a la comunidad a lo siguiente:

Si fuera una congregación, la carta estará firmada por dos tercios de la Junta Parroquial o algún organismo similar y por el Clérigo o líder supervisor.

b. El Nominado, si está de acuerdo con la nominación, deberá aceptarla por escrito y deberá proporcionarle al Obispo los siguientes datos:

Sec. 3. Postulación

La postulación es el tiempo que transcurre entre la nominación y la candidatura y puede ser el inicio de la preparación formal para la ordenación. La postulación requiere la exploración continua sobre el llamado del Postulante al Diácono y su decisión al respecto.

a. Antes de conceder la admisión como Postulante, el Obispo:

b. Si el Obispo aprueba que el Nominado prosiga a la postulación, la Comisión o un comité de la misma se reunirá con el Nominado para estudiar la postulación y preparar una evaluación de sus calificaciones para seguir un programa de preparación para la ordenación al Diaconado. La Comisión presentará su evaluación y recomendaciones al Obispo.

c. Ningún Obispo considerará aceptar como Postulante a ninguna persona a la que se le haya rehusado la admisión como candidato para la ordenación al Diaconado en cualquier otra Diócesis, o que, habiendo sido admitido, luego haya dejado de ser candidato, hasta que presente una carta del Obispo de la Diócesis donde se rehusó su admisión o en la cual haya sido Candidato, explicando la causa del rechazo o del cese.

d. El Obispo puede admitir al Nominado como Postulante para la ordenación al Diaconado. El Obispo registrará el nombre del Postulante y la fecha de admisión en un Registro para ese fin. El Obispo le informará al postulante, al Clérigo encargado o a otro líder que ejerza la supervisión de la congregación del postulante u otra comunidad de fe, la Comisión, el Comité Permanente y el director del programa de preparación del Postulante acerca del acto y la fecha de tal admisión.

e. Cada Postulante para ordenación al Diaconado deberá comunicarse con el Obispo personalmente o por medio de una carta, cuatro veces al año durante las Témporas, a fin de reflexionar sobre su desarrollo académico, diaconal, humano, espiritual y práctico.

f. Cualquier Postulante podrá ser destituido como Postulante a discreción exclusiva del Obispo. Este entregará una nota escrita de la destitución al Postulante, al Clérigo encargado o a otro líder que ejerza la supervisión de la congregación del Postulante u otra comunidad de fe, a la Comisión y al Comité Permanente y al director del programa de preparación.

Sec. 4. Candidatura

La Candidatura es un período de educación y formación, no inferior a un año, en preparación para la ordenación al Diaconado, que se establece por un compromiso formal por parte del Candidato, el Obispo, la Comisión, el Comité Permanente y la congregación u otra comunidad de fe.

a. La persona que desee ser considerada como Candidato para la ordenación al Diaconado deberá solicitárselo al Obispo. Esa solicitud incluirá lo siguiente:

b. Una vez cumplidos estos requisitos y tras haber recibido la declaración de la Comisión que garantice la formación continua del Postulante, y habiendo recibido por escrito la aprobación del Comité Permanente que habrá entrevistado previamente al Postulante y que habrá tenido la oportunidad de evaluar la documentación relacionada con su solicitud, el Obispo podrá admitir al Postulante como Candidato para la ordenación al Diaconado. El Obispo registrará el nombre del Candidato y la fecha de admisión en un expediente preparado con tal propósito. El Obispo le informará al Candidato, al Clérigo o a otro líder que ejerza la supervisión de la congregación del Candidato u otra comunidad de fe, a la Comisión, al Comité Permanente y al Decano del seminario al cual el postulante asista o proponga asistir, o al director del programa de preparación del Candidato acerca del acto y la fecha de tal admisión.

c. Un Candidato debe permanecer en una relación canónica con la Diócesis a la cual se le concedió la admisión hasta la ordenación al Diaconado según este Canon, salvo que, por motivos aceptables para el Obispo, el Candidato pueda ser transferido a otra Diócesis a petición, siempre y cuando el Obispo de la Diócesis que lo reciba esté dispuesto a aceptar al Candidato.

d. Cualquier Candidato podrá ser destituido como Candidato si el Obispo lo estima conveniente. Este entregará un aviso escrito de la destitución al Candidato y al Clérigo u otro líder que ejerza la supervisión de la congregación del Candidato u otra comunidad de fe, a la Comisión, al Comité Permanente y al director del programa de preparación.

e. Si un Obispo ha retirado el nombre de un Candidato de la lista de Candidatos, salvo que se trate de una transferencia, o si se rechaza la solicitud de ordenación del Candidato, ningún otro Obispo podrá ordenar a la persona sin readmisión a la Candidatura por un período mínimo de doce meses.

Sec. 5. Preparación para la Ordenación

a. El Obispo y la Comisión colaborarán con el Postulante o Candidato para desarrollar y monitorear un programa de preparación para la ordenación al Diaconado de conformidad con este Canon y para asegurar que a través del período de preparación se le facilite orientación pastoral.

b. El Obispo puede asignar al Postulante o Candidato a cualquier congregación de la Diócesis u otra comunidad de fe una vez que se le haya consultado al Clérigo encargado o a otro líder que supervise.

c. La Formación deberá considerar la cultura local y los antecedentes de cada Postulante o Candidato, la edad, ocupación y ministerio.

d. Antes que la educación y el aprendizaje de la vida, se debe considerar la experiencia como una parte de la formación requerida para la ordenación.

e. Toda vez que sea posible, la formación para el Diaconado tendrá lugar dentro de la comunidad, lo que incluye a otras personas en preparación para el Diaconado u otras personas que se preparan para el ministerio.

f. Antes de la ordenación, cada Candidato se preparará y demostrará competencia básica en cinco áreas generales:

g. La preparación para la ordenación incluirá capacitación sobre los siguientes temas:

h. Cada Candidato para ordenación al Diaconado deberá comunicarse con el Obispo personalmente o por medio de una carta, cuatro veces al año, durante las Témporas para reflejar el desarrollo académico, diaconal, humano, espiritual y práctico del Candidato.

i. Durante la Candidatura el progreso de cada Candidato será evaluado periódicamente y habrá un informe escrito acerca de la evaluación proveniente de aquellas personas autorizadas por la Comisión que habrán de estar a cargo del programa de evaluación. Tras la certificación proveniente de aquellos a cargo del programa de preparación del Candidato que asegura que el candidato ha completado de manera exitosa su preparación y que está listo para su ordenación, habrá de prepararse una evaluación escrita de la disposición para la ordenación al diaconado, según lo determine el Obispo en consulta con la Comisión. Dicho informe incluirá una recomendación de la Comisión sobre la preparación del Candidato para la ordenación. Se mantendrá un expediente con todas las apreciaciones, evaluaciones y recomendaciones y este se pondrá a disposición del Comité Permanente.

j. En un plazo que no excederá treinta y seis meses antes de la ordenación como Diácono, se deberá lograr lo siguiente:

Sec. 6. Ordenación al Diaconado

a. Una persona puede ser ordenada como Diácono:

b. El Obispo obtendrá por escrito y proporcionará al Comité Permanente lo siguiente:

c.

Al recibir las certificaciones, el Comité Permanente, siempre y cuando una mayoría de todos los miembros esté de acuerdo, certificará que los requisitos Canónicos para la ordenación al Diaconado en virtud de este Canon han sido cumplidos, que no hay objeciones por motivos médicos, psicológicos, morales ni espirituales, y que recomiendan la ordenación. El Comité Permanente comprobará dicha certificación por medio de una carta de recomendación dirigida al Obispo en la forma que se especifica a continuación y firmada por los miembros del Comité Permanente que dan su consentimiento de conformidad con el Canon I.12.3.

Al Reverendísimo __________, Obispo de ________, nosotros, el Comité Permanente de __________, habiéndonos reunido debidamente en __________, damos fe de que A.B., quien desea ser ordenado al Diaconado en virtud del Canon III.6, nos ha presentado los certificados conforme a lo dispuesto por los Cánones, los cuales indican la preparación de A.B. para la ordenación al Diaconado en virtud del Canon III.6; y certificamos que se han cumplido todos los requisitos canónicos para su ordenación al Diaconado en virtud del Canon III.6 y que no encontramos objeciones suficientes para la ordenación. Por lo tanto, recomendamos a A.B. para la ordenación. En testimonio de lo cual, ponemos nuestra firma en este día _________ del mes de _________, en el año de nuestro Señor ________.

(Firma) _____________________________________

d. Una vez que se haya presentado la carta de recomendación al Obispo y no habiendo suficientes objeciones por motivos médicos, psicológicos, morales o espirituales, el Obispo puede ordenar al Candidato al Diaconado de conformidad con este Canon, y al momento de la ordenación el Candidato deberá públicamente, en presencia del Obispo, suscribir y hacer la declaración que se requiere en el Artículo VIII de la Constitución.

Sec. 1.

Los Diáconos sirven directamente bajo la autoridad del Obispo y son responsables ante él o en ausencia del Obispo, ante la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis.

Sec. 2.

Los Diáconos con residencia canónica en cada Diócesis constituyen una Comunidad de Diáconos, que habrá de reunirse periódicamente. El Obispo podrá nombrar a uno o más de aquellos Diáconos como Archidiáconos para ayudarle a este en la formación, utilización, supervisión y apoyo de los Diáconos o aquellos en vías de ser Diáconos y para la observación de este Canon.

Sec. 3.

El Obispo puede establecer un Consejo de Diáconos para supervisar, estudiar y promover el Diaconado.

Sec. 4.

El Obispo, una vez que haya consultado al Diácono y al Clérigo encargado o a otro líder que supervise, puede asignar un Diácono a una o varias congregaciones, otras comunidades de fe o a ministerios no parroquiales. Los Diáconos asignados a una congregación o a otra comunidad de fe actúan bajo la autoridad del Clérigo encargado o la de otro líder que supervise en todos los asuntos concernientes a la congregación.

a. Con sujeción a la aprobación del Obispo, los Diáconos pueden tener una carta de acuerdo que disponga obligaciones mutuas en el nombramiento y, de existir dicha carta, esta quedará sujeta a renegociación con el Comité de la Junta Parroquial o del Obispo si el Rector o Presbítero a Cargo renuncia.

b. Los Diáconos informarán anualmente al Obispo o a la persona designada sobre su vida y obra.

c. Los Diáconos pueden servir como administradores de congregaciones u otras comunidades de fe, pero ningún Diácono podrá estar a cargo de una congregación u otra comunidad de fe.

d. Los Diáconos pueden aceptar capellanías en cualquier hospital, recinto penitenciario u otra institución.

e. Los Diáconos podrán participar en el gobierno de la Iglesia.

f. Durante dos años después de la ordenación, los Diáconos nuevos deberán continuar un proceso de formación autorizado por el Obispo.

g. El Obispo o la persona nombrada por él, en consulta con la Comisión, deberá asignarle a cada diácono recién ordenado un Diácono mentor siempre que se disponga de uno adecuado. El mentor y el nuevo Diácono se reunirán de manera regular por espacio mínimo de un año con fines de facilitar orientación, información y un diálogo continuo acerca del ministerio diaconal.

Sec. 5.

El Obispo y la Comisión exigirán y dispondrán la educación continua de los Diáconos y mantendrán un expediente de dicha educación.

Sec. 6.

a. Un Diácono no podrá oficiar como Diácono por más de dos meses en cualquier Diócesis que no fuera aquella en que reside canónicamente, a menos que el Obispo de la otra Diócesis le haya otorgado al Diácono una licencia para oficiar en esa Diócesis.

b.

Sec. 7. Transferencia a Iglesias en Plena Comunión con esta Iglesia

a. Un Diácono que desee convertir su residencia canónica a una Diócesis o jurisdicción equivalente de una Iglesia en Plena Comunión (como se identifica en el Canon I.20) o una Iglesia en Comunión con esta Iglesia (como se identifica en el Canon III.10.2.a.3) deberá pedir una carta de recomendación de la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis de su residencia canónica actual, la cual será facilitada por la Autoridad Eclesiástica al solicitante, y un duplicado de la misma se enviará a la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis o jurisdicción equivalente a la cual se propone la transferencia. La carta de recomendación puede incluir una cartera de su capacitación, educación continua y el ejercicio de los ministerios. La carta de recomendación será proporcionará con el siguiente formato o en la forma especificada por la Diócesis o jurisdicción equivalente receptora:

Certifico, por medio de la presente, que A.B., quien me ha expresado su deseo de transferirse a la Autoridad Eclesiástica de _________________, es Diácono en buena posición en la Diócesis de _________________ de La Iglesia Episcopal y que, a mi leal saber y entender, no ha sido en justicia sujeto de informe negativo alguno, por error en religión ni por perversidad de vida, durante los tres últimos años.

(Fecha) ___________________________

(Firma) _________________________

b. Si la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis o jurisdicción equivalente de la Iglesia en Plena Comunión o de la Iglesias en comunión con esta Iglesia acepta la carta de recomendación, la residencia canónica del Diácono transferido iniciará a partir de la fecha de dicha aceptación y la notificación de aceptación será inmediatamente remitida por el Diácono a la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis remitente. La notificación de la Autoridad Eclesiástica destinataria puede estar en la forma siguiente:

Certifico por este medio, que A.B. ha sido transferido canónicamente a mi jurisdicción y es un Diácono en buena posición.

(Fecha) ___________________________

(Firma) _________________________

c. Al ser recibida dicha aceptación, la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis remitente deberá notificar al Church Pension Fund y al Anotador de Ordenaciones de la partida del Diácono de La Iglesia Episcopal.

d. Esta disposición no será utilizada en el caso de los Diáconos que deseen entrar a Iglesias que no están en comunión con esta Iglesia, ni por quienes deseen transferirse a otra Provincia de la Comunión Anglicana mientras permanecen geográficamente dentro de los límites de La Iglesia Episcopal. En tales casos, se seguirán las disposiciones del Canon III.7.9.

Sec. 8.

Al cumplir la edad de setenta y dos años, todo Diácono deberá renunciar a cualquier puesto de servicio activo en esta Iglesia, y su renuncia será aceptada. El Obispo puede, con el consentimiento del Diácono, asignar a un Diácono que haya renunciado a cualquier congregación, otra comunidad de fe o a un ministerio no parroquial, por un período que no exceda doce meses. Este período puede renovarse.

Sec. 9. Relevo y Destitución del Ministerio Ordenado de esta Iglesia

Si un Diácono de La Iglesia Episcopal expresara por escrito al Obispo de la Diócesis donde dicho Diácono tiene su residencia canónica, la intención de ser relevado y destituido del Ministerio Ordenado de esta Iglesia y de las obligaciones del cargo, incluidas las promesas hechas en la Ordenación y en la Declaración que se exige en el Artículo VIII de la Constitución de la Convención General, será deber del Obispo registrar el asunto. El Obispo, estando convencido de que la persona declarante está actuando voluntariamente y por causas que no afecten el carácter moral de la persona, ni es el sujeto de información sobre una Ofensa que haya sido remitida a un Gestor ni es Acusado en un asunto disciplinario pendiente como se define el en Título IV de estos Cánones, presentará el asunto ante el Comité Permanente y con el consejo y consentimiento de la mayoría del Comité Permanente el Obispo podrá pronunciar que la persona queda libre y relevada del Ministerio Ordenado de esta Iglesia y de las obligaciones correspondientes, y queda privada del derecho a ejercer en La Iglesia Episcopal los dones y la autoridad espiritual de un Ministro de la Palabra y los Sacramentos de Dios que le fueron conferidos en la Ordenación. El Obispo también declarará, al pronunciar y anotar dicha medida, que fue por causas que no afectan el carácter moral de la persona, y podrá, a petición de la persona entregar un certificado a este efecto a la persona así relevada y destituida del Ministerio Ordenado.

Sec. 10.

Si un Diácono que presentara la redacción descrita en la Sección 8 de este Canon fuera objeto de información concerniente a una Ofensa que haya sido remitida a un Gestor o un Acusado en un asunto disciplinario pendiente según se define en el Título IV de estos Cánones, la autoridad eclesiástica a la cual dicho escrito haya sido dirigido no considerará ni actuará sobre la petición por escrito sino hasta que el asunto haya sido resuelto por desestimación, Acuerdo u Orden y el plazo para la apelación o anulación del mismo haya vencido.

Sec. 11.

En el caso de que un Diácono sea relevado y destituido del Ministerio Ordenado de esta Iglesia como se dispone en este Canon, el Obispo hará una declaración de relevo y destitución en presencia de dos o más Clérigos, la cual será asentada en los expedientes oficiales de la Diócesis en la cual el Diácono que está siendo relevado y destituido tiene su residencia canónica. El Obispo que pronuncie la declaración de destitución como se dispone en este Canon notificará por escrito a todos los Clérigos, a cada Junta Parroquial, al Secretario de la Convención y al Comité Permanente de la Diócesis en la cual el Diácono residía canónicamente; y a todos los Obispos de esta Iglesia; a la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis de esta Iglesia, al Obispo Presidente; al Anotador de Ordenaciones, al Secretario de la Cámara de Obispos, al Secretario de la Cámara de Diputados, al Church Pension Fund y a la Junta para el Ministerio de Transición.

Sec. 12. Regreso al Ministerio Ordenado de esta Iglesia después de Relevo y Destitución.

a. Cuando un Diácono que haya sido relevado y destituido del Ministerio ordenado de esta Iglesia en virtud del Canon III.7.9 desee regresar a ese Ministerio, la persona podrá solicitarlo por escrito al Obispo de la Diócesis en la que el Diácono tuvo la última residencia canónica, adjuntando lo siguiente:

b. Si el Obispo lo decide, puede dar su permiso para que el Diácono continúe el proceso hacia la reincorporación, lo cual puede incluir lo siguiente:

c. Antes de que se le pueda permitir a la persona que regrese al Ministerio ordenado de esta Iglesia, el Obispo le exigirá a Diácono que desea regresar al ministerio que firme una declaración por escrito como se dispone en el Artículo VIII de la Constitución sin recurrir a ninguna otra jurisdicción eclesiástica, y que la firme en presencia del Obispo y de dos o más Clérigos de esta Iglesia.

d. Posteriormente, el Obispo, teniendo en cuenta los hechos y circunstancias en torno a la destitución y relevo del Diácono, podrá permitir, con los consejos y el consentimiento del Comité Permanente, su regreso al Ministerio ordenado de esta Iglesia.

e. Las disposiciones de este Canon III.7.12 no serán aplicables a ningún Diácono que haya sido destituido, relevado de su ministerio como resultado de cualquier proceso del Título IV de estos Cánones.

f. El aviso del regreso del Diácono al Ministerio ordenado de esta Iglesia se proporcionará por escrito a las mismas personas y entidades que reciban el aviso de conformidad con el Canon III.7.11.

Sec. 1. Selección

El Obispo, en consulta con la Comisión, establecerá los procedimientos para identificar y seleccionar a las personas que cuenten con dones y aptitudes evidentes para la ordenación al Presbiterio.

Sec. 2. Nominación

Un adulto confirmado, comulgante en buena posición, puede ser nominado para la ordenación al Presbiterio por su congregación u otra comunidad de fe.

a. La Nominación será escrita e incluirá una carta de apoyo de la congregación del Nominado u otra comunidad de fe que comprometa a la comunidad a lo siguiente:

Si fuera una congregación, la certificación debe estar firmada por dos tercios de la Junta Parroquial o algún organismo similar y por el Clérigo o líder supervisor.

b. El Nominado, si está de acuerdo, aceptará la nominación por escrito y le proporcionará al Obispo lo siguiente:

Sec. 3. Postulación

La Postulación es el tiempo que transcurre entre la nominación y la candidatura y puede ser el inicio de la preparación formal para la ordenación. La Postulación requiere la exploración continua sobre el llamado del Postulante al Presbiterio y su decisión al respecto.

a. Antes de otorgar la admisión como Postulante, el Obispo:

b. Si el Obispo aprueba que se prosiga, la Comisión o un comité de la Comisión, se reunirá con el Nominado para estudiar la postulación y preparar una evaluación de las calificaciones del Nominado para seguir un curso de preparación para la ordenación al Presbiterio. La Comisión presentará su evaluación y recomendaciones al Obispo.

c. Ningún Obispo considerará aceptar como Postulante a ninguna persona a la que se le haya rehusado la admisión como candidato para la ordenación al Diaconado en cualquier otra Diócesis, o que, habiendo sido admitido, luego haya dejado de ser candidato, hasta que presente una carta del Obispo de la Diócesis donde se rehusó su admisión o en la cual haya sido Candidato, explicando la causa del rechazo o del cese.

d. El Obispo puede admitir al Nominado como postulante para la ordenación al Presbiterio. El Obispo registrará el nombre del Postulante y la fecha de admisión en un Registro para ese fin. El Obispo le informará al Postulante, al Clérigo encargado o a otro líder que ejerza la supervisión de la congregación del Postulante u otra comunidad de fe, la Comisión, el Comité Permanente y el Decano del seminario al cual el Postulante asista o vaya a asistir o al director del programa de preparación del Postulante, acerca del acto y la fecha de tal admisión.

e. Cada Postulante para la ordenación al Presbiterio deberá comunicarse con el Obispo en persona o por medio de una carta, cuatro veces al año durante las Témporas, para comunicar la experiencia académica de la persona y su desarrollo personal y espiritual.

f. Cualquier Postulante podrá ser destituido como Postulante a discreción exclusiva del Obispo. Este entregará una nota escrita de la destitución al Postulante, al Clérigo encargado o a otro líder que ejerza la supervisión de la congregación del Postulante u otra comunidad de fe, a la Comisión y al Comité Permanente y al director del programa de preparación.

Sec. 4. Candidatura

La Candidatura es un período de educación y formación en preparación para la ordenación al Presbiterio, establecido por un compromiso formal por parte del Candidato, el Obispo, la Comisión, el Comité Permanente y la congregación u otra comunidad de fe.

a. La persona que desee ser considerada como Candidato para la ordenación al Presbiterio deberá solicitárselo al Obispo. Tal solicitud incluirá lo siguiente:

b. Una vez cumplidos estos requisitos y tras haber recibido la declaración de la Comisión que garantice la formación continua del Postulante, y habiendo recibido por escrito la aprobación del Comité Permanente que habrá entrevistado previamente al Postulante y que habrá tenido la oportunidad de evaluar la documentación relacionada con su solicitud, el Obispo podrá admitir al Postulante como Candidato para la ordenación al Diaconado El Obispo registrará el nombre del Candidato y la fecha de admisión en un expediente preparado con tal propósito. El Obispo le informará al postulante, al Clérigo encargado o a otro líder que ejerza la supervisión de la congregación del postulante u otra comunidad de fe, la Comisión, el Comité Permanente y el Decano del seminario al cual el postulante asista o vaya a asistir o al director del programa de preparación del postulante acerca del acto y la fecha de tal admisión.

c. Un Candidato debe permanecer en una relación canónica con la Diócesis a la cual se le concedió la admisión hasta la ordenación al Diaconado según este Canon, salvo que, por motivos aceptables para el Obispo, el Candidato pueda ser transferido a otra Diócesis a petición, siempre y cuando el Obispo de la Diócesis que lo reciba esté dispuesto a aceptar al Candidato.

d. Cualquier Candidato podrá ser destituido como Candidato si el Obispo lo estima conveniente. El Obispo entregará un aviso por escrito de la destitución al Candidato y al Clérigo u otros líderes que ejerzan la supervisión de la congregación del Candidato u otra comunidad de fe, a la Comisión, al Comité Permanente y al Decano del seminario al cual el Candidato podría asistir o al director del programa de preparación.

e. Si un Obispo ha retirado el nombre del Candidato de la lista de Candidatos, salvo que se trate de una transferencia, o si se rechaza la solicitud de ordenación del Candidato, ningún otro Obispo podrá ordenar a la persona sin readmisión a la Candidatura durante un período de por lo menos doce meses.

Sec. 5. Preparación para la Ordenación

a. El Obispo y la Comisión trabajarán con el Postulante o Candidato para desarrollar y monitorear un programa de preparación para la ordenación al Presbiterio y para asegurarse de que se le proporcione orientación pastoral durante el período de preparación.

b.Si el Postulante o Candidato no ha obtenido previamente una licenciatura, la Comisión, el Obispo y el Postulante o Candidato diseñarán un programa de trabajo académico adicional según sea necesario para preparar al Postulante o Candidato para llevar a cabo un programa de educación teológica.

c. La Formación deberá considerar la cultura local de cada Postulante o Candidato, sus antecedentes, edad, ocupación y ministerio.

d. La educación anterior y el aprendizaje de la vida se pueden considerar como parte de la formación requerida para el Presbiterio.

e. Siempre que sea posible, la formación para el Presbiterio tendrá lugar en la comunidad, lo que incluye a otras personas en preparación para el Presbiterio u otros que se preparan para el ministerio.

f. La formación incluirá capacitación teológica, experiencia práctica, desarrollo emocional y formación espiritual.

g. Las disciplinas de estudio durante este programa de preparación deberán incluir:

h. La preparación para la ordenación incluirá capacitación sobre los siguientes temas:

i. Cada Postulante o Candidato para la ordenación al Presbiterio deberá comunicarse con el Obispo en persona o por carta, cuatro veces al año, durante las Témporas, para reflejar la experiencia académica del Candidato y su desarrollo personal y espiritual.

j. El seminario u otro programa de capacitación proporcionará el monitoreo y el informe del desempeño académico y de las calificaciones personales del Candidato o Postulante para la ordenación. Estos informes se harán a pedido del Obispo y de la Comisión por lo menos una vez al año.

k. En un plazo que no excederá treinta y seis meses antes de la ordenación como Diácono en virtud de este Canon, se deberá lograr lo siguiente:

l. Los informes de todas las investigaciones y reconocimientos se conservarán de manera definitiva en los archivos del Obispo y pasarán a formar parte del expediente diocesano permanente.

Sec. 6. Ordenación al Diaconado para los que han sido llamados al Sacerdocio

a. El Candidato debe ser ordenado Diácono antes de ser ordenado Presbítero.

b. Para ser ordenado Diácono en virtud de este Canon, la persona debe tener por lo menos veinticuatro años de edad.

c. El Obispo obtendrá por escrito y proporcionará al Comité Permanente lo siguiente:

d. Al recibir dichas certificaciones, el Comité Permanente, con el consentimiento de una mayoría de sus miembros, certificará que se han cumplido los requisitos canónicos para la ordenación al Diaconado en virtud de este Canon, que no hay objeciones suficientes por motivos médicos, psicológicos, morales o espirituales, y que se recomienda la ordenación, por medio de una carta de recomendación dirigida al Obispo en la forma que se especifica a continuación y firmada por los miembros del Comité Permanente que dan su consentimiento de conformidad con el Canon I.12.3.

Al Reverendísimo _________, Obispo de _________: Nosotros, el Comité Permanente de _________, habiéndonos reunido debidamente en _________, damos fe de que A.B., quien desea ser ordenado al Diaconado y Presbiterio en virtud del Canon III.8, nos ha presentado los certificados conforme a lo requerido por los Cánones que indican la preparación de A.B. para la ordenación al Diaconado en virtud del Canon III.8; y certificamos que se han cumplido todos los requisitos Canónicos para la ordenación al Diaconado en virtud del Canon III.8 y que no encontramos objeciones suficientes para la ordenación. Por lo tanto, recomendamos a A.B. para la ordenación. Por lo tanto, recomendamos a A.B. para la ordenación. En testimonio de lo cual, ponemos nuestra firma en este día _________ del mes de _________, en el año de nuestro Señor ________.

(Firma) _____________________________________

e. Una vez que se haya presentado la carta de recomendación al Obispo y no habiendo suficientes objeciones por motivos médicos, psicológicos, morales o espirituales, el Obispo puede ordenar al Candidato al Diaconado de conformidad con este Canon, y al momento de la ordenación el Candidato deberá públicamente, en presencia del Obispo, suscribir y hacer la declaración que se requiere en el Artículo VIII de la Constitución.

Sec. 7. Ordenación al Sacerdocio

a. Una persona puede ser ordenada Presbítero:

b. El Obispo obtendrá por escrito y proporcionará al Comité Permanente lo siguiente:

c. Al recibir dichas certificaciones, el Comité Permanente, con el consentimiento de una mayoría de sus miembros, certificará que se han cumplido los requisitos canónicos para la ordenación al Presbiterado, que no hay objeciones suficientes por motivos médicos, psicológicos, morales o espirituales, y que se recomienda la ordenación, por medio de una carta de recomendación dirigida al Obispo en la forma que se especifica a continuación y firmada por los miembros del Comité Permanente que dan su consentimiento de conformidad con el Canon I.12.3.

Al Reverendísimo________, Obispo de________: Nosotros, el Comité Permanente de________, habiéndonos reunido debidamente en________, damos fe de que A.B., quien desea ser ordenado al Presbiterio, nos ha presentado los certificados conforme a lo requerido por los Cánones que indican la preparación de A.B. para la ordenación al Presbiterio, y certificamos que se han cumplido todos los requisitos canónicos para la ordenación al Presbiterio y que no encontramos objeciones suficientes a la ordenación. Por lo tanto, recomendamos a A.B. para la ordenación. En testimonio de lo cual, ponemos nuestra firma en este día _________ del mes de _________, en el año de nuestro Señor ________.

(Firma) _____________________________________

d. Una vez que se haya presentado la carta de recomendación al Obispo y no habiendo objeciones suficientes por motivos médicos, psicológicos, morales o espirituales, el Obispo puede ordenar al Diácono al Presbiterio; y al momento de la ordenación el Diácono deberá públicamente, en presencia del Obispo, firmar y hacer la declaración que se dispone en el Artículo VIII de la Constitución.

e. A ningún Diácono se le ordenará como Presbítero antes de haber sido designado a servir en algún Curato Parroquial dentro de la jurisdicción de esta Iglesia, o como Misionero sujeto a la Autoridad Eclesiástica de alguna Diócesis, o como funcionario de alguna Sociedad Misionera reconocida por la Convención General, o como Capellán de las Fuerzas Armadas de Estado Unidos, o como Capellán de algún hospital reconocido u otra institución asistencial, o como Capellán o instructor de alguna escuela, universidad u otro seminario, o con alguna otra oportunidad para el ejercicio del oficio de Presbítero dentro de la Iglesia que el Obispo juzgue apropiada.

f. Una persona ordenada al Diaconado en virtud del Canon III.6 que posteriormente exprese un llamado al Presbiterio presentará su solicitud al Obispo Diocesano y a la Comisión sobre el Ministerio. La Comisión sobre el Ministerio y el Obispo Diocesano se asegurarán de que el Diácono cumpla con los requisitos formativos establecidos en III.8.5.g y recomendarán los pasos adicionales que sean necesarios y requeridos. Una vez completados estos requisitos y aquellos requeridos para la Postulación y la Candidatura como se establece en este Canon III.8, el Diácono puede ser ordenado al Presbiterio.

Sec. 1.

El Obispo y la Comisión exigirán y dispondrán la educación continua de los Presbíteros y mantendrán un registro de dicha educación.

Sec. 2.

Mentoría de los Presbíteros recién ordenados. El Obispo asignará a cada Presbítero recientemente ordenado, ya sea que esté empleado o no, un Presbítero mentor en consulta con la Comisión sobre el Ministerio. El mentor y el nuevo Presbítero se reunirán periódicamente por espacio mínimo de un año con fines de facilitar orientación, información y un diálogo continuo acerca del ministerio diaconal.

Sec. 3. El nombramiento de Presbíteros

a. Rectores.

b. Presbíteros a cargo.

Luego de consultarle a la Junta Parroquial, el Obispo puede nombrar a un Presbítero para que sirva como Presbítero a Cargo en cualquier congregación en la que no haya algún Rector. Con sujeción a la autoridad del Obispo, en tales congregaciones, el Presbítero a Cargo cumplirá con las funciones de Rector que se describen en el Canon III.9.6.

c. Asistentes.

Un Presbítero que sirva en una Parroquia como asistente, por cualquier título que se le haya designado, será seleccionado por el Rector, y cuando los cánones de la Diócesis lo dispongan, con sujeción a la aprobación de la Junta Parroquial y además deberá servir bajo la autoridad y dirección del Rector. Antes de la selección de un asistente, el nombre del Presbítero propuesto para selección habrá de ser informado al Obispo y se dispondrá un plazo no mayor de sesenta días para que el Obispo se comunique con el Rector y la Junta Parroquial respecto de la selección propuesta. En caso de que el Rector renuncie, fallezca o en el caso de disolución de una relación pastoral entre el Rector y la Junta Parroquial, un asistente podrá continuar el oficio de la Parroquia si así se lo pidiera la Junta Parroquial bajo las condiciones que el Obispo y la Junta Parroquial determine Un asistente puede seguir sirviendo a petición del nuevo Rector. Los asistentes pueden contar con una carta de acuerdo con la Parroquia, sujeta a la aprobación del Obispo, que establezca las responsabilidades mutuas y contenga una cláusula de disolución claramente dispuesta.

d. Capellanes.

e. Empleo de Presbíteros en otros lugares.

Sec. 4. Cartas Dimisorias

a. Un Presbítero que desee ser residente canónico en una Diócesis presentará a la Autoridad Eclesiástica una carta de recomendación de la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis en la que tiene su residencia canónica actual, la cual será otorgada por la Autoridad Eclesiástica al solicitante, y una copia de la mismo se enviará a la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis a la cual se propone transferirse. La carta de recomendación debería ir acompañada de una declaración del registro de pagos al Church Pension Fund hecho por o en nombre del Presbítero solicitante y podrá incluir una carpeta de capacitación, educación continua y ejercicio de los ministerios. La carta de recomendación deberá estar redactada del modo siguiente:

Certifico, por este medio, que A.B., quien me ha expresado su deseo de transferirse a la Autoridad Eclesiástica de________, es Presbítero de__________ en buena posición, y que, a mi leal saber y entender, no ha sido en justicia sujeto de informe negativo alguno, por error en religión o por perversidad de vida, durante los tres últimos años.

(Fecha)     ___________________________________

(Firma) _____________________________________

b. Dicha carta de recomendación se denominará Cartas Dimisorias. Si la Autoridad Eclesiástica acepta las Cartas Dimisorias, la residencia canónica del Presbítero transferido comenzará a partir de la fecha de dicha aceptación, de lo cual se le notificará inmediatamente tanto al solicitante como a la Autoridad Eclesiástica que expidió las Cartas Dimisorias.

c. Las Cartas Dimisorias que el solicitante no presente en un plazo de seis meses a partir de su fecha de recepción, quedarán anuladas.

d. Si un Presbítero ha sido llamado a un Curato en una congregación de otra Diócesis, este deberá presentar Cartas Dimisorias. Será deber de la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis aceptarlas en un plazo de tres meses, a menos que el Obispo o el Comité Permanente hubiera recibido información confiable con respeto al carácter o conducta del Presbítero en cuestión, que constituya un adecuado fundamento de indagación y acusación canónica y proceso en virtud del Título IV. En tal caso la Autoridad Eclesiástica comunicará lo mismo a la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis donde el Presbítero reside canónicamente y esta no tendrá que aceptar las Cartas Dimisorias a menos y hasta que el Presbítero haya sido exculpado de toda acusación. La Autoridad Eclesiástica no se rehusará a aceptar las Cartas Dimisorias debido a la raza, color, origen étnico, sexo, nacionalidad, estado civil, orientación sexual, discapacidades o edad del solicitante.

e. Ningún Presbítero estará a cargo de ninguna congregación de la Diócesis a la cual se traslade hasta que obtenga de la Autoridad Eclesiástica de dicha Diócesis un certificado en los siguientes términos:

Certifico, por este intermedio, que A.B. ha sido trasladado canónicamente a mi jurisdicción y es un Presbítero en regla.

(Fecha)     ___________________________________

(Firma) _____________________________________

f. Ninguna persona a quien se le haya negado la ordenación o la recepción como candidato en una Diócesis, y que luego haya sido ordenada en otra Diócesis, será transferida a la Diócesis en la cual tuvo lugar tal denegación sin el consentimiento de su Autoridad Eclesiástica.

Sec. 5. Transferencia a Iglesias en Plena Comunión con esta Iglesia

a. Un Presbítero que desee convertir su residencia canónica a una Diócesis o jurisdicción equivalente de una Iglesia en plena comunión con La Iglesia Episcopal (como se identifica en el Canon I.20) pedirá una carta de recomendación de la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis de su residencia canónica actual, la cual será facilitada por la Autoridad Eclesiástica al solicitante, y un duplicado de la misma se enviará a la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis o jurisdicción equivalente a la cual se propone la transferencia. La carta de recomendación puede incluir una cartera de su capacitación, educación continua y el ejercicio de los ministerios. La carta de recomendación será proporcionará con el siguiente formato o en la forma especificada por la Diócesis o jurisdicción equivalente receptora:

Certifico, por medio de la presente, que A.B., quien me ha expresado su deseo de transferirse a la Autoridad Eclesiástica de________, es Presbítero en buena posición en la Diócesis de ________ de La Iglesia Episcopal y que, a mi leal saber y entender, no ha sido en justicia sujeto de informe negativo alguno, por error en religión ni por perversidad de vida, durante los tres últimos años.

(Fecha)     ___________________________________

(Firma) _____________________________________

b. Si la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis o jurisdicción equivalente de la Iglesia en plena comunión con La Iglesia Episcopal acepta la carta de recomendación, la residencia canónica del Presbítero transferido iniciará a partir de la fecha de dicha aceptación y la notificación de aceptación será inmediatamente remitida por el Presbítero a la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis remitente. La notificación de la Autoridad Eclesiástica destinataria puede estar en la forma siguiente:

Certifico, por este intermedio, que A.B. ha sido trasladado canónicamente a mi jurisdicción y es un Presbítero en regla.

(Fecha)     ___________________________________

(Firma) _____________________________________

c. Al ser recibida dicha aceptación, la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis remitente deberá notificar al Church Pension Fund y al Anotador de Ordenaciones de la partida del Presbítero de La Iglesia Episcopal.

d. Esta disposición no será utilizada en el caso de los Presbíteros que deseen entrar a Iglesias que no están en plena comunión con La Iglesia Episcopal, o para quienes deseen el traslado a otra Provincia de la Comunión Anglicana mientras permanecen geográficamente dentro de los límites de La Iglesia Episcopal. En tales casos, se seguirán las disposiciones del Canon III.9.9.

Sec. 6. Rectores y Presbíteros a Cargo y Sus Deberes

a.

b.

c.

Sec. 7. Licencias

a. Ningún Presbítero oficiará por más de dos meses mediante la prédica, la administración de los sacramentos o cualquier culto público, dentro de los límites de cualquier Diócesis que no sea la de su residencia canónica, sin una licencia de la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis en la cual el Presbítero desee oficiar. A ningún Presbítero se le negará dicha licencia debido a su raza, color, origen étnico, sexo, nacionalidad, estado civil, orientación sexual, discapacidades ni edad, a excepción de que se disponga lo contrario en estos cánones. En el momento de vencer o ser retirada una licencia, el Presbítero deberá cesar inmediatamente de oficiar.

b. Ningún Presbítero oficiará en una congregación, ya sea predicando, leyendo oraciones en culto público ni realizando alguna otra función similar, sin el consentimiento del Rector o el Presbítero a Cargo de esa congregación, a excepción de lo siguiente:

c. Ningún Rector ni Presbítero a Cargo de ninguna congregación de esta Iglesia, o de no haberlo, ningún Coadjutor, Miembro de la Junta Parroquial ni Fideicomisario de ninguna congregación habrá de permitir que persona alguna oficie en la congregación sin pruebas suficientes de que dicha persona está debidamente autorizada, ordenada y en buena posición en esta Iglesia; se dispone, sin embargo, que nada de estos cánones impedirá que:

d. Si algún Clérigo o el Presbítero a Cargo abandona el desempeño de los oficios habituales de la congregación, ya sea por incapacidad o por cualquier otra causa, y se rehúsa sin razón justificada a dar su consentimiento para que otro Clérigo con la debida preparación realice dichos oficios, los Coadjutores, la Junta Parroquial o los Fideicomisarios de la congregación podrán presentarse con pruebas de dicho abandono o rechazo ante la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis y quedarán facultados, con el consentimiento por escrito de la Autoridad Eclesiástica, para permitir que oficie cualquier Clérigo debidamente calificado.

e. Cualquier Presbítero que desee oficiar temporalmente fuera de la jurisdicción de esta Iglesia, pero en una Iglesia en plena comunión con esta Iglesia, habrá de obtener de la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis donde tenga su residencia canónica, una carta de recomendación que establezca la posición de la persona y que puede estar redactada de la siguiente manera:

Certifico, por este intermedio, que A.B., quien me ha expresado su deseo de que se le permita oficiar temporalmente en iglesias fuera de la jurisdicción de La Iglesia Episcopal, pero en plena comunión con esta Iglesia, es un Presbítero de __________ en buena posición, y como tal tiene los derechos y privilegios de su Orden.

(Fecha)     ___________________________________

(Firma) _____________________________________

Esta carta de recomendación será válida por un año y ha de ser devuelta a la Autoridad Eclesiástica al término de ese período. La Autoridad Eclesiástica que otorgue la carta de recomendación mantendrá un registro de su concesión, el nombre del Presbítero a quien se le concedió, la fecha en que se otorgó y la fecha de su devolución.

Sec. 8. Renuncia

Al cumplir la edad de setenta y dos años, el Presbítero deberá renunciar a todo puesto de servicio activo en esta Iglesia, y su renuncia será aceptada. Posteriormente, el Presbítero podrá aceptar cualquier puesto en esta Iglesia, incluso, con autorización de la Autoridad Eclesiástica, el puesto o puestos del cual renunció de conformidad con esta sección; se dispone, sin embargo, lo siguiente:

a. Que el tiempo de servicio en el puesto sea por un período no mayor de doce meses, el cual puede ser renovado periódicamente.

b. Que dicho servicio tenga la aprobación expresa del Obispo de la Diócesis en la cual ha de efectuarse, actuando en consulta con la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis en la cual el Presbítero tiene su residencia canónica.

c. No obstante cualquier disposición contraria en este Canon, un Presbítero que haya prestado servicios voluntarios en algún puesto antes de su jubilación podrá, a petición del Obispo, prestar servicios en el mismo puesto durante un término que no excederá doce meses, y ese término se podrá renovar.

Sec. 9. Relevo y Destitución del Ministerio Ordenado de esta Iglesia

Si un Presbítero de La Iglesia Episcopal expresara, por escrito, al Obispo de la Diócesis donde tiene su residencia canónica, la intención de ser relevado y destituido del Ministerio Ordenado de esta Iglesia y de las obligaciones del cargo, incluidas las promesas hechas en la Ordenación y en la Declaración requerida por el Artículo VIII de la Constitución de la Convención General, será el deber del Obispo registrar el asunto. El Obispo, estando convencido de que la persona declarante está actuando voluntariamente y por causas que no afecten el carácter moral de la persona, ni es el sujeto de información sobre una Ofensa que haya sido remitida a un Gestor ni es Acusado en un asunto disciplinario pendiente como se define el en Título IV de estos Cánones, presentará el asunto ante el Comité Permanente y con el consejo y consentimiento de la mayoría del Comité Permanente el Obispo podrá pronunciar que la persona queda libre y relevada del Ministerio Ordenado de esta Iglesia y de las obligaciones correspondientes, y queda privada del derecho a ejercer en La Iglesia Episcopal los dones y la autoridad espiritual de un Ministro de la Palabra y los Sacramentos de Dios que le fueron conferidos en la Ordenación. El Obispo también declarará, al pronunciar y anotar dicha medida, que fue por causas que no afectan el carácter moral de la persona, y podrá, a petición de la persona entregar un certificado a este efecto a la persona así destituida y relevada del Ministerio Ordenado.

Sec. 10.

El Presbítero que pudiera, conforme a este Canon, ser relevado y destituido del Ministerio Ordenado de esta Iglesia, y que desee ingresar a un empleo distinto del eclesiástico, puede expresar por escrito a la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis donde tiene su residencia canónica el deseo de ser relevado y destituido de las obligaciones del oficio y el deseo de ser relevado y destituido del ejercicio del oficio de Presbítero. Una vez recibido dicho escrito, la Autoridad Eclesiástica procederá de la misma manera prescrita en la Sección 8 de este Canon.

Sec. 11.

Si un Presbítero que presentara el escrito que se describe en la Sección 8 o 9 de este Canon fuera sujeto de información referente a una Ofensa que haya sido remitida a un Gestor o a un Acusado en un asunto disciplinario pendiente según se define en el Título IV de estos Cánones, la Autoridad Eclesiástica a la cual dicho escrito haya sido dirigido no considerará ni actuará con respecto a la petición por escrito sino hasta que el asunto disciplinario haya sido resuelto por desestimación, Acuerdo u Orden y el plazo para la apelación o anulación del mismo haya vencido.

Sec. 12.

En el caso de relevo y destitución de un Presbítero del Ministerio Ordenado de esta Iglesia como se dispone en este Canon, el Obispo hará una declaración de relevo y destitución en presencia de dos o más Clérigos, la cual será asentada en los expedientes oficiales de la Diócesis en la cual el Diácono que está siendo relevado y destituido tiene su residencia canónica. El Obispo que pronuncie la declaración de relevo y destitución como se dispone en este Canon notificará por escrito a todos los Clérigos, a cada Junta Parroquial, al Secretario de la Convención y al Comité Permanente de la Diócesis en la cual el Presbítero residía canónicamente; y a todos los Obispos de esta Iglesia; a la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis de esta Iglesia, al Obispo Presidente; al Anotador, al Secretario de la Cámara de Obispos, al Secretario de la Cámara de Diputados; al Church Pension Fund; y a la Junta para el Ministerio de Transición.

Sec. 13. Regreso al Ministerio Ordenado de esta Iglesia después de ser relevado y destituido.

a. Cuando un Presbítero que haya sido relevado y destituido del Ministerio ordenado de esta Iglesia en virtud del Canon III.9.8 desee regresar a ese Ministerio, la persona podrá solicitar por escrito al Obispo de la Diócesis en la que tuvo su última residencia canónica, adjuntando lo siguiente:

b. Si el Obispo lo decide, puede dar su permiso para que el Presbítero continúe el proceso hacia la reincorporación, lo cual puede incluir lo siguiente:

c. Antes de que se le pueda permitir a la persona que regrese al Ministerio ordenado de esta Iglesia, el Obispo le exigirá al Presbítero que desea regresar al ministerio que firme una declaración por escrito como se dispone en el Artículo VIII de la Constitución sin recurrir a ninguna otra jurisdicción eclesiástica, y que la firme en presencia del Obispo y de dos o más Clérigos de esta Iglesia.

d. Posteriormente, el Obispo Presidente, teniendo en cuenta los hechos y circunstancias en torno al relevo y destitución del Presbítero, podrá permitir, con los consejos y el consentimiento del Comité Permanente, el regreso de la persona al Ministerio ordenado de esta Iglesia.

e. Las disposiciones de este Canon III.9.13 no serán aplicables a ningún Presbítero que haya sido destituido, relevado de su ministerio como resultado de cualquier proceso del Título IV de estos Cánones.

f. El aviso del regreso del Presbítero al Ministerio ordenado de esta Iglesia se facilitará por escrito a las mismas personas y entidades que reciban la notificación en virtud del Canon III.9.12.

Sec. 14. Reconciliación de desacuerdos que afectan la Relación Pastoral

Cuando en una parroquia la relación pastoral entre el Rector y la Junta Parroquial o la Congregación se encuentre en una situación conflictiva por desacuerdos o disensión, y el Rector o la Junta Parroquial determinen por mayoría de votos que los asuntos son graves, cualquiera de las dos partes podrá solicitar, por escrito, la intervención de la Autoridad Eclesiástica para ayudar a las partes involucradas a resolver sus desacuerdos. La petición escrita deberá incluir suficiente información para informar a la Autoridad Eclesiástica y a las partes interesadas la naturaleza, las causas y detalles de los desacuerdos o disensiones que arriesgan la relación pastoral. La Autoridad Eclesiástica iniciará los procesos que estime convenientes para ese propósito, en las circunstancias dadas, lo cual podría incluir el nombramiento de un consultor o mediador autorizado para ejercer. Las partes en desacuerdo, siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Eclesiástica, trabajarán de buena fe para lograr la reconciliación. Cuando el Comité Permanente sea la Autoridad Eclesiástica, le pedirá al Obispo de una Diócesis vecina que desempeñe las funciones de Autoridad Eclesiástica en virtud de este Canon.

Sec. 15. Disolución de la Relación Pastoral

a. Excepto en el caso de una renuncia obligatoria por motivo de edad, un Rector no podrá renunciar a su cargo en una parroquia sin el consentimiento de su Junta Parroquial, ni ningún Rector canónica o legalmente elegido y encargado de una Parroquia podrá ser retirado de su cargo contra su voluntad por la Junta Parroquial, excepto por las razones que se disponen a continuación.

b. Si por alguna razón urgente un Rector o una mayoría de la Junta Parroquial, sobre la base de una votación en una reunión debidamente convocada desearan la disolución de la relación pastoral, y las partes no lograran llegar a un acuerdo, cualquiera de ellas podrá notificar por escrito a la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis con una copia disponible para el Rector o Junta Parroquial. Dicho aviso deberá incluir suficiente información para informar a la Autoridad Eclesiástica y a las partes interesadas la naturaleza, las causas y detalles que requieren la disolución de la relación pastoral. Si las partes han participado en procesos de mediación o consulta en virtud de III.9.14, se presentará a la Autoridad Eclesiástica con copias para el Rector y la Junta Parroquial un informe separado preparado por el mediador o consultor. Cuando el Comité Permanente sea la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis, le pedirá al Obispo de otra Diócesis que desempeñe los deberes del Obispo conforme a este Canon.

c. En un plazo de sesenta días a partir del recibo del aviso por escrito, el Obispo Diocesano o el Obispo que ejerce autoridad en virtud de este canon podrá iniciar otros procesos de mediación y reconciliación entre el Rector y la Junta Parroquial, valiéndose de todos los medios que estime convenientes. El Obispo podrá designar a un comité integrado por al menos un Presbítero y un Laico, ninguno de los cuales podrá ser miembro de la Parroquia en cuestión ni estar relacionado con ella, entrevistar al Rector y a la Junta Parroquial y reportar al Obispo sobre la colaboración y respuesta de las partes involucradas en los procesos dispuestos por el Obispo. Se pondrá a disposición de la Junta Parroquial y el Rector una copia de este informe.

d. Si las diferencias entre las partes no se resolvieran luego de concluida la mediación u otras actividades o medidas de reconciliación prescritas por el Obispo, este procederá de la manera siguiente:

e. En caso de que alguna de las partes no cumpla o se niegue a cumplir con los términos del fallo, el Obispo podrá aplicar las consecuencias que se establecen en la Constitución y los Cánones de la Diócesis; a falta de disposiciones sobre consecuencias en dicha Diócesis, el Obispo podrá actuar de la manera siguiente:

f. Con causa, el Obispo podrá extender los períodos que se especifican en este Canon, siempre y cuando todo se haga para acelerar estos procesos. A todas las partes se les notificará por escrito de la duración de cualquier extensión.

g. Las declaraciones que se hagan en el curso de las deliberaciones de conformidad con este Canon no serán revelables ni admisibles en ningún proceso en virtud del Título IV siempre y cuando esto no requiera la exclusión de pruebas en ningún proceso de conformidad con los Cánones que de otro modo serían revelables o admisibles.

h. Las secciones 14 o 15 de este Canon no se aplicarán en ninguna Diócesis cuyos cánones coincidan de otra forma con el Canon III.9.

Sec. 1.

Antes de la recepción u ordenación de un presbítero o diácono, se deberá proporcionar lo siguiente:

a. Una investigación de antecedentes, de conformidad con los criterios establecidos por el Obispo y el Comité Permanente.

b. Evaluación médica y psicológica por parte de profesionales aprobados por el Obispo, utilizando los formularios preparados a tal efecto por el Church Pension Fund, la Comisión Permanente sobre Ministerio y Formación, de acuerdo con los principios y las directrices adoptados por la Convención General y, si se desea o es necesario, una remisión psiquiátrica. Todas estas verificaciones de antecedentes y evaluaciones se llevarán a cabo específicamente para la ordenación o recepción en virtud de este Canon y no para ningún otro proceso o propósito.

c.Comprobantes de capacitación sobre lo siguiente:

d. Los informes de todas las investigaciones y evaluaciones se conservarán de manera definitiva en los archivos del Obispo y pasarán a formar parte del expediente diocesano permanente.

e. Antes de la recepción y ordenación, el Obispo le asignará a cada clérigo un Presbítero mentor previa consulta con la Comisión sobre el Ministerio. El mentor y el clérigo se reunirán periódicamente con el fin de que el clérigo tenga la oportunidad de orientación, información y diálogo sobre el ministerio en La Iglesia Episcopal.

Sec. 2. Clero Ordenado por Obispos de Iglesias en Comunión con esta Iglesia

a.

b. Un Clérigo que sea Diácono no será ordenado Presbítero mientras no haya residido dentro de la jurisdicción de esta Iglesia al menos durante un año y haya cumplido con todos los requisitos para la ordenación al Presbiterio como se dispone en el Canon III.8.

c. Después de la recepción, el Obispo le asignará a cada clérigo un Presbítero mentor previa consulta con la Comisión sobre el Ministerio. El mentor y el clérigo se reunirán periódicamente con el fin de que el clérigo tenga la oportunidad de orientación, información y diálogo sobre el ministerio en La Iglesia Episcopal.

Sec. 3. Clero Ordenado por Obispos en Iglesias de la Sucesión Histórica pero No en Plena Comunión con esta Iglesia

a. Cuando un Presbítero o Diácono ordenado en una Iglesia por un Obispo de la Sucesión Histórica que no esté en plena comunión con esta Iglesia, la regularidad de cuya ordenación haya sido aprobada por el Obispo Presidente como lo dispone el Canon I.16.3, desee ser recibido como Clérigo de esta Iglesia, la persona hará la solicitud por escrito al Obispo, adjuntando lo siguiente:

b. Corresponderán las disposiciones del Canon III.8.5.a.

c. Si la persona proporciona pruebas de preparación teológica satisfactoria en la comunión a la que anteriormente sirvió, y ha ejercido un ministerio en ella con buena reputación y éxito durante por lo menos cinco años, será examinada por la Comisión y deberá mostrar su competencia en las materias siguientes:

d. La Comisión puede, con la aprobación del Obispo y con notificación al solicitante, examinar a este último en cualquier otra materia requerida por los cánones III.6.5.f y g o III.8.5.g y h.

e. Antes de ser examinado de conformidad con la Sección 3.c de este Canon, el solicitante deberá haber recibido certificados del Obispo y del Comité Permanente de que es aceptable como Clérigo de esta Iglesia con sujeción a la satisfactoria finalización del examen.

f. Antes de que la persona pueda ser ordenada o recibida en las Sagradas Órdenes de esta Iglesia, el Obispo le exigirá una promesa por escrito de que se someterá en todos aspectos a la disciplina de esta Iglesia sin recurrir a ninguna otra jurisdicción eclesiástica o civil extranjera, y le exigirá además que firme y haga la declaración que se requiere en el Articulo VIII de la Constitución en presencia del Obispo y de dos o más Presbíteros.

g. Después de lo cual, el Obispo, convencido de las calificaciones teológicas de la persona y de la culminación exitosa del examen especificado en la Sec. 3.c de este Canon y de su firmeza en la fe, podrá:

h. En el caso de una ordenación en virtud de este Canon, el Obispo deberá, en el momento de la ordenación, leer este prefacio durante el servicio:

La Autoridad Eclesiástica de esta Diócesis está convencida de que A.B. acepta la doctrina, disciplina y culto de esta Iglesia y ahora desea ser ordenado como Diácono (u ordenado como Presbítero) en esta Iglesia. Estamos a punto de conferirle a A.B. la gracia y autoridad de las Sagradas Órdenes como las recibió esta Iglesia y las exige para el ejercicio del ministerio de un Diácono (o Presbítero).

Los certificados de ordenación en dichos casos deberán contener las palabras:

Reconociendo el ministerio que A.B. ya ha recibido y por este medio aunando a esa comisión la gracia y autoridad de las Sagradas Órdenes como las entiende y exige esta Iglesia para el ejercicio del ministerio de un Diácono (o Presbítero).

i. En el caso de una ordenación condicional de conformidad con este Canon, el Obispo deberá, en el momento de la ordenación, leer este prefacio durante el servicio:

La Autoridad Eclesiástica de esta Diócesis está convencida de que A.B., quien ha sido ordenado por un Obispo cuya autoridad no ha sido reconocida por esta Iglesia, acepta la doctrina, disciplina y culto de esta Iglesia, y ahora desea una ordenación condicional. Mediante este servicio de ordenación, proponemos establecer que A.B. tiene méritos para ejercer el ministerio de Diácono (o Presbítero).

j. Nadie podrá ser ordenado ni aceptado como Diácono ni Presbítero mientras no haya cumplido veinticuatro años de edad.

k. Un Diácono recibido en virtud de este Canon y que desee ser ordenado como Presbítero deberá satisfacer todos los requisitos de ordenación dispuestos en el Canon III.8.

l. Nadie podrá ser recibido ni ordenado en virtud de este Canon antes de transcurridos menos de doce meses desde la fecha en que haya sido confirmado como comulgante de esta Iglesia.

m. Después de la recepción u ordenación, el Obispo le asignará un Presbítero mentor a cada clérigo previa consulta con la Comisión sobre el Ministerio. El mentor y el clérigo se reunirán periódicamente para facilitar orientación, información y un diálogo continuo sobre el ministerio en La Iglesia Episcopal.

Sec. 4. Clero ordenado en Iglesias que no están en la Sucesión Histórica

a. Si una persona ordenada o autorizada por alguien aparte de un Obispo en la sucesión histórica para ejercer el ministerio en una Iglesia que no esté en plena comunión con esta Iglesia desea ser ordenada, la persona deberá seguir los procedimientos y requisitos dispuestos en el Canon III.6 si desea ordenarse para el diaconado, o en el Canon III.8 si desea ordenarse para el presbiterio.

b. La Comisión examinará al solicitante e informará al Obispo con respecto a lo siguiente:

c. No es necesario el período mínimo de Candidatura si el Obispo y el Comité Permanente, previa recomendación de la Comisión, consideran que el Candidato está preparado para la ordenación en el Diaconado antes de los doces meses; el solicitante será examinado por la Comisión y demostrará sus conocimientos en las siguientes materias:

d. Si se han cumplido todos los requisitos de este Canon, el Obispo podrá ordenar al Candidato como Diácono en virtud de los cánones III.6 o III.8, pero no podrá hacerlo antes de transcurridos doce meses desde que el Candidato fuera confirmado como comulgante de esta Iglesia. Si es ordenado como diácono en virtud del Canon III.8, el Candidato podrá ser ordenado como Presbítero no antes de que transcurran seis meses, si el Obispo lo estima conveniente.

Sec. 5. Recepción en esta Iglesia de un Obispo de una Iglesia o Provincia de la Comunión Anglicana.

a. Un Obispo en buena posición de una iglesia o Provincia miembro de la Comunión Anglicana, o de una iglesia nacional o local con estado Extraprovincial en la Comunión Anglicana, que busque servir en esta Iglesia como Obispo Asistente según lo dispuesto en el Canon III.12.5.b.3, o como Obispo con cargo provisional de una Diócesis según lo dispuesto en el Canon III.13.1, puede ser recibido en La Iglesia Episcopal conforme a los requisitos establecidos en esta Sección.

b. Un obispo en buena posición de una iglesia o Provincia miembro de la Comunión Anglicana, o de una iglesia nacional o local con estado Extraprovincial en la Comunión Anglicana, cuya iglesia o Provincia esté buscando ser admitida en unión con La Iglesia Episcopal, puede ser recibido en La Iglesia Episcopal de acuerdo con los requisitos establecidos en esta Sección, siempre y cuando, si la selección del Obispo para servir a la iglesia o Provincia se llevó a cabo a través de un proceso distinto a la elección por parte de una Convención, Sínodo u otro órgano rector, el Obispo deberá presentar evidencia de que la Convención, Sínodo u otro órgano rector ha afirmado dicha selección.

c. El Obispo que desee ser recibido en La Iglesia Episcopal deberá proporcionar al Obispo Presidente lo siguiente:

d. Una vez que el Obispo Presidente reciba los elementos indicados en la subsección .c de este Canon a su satisfacción, el Obispo Presidente notificará sin demora a todos los Obispos de esta Iglesia que ejerzan su jurisdicción y a todos los Comités Permanentes de esta Iglesia la recepción de dichos elementos por parte del Obispo Presidente, y pedirá a cada uno de ellos una declaración de consentimiento, o de denegación de consentimiento, para la recepción del Obispo en La Iglesia Episcopal. Cada Obispo con jurisdicción y cada Comité Permanente responderá, dentro de los 90 días siguientes al envío de la notificación, al Obispo Presidente o a la persona designada por este, indicando su consentimiento o su negativa al respecto La Carta de Recomendación del Comité Permanente deberá ajustarse al Canon I.12.3.

El comprobante del consentimiento de cada uno de los Comités Permanentes será una carta de recomendación en las siguientes palabras, o en palabras similares, aprobada por el Obispo Presidente, firmada por la mayoría de los miembros de cada Comité:

Nosotros, siendo la mayoría de los miembros del Comité Permanente de_________, y habiendo sido debidamente convocados, firmemente persuadidos de que es nuestro deber dar testimonio en esta solemne ocasión sin parcialidad, declaramos, en presencia de Dios Todopoderoso, que no conocemos ningún impedimento por el cual el Reverendo N.N. no deba ser recibido en La Iglesia Episcopal para servir como Obispo, y por lo tanto damos nuestro consentimiento a la recepción del Reverendo N.N. para que sirva como [Obispo Asistente/Obispo con cargo provisional/Obispo Diocesano] en la Diócesis de________. En testimonio de lo cual, ponemos nuestra firma en este día _________ del mes de _________, en el año de nuestro Señor ________.

(Firma) _____________________________________

e. Si la mayoría de los Obispos con jurisdicción y de los Comités Permanentes consiente la recepción, el Obispo hará la declaración escrita requerida por el Artículo VIII de la Constitución de La Iglesia Episcopal en presencia del Obispo Presidente y de dos testigos episcopales, en cuyo momento el Obispo Presidente certificará que el Obispo es recibido en La Iglesia Episcopal; siempre y cuando, en el caso de un Obispo que desee ser recibido en esta Iglesia según el inciso .b de este Canon, dicha certificación no se emita hasta que el Consejo Ejecutivo haya emitido la aprobación establecida en la Sección 1 del Artículo V de la Constitución.

Sec. 1.

a. El discernimiento de la vocación para ser Obispo Diocesano, Coadjutor o Sufragáneo se produce a través de un proceso de elección de acuerdo con las Constituciones y Cánones de esta Iglesia y de la Diócesis electora, así como cualquier regla especial adoptada por la Convención de esa Diócesis. A menos que la Constitución o los Cánones de la Diócesis Electora dispongan otra cosa, el Comité Permanente tendrá la supervisión y la responsabilidad de cualquier proceso de búsqueda, nominación, transición y elección. La Diócesis deberá establecer un proceso de nominación ya sea por los Cánones o por la adopción de reglas y procedimientos para la elección del Obispo en una reunión ordinaria o especial de la Convención de la Diócesis, con suficiente anticipación a la elección del Obispo.

b. En lugar de elegir a un Obispo, la Convención de una Diócesis podrá pedir que la Cámara de Obispos de la Provincia a la cual pertenece la Diócesis haga la elección en su nombre, con sujeción a la confirmación por parte del Sínodo Provincial, o bien podrá solicitar que sea la Cámara de Obispos de La Iglesia Episcopal la que realice la elección en su nombre.

c.El Secretario del organismo que elija a un Obispo Diocesano, un Obispo Coadjutor o un Obispo Sufragáneo, informará inmediatamente al Obispo Presidente el nombre de la persona electa. Será deber del Obispo electo notificar al Obispo Presidente de la aceptación o declinación de dicha elección, al mismo tiempo en que notifica a la Diócesis electora.

d. Ninguna diócesis elegirá a un Obispo en el plazo de los treinta días previos a una reunión de la Convención General.

Sec. 2.

Un Obispo Diocesano, con el consejo y consentimiento del Comité Permanente, puede convocar una reunión especial de la Convención de la Diócesis, que se realizará no antes de los seis meses anteriores a la fecha efectiva de la renuncia del Obispo Diocesano para elegir a un sucesor; siempre y cuando, si la Convención se va a reunir en sesión regular mientras tanto, pueda celebrar la elección durante la sesión regular. Los procesos relacionados con los preparativos para la ordenación del sucesor serán los estipulados en este Canon, pero el Obispo Presidente no dispondrá que la ordenación tenga lugar en ninguna fecha antes de aquella en que la renuncia ha de hacerse efectiva.

Sec. 3.

a. El Comité Permanente de la Diócesis para la cual se ha elegido el Obispo, a través de su Presidente o alguna otra persona o personas especialmente nombradas, deberá enviar inmediatamente al Obispo Presidente y a los Comités Permanentes de las distintas Diócesis, un certificado de la elección suscrita por el Secretario de la Convención de la Diócesis, que incluya una declaración de acuse de recibo de lo siguiente:

Nosotros, los suscritos, plenamente conscientes de lo importante que es que la Orden Sagrada y el Cargo de Obispo no se confieran indignamente, y firmemente convencidos de que es nuestro deber dar recomendación imparcial en esta solemne ocasión, declaramos, en presencia de Dios Todopoderoso, que no conocemos ningún impedimento debido al cual el Reverendo A.B. no deba ser ordenado a dicho Cargo Sagrado. Declaramos, además, mancomunada y solidariamente, que creemos que el Reverendo A.B. ha sido elegido de manera legítima y legal y que posee suficientes conocimientos y firmeza en la fe, así como maneras virtuosas y puras y un carácter piadoso como para poder ejercer el cargo de Obispo en honor a Dios y en edificación de su Iglesia, y para ser un ejemplo íntegro para el rebaño de Cristo.

(Fecha)     ___________________________________

(Firma) _____________________________________

El Obispo Presidente, sin dilación, notificará a todos los Obispos de esta Iglesia con jurisdicción que ha recibido los certificados mencionados en esta sección y pedirá una declaración de aprobación o desaprobación. Cada Comité Permanente, en no más de ciento veinte días después de que el organismo elector haya enviado el certificado de elección, deberá responder enviando al Comité Permanente de la Diócesis para la cual se ha elegido al Obispo la carta de recomendación de consentimiento en el formato dispuesto en el párrafo b. de esta Sección o un aviso escrito de su negación a dar el consentimiento. Si una mayoría de los Comités Permanentes de todas las Diócesis consiente con la ordenación del Obispo electo, el Comité Permanente de la Diócesis para la cual se elija al Obispo enviará entonces al Obispo Presidente el comprobante del consentimiento, junto con los otros certificados necesarios requeridos en esta sección (los documentos descritos en la Sec. 3.a.2 de este Canon) al Obispo Presidente. Si el Obispo Presidente recibiere suficientes declaraciones para indicar que una mayoría de los Obispos consienten con la ordenación, deberá, sin dilación, notificar al Comité Permanente de la Diócesis electora y al Obispo electo, acerca de la aprobación.

b. Las pruebas del consentimiento de cada uno de los Comités Permanentes será una carta de recomendación, firmada por la mayoría de los miembros de cada Comité, en los siguientes términos de conformidad con el Canon I.12.3:

Nosotros, siendo una mayoría de todos los miembros del Comité Permanente de_______________, y habiéndonos congregado debidamente, plenamente conscientes de lo importante que es que la Orden Sagrada y el Cargo de Obispo no se confieran indignamente, y firmemente convencidos de que es nuestro deber dar testimonio, en esta solemne ocasión, declaramos imparcialmente, en presencia de Dios Todopoderoso, que no conocemos ningún impedimento debido al cual el Reverendo A.B. no deba ser ordenado a dicho Cargo Sagrado. En testimonio de lo cual, ponemos nuestra firma en este día _________ del mes de _________, en el año de nuestro Señor ________.

(Firma) _____________________________________

Sec. 4.

En caso de que una mayoría de todos los Comités Permanentes de las distintas Diócesis no diera su consentimiento a la consagración del Obispo electo en el término de 120 días a partir de la fecha en que el Comité Permanente de la Diócesis electora notificara la fecha de elección, o en caso de que una mayoría de todos los Obispos con jurisdicción no expresara su consentimiento en el término de 120 días a partir de la fecha en que el Obispo Presidente les notificara de la elección, el Obispo Presidente declarará la elección nula e inválida, y notificará al respecto al Comité Permanente de la Diócesis electora y al Obispo electo. La convención de la Diócesis podrá entonces proceder a hacer una nueva elección.

Sec. 5.

Cuando el Obispo Presidente haya recibido los consentimientos y garantías de aceptación de la elección por parte del Obispo electo, el Obispo Presidente dispondrá la consagración de dicho Obispo bien sea por medio del Obispo Presidente o del Presidente de la Cámara de Obispos de la Provincia a la que pertenece la Diócesis electora y otros dos Obispos de esta Iglesia, o a través de tres Obispos a quienes el Obispo Presidente pueda comunicar las recomendaciones.

Sec. 6.

En todos los detalles el oficio de la ordenación de un Obispo estará bajo la dirección del Obispo que presida tal ordenación.

Sec. 7.

Ninguna persona podrá ser ordenada Obispo a menos que en esa ocasión la persona firme y haga la declaración que exige el Artículo VIII de la Constitución, en presencia de los Obispos Ordenantes y de la congregación.

Sec. 8.

a. En un plazo de diez días a partir de la elección de un Obispo, un Obispo Coadjutor o un Obispo Sufragáneo en una Convención Diocesana, una cantidad de delegados que constituyan no menos de un diez por ciento de los delegados electores en la votación final podrá inscribir por escrito sus objeciones al proceso electoral ante el Secretario de la Convención, señalando detalladamente las supuestas irregularidades. En un plazo de diez días de haber recibido las objeciones, el Secretario de la Convención enviará copias de las mismas al Obispo Diocesano, al Canciller y al Comité Permanente de la Diócesis, así como al Obispo Presidente, quien pedirá al Tribunal que investigue la queja. A su entera discreción, el Tribunal podrá recurrir a un investigador de su elección. El Tribunal de Revisión podrá solicitar la opinión del Obispo Diocesano, del Canciller, del Comité Permanente y de cualquier otra persona dentro de la Diócesis a la cual fue elegido el Obispo. El Tribunal podrá proporcionar una respuesta pastoral a las partes afectadas, si lo considera oportuno. En un plazo de 60 días de haber recibido la solicitud, el Tribunal de Revisión enviará un informe escrito de sus hallazgos al Obispo Presidente, y este remitirá una copia del informe, en un plazo de quince días, al Obispo Diocesano, al Canciller, al Comité Permanente y al Secretario de la Convención de la Diócesis electora. El Secretario enviará una copia del informe a cada uno de los delegados que hayan inscrito sus objeciones al proceso electoral.

b. El informe del Tribunal de Revisión será enviado a los Comités Permanentes de las distintas Diócesis, junto con el certificado del Secretario de la Convención de la Diócesis electora en el que se indique el consentimiento con respecto a la ordenación. De igual manera, el Obispo Presidente incluirá el informe en la comunicación a los Obispos con jurisdicción. El plazo de 120 días para que los Comités Permanentes y los Obispos den su consentimiento para la elección comienza con estas comunicaciones.

Sec. 9. Otros Obispos

a. Obispos Coadjutores

b. Obispos Sufragáneos

c. Obispo Misionero

Sec. 1. Formación

Después de la elección o recepción y por tres años después de la misma, los Obispos nuevos y los Obispos recibidos en esta Iglesia deberán llevar a cabo el proceso de formación autorizado por la Cámara de Obispos. Para este proceso de formación se nombrará a un mentor para cada Obispo recién ordenado y recibido.

Sec. 2. Educación continua

La Cámara de Obispos exigirá y dispondrá la educación continua de los Obispos y mantendrá un registro de tal educación.

Sec. 3. Deberes

a. En las diócesis donde el obispo que ejerce la autoridad eclesiástica (o, en su caso, la supervisión eclesiástica) mantiene una posición teológica que no abraza el matrimonio para parejas del mismo sexo, y existe el deseo de utilizar tales ritos por parejas del mismo sexo en una congregación u otra comunidad de fe, el obispo que ejerce la autoridad eclesiástica (o la supervisión eclesiástica) invitará a otro obispo de esta Iglesia para que proporcione apoyo pastoral a la pareja, al Clérigo implicado y a la congregación u otra comunidad de fe.

b. El Obispo Diocesano, el Obispo Coadjutor, el Obispo Sufragáneo o el Obispo Asistente de la Diócesis visitará las Congregaciones de la diócesis por lo menos una vez cada tres años. Se podrá delegar a otro Obispo de esta Iglesia visitas intermedias.

Sec. 4. Residencia

a. Todo Obispo que sirva en una Diócesis deberá tener una residencia en esa Diócesis, salvo que el Comité Permanente de esa Diócesis dé su consentimiento para lo contrario.

b. El Obispo Diocesano no podrá ausentarse de la diócesis por un período de más de tres meses consecutivos sin el consentimiento de la Convención o del Comité Permanente de la diócesis.

c. El Obispo Diocesano, toda vez que se aleje de la diócesis por seis o más meses consecutivos, tendrá el deber de autorizar por escrito, con su firma y sello, al Obispo Coadjutor, al Obispo Sufragando (si la Constitución y Cánones de la Diócesis lo estipulan) o, en su defecto, al Comité Permanente de la Diócesis para actuar como la Autoridad Eclesiástica de la misma durante su ausencia. El Obispo Coadjutor, el Obispo Sufragáneo (si así lo estipula la Constitución y Cánones de la Diócesis) o, en su defecto, el Comité Permanente podrá ser la Autoridad Eclesiástica en cualquier momento a petición escrita del Obispo y continuar actuando como tal hasta que el Obispo Diocesano revoque esta petición también por escrito.

d. Se considerará que existe una vacante en el episcopado cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones:

Sec. 5. Obispos Asistentes

a. Cuando una Diócesis, en la opinión de su Obispo Diocesano, requiera servicios episcopales adicionales, el Obispo Diocesano puede, con el consentimiento del Comité Permanente de la Diócesis, solicitar a la Convención de la Diócesis que apruebe la creación del puesto de Obispo Asistente y autorice al Obispo Diocesano para que nombre a un Obispo para el puesto. Si la Convención aprueba la creación del puesto, el Obispo Diocesano puede proceder a nombrar un Obispo que cumpla con los requisitos dispuestos en una Carta de Acuerdo aprobada por el Comité Permanente de la Diócesis.

b. El Obispo Asistente podrá ser escogido entre las personas siguientes:

c. Antes de que un Obispo Asistente así nombrado comience a prestar servicios en dicho puesto, el Obispo de la Diócesis entregará un certificado de dicho nombramiento al Secretario de la Cámara de Obispos y trasmitirá el aviso del nombramiento al Obispo Presidente y a la Autoridad Eclesiástica de todas las Diócesis.

d. El Obispo Asistente servirá a la discreción y bajo el control y dirección del Obispo Diocesano.

e. Ninguna persona puede servir como Obispo Auxiliar de la Diócesis más allá de la terminación de la jurisdicción del Obispo Diocesano de la Diócesis que lo nombre, ni después de cumplir la edad de setenta y dos años, a menos que el Comité Permanente y, eventualmente, el Obispo Diocesano que le suceda decida lo contrario, y bajo los términos de una nueva Carta de Acuerdo renovable cada doce meses.

Sec. 6. Obispos Misioneros

a. Cualquier Obispo (u Obispos) elegido y consagrado como Obispo Misionero tendrá derecho a escaño, voz y voto en la Cámara de Obispos y podrá ser elegido para el cargo de Obispo, Obispo Coadjutor u Obispo Sufragáneo en cualquier Diócesis organizada de Estados Unidos; sin embargo, dicho Obispo no será apto para este cargo durante los primeros cinco años posteriores a la fecha de su consagración, excepto para el oficio de Obispo de una Diócesis formada total o parcialmente a partir de su Diócesis Misionera.

b. En caso de impedimento permanente del Obispo de una Diócesis Misionera en el cual dicho Obispo no haya presentado una renuncia de jurisdicción, el Obispo Presidente declarará dicha jurisdicción vacante, previa certificación de dicho impedimento permanente por parte de tres médicos de buena reputación, como mínimo.

c. Cuando un Obispo de una Diócesis Misionera no pueda, por motivo de edad u otra causa permanente de impedimento, desempeñar plenamente sus obligaciones del oficio, dicha diócesis podrá elegir a un Obispo Coadjutor, con sujeción a las disposiciones del Canon III.11.9.a.

Sec. 7. Transferencia a Iglesias en Plena Comunión con esta Iglesia

a. Un Obispo que desee obtener residencia canónica dentro de otra Iglesia, Provincia o jurisdicción equivalente que sea miembro de una Iglesia en Plena Comunión (según se identifica en el Canon I.20) oo Iglesia en Comunión con esta Iglesia [según se identifica en el Canon III.10.2.a.3) deberá solicitar una carta de recomendación del Obispo Presidente, la cual, con el asesoramiento y consentimiento de la mayoría de los miembros del Consejo Asesor del Obispo Presidente, será otorgada por el Obispo Presidente al solicitante, y podrá enviarse un duplicado de la misma al Obispo Presidente o Primado de la Iglesia, Provincia o jurisdicción equivalente a la que se propone el traslado. La carta de recomendación puede incluir una cartera de su capacitación, educación continua y el ejercicio de los ministerios. La carta de recomendación seguirá con el siguiente formato o en el formato que especifique la Iglesia, Provincia o jurisdicción equivalente:

Certifico por este medio, que A.B., quien me ha expresado su deseo de transferirse a la Autoridad Eclesiástica de _________________, es Obispo en buena posición de La Iglesia Episcopal, y que, a mi leal saber y entender, no ha sido en justicia sujeto de informe negativo alguno, por error en religión o por perversidad de vida, durante los tres últimos años.

(Fecha) ___________________________

(Firma) _________________________

b. Si el Obispo Presidente o Primado de la iglesia, provincia o jurisdicción equivalente miembro de la Iglesia en Plena Comunión o de la Iglesia en Comunión con esta Iglesia acepta la carta de recomendación, la residencia canónica del Obispo transferido iniciará a partir de la fecha de dicha aceptación y la notificación de aceptación será inmediatamente remitida por el Obispo Presidente o Primado al Obispo Presidente de La Iglesia Episcopal. La notificación de la Autoridad Eclesiástica destinataria puede estar en la forma siguiente:

Certifico por este medio, que A.B. ha sido transferido canónicamente a mi jurisdicción y es un Obispo en buena posición.

(Fecha) ___________________________

(Firma) _________________________

c. Al ser recibida dicha aceptación, el Obispo Presidente de La Iglesia Episcopal deberá notificar al Church Pension Fund y al Anotador de Ordenaciones de la partida del Obispo de La Iglesia Episcopal.

d. Esta disposición no será utilizada en el caso de los Obispos que deseen entrar a Iglesias que no están en comunión con esta Iglesia, ni por quienes deseen transferirse a otra iglesia miembro o Provincia de la Comunión Anglicana mientras permanecen geográficamente dentro de los límites de La Iglesia Episcopal. En tales casos, se seguirán las disposiciones del Canon III.12.8.

Sec. 8. Relevo y Destitución del Ministerio Ordenado de esta Iglesia

a. Si un Obispo de La Iglesia Episcopal expresara por escrito ante el Obispo Presidente su intención de ser relevado y destituido del Ministerio Ordenado de esta Iglesia y de las obligaciones del cargo, incluidas las promesas hechas en la Ordenación y en la Declaración exigida por el Artículo VIII de la Constitución de la Convención General, será el deber del Obispo registrar el asunto. El Obispo Presidente, estando convencido de que la persona declarante está actuando voluntariamente y por causas que no afectan su carácter moral, y que no es sujeto de información sobre una Ofensa que haya sido remitida a un Gestor ni está Acusado en un asunto disciplinario pendiente como se define en el Título IV de estos Cánones, presentará el asunto ante el Consejo Asesor del Obispo Presidente, y con el consejo y el consentimiento de la mayoría de los miembros del Consejo Asesor, el Obispo Presidente podrá pronunciar que la persona queda relevada y destituida del Ministerio Ordenado de esta Iglesia y de las obligaciones de su cargo, y queda privada del derecho a ejercer en La Iglesia Episcopal los dones y la autoridad espiritual de un Ministro de la Palabra y los Sacramentos de Dios que le fueron conferidos en la Ordenación. El Obispo Presidente también declarará, al pronunciar y anotar dicha medida, que fue por causas que no afectan el carácter moral de la persona, y podrá, a petición de la persona entregar un certificado a este efecto a la persona así destituida y relevada del Ministerio Ordenado.

b. Si el Obispo que presentara el escrito que se describe en la Sección 7.a de este Canon fuera el sujeto de información referente a una Ofensa que haya sido remitida a un Gestor o fuera el Acusado en un asunto disciplinario pendiente como se define en el Título IV de estos Cánones, el Obispo Presidente no considerará ni actuará con respecto dicha petición escrita hasta que el asunto haya sido resuelto por desestimación, Acuerdo u Orden, y el plazo para la apelación o anulación del mismo haya vencido.

c. En caso de relevo y destitución de un Obispo del Ministerio Ordenado de esta Iglesia como se dispone en este Canon, el Obispo hará una declaración de relevo y destitución en presencia de dos o más Obispos, la cual será ingresada en los expedientes oficiales de la Cámara de Obispos y de la Diócesis en la cual el Obispo que está siendo destituido y relevado tiene su residencia canónica. El Obispo Presidente notificará por escrito al Secretario de la Convención y la Autoridad Eclesiástica y al Comité Permanente de la Diócesis en la cual el Clérigo tenía su residencia canónica, así como a todos los Obispos de esta Iglesia, a la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis de esta Iglesia, al Anotador, al Secretario de la Cámara de Obispos, al Secretario de la Convención General, a los Archivos de La Iglesia Episcopal, al Church Pension Fund y a la Junta para el Ministerio de Transición.

Sec. 9. Regreso al Ministerio Ordenado de esta Iglesia después de Relevo y Destitución

a. Cuando un Obispo que haya sido relevado y destituido del Ministerio ordenado de esta Iglesia en virtud del Canon III.12.8 desee regresar a ese Ministerio, la persona podrá solicitárselo por escrito al Obispo Presidente, adjuntando lo siguiente:

b. Si el Obispo Presidente lo decide, puede dar permiso para que el Obispo continúe el proceso hacia la reincorporación, lo cual puede incluir lo siguiente:

c. Antes de que se pueda permitir al Obispo regresar al Ministerio ordenado de esta Iglesia, el Obispo Presidente le exigirá al Obispo que desea regresar al ministerio que firme una declaración como se dispone en el Artículo VIII de la Constitución, sin recurrir a ninguna otra jurisdicción eclesiástica, y que la firme en presencia del Obispo Presidente y dos o más Obispos de esta Iglesia.

d. Posteriormente, el Obispo Presidente, teniendo en cuenta los hechos y circunstancias en torno al relevo y destitución, podrá permitir, con los consejos y el consentimiento del Consejo Asesor del Obispo Presidente, el regreso del Obispo al Ministerio ordenado de esta Iglesia.

e. El aviso del regreso del Obispo al Ministerio ordenado de esta Iglesia se facilitará por escrito a las mismas personas y entidades que reciban la notificación en virtud del Canon III.12.8.c.

f. Las disposiciones de este Canon III.12.9 no serán aplicables a ningún Obispo que haya sido destituido, relevado o destituido de su ministerio como resultado de cualquier proceso del Título IV de estos Cánones.

Sec. 10. La Renuncia o Incapacidad de los Obispos

a. Todo Obispo, al cumplir los setenta y dos años de edad, presentará su renuncia tal como requiere la Sección 9 del Artículo II de la Constitución. La renuncia será enviada al Obispo Presidente, quien inmediatamente se lo comunicará a todos los Obispos de esta Iglesia que tengan jurisdicción y declarará aceptada la renuncia, la cual entrará en vigor en una fecha señalada en un plazo no mayor a tres meses a partir del día de la renuncia.

b. El Obispo Presidente le comunicará al Obispo renunciante la aceptación de su renuncia a partir de la fecha señalada. En el caso de un Obispo Diocesano o un Obispo Coadjutor, certificará el hecho ante el Comité Permanente de la Diócesis interesada, y en el caso de otros Obispos, lo hará ante la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis en cuestión. También dará instrucciones al Secretario de la Cámara de Obispos para que registre dicha renuncia, con la fecha señalada, y que la incorpore en el Diario de la Cámara.

c. En caso de relevo y destitución de un Obispo del Ministerio Ordenado de esta Iglesia como se dispone en este Canon, el Obispo hará una declaración de relevo y destitución en presencia de dos o más Obispos, la cual será ingresada en los expedientes oficiales de la Cámara de Obispos y de la Diócesis en la cual el Obispo que está siendo destituido y relevado tiene su residencia canónica. El Obispo Presidente notificará por escrito al Secretario de la Convención y la Autoridad Eclesiástica y al Comité Permanente de la Diócesis en la cual el Clérigo residía canónicamente; y a todos los Obispos de la Iglesia; a la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis de esta Iglesia; al Anotador, al Secretario de la Cámara de Obispos, al Secretario de la Cámara de Diputados; al Fondo de Pensiones de la Iglesia; y a la Junta para el Ministerio de Transición.

d. El Obispo que desee renunciar a su jurisdicción enviará su renuncia por escrito al Obispo Presidente, junto con las razones de la misma, al menos treinta días antes de la fecha establecida para una reunión de la Cámara de Obispos. El Obispo Presidente, sin dilación, notificará a todos los Obispos de esta Iglesia y al Comité Permanente de la diócesis del Obispo que desea renunciar, a fin de que el Comité Permanente, en nombre de la Diócesis, pueda ser oído, tanto en persona como por correspondencia, sobre este asunto. La Cámara, en el curso de sus sesiones, aceptará o rechazará la renuncia por una mayoría de los presentes.

e. Si se presentara una renuncia más de tres meses antes de una reunión de la Cámara de Obispos, el Obispo Presidente informará de la misma, junto con cualquier declaración del Comité Permanente de la diócesis en cuestión, a todos los Obispos de esta Iglesia. Si una mayoría de los Obispos consienten en la renuncia, el Obispo Presidente, sin dilación, notificará al Obispo dimitente y al Comité Permanente de la diócesis en cuestión de la aceptación de tal renuncia, la que se hará efectiva a partir de la fecha señalada. También dará instrucciones al Secretario de la Cámara de Obispos para que registre dicha renuncia, con la fecha señalada, y que la incorpore en el Diario de la Cámara.

f. En cada reunión de la Convención General, será responsabilidad del Presidente de la Cámara de Obispos presentar a la Cámara de Diputados, cuando se encuentre en sesión, una lista de las renuncias que hayan sido aceptadas desde la reunión anterior de la Convención General.

g. El Obispo que renuncie estará sujeto en todos los aspectos a la Constitución y Cánones de esta Iglesia y a la autoridad de la Convención General.

h. El Obispo que renuncie solo podrá ejercer ceremonias episcopales a petición del Obispo Diocesano de la diócesis de dicho Obispo o con su autorización. Si la convención de alguna Diócesis lo aprobara mediante votación, y con el consentimiento del Obispo de la Diócesis, un Obispo que renuncie también podrá recibir un asiento honorario en la Convención, con derecho a escaño pero no a voto, o en la catedral de cualquier Diócesis, sujeto a la autoridad competente para otorgar ese derecho. El Obispo que renunció responderá de todos sus actos oficiales ante el Obispo Diocesano y la diócesis en la cual se celebraron los actos. Estas disposiciones también se aplican a un Obispo dimitente de otra Iglesia en plena comunión con esta Iglesia, con sujeción a la aprobación de la autoridad competente dentro de esa otra Iglesia, la cual puede exigir dicha aprobación.

i. El Obispo que renuncie, a discreción del Obispo de la diócesis en la que resida, y después de la presentación de las Cartas Dimisorias de la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis en la que haya tenido residencia canónica más recientemente, podrá ingresar al clero de la nueva Diócesis y atenerse a su constitución y cánones, incluida la posibilidad de recibir escaño y voto en la Convención diocesana, de conformidad con sus disposiciones canónicas sobre requisitos de los clérigos.

j. Cuando el Obispo que haya renunciado acepte un cargo pastoral o de otro tipo dentro de la Diócesis, el Obispo Diocesano dará curso a las Cartas Dimisorias, el Obispo que haya renunciado entrará a formar parte del clero de la Diócesis y se le dará derecho a escaño y voto en la Convención Diocesana de conformidad con las disposiciones canónicas de la diócesis sobre aptitudes de los clérigos, sujeto a las disposiciones del párrafo o. de esta sección.

k. Un Obispo que renuncie, con la aprobación del Obispo de la diócesis en la que resida, podrá aceptar un cargo pastoral en dicha diócesis y, sujeto a sus disposiciones canónicas para llenar vacantes, podrá aceptar ser electo como rector de una parroquia en la susodicha diócesis.

l. Un Obispo que haya renunciado puede, con la aprobación del Obispo de la Diócesis aceptar un nombramiento por un Obispo Diocesano a cualquier cargo creado bajo la autoridad de la Convención Diocesana, incluyendo el de Obispo Asistente, y puede, al mismo tiempo, ocupar un cargo pastoral; con la condición, sin embargo, de que un Obispo dimitido mayor de setenta y dos años puede aceptar la designación solo por un período que no supere los doce meses, y este término puede renovarse.

m. Los Obispos Asistentes son aquellos obispos cuyas funciones principales son la enseñanza, la predicación o la entrega de ritos sacramentales por invitación de la Autoridad Eclesiástica de la diócesis donde el Obispo Asistente ha sido invitado a participar en determinados momentos y lugares.

n. Su inclusión en el clero de una Diócesis, o su aceptación de cualquier cargo dentro de la misma, no privará al Obispo que renunció del escaño y voto en la Cámara de Obispos a los que pueda tener derecho según la Sección 2 del Artículo I de la Constitución.

o. Las disposiciones de esta sección se aplicarán a un Obispo que haya renunciado y que continúe residiendo dentro de los límites de la jurisdicción en la que anteriormente prestaba servicios como Obispo, excepto que no tendrá derecho a votar en la Convención Diocesana, a menos que los cánones de la Diócesis estipulen específicamente lo contrario.

Sec. 11. Impedimento

Cuando alguno de los siguientes: (i) un Obispo Diocesano, incluido un Obispo Diocesano, un Obispo Coadjutor o un Obispo Sufragáneo de esa Diócesis, (ii) una mayoría de dos tercios de todos los miembros del Comité Permanente de una Diócesis, (iii) una mayoría de dos tercios de la Convención Diocesana, o (iv) al menos cinco Obispos concluyan que un Obispo de la Diócesis mencionada tiene un impedimento serio, ya sea en razón de su estado físico, psicológico o emocional, y que dicha incapacidad está ocasionando daño considerables, o representa un riesgo significativo de ocasionar daños considerables al Obispo en cuestión, a su familia, a la Diócesis, a la Iglesia o a cualquier otra persona o comunidad, la persona u organismo que llegue a esa conclusión podrá pedirle al Obispo Presidente, por escrito, que interceda y ayude en el asunto. La petición escrita deberá incluir suficiente información para enterar al Obispo Presidente y a las partes interesadas de los detalles de la presunta incapacidad. El Obispo Presidente tomará las medidas correspondientes dependiendo de las circunstancias con el fin de confirmar la naturaleza y la severidad de cualquier incapacidad y para atender dicha incapacidad, las medidas pueden incluir, entre otras, el nombramiento de un médico u otro profesional, consultor o mediador, así como el seguro de la Directiva Pastoral.

Sec. 12. Conciliación de desacuerdos que afectan a la relación pastoral entre un obispo y una diócesis

Cuando la relación pastoral entre un Obispo Diocesano, Obispo Coadjutor u Obispo Sufragáneo y la Diócesis esté en peligro debido a desacuerdo o disensión, y los problemas sean considerados graves por un Obispo de esa Diócesis, por mayoría de dos tercios de los votos de todos los miembros del Comité Permanente o por mayoría de dos tercios de los votos de la Convención Diocesana, cualquiera de las partes puede pedir al Obispo Presidente, por escrito, que intervenga y ayude a las partes en sus esfuerzos por resolver el desacuerdo o la disensión. La petición escrita deberá incluir suficiente información del Obispo Presidente y a las partes interesadas de la naturaleza, las causas y detalles de los desacuerdos o disensiones que están afectando a la relación pastoral. El Obispo Presidente iniciará los procesos que estime convenientes para ese propósito, en las circunstancias dadas para intentar reconciliar a las partes, lo cual podría incluir el nombramiento de un consultor o mediador autorizado para ejercer e incluirá cuidado pastoral para todos los individuos y las partes afectadas. Las partes en desacuerdo, siguiendo las recomendaciones del Obispo Presidente, trabajarán de buena fe para lograr la reconciliación. Si esas actuaciones dan lugar a la reconciliación, dicha reconciliación deberá contener definiciones de la responsabilidad y rendición de cuentas para el Obispo y la Diócesis. En caso de que no se haya logrado la reconciliación dentro de los nueve meses posteriores a la fecha en que el Obispo Presidente recibió inicialmente el comunicado de la Diócesis, las partes en desacuerdo se reunirán y decidirán si continuarán o no buscando la reconciliación según lo indica esta Sección o si concluirán el proceso, también de acuerdo con lo establecido en la presente. Si las partes no llegan a un acuerdo, el proceso de esta Sección se dará por concluido. Las partes notificaran por escrito su decisión al Obispo Presidente. Si las partes están de acuerdo en continuar buscando la reconciliación, cualquiera de ellas puede concluir los procesos en cualquier momento mediante una notificación por escrito dirigida al Obispo Presidente y a la otra parte.

Sec. 13. Conciliación de desacuerdos que afectan a la relación colegial entre obispos de la misma diócesis

Cuando la relación colegial entre un Obispo Diocesano, Obispo Coadjutor u Obispo Sufragáneo y la Diócesis esté en peligro debido a desacuerdo o disensión, y los problemas sean considerados graves por un Obispo de esa Diócesis o por mayoría de dos tercios de los votos de todos los miembros del Comité Permanente o por mayoría de dos tercios de los votos de la Convención Diocesana, cualquiera de las partes puede pedir al Obispo Presidente, por escrito, que intervenga y ayude a las partes en sus esfuerzos por resolver el desacuerdo o la disensión. La petición escrita deberá incluir suficiente información del Obispo Presidente y a las partes interesadas de la naturaleza, las causas y detalles de los desacuerdos o disensiones que están afectando a la relación colegial. El Obispo Presidente iniciará los procesos que estime convenientes en las circunstancias dadas para tratar de reconciliar a las partes, lo cual puede incluir el nombramiento de un consultor o mediador autorizado. Las partes en desacuerdo, siguiendo las recomendaciones del Obispo Presidente, trabajarán de buena fe para lograr la reconciliación. Si esas actuaciones dan lugar a la reconciliación, dicha reconciliación deberá contener definiciones de la responsabilidad y rendición de cuentas para los Obispos y las Diócesis.

Sec. 14. Disolución de la relación pastoral entre el Obispo y la Diócesis

a. Si por alguna razón urgente un Obispo, una mayoría de dos tercios de todos los miembros del Comité Permanente o la mayoría de dos tercios de los votos de la Convención Diocesana, con base en una votación en una reunión debidamente convocada, desea una disolución de la relación pastoral y las partes no pueden convenir, cualquiera de las partes podrá notificarle por escrito al Obispo Presidente y también con copia al Obispo o al Comité Permanente si la decisión proviene de la Convención Diocesana. Dicho aviso deberá incluir suficiente información para informar al Obispo Presidente y a las partes interesadas la naturaleza, las causas y detalles que requieren la disolución de la relación pastoral. Si las partes han participado en procesos de mediación o consulta, se presentará al Obispo Presidente con copias para el Obispo y el Comité Permanente, un informe separado preparado por el mediador o consultor.

b. En un plazo de treinta días a partir del recibo del aviso por escrito, el Obispo Presidente podrá iniciar otros procesos de conciliación entre el Obispo y el Comité Permanente, valiéndose de todos los medios que estime convenientes.

c. Si las diferencias entre las partes no se resolvieran luego de concluida la mediación u otras actividades o medidas de reconciliación prescritas por el Obispo Presidente, el asunto procederá de la manera siguiente:

Sec. 1.

Una diócesis sin Obispo, mediante decreto de su Convención y en consulta con el Obispo Presidente, podrá ser puesta bajo la responsabilidad y autoridad provisional del Obispo de otra Diócesis, o de un Obispo que haya presentado su renuncia, o de un Obispo que haya sido recibido en esta Iglesia de conformidad con el Canon III.10.5, quien estará facultado por ese acto para realizar todos los deberes y oficios del Obispo de la Diócesis hasta que se elija y ordene a un nuevo Obispo para la misma, o hasta que se revoque esa medida de la Convención.

Sec. 2.

Cualquier Obispo, a invitación de la Convención o del Comité Permanente de una diócesis donde no hubiere Obispo, podrá visitar y ejercer los oficios episcopales en esa diócesis o en cualquier parte de ella. Esta invitación podrá incluir una carta de acuerdo, será establecida por un período determinado y se podrá revocar en cualquier momento.

Sec. 3.

Mientras se encuentre al cuidado provisional de un Obispo, la diócesis no podrá invitar a ningún otro Obispo a cumplir ahí con ningún deber episcopal ni a ejercer autoridad alguna sin el consentimiento del Obispo encargado.

Sec. 1.

a. Una Orden Religiosa de esta Iglesia es una sociedad de cristianos (en comunión con la Sede de Canterbury) que voluntariamente se comprometen de por vida, o por una cierta cantidad de años, a mantener todas sus posesiones en común o en una sociedad de fideicomiso, a mantener una vida de celibato en comunidad y a atenerse a sus Reglas y Constitución.

b. Para ser reconocida oficialmente, la orden religiosa debe tener por lo menos seis miembros profesos, ser aprobada por el Comité Permanente sobre Comunidades Religiosas de la Cámara de Obispos y registrarse ante dicho Comité. El Comité Permanente de Comunidades Religiosas mantendrá la lista oficial de órdenes Religiosas reconocidas.

c. Cada orden tendrá un Obispo Visitante o Protector que no necesita ser el Obispo de la Diócesis en la cual la orden esté establecida. No obstante, si el Obispo Visitante o Protector no es el Obispo de la diócesis en que está situada la casa matriz de la orden, no aceptará la elección sin el consentimiento del Obispo de dicha diócesis. Él será el Coadjutor de la Constitución de la orden y servirá de árbitro en asuntos que la orden o sus miembros no puedan resolver mediante un proceso normal.

d. Cualquier persona sujeta a votos en una Orden Religiosa, después de agotar todos los procesos normales de la orden, podrá solicitar al Obispo Visitante o Protector que se le dispense de dichos votos. En el caso de que el peticionario no quede satisfecho con el dictamen del Obispo visitante o protector al respecto, podrá elevar una petición ante el Obispo Presidente de esta Iglesia, quien designará a una junta de tres Obispos para evaluar la petición y las decisiones al respecto y hacer una recomendación ante el Obispo Presidente. Este último tendrá la autoridad máxima de dispensación para las órdenes religiosas y su dictamen sobre la petición será definitivo.

e. La orden religiosa podrá establecer una cámara en una Diócesis solo con el permiso del Obispo de la misma. Este permiso una vez concedido no podrá ser revocado por él ni por ningún Obispo sucesor.

f. La Constitución de cada Orden Religiosa dispondrá sobre la propiedad legítima y la administración de las posesiones temporales de la Orden, y en el caso de que esta se disolviera o cesara de existir, dispondrá también sobre sus bienes según las leyes que rigen a las organizaciones sin fines de lucro (religiosas) en el estado donde la Orden esté incorporada.

g. Se reconoce que una Orden Religiosa no es una Parroquia, Misión, Congregación ni Institución de la Diócesis, según el significado del Canon I.7.3, y sus disposiciones no se aplicarán a las Órdenes Religiosas.

Sec. 2.

a. Una Comunidad Cristiana de esta Iglesia según este Canon es una sociedad de cristianos (en comunión con la Sede de Canterbury) que voluntariamente se comprometen de por vida, o por una cierta cantidad de años, a obedecer su reglamento y constitución.

b. Para ser reconocida oficialmente, la Comunidad Cristiana deber tener por lo menos seis miembros plenos según su Reglamento y Constitución, ser aprobada por el Comité Permanente sobre Comunidades Religiosas de la Cámara de Obispos y registrarse ante dicho Comité. El Comité Permanente de Comunidades Religiosas mantendrá la lista oficial de Comunidades Cristianas reconocidas.

c. Cada Comunidad Cristiana de esta Iglesia tendrá un Obispo Visitante o Protector que no es necesario que sea el Obispo de la Diócesis en la cual la comunidad esté establecida. No obstante, si el Obispo visitante o protector no es el Obispo de la diócesis en que está situada la casa matriz de la comunidad, no aceptará la elección sin el consentimiento del Obispo de dicha diócesis. Él será el Coadjutor de la Constitución de la comunidad y servirá de árbitro en asuntos que la comunidad o sus miembros no puedan resolver mediante un proceso normal.

d. Cualquier persona comprometida plenamente en dicha comunidad cristiana y que haya agotado todos los procesos normales de la comunidad, podrá solicitar al Obispo Visitante o Protector que le dispense de esa obligación. En el caso de que el peticionario no quede satisfecho con el dictamen del Obispo visitante o protector al respecto, podrá elevar una petición ante el Obispo Presidente de esta Iglesia, quien designará a una junta de tres Obispos para evaluar la petición y las decisiones al respecto y hacer una recomendación ante el Obispo Presidente. Este último tendrá la autoridad máxima de dispensación para las comunidades cristianas y su dictamen sobre la petición será definitivo.

e. Una Comunidad Cristiana podrá establecer una cámara en una Diócesis solo con el permiso del Obispo de la misma. Este permiso una vez concedido no podrá ser revocado por él ni por ningún Obispo sucesor.

f. La Constitución de cada Comunidad Cristiana dispondrá sobre la propiedad legítima y la administración de las posesiones temporales de la Comunidad, y en el caso de que esta se disolviera o cesara de existir, dispondrá también sobre sus bienes según las leyes que rigen a las organizaciones sin fines de lucro (religiosas) en el estado donde la Comunidad esté incorporada.

g. Se reconoce que una Comunidad Cristiana no es una Parroquia, Misión, Congregación o Institución de la Diócesis, según el significado del Canon I.7.3, y sus disposiciones no se aplicarán a las Comunidades Cristianas.

Sec. 3.

Todo Obispo que reciba los votos de un individuo que no sea miembro de una Orden Religiosa u otra Comunidad Cristiana, usando la fórmula para “separar o reservar para una vocación especial” que se encuentra en El Libro de Ritos Ocasionales o un rito similar, deberá registrar la siguiente información ante el Comité Permanente sobre Comunidades Religiosas de la Cámara de Obispos: el nombre de la persona que realiza los votos; la fecha del servicio; la naturaleza y el contenido del voto hecho, ya sea temporal o permanente; y cualquier otra consideración pastoral que se considere necesaria.

Sec. 1.

Habrá una Junta General de Capellanes Examinadores, constituida por cuatro Obispos, seis Presbíteros con curatos pastorales o en ministerios especializados, seis miembros de cuerpos docentes de Seminarios o de otras instituciones educativas acreditadas, y seis Laicos. Los miembros de la Junta serán escogidos por la Cámara de Obispos y confirmados por la Cámara de Diputados; la mitad de los miembros de cada una de las categorías mencionadas será electa y confirmada en cada reunión ordinaria de la Convención General por un período de dos convenciones. Tomarán posesión de su cargo en la clausura de dicha reunión y prestarán servicios hasta la clausura de la segunda reunión ordinaria subsiguiente. Ningún miembro servirá por más de 12 años consecutivos. Además, el Obispo Presidente, en consulta con el Presidente de la Junta, podrá designar a un máximo de cuatro miembros más para un período determinado. La Cámara de Obispos, en cualquier reunión especial que celebre antes de la siguiente Convención General, llenará las vacantes que se produzcan entretanto por el resto del período sin concluir. La Junta elegirá a su propia Presidente y Secretario, y tendrá la facultad de constituir comités necesarios para el desempeño de sus labores.

Sec. 2.

a. La Junta General de Capellanes Examinadores, con asistencia profesional, preparará al menos una vez al año un Examen General de Ordenación que abarcará las materias dispuestas en el Canon III.8.5.g, y lo llevará a cabo, administrará y evaluará con respecto a los Candidatos a las Sagradas Órdenes que sus diferentes Obispos hayan identificado ante la Junta.

b. Si un candidato no ha demostrado una capacidad adecuada en una o más de las áreas canónicas cubiertas por el Examen General de Ordenación, la Junta General de Capellanes Examinadores le recomendará a la Comisión sobre el Ministerio, y a través de la Comisión a la Junta de Capellanes Examinadores de la Diócesis a la que pertenece el candidato, si la hubiera, la manera de lograr un nivel de competencia adecuado.

Sec. 3.

La Junta General de Capellanes Examinadores podrá preparar, en cada período de la Convención, directrices basadas en el Canon III.8.5.g, las cuales se pondrán a disposición de todas las personas interesadas.

Sec. 4.

La Junta General de Capellanes Examinadores reportará, de inmediato y por escrito, al Candidato, al Obispo del Candidato y al Decano del Seminario al que asiste el Candidato, los resultados de todos los exámenes que se hayan administrado, junto con los exámenes mismos, ya sean satisfactorios o insatisfactorios, y preparará un informe separado para cada persona examinada. El Obispo habrá de transmitir dichos informes al Comité Permanente y a la Comisión. No obstante los resultados de los exámenes, en ningún caso el Comité Permanente podrá recomendar a un Candidato para Ordenación en virtud del Canon III.8 mientras el Comité Permanente no haya recibido de la Comisión sobre Ministerio, un certificado al efecto de que el Candidato ha demostrado ser apto en todas las materias dispuestas por el Canon III.8.5.g y h.

El informe de la Junta tendrá el siguiente formato:

A __________(Candidato), Reverendísimo ___________, Obispo de _____________ (o en ausencia del Obispo, al Comité Permanente de)____________: (Lugar)__________ (Fecha)______ Al Decano de (Lugar)__________ (Fecha)______ Nosotros, habiendo sido asignados como examinadores de A.B., hacemos constar por este medio que hemos examinado al mencionado A.B. en las asignaturas ordenadas en el Canon III.8. Conscientes de nuestra responsabilidad, emitimos el siguiente juicio: (Aquí se especifica la capacidad de A.B. en la materia señalada, o cualquier deficiencia en ella, como se desprenda del examen).

(Firma) _____________________________________

Sec. 5.

La Junta General de Capellanes Examinadores hará un informe sobre su labor para cada reunión ordinaria de la Convención General, y en los años que median entre las sesiones de la Convención General presentará un informe a la Cámara de Obispos.

Sec. 1.

a. Habrá una Junta del Ministerio de Transición, dependiente de la Convención General, que estará compuesta de doce miembros: cuatro Obispos, cuatro Presbíteros o Diáconos y cuatro Laicos.

b. Los Obispos serán nombrados por el Obispo Presidente. Los Presbíteros o Diáconos y los Laicos serán nombrados por el Presidente de la Cámara de Diputados. Todos los nombramientos de la Junta estarán sujetos a la confirmación de la Convención General.

c. Los miembros prestarán sus servicios en períodos que comenzarán en la clausura de la Convención General en que hayan sido confirmados y terminarán al concluir la segunda reunión ordinaria subsiguiente. Los miembros no podrán ejercer por períodos sucesivos.

d. En cada reunión ordinaria de la Convención General se nombrará a una mitad de los miembros para prestar servicio por períodos completos.

e. El Obispo Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados, según corresponda, nombrará a las personas que llenarán las vacantes. Dichos nombramientos cubrirán la parte restante del período de dichos miembros y, si en el ínterin hubiera una reunión ordinaria de la Convención General, los nombramientos por períodos que se extiendan más allá de dichas reuniones estarán sujetos a confirmación de la Convención General. Los miembros nombrados para cubrir dichas vacantes no quedarán descalificados para ser nombrados por períodos completos en el futuro.

Sec. 2.

Los deberes de la Junta serán:

a. Supervisar la Oficina del Ministerio de Transición.

b. Facilitar el apoyo para la capacitación de obispos y personal diocesano en los procesos del ministerio de transición.

c. Estudiar las necesidades y tendencias del ministerio de transición en La Iglesia Episcopal y en otros organismos cristianos.

d. Emitir y distribuir los reportes e información sobre el ministerio de transición que se consideren útiles para la Iglesia.

e. Cooperar con los Centros para la Misión y las otras Juntas, Comisiones y Agencias de la Iglesia que tengan relación con el ministerio de transición, y en particular con el Consejo Ejecutivo.

f. Informar sobre su trabajo y el trabajo de la Oficina del Ministerio de Transición en cada reunión ordinaria de la Convención General.

g. Reportarse anualmente ante el Consejo Ejecutivo como parte de su responsabilidad por los fondos que recibe la Oficina del Ministerio de Transición.

h. Trabajar en cooperación con el personal del Centro Episcopal.

i. Satisfacer otras obligaciones que pueda asignarle la Convención General.

En virtud del Bautismo, a todos los miembros de la Iglesia se les hace un llamado a la santidad de la vida y a la responsabilidad que nos debemos unos a los otros. La Iglesia y cada Diócesis apoyarán a sus miembros en su vida en Cristo y tratarán de resolver los conflictos fomentando la restauración, el arrepentimiento, el perdón, la restitución, la justicia, la enmienda de la vida y la reconciliación entre todos los involucrados o afectados. Este Título se aplica al Clero, cuyos miembros por sus votos de la ordenación han aceptado obligaciones y responsabilidades adicionales de doctrina, disciplina, culto y obediencia.

Salvo que se disponga expresamente lo contrario, o a menos que el contexto exija algo diferente, los siguientes términos y frases usados en este Título tendrán el siguiente significado:

Abogado Eclesiástico es uno o más abogados seleccionados de conformidad con los Cánones Diocesanos para que represente a la Iglesia en el proceso de conformidad con este Título. Los Cánones Diocesanos pueden facilitar un proceso para la destitución de un Abogado Eclesiástico con motivo. Un Abogado Eclesiástico desempeñará en nombre de la Iglesia todas las funciones necesarias para impulsar los procedimientos previstos en el presente Título. Cuando represente a la Iglesia, el Abogado Eclesiástico podrá consultar al Presidente de la Junta Disciplinaria en cualquier momento después de que el asunto se haya remitido fuera del Panel de Referencia, y, cuando el procesamiento del caso pudiera afectar la misión, la vida o el ministerio de la Iglesia, al Obispo Diocesano.

Abuso Sexual es cualquier Conducta Sexual realizada a pedido o con el consentimiento de una persona mayor de dieciocho años de edad y una persona menor de dieciocho años de edad, estudiante de escuela secundaria o legalmente declarado incompetente.

Acuerdo significará resolución escrita, la cual se negocia y conviene entre las partes resultando de un acuerdo para disciplina en virtud del Canon IV.9, conciliación en virtud del Canon IV.10 o un proceso de Panel de Conferencia en virtud del Canon IV.12. Todos los Acuerdos cumplirán con los requisitos del Canon IV.14.

Asesor es la persona familiarizada con las disposiciones y objetivos de este Título quien ha sido nombrada para apoyar, asistir, asesorar y, cuando expresamente autorizado en virtud de este Título, hablar en nombre de un Demandante o Acusado en cualquier asunto de disciplina, en virtud de este Título y tal como se dispone en el Canon IV.19.10.

Claro y Convincente significa que hay pruebas suficientes para convencer a las personas ordinariamente prudentes de que hay una alta probabilidad de que lo que se alega en realidad ocurrió. Se requiere más que tan solo el predominio de pruebas pero no se requieren pruebas más allá de duda razonable.

Clérigo es cualquier Obispo, Presbítero o Diácono de la Iglesia.

Comunicación Privilegiada es una comunicación o divulgación realizada en confianza que se espera que se mantenga privada (a) dentro del Rito de Reconciliación de un Penitente, (b) entre un cliente y su abogado, (c) entre un Acusado y un Asesor o entre un Demandante y un Asesor, (d) entre personas en una relación en la que las comunicaciones están protegidas por ley secular o Cánones Diocesanos, o (e) entre un Conciliador y los participantes en una conciliación en virtud del Canon IV.10.

Comunidad significará la parte de la Iglesia en la que un Clérigo realiza su ministerio, como por ejemplo una Diócesis, Parroquia, Misión, escuela, seminario, hospital, campamento o institución similar.

Conciliador es la persona nombrada para buscar una solución al asunto en virtud del Canon IV.10.

Conducta Impropia de un Clérigo significa cualquier trastorno o negligencia que perjudique la reputación, buen orden y disciplina de la Iglesia, o cualquier conducta de una naturaleza que pudiera desprestigiar a la Iglesia o las Sagradas Órdenes conferidas por la Iglesia.

Conducta Sexual es un contacto físico, movimiento del cuerpo, declaración, comunicación u otra actividad de naturaleza sexual, cuya finalidad es excitar o gratificar intereses eróticos o deseos sexuales.

Conducta Sexual Inapropiada La Conducta Sexual Inapropiada sexual significará (a) Abuso sexual, (b) Conducta sexual realizada por el Clérigo con una persona que no desee la Conducta Sexual o que no dé su consentimiento para la Conducta Sexual, o por la fuerza, intimidación, coacción o manipulación, o (c) Conducta Sexual a pedido, por consentimiento o por parte de un Clérigo, un empleado, voluntario, estudiante o consejero de ese Clérigo o en la misma congregación que el Clérigo, o una persona con quien el Clérigo tiene una Relación Pastoral.

Demandado (o Acusado) significa cualquier Clérigo (a) sujeto de un asunto que fue remitido para conciliación o al Panel de Conferencia o al Panel de Audiencias, (b) cuyo ministerio ha sido restringido, (c) al que se le impuso una Suspensión Administrativa, (d) que es sujeto de una investigación y a quien un investigador o el Obispo Diocesano le ha pedido que proporcione información o que formule una declaración, (e) que llegó a un acuerdo con el Obispo Diocesano respecto a medidas disciplinarias de conformidad con el Canon IV.9, o (f) cualquier Clérigo que pida una revisión en virtud del Canon IV.19.31.

Demandante significará (a) cualquier persona o personas de las que el Gestor recibe la información relativa a la presunta Ofensa y quien, previo consentimiento de esa(s) persona(s), sea nombrado Demandante por el Gestor o (b) toda Persona Perjudicada designada por el Obispo Diocesano y que, a discreción del Obispo Diocesano, debería asignársele el carácter de Demandante, siempre y cuando dicha Persona Perjudicada no rechace tal designación.

Directiva Pastoral es una directiva escrita dada por un Obispo a un Clérigo, que satisface los requisitos del Canon IV.7.

Disciplina de la Iglesia se encuentra en la Constitución, los Cánones y las Rúbricas y el texto del Libro de Oración Común.

Doctrina se refiere a las enseñanzas básicas y esenciales de la Iglesia, que se encuentran en el Canon de las Sagradas Escrituras tal como se las interpreta en el Credo de los Apóstoles y el Credo de Nicea, y en los ritos sacramentales, el Ritual y el Catecismo del Libro de Oración Común.

Gestor significa una o más personas nombradas por el Obispo Diocesano, después de consultarlo con la Junta Disciplinaria, a menos que sean seleccionadas de otra manera de conformidad con cánones diocesanos, a quien se les entrega la información relativa a las Infracciones. Las siguientes personas no pueden actuar como Gestores: (a) ningún Obispo; (b) ningún miembro del Comité Permanente de la Diócesis donde el asunto esté pendiente. Cada Diócesis debe tener por lo menos un Gestor que no tenga empleo directo ni otra relación de compensación con la Diócesis donde el asunto esté pendiente.

Investigador significará una persona que tiene (a) conocimientos, aptitud, experiencia y capacidad suficientes para realizar investigaciones de conformidad con este Título y (b) familiaridad con las disposiciones y objetivos de este Título.

Junta Disciplinaria es el organismo dispuesto en el Canon IV.5.1.

Ofensa es cualquier acto u omisión por el cual podrá hacerse responsable a un Clérigo en virtud de los Cánones IV.3 o IV.4.

Orden es una decisión escrita de un Panel de Conferencia o un Panel de Audiencias que se emite con o sin el consentimiento del Acusado. Todas las Órdenes cumplirán con los requisitos del Canon IV.14.

Pacto Restaurativo significa un acuerdo entre uno o más Demandantes o Personas Perjudicadas y un Clérigo, el cual se produce a partir de una conversación facilitada según el modelo del Canon IV.10.1, 2, y 4, que resuelve las problemáticas de un asunto pendiente de conformidad con este Título, y al que el Panel de Referencia ha dado su consentimiento.

Panel de Audiencias es un panel de tres o más miembros de la Junta Disciplinaria y deberá incluir a miembros clérigos y laicos seleccionados por el presidente de la Junta, a menos que en el Canon Diocesano se disponga otra forma de selección, para que actúe como el organismo ante la cual se celebrará una audiencia como se dispone en el Canon IV.13, con la salvedad de que ninguno de dichos miembros del Panel de Audiencias actúe como integrante del Panel de Conferencia en el mismo caso. El presidente de la Junta Disciplinaria no podrá integrar el Panel de Audiencias.

Panel de Conferencia es un panel de uno o más miembros de la Junta Disciplinaria seleccionado por el presidente de la junta, a menos que se disponga de otra manera en Canon Diocesano, para que actúe como el organismo ante el cual se celebrará una conferencia informal como se dispone en el Canon IV.12, con la salvedad de que ninguno de dichos miembros del Panel de Conferencia actúe como integrante del Panel de Audiencias en el mismo caso. El presidente de la Junta Disciplinaria no podrá integrar el Panel de Conferencia. Si el Panel de Conferencia consiste en más de un miembro, incluirá tanto a clérigos como laicos.

Panel de Referencia es un panel compuesto por el Gestor, el Obispo Diocesano y el presidente de la Junta Disciplinaria, para actuar como la entidad que cumple con los deberes prescritos en los Cánones IV.6 y IV.11.

Permiso Administrativo de Ausencia es una restricción en el ministerio mediante la cual se suspende por completo el ejercicio del ministerio del Acusado durante el período de dicho Permiso Administrativo de Ausencia, y podría incluir la suspensión de todas sus funciones eclesiásticas y seculares relacionadas.

Persona Perjudicada es una persona, grupo o Comunidad que ha sido, está o podría ser afectada por una Ofensa.

Relación Pastoral significa una relación entre un Clérigo y una persona a la cual el Clérigo proporcione o haya proporcionado consejos, atención pastoral, dirección u orientación espiritual, o de quien dicho Clérigo ha recibido información durante del Rito de Reconciliación de un Penitente.

Respuesta Pastoral significa una respuesta ofrecida por el Obispo Diocesano, la cual encarna el respeto, el cuidado y la preocupación por las personas y las Comunidades afectadas. La respuesta debe estar diseñada para promover la sanación, el arrepentimiento, el perdón, la restitución, la justicia, la enmienda de la vida y la reconciliación entre todos los involucrados o afectados. Una respuesta pastoral puede concluir un asunto de conformidad con el presente Título en lugar de, o en conjunto con, una acción disciplinaria. Una respuesta pastoral también puede concluir un asunto de conformidad con este Título mediante un Pacto Restaurativo.

Sentencia es el pronunciamiento de disciplina de un Clérigo de conformidad con un Acuerdo u Orden en la forma de (a) admonición, en la cual la conducta de dicho Clérigo se reprende o censura pública y formalmente, (b) una suspensión, en la cual a dicho Clérigo se le exige que se abstenga temporalmente de ejercer los dones del ministerio que se le confirieron por ordenación, o (c) una destitución en la cual a dicho Clérigo se le priva del derecho de ejercer los dones y la autoridad espiritual de los sacramentos y la palabra de Dios conferidos en la ordenación.

Tribunal de Revisión es un tribunal organizado y existente de conformidad con las disposiciones del Canon IV.5.4 para desempeñarse como la entidad que lleva a cabo los deberes descritos en el Canon IV.15.

Sec. 1.

Un Clérigo estará sujeto a proceso en virtud de este Título por las siguientes razones:

a. Violar o intentar violar a sabiendas, directamente o mediante actos de otra persona, la Constitución o los Cánones de la Iglesia o de cualquier Diócesis.

b. No cooperar, sin causa que lo justifique, con investigaciones o procesos llevados a cabo bajo la autoridad que emana de este Título.

c. Acusar falsamente en forma intencional y maliciosa o brindar falso testimonio o suministrar pruebas falsas, a sabiendas, en investigaciones o procesos realizados según lo dispuesto en este Título.

d. Tergiversar intencionalmente u omitir cualquier hecho material al solicitar la admisión a la Postulación, admisión a la Candidatura, para la ordenación como Diácono o Presbítero, a la recepción de otra Iglesia como Diácono o Presbítero, o a la nominación o nombramiento como Obispo.

e. Despedir, degradar o tomar represalias contra cualquier persona porque la persona se haya opuesto a cualquier práctica prohibida en virtud de este Título porque la persona haya reportado información concerniente a una Infracción, o porque haya declarado o ayudado en cualquier proceso en virtud de este Título.

Sec. 2.

Un Clérigo será responsable de cualquier violación de las Normas de Conducta dispuestas en el Canon IV.4.

Sec. 3.

A fin de que una conducta o condición se someta a las disposiciones de este Título, la Ofensa que origine la acusación deberá violar las disposiciones aplicables del Canon IV.3 o IV.4 y deberá ser material y sustancial o de clara y de gran importancia para el ministerio de la Iglesia.

Sec. 1.

Durante el ejercicio de su ministerio, un Clérigo deberá:

a. Respetar y conservar lo que otros le confíen, salvo que las obligaciones pastorales, legales o morales del ministerio puedan requerir la divulgación de esa información aparte de las Comunicaciones Privilegiadas;

b. Seguir las directivas de las Rúbricas del Libro de Oración Común;

c. Cumplir con las promesas y votos hechos durante la ordenación;

d. Cumplir con los requisitos de cualquier Acuerdo u Orden, de cualquier Directiva Pastoral aplicable, restricción al ministerio o aplicación de Permiso Administrativo de Ausencia decretado en virtud del Canon IV.7; o Pacto Restaurativo suscrito de conformidad con el Canon IV.8.6;

e. Salvaguardar la propiedad y los fondos de la Iglesia y la Comunidad;

f. Informar al Gestor de todo asunto que pudiera constituir una Ofensa, como se define en el Canon IV.2, satisfaciendo las normas del Canon IV.3.3, salvo aquellos asuntos divulgados al Clérigo como confesor dentro del Rito de Conciliación de un Penitente;

g. Ejercer su ministerio según las disposiciones correspondientes de la Constitución y los Cánones de la Iglesia y de la Diócesis, comisión o licencia eclesiástica, y reglas o estatutos de la Comunidad;

h. Abstenerse de lo siguiente:

Sec. 1.

Cada diócesis deberá, por Canon, crear un tribunal que se conocerá como Junta Disciplinaria, tal como se describe en este Canon. Estas Juntas estarán compuestas por no menos de siete personas, que se seleccionarán según lo determine el Canon Diocesano. En la integración de tales Juntas habrá laicos y Presbíteros o Diáconos y la mayoría de los miembros de la Junta serán Presbíteros o Diáconos, pero esa superioridad numérica no será mayor a uno. Dentro de los sesenta días posteriores a cada convención diocesana, la Junta se reunirá para elegir un presidente para el año siguiente, a menos que el Canon Diocesano defina otro método para elegir el presidente.

Sec. 2.

Las disposiciones del Canon IV.19 se aplicarán a todas las Juntas Disciplinarias.

Sec. 3.

Las siguientes reglas regirán las operaciones de toda Junta Disciplinaria:

a. En caso de que un integrante de la Junta falleciera, renunciara, declinara servir en ella o sufriera una discapacidad que le imposibilitara ejercer su cargo, el presidente declarará la existencia de una vacante en la Junta.

b. Los avisos de renuncia o negativa a servir en la Junta se comunicarán por escrito al presidente.

c. Ninguna persona que sirva en una Diócesis como Canciller, Vicecanciller, Asesor, Conciliador, Abogado Eclesiástico, Gestor o Investigador podrá servir en la Junta Disciplinaria de esa Diócesis, y ningún miembro de una Junta Disciplinaria podrá ser seleccionado para servir en esos puestos en la misma Diócesis. Un miembro del Comité Permanente de una Diócesis podrá servir en la Junta Disciplinaria si así lo disponen los Cánones de la Diócesis. Si un Presbítero elegido para desempeñarse en la Junta fuera elegido Obispo, o si un miembro laico fuera ordenado antes del inicio de un proceso en virtud de este Título, dicha persona dejará de pertenecer a la Junta de inmediato. Si ya se hubiera iniciado un proceso, esa persona podrá seguir formando parte de la Junta durante todos los procesos relativos a ese asunto hasta que este se dé por terminado. El laico que cese de ser miembro en virtud de esta subsección por motivo de ordenación podrá ser nombrado para cubrir una vacante entre los clérigos miembros de la Junta.

d. Cada Diócesis dispondrá en Canon la cobertura de las vacantes que se produzcan en la Junta. En caso de que no hubiera tales disposiciones canónicas en la Diócesis, las vacantes que se produjeran en la Junta se cubrirán mediante nombramientos realizados por el Obispo Diocesano, y los nombrados deberán ser del mismo orden que el miembro de la Junta al que reemplazan.

e. Los procesos de los Paneles de la Junta Disciplinaria se llevarán a cabo según las reglas establecidas en este Título. La Junta podrá adoptar, modificar o rescindir reglas de proceso suplementarias, siempre y cuando no contravengan la Constitución y los Cánones de la Iglesia.

f. Las reglas de pruebas para los procesos serán las establecidas en el Canon IV.13.10.

g. La Junta Disciplinaria nombrará a un actuario que podrá ser un miembro de la Junta, el cual actuará como conservador de todas las actas y archivos de la Junta Disciplinaria y que proporcionará los servicios administrativos que sean necesarios para el funcionamiento de dicha Junta. El actuario, o un asistente del actuario que pueda ser nombrado a discreción de la Junta, puede ser cualquier persona calificada que no tenga ningún conflicto de intereses en el asunto ante dicha Junta y que no tenga impedimento para servir en la Junta Disciplinaria en virtud de las disposiciones del Canon IV.5.3.c ni forme parte del personal de las personas excluidas.

h. La Junta Disciplinaria conservará actas de todos los procesos ante sus Paneles de Audiencias en un formato que se pueda reducir a una transcripción en caso necesario. El presidente del Panel certificará las actas de cada proceso. Si por causa de fallecimiento, discapacidad o ausencia del presidente, este no pudiera certificar las actas, dichas actas serán certificadas por otro integrante del Panel, quien será seleccionado por una mayoría de los restantes miembros del Panel.

i. Cualquier Diócesis podrá acordar por escrito con una o más Diócesis crear y compartir los recursos necesarios para implementar este Título, incluidos los miembros de las Juntas Disciplinarias, Abogados Eclesiásticos, Gestores, Asesores, Investigadores, Conciliadores y recursos administrativos y económicos de apoyo para los procesos que dispone este Título.

j. Los Abogados Eclesiásticos, Gestores, Asesores, Investigadores y Conciliadores no necesariamente deberán residir o ser miembros de las diócesis donde se llevan a cabo los procedimientos. Los miembros de las Juntas Disciplinarias serán miembros de la Diócesis en la cual sirven, a menos que dicha Diócesis hubiera acordado compartir recursos con otras diócesis, como se dispone en el Canon IV.5.3.i.

Sec. 4.

Habrá un tribunal que se denominará Tribunal de Revisión, con potestad para recibir y fallar sobre las apelaciones de los Paneles de Audiencias de las Diócesis pertenecientes a la Provincia, según lo dispuesto en el Canon IV.15 y para determinar asuntos de jurisdicción, de la manera dispuesta en el Canon IV.19.5.c.

a. El Tribunal de Revisión se compone de: i. Tres Obispos, seis Clérigos que deben incluir al menos dos Presbíteros y al menos dos Diáconos, y seis laicos; y ii. Un Obispo, un Sacerdote o Diácono, y un Laico para servir como suplentes según lo dispuesto en esta Sección.

b. El Comité Permanente Conjunto sobre Nominaciones propondrá a un grupo de candidatos del Clero y laicos para elección al Tribunal de Revisión, de conformidad con el cargo y los procedimientos canónicos del Comité Permanente Conjunto sobre Nominaciones, basándose en el conjunto de conocimientos necesarios para prestar un servicio eficaz en el Tribunal de Revisión. El Comité Permanente Conjunto sobre Nominaciones nombrar a más personas de las que hay vacantes, aunque no necesariamente. Los Clérigos y los laicos nominados para el Tribunal de Revisión pueden ser Diputados de la Convención General, aunque eso no es necesario. El Comité Permanente Conjunto sobre Nominaciones creará una descripción de las habilidades, dones y experiencia requeridas para servir en el Tribunal de Revisión, tras consultar con el Tribunal, y tomando en cuenta el valor de la diversidad cultural y geográfica en el Tribunal y el valor de incluir voces históricamente subrepresentadas en el gobierno de la Iglesia.

c. Los Obispos y los Obispos Suplentes miembros del Tribunal de Revisión serán nominados por el Obispo Presidente después de consultar con el Comité Permanente Conjunto sobre Nominaciones, y luego elegidos por la Cámara de Obispos en una reunión ordinaria de la Convención General.

d. Los Clérigos, los laicos y los suplentes del Tribunal de Revisión serán elegidos por la Cámara de Diputados en una reunión ordinaria de la Convención General.

h. El Tribunal de Revisión debe seleccionar a un Presidente de entre sus miembros. El Presidente será un Presbítero, Diácono o Laico.

i. Las personas nombradas para integrar el Tribunal de Revisión continuarán sirviendo en él hasta que se haya elegido a sus respectivos sucesores, salvo en caso de fallecimiento, renuncia o negativa a servir en él. Los miembros del Tribunal de Revisión que actualmente están designados para un panel continuarán en ese panel hasta que se haya completado su trabajo.

j. Ningún Obispo o Clérigo del Tribunal de Revisión puede servir en un asunto originado en la Diócesis en la que dicho Obispo o Clérigo resida canónicamente o esté en ese momento autorizado a servir, y ningún miembro laico puede servir en un asunto originado en la Diócesis de la residencia principal del miembro laico o una Diócesis en la que el miembro laico esté activo en ese momento.

k. Si algún miembro del Tribunal de Revisión es excusado en cumplimiento del Canon IV.5.3.c, o si los demás miembros del Tribunal de Revisión debieran descalificarlo por objeción de cualquiera de las partes a la apelación, su puesto será ocupado por su suplente.

l. En caso de que un miembro del Tribunal de Revisión falleciera, renunciara, declinara servir en él o sufriera una discapacidad que le imposibilitara ejercer su cargo, y si además ningún otro miembro del Tribunal estuviera disponible para servir, el presidente del Tribunal de Revisión debe declarar la existencia de una vacante. Los avisos de renuncia o negativa a servir deben comunicarse por escrito al Presidente del Tribunal de Revisión.

m. Las vacantes en el Tribunal de Revisión deben cubrirse por parte del Presidente de la Cámara de Diputados en el caso de laicos y clérigos, y por parte del Obispo Presidente en el caso de Obispos, en un plazo de sesenta días a partir de que el Presidente del Tribunal de Revisión declare una vacante en dicho tribunal.

n. El Tribunal de Revisión debe nombrar a un actuario que podría ser un miembro del Tribunal, quien actuará como conservador de todas las actas y archivos del Tribunal de Revisión y quien desempeñará los servicios administrativos que sean necesarios para el funcionamiento del Tribunal.

o. Las reglas de proceso para apelaciones ante el Tribunal de Revisión son las que se detallan en el Canon IV.15, pero el Tribunal de Revisión puede adoptar, modificar o rescindir reglas de proceso suplementarias, siempre y cuando no contravengan la Constitución y los Cánones de esta Iglesia.

p. Por causa justificada, el Tribunal de Revisión podrá extender cualquier plazo previsto en este Título relativo al Tribunal de Revisión, excepto el plazo para presentar un aviso de apelación.

Sec. 1.

Cada diócesis proporcionará y publicará métodos y medios para dar a conocer información relativa a Ofensas.

Sec. 2.

La información relativa a Ofensas podrá enviarse al Gestor del modo que se considere conveniente.

Sec. 3.

Cualquier persona que no sea el Gestor que reciba la información relativa a una Ofensa, deberá proporcionar diligentemente dicha información al Gestor. El Obispo Diocesano remitirá información al Gestor en cualquier momento que el Obispo Diocesano piense que la información podría indicar conducta que constituye una o más Ofensas.

Sec. 4.

Una vez recibida la información, el Gestor podrá realizar cualquier investigación preliminar que estime conveniente para tomar una determinación, como se describe en los Cánones IV.6.5 y IV.6.7, e incorporará la información a un informe escrito, en el cual incluirá tantos detalles como le sea posible. En un período de 45 días después de recibir la información concerniente a una infracción, el Gestor deberá proporcionar copias del informe inicial a los demás miembros del Panel de Referencia y al Abogado Eclesiástico. El plazo de 45 días puede ampliarse con el consentimiento del Panel de Referencia.

Sec. 5.

Si el Gestor determinara que la información, a pesar de ser verdadera, no constituiría una Ofensa, el Gestor informará al Obispo Diocesano de su intención de desestimar el asunto. Si el Obispo Diocesano no se opone, el Gestor desestimará el asunto. El Gestor dará aviso por escrito al Demandante, al Clérigo implicado y al Obispo Diocesano implicado respecto a su decisión de desestimación, las razones para ello y el derecho de apelación del Demandante en cuanto a la decisión en un plazo de treinta días siguientes a la fecha de su aviso y enviará una copia de ese aviso y del informe escrito al presidente de la Junta Disciplinaria. Si el Demandante desea apelar la desestimación, el Obispo nombrará un Asesor para el Demandante dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación de desestimación. El Asesor ayudará al Demandante a preparar y firmar una declaración escrita de los actos de la queja, cuya declaración se enviará será enviada por el Asesor al presidente de la Junta Disciplinaria junto con una declaración de que el Demandante apela la desestimación. El informe de gestión y cualquier información afín, en el caso de desestimación, será retenido por el Gestor y podrá ser considerada en conexión con cualquier otra información que pudiera llegar al Gestor posteriormente sobre el asunto del Clérigo.

Sec. 6.

En caso de que se apelara la desestimación, el presidente de la Junta Disciplinaria revisará, dentro de los treinta días de recibirse la apelación, el informe correspondiente ya sea para ratificar o para anular la desestimación. El presidente dará aviso de inmediato de su decisión al Demandante y al Asesor del Demandante, al Miembro del Clero sujeto y al Asesor del Miembro sujeto, en su caso, al Gestor y al Obispo Diocesano. Si la decisión fuera anular la desestimación, el presidente derivará el informe al Panel de Referencia en un plazo de 15 días.

Sec. 7.

Si el Gestor determinara que la información, en caso de ser verdadera, sí constituye una Ofensa, el Gestor elevará de inmediato su informe al Panel de Referencia. El presidente seleccionará de inmediato entre los miembros de la Junta Disciplinaria, un Panel de Conferencia y un Panel de Audiencias y nombrará un presidente para cada Panel. Al mismo tiempo que se remite el informe inicial al Panel de Referencia, el Gestor enviará una notificación al Clérigo sujeto del asunto informando de la naturaleza de la(s) presunta(s) ofensa(s), la identidad de cualquier persona que haya sido nombrada del Demandante y con una descripción de los próximos pasos procesales que el Clérigo puede prever. La notificación también deberá recordar al Clérigo de su deber en virtud del Canon IV.3.1.b de cooperar en los procesos subsiguientes. Al mismo tiempo, el Gestor deberá proporcionar una copia de la notificación al Demandante y a cualquier otra persona de quien el Gestor haya recibido información relativa a la supuesta infracción.

Sec. 8.

El Panel de Referencia deberá reunirse dentro de un plazo de 45 días después de recibir el informe inicial y deberá determinar cómo remitirlo. Las opciones de remisión son (a) concluir el asunto con una respuesta pastoral apropiada de conformidad con el Canon IV.8; (b) Conciliación de conformidad con el Canon IV.10; (c) investigación de conformidad con en el Canon IV.11 o bien (d) remisión al Panel de Conferencia de conformidad con el Canon IV.12; o (e) remisión para llegar a un posible acuerdo con el Obispo Diocesano respecto a los términos de disciplina de conformidad con el Canon IV.9. Las decisiones sobre remisiones requieren la aprobación de la mayoría de los miembros del Panel de Referencia. El Panel de Referencia establecerá un horario para cada opción aprobada y el Presidente de la Junta Disciplinaria será responsable de vigilar dicho horario.

Sec. 9.

Salvo en circunstancias extraordinarias, y sin perjuicio de cualquier otra disposición del presente Título, todos los asuntos denunciados ante un Gestor deberán llegar a una resolución definitiva, sin apelación, en un plazo de 15 meses a partir de la fecha del informe de admisión inicial. El Presidente de la Junta Disciplinaria, previa consulta con los paneles pertinentes, podrá, a su entera discreción, ajustar razonablemente los plazos especificados en el presente Título en relación con los asuntos ante los paneles, con el fin de garantizar un progreso oportuno.

Sec. 10.

El Panel de Referencia deberá supervisar mensualmente el avance de cada referencia para asegurarse de que el asunto esté progresando de manera oportuna. El Gestor informará por lo menos mensualmente al Acusado, al Asesor del Acusado, al abogado del Acusado, si lo hubiere, al Demandante, al Asesor del Demandante y al abogado del Demandante, si lo hubiere, sobre el progreso en el asunto. En caso de que el Gestor no presente un informe al menos una vez al mes, el Acusado o el Demandante podrán presentar una petición por escrito ante el Presidente de la Junta Disciplinaria, la cual deberá presentar un informe por escrito en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de la petición de proporcionar informes.

Sec. 11.

Hasta el momento en que el asunto se remita a un Panel de Audiencias, si el Panel de Referencia determina que el asunto ha llegado a un impasse o que no está progresando de manera oportuna, puede volver a remitir el asunto.

Sec. 12.

Si la decisión del Panel de Referencia es concluir el asunto con una respuesta pastoral apropiada, el panel dará aviso al Demandante y al Clérigo implicado sobre su decisión y las razones que lo llevaron a tomar la decisión. Si el asunto se remite a una conciliación, se aplicarán las disposiciones del Canon IV.10. Si el asunto se remite a una investigación, se aplicarán las disposiciones del Canon IV.11. Si la remisión es al Obispo Diocesano para un posible Acuerdo y no se llega a un Acuerdo dentro de los 90 días siguientes a la remisión, el Panel de Referencia volverá a remitir el asunto, de conformidad con el Canon IV.6.11.

Sec. 13.

Todas las comunicaciones y deliberaciones durante las etapas de recibo de información y remisión (incluidas las identidades de los Demandantes, las Personas Perjudicadas u otras personas que denuncien información relacionada con una Infracción) serán confidenciales, salvo cuando el Obispo Diocesano las considere pastoralmente apropiadas o cuando así lo exija la ley.

Sec. 1.

En cualquier momento, el Obispo Diocesano podrá emitir una Directiva Pastoral a un Clérigo con residencia canónica, residente en efecto o con licencia para ejercer en la Diócesis.

Sec. 2.

La Directiva Pastoral deberá (a) hacerse por escrito; (b) establecer claramente los motivos de la Directiva Pastoral; (c) establecer claramente qué se le exige al Clérigo; (d) ser emitida en la capacidad del Obispo Diocesano como pastor, maestro y supervisor del Clérigo; (e) no ser de naturaleza caprichosa ni arbitraria, ni bajo ningún concepto contrariar la Constitución y los Cánones de la Convención General o la Diócesis; y (f) estar dirigida a temas relativos a la Doctrina, la Disciplina o el Culto de la Iglesia, o al estilo de vida y comportamiento del Clérigo en cuestión; y (g) presentársele oportunamente al Clérigo.

Sec. 3.

Si en cualquier momento el Obispo Diocesano determinara que un Clérigo podría haber cometido una Ofensa o que el bienestar o seguridad de la Iglesia o de cualquier persona o Comunidad pudieran estar amenazados por ese Clérigo, el Obispo Diocesano podrá, sin aviso ni audiencia previos, (a) aplicar restricciones al ejercicio del ministerio de dicho Clérigo o (b) disponer la Suspensión Administrativa de dicho Clérigo.

Sec. 4.

Cualquier restricción al ministerio establecido en virtud del Canon IV.7.3.a o la puesta en Suspensión Administrativa de conformidad con el Canon IV.7.3.b debe (a) hacerse por escrito; (b) disponer claramente las razones por las que se emitió; (c) disponer claramente las limitaciones y condiciones impuestas y la duración de las mismas; (d) establecer claramente los cambios, de haberlos, en los términos de la remuneración y su duración; (e) no ser de naturaleza ni caprichosa ni arbitraria ni de ninguna forma contraria a la Constitución y los Cánones de la Convención General o la Diócesis; (f) ser entregada puntualmente al Clérigo; y (g) informarle al Clérigo de su derecho a ser escuchado en el asunto conforme a lo dispuesto en este Canon. El Abogado Eclesiástico recibirá de inmediato una copia del documento antes mencionado.

Sec. 5.

La duración de la restricción del ejercicio del ministerio o el Permiso Administrativo de Ausencia podrá durar un cierto plazo dispuesto o prolongarse hasta que se produzca un evento específico o hasta que se satisfaga una condición especificada.

Sec. 6.

Las Directivas Pastorales, restricciones al ministerio y Permisos Administrativos de Ausencia (a) podrán ser emitidos e impuestos en cualquier orden cronológico; (b) podrán ser emitidos e impuestos de manera concurrente; y (c) podrán ser modificados en cualquier momento por el Obispo emisor o el sucesor de ese Obispo, siempre y cuando la Directiva Pastoral, restricción al ministerio o Permiso Administrativo de Ausencia, con sus modificaciones, satisfaga los requisitos de este Canon.

Sec. 7.

Cualquier Directiva Pastoral, restricción al ministerio o Suspensión Administrativa en virtud de este Canon será efectiva en el momento de que el Clérigo reciba el documento que lo establece como se dispone en el Canon IV.19.20.

Sec. 8.

Si la imposición de la restricción al ejercicio del ministerio o de la Suspensión Administrativa se produjera antes de que el Gestor recibiera la información pertinente, de la manera dispuesta en el Canon IV.6, el Obispo le enviará una copia del documento, que será recibida como informe sobre una Ofensa y se procederá de la manera dispuesta en el Canon IV.6.

Sec. 9.

El Obispo Diocesano podrá divulgar la información relativa a Directivas Pastorales, restricción al ejercicio del ministerio o Permiso Administrativo de Ausencia si lo considerara conveniente desde el punto de vista pastoral o si fuera necesario para obtener autoridad diocesana para resolver el asunto o cualquiera de sus partes.

Sec. 10.

Toda imposición de una restricción al ejercicio del ministerio o de un Permiso Administrativo de Ausencia estará sujeta a revisión si así lo pidiera el Clérigo en cualquier momento mientras la medida esté en vigencia. Toda petición de revisión deberá hacerse por escrito y dirigirse al presidente de la Junta Disciplinaria y el Abogado Eclesiástico, con copia al Obispo Diocesano. En virtud de este Título, el Clérigo que pide una revisión se considera como Acusado. Las revisiones se realizarán dentro de los quince días siguientes a la entrega de la petición de revisión al presidente de la Junta Disciplinaria, a menos que dicho plazo se amplíe, con el consentimiento del Acusado. Si se ha evaluado una vez alguna restricción sobre ministerio o se ha dispuesto una Suspensión Administrativa, se podrá presentar una segunda petición de evaluación si se ha producido algún cambio considerable de circunstancias desde el momento de la primera petición o si ha habido modificación en la restricción del ministerio o se ha dispuesto una Suspensión Administrativa.

Sec. 11.

Si la petición de revisión de la restricción al ejercicio del ministerio o de la imposición de un Permiso Administrativo de Ausencia se realizara antes de que el caso fuera remitido al Panel de Conferencia, dicha revisión será llevada a cabo por el Panel de Conferencia. Si la petición de revisión de la restricción al ejercicio del ministerio o de la imposición de una Suspensión Administrativa se realizara después de que el caso fuera remitido al Panel de Conferencia pero antes de que fuera remitido al Panel de Audiencias, dicha revisión será llevada a cabo por el Panel de Conferencia. Si la petición de revisión de la restricción al ejercicio del ministerio o de la imposición de una Suspensión Administrativa se realizara después de que el caso fuera remitido al Panel de Audiencias dicha revisión será llevada a cabo por el Panel de Audiencias. El planteo ante el Panel que revisa la restricción al ejercicio del ministerio o la imposición de una Suspensión Administrativa es si, al momento de la revisión y de acuerdo con la información a disposición del panel en ese entonces, las medidas tomadas y los términos y condiciones de las mismas son justificadas. La revisión puede realizarse en persona o telefónicamente. El Gestor, el Acusado, su Asesor o abogado de haberlo, el Obispo, el Canciller y el Abogado Eclesiástico podrán estar presentes durante la revisión en forma personal o por vía telefónica, y cualquiera de estas personas que esté presente tendrá derecho a ser escuchada por el panel si así lo desea. El panel, a su entera discreción, podrá escuchar el testimonio de otras personas.

Sec. 12.

Después de realizar la revisión y escuchar el testimonio de las personas mencionadas en el Canon IV.7.11 que deseen ser escuchadas, el panel deliberará en privado y decidirá (a) disolver la restricción al ejercicio del ministerio o la imposición del Permiso Administrativo de Ausencia; (b) ratificar la restricción al ejercicio del ministerio o la imposición del Permiso Administrativo de Ausencia, así como sus términos y condiciones; o (c) ratificar la restricción al ejercicio del ministerio o el Permiso Administrativo de Ausencia, pero con modificación a sus términos y condiciones. La decisión del panel se comunicará por escrito y se entregarán copias al Acusado, al Abogado Eclesiástico, al Obispo Diocesano y al Gestor; dicha decisión será vinculante según los términos enunciados en el Canon IV.7.7. En caso de que se anule la restricción al ejercicio del ministerio o la imposición de una Suspensión Administrativa, el Obispo Diocesano podrá comunicar dicha decisión a las personas y Comunidades que hubieran recibido aviso de la restricción o Suspensión Administrativa según lo estime conveniente el Obispo Diocesano.

Sec. 13.

Todo Acuerdo u Orden resultante de las disposiciones de los Cánones IV.9, IV.10, IV.12 o IV.13, a menos que se especifique otra cosa, sustituirá la restricción al ejercicio del ministerio o la imposición de la Suspensión Administrativa que estuviera vigente hasta ese momento.

Sec. 1.

Cada vez que se presente un informe al Gestor, el Obispo Diocesano dará la respuesta pastoral que considere apropiada. Dicha respuesta pastoral deberá expresar respeto e interés por las personas y Comunidades afectadas. El espíritu de la respuesta deberá promover la sanación, el arrepentimiento, el perdón, la restitución, la justicia y la enmienda de la vida y la reconciliación entre todos los afectados. Si el informe implica un acusación de Conducta Sexual Inapropiada, el Obispo Diocesano deberá proporcionar una evaluación de atención pastoral profesional con el fin de ofrecer una respuesta pastoral adecuada. La respuesta pastoral incluirá a todas las personas y comunidades afectadas. La respuesta de atención pastoral se basará en la evaluación profesional de atención pastoral.

Sec. 2.

En cada respuesta pastoral, el Obispo Diocesano considerará ofrecer atención pastoral a todos los posibles afectados por una presunta Ofensa. Se evaluará la necesidad de ofrecer atención pastoral al Demandante y a sus familiares, al Acusado y a sus familiares, a las Personas Perjudicadas y a sus familiares, a cualquier Comunidad afectada, a los testigos y a la Junta Disciplinaria.

Sec. 3.

En cada caso y sin importar ninguna otra disposición de este Título que indique lo contrario, el Obispo Diocesano podrá divulgar la información relativa a la supuesta Ofensa o a cualquier Acuerdo u Orden que el Obispo Diocesano considere apropiado desde el punto de vista pastoral.

Sec. 4.

El Obispo Diocesano deberá tener en consideración los intereses de privacidad y las necesidades pastorales de todas las personas afectadas.

Sec. 5.

El Obispo Diocesano podrá designar a una o más personas para que sean responsables de poner en práctica la respuesta pastoral. Esa persona no debe ser el Gestor. Sus deberes podrían ser, entre otros, la coordinación de la atención pastoral y de las comunicaciones entre el Obispo Diocesano y los Asesores.

Sec. 6.

El Obispo Diocesano puede procurar una conversación facilitada según el modelo del Canon IV.10.1, 2, y 4 entre uno o más Demandantes o Personas Perjudicadas y un Clérigo, la cual dé lugar a un Pacto Restaurativo según se define en el Canon IV.2. Dentro de un plazo razonable después del inicio de una conversación facilitada, el Conciliador informará de los resultados de la conversación al Panel de Referencia, el cual remitirá el asunto, según corresponda, de conformidad con el Canon IV.6.8. Si la conversación da lugar a un Pacto Restaurativo que, a juicio del Panel de Referencia, resuelve todas las problemáticas de un asunto pendiente, el asunto se dará por concluido.

Sec. 1.

En cualquier momento previo a que entre en vigencia una Orden, el Acusado o cualquier Clérigo que todavía no se haya convertido formalmente en Acusado, pero que supuestamente haya cometido una Ofensa, podrá proponer medidas disciplinarias al Obispo Diocesano, o el Obispo Diocesano podrá proponer medidas disciplinarias al Acusado o a dicho Clérigo. Antes de llegar a un acuerdo, el Obispo Diocesano deberá consultar con las Personas Perjudicadas, de haberlas, el presidente de la Junta Disciplinaria y el Abogado Eclesiástico con respecto a los términos de disciplina propuestos. Si el Acusado o el Clérigo y el Obispo Diocesano llegaran a un acuerdo en cuanto a las medidas disciplinarias, lo acordado se establecerá en la Orden propuesta. Cuando un Clérigo llega a un acuerdo con el Obispo Diocesano en cuanto a las medidas disciplinarias, se convierte automáticamente en Acusado.

Sec. 2.

Se podrá llegar a un Acuerdo en virtud de este Canon si (a) el Acusado conoce las medidas disciplinarias que se le impondrán y el efecto que causarán; (b) el Acusado ha dispuesto de tiempo suficiente para hacer consultas y asesorarse, o de hecho realizó consultas y se asesoró, con un abogado de su elección; y (c) el Acuerdo considera adecuadamente y, cuando sea posible, fomenta la restauración, el arrepentimiento, el perdón, la restitución, la justicia, la enmienda de la vida y la reconciliación entre el Demandante, el Acusado, la Comunidad afectada y otras personas, y en términos generales constituye una solución apropiada para el asunto.

Sec. 3.

Un Acuerdo en virtud de este Canon podrá ser retirado por el Presbítero o Diácono en un plazo de tres días de la firma del mismo por parte del Presbítero o Diácono y de no ser retirado será efectivo e irrevocable.

Sec. 4.

Los acuerdos en virtud de esta Sección estarán sujetos a todas las disposiciones del Canon IV.14 sobre Acuerdos, sin contraponerse a esta Sección.

Sec. 1.

Mediante la conciliación se busca resolver problemas y promover el arrepentimiento, el perdón, la restitución, la justicia, la enmienda de la vida y la reconciliación del Demandante, el Acusado, la Comunidad afectada, otras personas y la Iglesia.

Sec. 2.

Cuando se remita un asunto para reconciliación, el Obispo Diocesano nombrará a un Conciliador para que asista al Demandante, al Acusado, a otras personas afectadas y a la Iglesia en la tarea de conciliación. El Obispo Diocesano o el representante nombrado por el Obispo Diocesano podrá participar en la conciliación.

Sec. 3.

Si en la conciliación se logra que las partes lleguen a un acuerdo sobre una resolución adecuada de todos los asuntos, se preparará un Acuerdo según lo dispuesto en el Canon IV.14. Si no se logra la conciliación en un plazo razonable, el Conciliador informará de ello al Obispo Diocesano, y el asunto se remitirá de nuevo al Panel de Referencia. El Panel de Referencia considerará el informe para determinar si: (a) concluir el asunto con la respuesta pastoral que corresponda según el Canon IV.8; (b) remitir el asunto al Obispo Diocesano para consideración del proceso de conformidad con el Canon IV.9; (c) investigar el asunto de conformidad con el Canon IV.11; o (d) remitir el asunto directamente al Panel de Audiencias de conformidad con el Canon IV.13. La decisión deberá ser aprobada por voto mayoritario del Panel de Referencia.

Sec. 4.

El Conciliador deberá tener experiencia en técnicas de resolución de disputas y no deberá tener intereses personales en el asunto. Todas las comunicaciones entre el Demandante y el Conciliador, el Acusado y el Conciliador, y entre otros participantes en la conciliación y el Conciliador serán confidenciales, salvo cuando el Conciliador obtenga permiso de la persona respectiva para divulgar la información a los otros participantes de la conciliación para promover un consenso que permita alcanzar la conciliación.

Sec. 1.

En todas las diócesis deberá haber uno o más Investigadores. Al investigador lo nombra el Panel de Referencia y procede bajo la dirección de este hasta que se haga una remisión de conformidad con el Canon IV.11.3; después de dicha remisión, el Investigador podrá ser nombrado por el Abogado Eclesiástico y se reportará ante él.

Sec. 2.

El Panel de Referencia o el Abogado Eclesiástico pueden solicitar al Investigador que investigue todos los hechos pertinentes a las afirmaciones de hechos del informe inicial. El Investigador utilizará los medios para investigar que sean adecuados y que a la vez de respetar las sensibilidades pastorales, permitan completar la investigación con la mayor diligencia posible.

Sec. 3.

Un Investigador que trabaje con el Panel de Referencia deberá presentar los hallazgos de la investigación por escrito ante el Panel de Referencia. El Panel de Referencia podrá reunirse con el Investigador y analizará su informe para determinar: (a) concluir el asunto con una respuesta pastoral apropiada de conformidad con el Canon IV.8; (b) remitir el asunto al Obispo Diocesano para consideración del proceso en virtud del Canon IV.9; (c) remitir el asunto a conciliación, de conformidad con el Canon IV.10; (d) solicitar que se profundice la investigación, o bien (e) remitir el asunto al Panel de Conferencia, de conformidad con el Canon IV.12, o al Panel de Audiencias de conformidad con el Canon IV.13. La decisión deberá ser aprobada por voto mayoritario del Panel de Referencia.

Sec. 4.

Si la determinación del Panel de Referencia fuera solicitar que se profundice la investigación, el Investigador lo hará siguiendo las directivas del Panel de Referencia y enviará un informe suplementario con sus conclusiones a dicho panel. El Panel de Referencia volverá entonces a reunirse y procederá según lo dispuesto en el Canon IV.11.3.

Sec. 5.

El Investigador contratado por el Abogado Eclesiástico deberá ser supervisado por el Abogado Eclesiástico y deberá presentar los resultados de la investigación al Abogado Eclesiástico en el formato o formatos requeridos por el Abogado Eclesiástico. En relación con dichas investigaciones, el Abogado Eclesiástico y, a discreción de este, el Investigador, tendrán acceso al personal, libros y expedientes de la Diócesis y sus partes constituyentes.

Sec. 6.

Todas las investigaciones serán confidenciales salvo en la medida utilizadas por el Abogado Eclesiástico, el Obispo Diocesano o los Paneles. A todas las personas, antes de ser entrevistadas por el Investigador, se les informará de la naturaleza confidencial de la investigación y cuándo podrán divulgar dicha información durante el curso del proceso.

Sec. 1.

Luego de que se remita un asunto a un Panel de Conferencia, el presidente de la Junta Disciplinaria enviará al Abogado Eclesiástico el informe inicial, todos los informes del Investigador y cualquier otro documento o expediente creado o recabado por la Junta Disciplinaria durante la fase inicial, la investigación o el proceso de remisión. Una vez que revise este material, el Abogado Eclesiástico deberá determinar si sigue adelante con el asunto o se niega a avanzar en ese proceso.

Si procede con el asunto, el Abogado Eclesiástico deberá preparar una declaración escrita en la que describirá por separado cada una de las Infracciones que se imputan, con los detalles razonables suficientes para informar al Acusado de los actos, omisiones o condiciones objeto del proceso. El Abogado Eclesiástico enviará entonces al Panel de Conferencia su declaración escrita y los materiales que le hubiera enviado el presidente de la Junta Disciplinaria.

En caso de negarse a proseguir con el proceso, el Abogado Eclesiástico devolverá el asunto al Panel de Referencia mediante una decisión escrita en la que declare sus razones. Este documento y cualquier conversación relacionada entre el Abogado Eclesiástico y el Panel de Referencia permanecerán confidenciales entre ellos. Entonces, el Panel de Referencia deberá considerar las opciones de acciones establecidas en el Canon IV.6.8 y en el Canon IV.11.3.

Sec. 2.

El Panel de Conferencia analizará los materiales recibidos para determinar quién, además de aquellos mencionados en el Canon IV.12.3, deberá ser orientado a participar en el proceso ante el Panel de Conferencia, a fin de fomentar el propósito de este Título. Podrían ser invitados, por ejemplo, el Investigador, familiares, representantes de la Comunidad afectada u otras personas afectadas.

Sec. 3.

El Panel de Conferencia enviará un aviso al Acusado y a su Asesor, al Abogado del Acusado, de haberlo, al Demandante y a su Asesor, al Abogado del Demandante, de haberlo, al Investigador y a todas las demás personas que el Panel de Conferencia, a su entera discreción, considere necesario. En este aviso se describirá la naturaleza y la finalidad del procedimiento, se incluirá una copia de la declaración escrita preparada por el Abogado Eclesiástico, se divulgarán los nombres de todas las personas a las que se envió el aviso y se establecerá una fecha, hora y lugar a la cual deberá presentarse el Acusado ante el Panel de Conferencia, cuya fecha no será menos de veinte días después de la entrega del aviso al Acusado. El Panel de Conferencia tratará de establecer la conferencia en una fecha y lugar razonablemente convenientes para las personas con derecho a asistir.

Sec. 4.

El Acusado estará presente durante la conferencia y podrá ir acompañado de un Asesor o abogado, de haberlo, o de ambos.

Sec. 5.

El Abogado Eclesiástico estará presente durante la conferencia, representando a la Iglesia, y expondrá el caso ante el Panel de Conferencia.

Sec. 6.

El Demandante podrá estar presente durante la conferencia, pero no se le exigirá que lo esté. El Asesor del Demandante podrá estar presente durante la conferencia, independientemente de si el Demandante está presente o no.

Sec. 7.

El proceso del Panel de Conferencia será informal y coloquial. El Panel de Conferencia describirá al Acusado la Ofensa que se le imputa. El Panel de Conferencia escuchará al Demandante, al Asesor del Demandante o a ambos, si estuvieran presentes; lo mismo se hará con el Acusado, el Asesor del Acusado o su abogado, de haberlo, o ambos. A su entera discreción, el Panel de Conferencia podrá escuchar las declaraciones del Investigador o de cualquier otra persona presente y podrá pedirle al Investigador que realice otra investigación y suspenda el proceso para facilitar la realización de dicha investigación. A su entera discreción, el Panel de Conferencia podrá formular, en privado, preguntas a cualquiera de los participantes.

Sec. 8.

Durante el proceso ante el Panel de Conferencia no se llamará a declarar a ningún testigo. No se elaborarán actas de las deliberaciones del Panel de Conferencia. La conferencia se realizará a puertas cerradas y estarán presentes solo los miembros del Panel de Conferencia y los participantes invitados. Las deliberaciones ante el Panel de Conferencia serán confidenciales, salvo que se indique lo contrario en una Orden, un Acuerdo o como se disponga en otras partes de este Título. Ninguna declaración por parte de participante alguno de dicho proceso podrá utilizarse como prueba ante el Panel de Audiencias.

Sec. 9.

Durante el proceso ante el Panel de Conferencia podrá celebrarse un Acuerdo. Si no se celebrara ningún Acuerdo, el Panel de Conferencia deliberará en privado para arribar a una decisión sobre el asunto, que podría incluir (a) desestimación del asunto; (b) remisión a conciliación; (c) remisión a un Panel de Audiencias; o bien (d) emisión de una Orden.

Sec. 10.

Si la decisión fuera desestimar el asunto, el Panel de Conferencia emitirá una Orden en la que se explicarán las razones para tal desestimación, la cual podría incluir además las bases sobre las que se exonera al Acusado. Se entregarán copias de la Orden al Obispo Diocesano, el Acusado, el Asesor del Acusado, el Demandante, el Asesor del Demandante y el Abogado Eclesiástico.

Sec. 11.

Si la resolución fuera la celebración de un Acuerdo o la emisión de una Orden que no sea una Orden de Desestimación, se aplicará lo dispuesto en el Canon IV.14.

Sec. 12.

El Acusado o el Abogado Eclesiástico podrá oponerse a la Orden emitida por el Panel de Conferencia mediante aviso escrito de la objeción que se elevará al presidente del Panel de Conferencia dentro de los quince días siguientes a la fecha de emisión de la Orden. A recibir la notificación de objeción, el presidente del Panel de Conferencia notificará y proporcionará copias de la notificación de la objeción al Obispo, al presidente de la Junta Disciplinaria y a la parte no objetante. El presidente de la Junta Disciplinaria deberá notificar, sin demora a los miembros del Panel de Audiencias y remitir el asunto al Panel de Audiencias.

Sec. 1.

Cuando el Panel de Referencia decida, de conformidad con el Canon IV.11.3, remitir un asunto al Panel de Audiencias, el Presidente de la Junta Disciplinaria, en un plazo de tres días de la decisión, deberá notificar a la Junta Disciplinaria y al Abogado Eclesiástico. Cuando el Panel de Conferencia decida remitir un asunto al Panel de Audiencias, el presidente del Panel de Conferencia, en un plazo de tres días de esa decisión, notificará oportunamente al presidente de la Junta Disciplinaria y al Abogado Eclesiástico.

Sec. 2.

En un plazo de 10 días a partir de la recepción de la remisión del Panel de la Conferencia, o de 30 días cuando proceda del Panel de Referencia, al Panel de Audiencias para su proceso, el Abogado Eclesiástico deberá determinar si sigue adelante con el asunto o se niega a avanzar en ese proceso.

a. Si procede con el asunto, el Abogado Eclesiástico deberá proporcionar al Panel de Audiencias la declaración, actualizada según se requiera, relativa a la supuesta Infracción o Infracciones. Ningún otro material de ningún proceso previo de conformidad con Título IV se facilitará al Panel de Audiencias. Al recibir la comunicación del Abogado Eclesiástico, el Panel de Audiencias deberá, en un plazo de siete días emitir una notificación al Acusado, al Asesor del Acusado, al Abogado del Acusado, en su caso, y al Abogado de la Iglesia.

1. En este aviso se describirá la naturaleza y el propósito del proceso, se incluirá una copia de la declaración escrita preparada por el Abogado Eclesiástico, se divulgarán los nombres de todas las personas a las que se envió el aviso, se informará al Acusado que deberá presentar una respuesta escrita ante el Panel de Audiencias dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se envió el aviso por correo y se informará al Acusado de las disposiciones del Canon IV.19.6.

2. Se enviará una copia del aviso al Demandante y al Asesor del Demandante.

3. A menos que el Panel de Audiencias apruebe tiempo adicional por una causa justificada, el Acusado deberá presentar una respuesta por escrito firmada ante el Panel de Audiencias y entregársela al Abogado Eclesiástico en un plazo de 30 días a partir de la fecha del aviso.

b. En caso de negarse a proseguir con el proceso, el Abogado Eclesiástico deberá presentar a los miembros del Panel de Conferencia y al Obispo Diocesano una decisión por escrito en la que expondrá las razones, las cuales pueden incluir (1) la falta de disponibilidad de pruebas claras y convincentes suficientes para superar la presunción de inocencia establecida en el Canon IV.19.16, o (2) la opinión del Abogado Eclesiástico de que la resolución del asunto a través del mecanismo de un Panel de Audiencias no sería el medio más eficaz para alcanzar los objetivos del Título IV. Si la razón declarada por el Abogado Eclesiástico para rechazar el avance del proceso es esta última razón, el Abogado Eclesiástico también deberá proponer con especificidad razonable mecanismos alternativos para resolver el asunto y la justificación de los mismos. Al evaluar la presentación del Abogado Eclesiástico, el Panel de Conferencia proporcionará al Gestor, al Demandante, a su Asesor, a su abogado si lo hubiera, al Acusado, a su Asesor, a su abogado si lo hubiera, al Obispo Diocesano, al Canciller y al Abogado Eclesiástico la oportunidad de ser escuchados sobre el asunto. Después de su revisión y en consulta con el Obispo Diocesano, el Panel de Conferencia emitirá una decisión (a) desestimando todas o algunas de las problemáticas del asunto, potencialmente con condiciones como el cumplimiento con una Directiva Pastoral emitida por el Obispo Diocesano, o (b) rechazando la declinación del Abogado Eclesiástico y ordenando que el asunto continúe. Si desestima todas o algunas de las problemáticas del asunto, el Panel de Conferencia, con la asistencia de un abogado de conformidad con IV.19.22, deberá emitir una Orden explicando la decisión e indicando que la desestimación es temporal o permanente.

Sec. 3.

En cuanto sea posible, el Panel de Audiencias pondrá los documentos a disposición de los miembros y los medios de comunicación de la Iglesia como se dispone en esta Sección. Los documentos se divulgarán de manera que los miembros de la Iglesia y los medios de la Iglesia los conozcan ampliamente. Para un asunto en el que un presbítero o diácono es el Acusado, la difusión incluirá, como mínimo, la publicación en el sitio web diocesano. Para un asunto en el cual un Obispo es el Acusado, la diseminación deberá incluir, como mínimo, publicar los documentos en los sitios web de La Iglesia Episcopal y de la Convención General.

a. Los documentos que abarca esta Sección son todos los documentos presentados o emitidos por el Panel de Audiencias o por cualquiera de las partes o personas, incluidos, entre otros, mociones, resúmenes, declaraciones juradas, opiniones, objeciones, decisiones, avisos, recusaciones y Órdenes.

b. No obstante lo anterior, el Panel de Audiencias, a su discreción y por causa justificada para proteger a cualquier Persona Perjudicada o presuntamente perjudicada, puede requerir la redacción de los documentos dispuestos en la Sección 5.a después de consultar con el Abogado Eclesiástico, el abogado del Acusado, el Asesor o el abogado del Demandante, de haberlo, y, cuando corresponda, el Obispo Diocesano.

Sec. 4.

Si en algún momento después de que un asunto haya sido remitido a un Panel de Audiencias se llega a un Acuerdo que finalice el procedimiento antes de que el Panel de Audiencias emita una Orden, el Obispo Diocesano pondrá el Aviso de Acuerdo con la disposición de la Iglesia y sus medios como se dispone en la Sección 3, así como también al Panel de Audiencias.

Sec. 5.

Al Abogado Eclesiástico y al Acusado se les concederá un plazo y oportunidad razonables para descubrir pruebas en preparación para la audiencia de la siguiente manera:

a. En un plazo de sesenta días de la fecha de presentación y entrega de la respuesta del Acusado, el Abogado Eclesiástico y el Abogado del Acusado intercambiarán una divulgación obligatoria de todas las pruebas de las que tengan conocimiento y que tenderían a comprobar o desmentir los alegatos contra el Acusado, incluso, entre otras: (1) el nombre y, si se conociera, la dirección y número telefónico de todas las personas que pudieran tener conocimiento directo de la información que podría utilizarse para respaldar lo que se alega contra el Acusado o la defensa de este, junto con un resumen detallado del testimonio esperado de la persona si la llaman a declarar; y (2) una copia o una descripción por categoría y ubicación de todos los documentos y pruebas tangibles que podrían utilizarse para respaldar los alegatos contra el Acusado o su defensa, a menos que dicha divulgación tuviera el carácter de Comunicación Privilegiada. Las partes deben complementar la información obligatoria en virtud del presente apartado a medida que surja información adicional. Los documentos y artículos tangibles identificados en las revelaciones obligatorias que están en posesión de una de las partes se presentarán a la otra a pedido y copias de todos los documentos presentados a la parte solicitante. El Panel de Audiencias puede, a petición de una parte o de la Persona Perjudicada, presentar una orden que limite la presentación de documentos o elementos tangibles de carácter sensible.

b. Si alguna de las partes no divulga cualquier documento pertinente sobre la base de privilegio, dicha parte debe proporcionar un registro que indique la fecha de la comunicación, una lista de todas las personas participantes en ella, y una breve descripción de la naturaleza de la comunicación. El alcance del privilegio será determinado por el Panel de Audiencias de conformidad con el Canon IV.19.27.

c. Dentro de los quince días después de la entrega de las divulgaciones obligatorias, el presidente del Panel de Audiencias convocará una conferencia de programación con el Abogado Eclesiástico y el abogado del Acusado. Durante la conferencia de programación, después de que el Abogado Eclesiástico y el abogado del Acusado hayan sido escuchados, el presidente del Panel de Audiencias emitirá una Orden de Programación para disponer (1) un calendario para el hallazgo, incluidas las declaraciones y los interrogatorios por escrito, según lo previsto en este apartado; (2) los plazos de presentación y las fechas de audiencia para mociones preliminares y mociones dispositivas; y (3) la fecha de la audiencia ante el Panel de Audiencia.

d. La Orden de Programación le dará al Abogado Eclesiástico y al abogado del Acusado autorización para tomar dos declaraciones juradas y plantear hasta veinte interrogatorios escritos respecto a cada Demandante.

e. Ningún otro hallazgo se permitirá en ningún momento durante la tramitación de un asunto en virtud del presente Título, salvo con permiso del Panel de Audiencias, previa demostración de circunstancias extraordinarias.

f. No obstante cualquiera de las disposiciones de esta sección, el Panel de Audiencias tomará las medidas razonables para asegurarse de que el proceso de presentación de hallazgos no agobiará indebidamente a ninguna persona de la cual se requiera información ni afectará adversamente ninguna respuesta pastoral que se le ofrezca a dicha persona. El Panel de Audiencias podría imponer, previo aviso razonable y oportunidad de ser oído, sanciones razonables a cualquier parte por no cumplir con alguna orden de divulgación de conformidad con las disposiciones del Canon IV.13.9.

Sec. 6.

En todos los procesos del Panel de Audiencias, el Abogado Eclesiástico se presentará como representante de las diócesis, que entonces se considerarán como una de las partes, en tanto que el Acusado será su contraparte.

Sec. 7.

Todas las mociones y recusaciones previas a las audiencias deberán presentarse oportunamente ante el Panel de Audiencias dentro de los plazos previstos en la Orden de Programación. Todas las respuestas deberán ser presentadas por la parte que no presentó la moción en un plazo de 15 días de la recepción de la moción o recusación. Al recibir una moción o recusación, el Panel de Audiencias fijará sin demora el asunto para una audiencia. La audiencia podrá realizarse por conferencia telefónica. Después de examinar el argumento de las partes, el Panel de Audiencias tomará una decisión en un plazo de tres días de la audiencia. La decisión será definitiva en cuanto a todas las cuestiones de proceso. Las decisiones sobre cuestiones de prueba son preliminares y podrán ser consideradas por el Panel de Audiencias durante la audiencia si las pruebas lo justifican. La decisión se comunicará a las partes y se anotará el expediente del proceso.

Sec. 8.

Todos los procesos ante el Panel de Audiencias, excepto sus deliberaciones privadas, estarán abiertos al Acusado y a cada Demandante, a cualquier Persona Perjudicada y al público. Todo Demandante tendrá derecho a estar presente durante las audiencias, a las que podrá presentarse acompañado en el proceso por otra persona de su elección, aparte de su Asesor. No obstante lo anterior, el Panel de Audiencias, a su discreción y por causa justificada, incluso para proteger la privacidad de cualquier persona, puede cerrar cualquier parte del proceso a cualquier persona o grupo de personas, previa consulta con el Abogado Eclesiástico, el abogado del Acusado y, cuando corresponda, el Obispo Diocesano; disponiéndose, sin embargo, que ningún procedimiento ante el Panel de Audiencia, excepto sus deliberaciones privadas, será cerrado al Acusado, el Asesor del Acusado, al Abogado del Demandado, al Demandante, al Asesor del Demandante, al Abogado del Demandante o al Abogado Eclesiástico. Para poder crear luego una transcripción verbatim de la audiencia, esta deberá registrarse con algún medio idóneo.

Sec. 9.

Por lo menos 15 días antes de la audiencia, el Abogado Eclesiástico y el del Acusado se entregarán mutuamente y también al Panel de Audiencias los hallazgos finales previos a la audiencia, que incluirán lo siguiente: (1) el nombre, domicilio y número de teléfono de los testigos que serán llamados a declarar durante la audiencia; (2) la identificación de cada uno de los documentos u otros objetos tangibles que se utilizarán como pruebas en la audiencia; y (3) peticiones, si las hubiera, de que la audiencia (toda o en parte) sea a puertas cerradas.

Sec. 10.

En todo proceso del Panel de Audiencias, el testimonio de los testigos se tomará en forma oral y personal, o por el medio que hubiera ordenado el Panel de Audiencias. Todos los testimonios se prestarán bajo juramento o declaración solemne y estarán sujetos a repreguntas de la contraparte. El Panel de Audiencias deberá determinar la credibilidad, fiabilidad y peso que se dará a todo testimonio y otras pruebas. Los procesos se llevarán a cabo del siguiente modo:

a. El presidente regulará el transcurso de la audiencia a modo de fomentar la divulgación completa de los hechos relevantes.

b. El presidente:

c. En esta sección no hay nada que impida al presidente ejercer su buen juicio en la toma de medidas apropiadas para preservar la integridad de la audiencia.

Sec. 11.

a. El Panel de Audiencias tendrá la autoridad, previo aviso razonable, de imponer sanciones al Acusado, al abogado del Acusado o al Abogado Eclesiástico por conducta que el Panel de Audiencias considere perjudicial, dilatoria o de otra manera contraria a la integridad del proceso. Si la conducta en cuestión es la del abogado del Acusado, la notificación se enviará a los siguientes: al Acusado, al abogado del Acusado y al Asesor del Acusado. Si la conducta en cuestión es del Abogado Eclesiástico, la notificación se enviará a los siguientes: al Abogado Eclesiástico, al Obispo Diocesano y a la persona u organismo Diocesano con autoridad para retirar o reemplazar al Abogado Eclesiástico. Si la conducta es la del Acusado, el aviso se darán sendos avisos al Abogado Eclesiástico, al Obispo Diocesano, al abogado del Acusado, al Asesor del Acusado y al Acusado.

b. Cualquier sanción debe ser proporcional a la conducta inapropiada subyacente. Las sanciones que pueden imponerse de conformidad con el Canon IV.13.11.a incluyen, entre otras:

c. En un plazo de 10 días después de la imposición de sanciones en virtud de esta sección, la parte sancionada puede apelar la sanción ante la Junta Disciplinaria (excluidos los miembros del Panel de Audiencias). La norma de revisión para dicha apelación será de novo. El presidente de la Junta Disciplinaria deberá establecer una fecha de audiencia y convocar a los miembros de la Junta Disciplinaria, dentro de 20 días, ya sea en reunión presencial o por teléfono, para considerar la apelación. La Junta Disciplinaria emitirá su dictamen dentro de los tres días de la conclusión de la audiencia. El fallo de la Junta Disciplinaria no puede ser objeto de un recurso de apelación interlocutoria.

d. Los requisitos de la Sección 3 de este Canon se aplicarán a la Junta Disciplinaria como si se tratara de un Panel de Audiencias a los efectos de una apelación de sanciones en virtud de esta Sección.

e. Si se llega a un Acuerdo que finalice el proceso antes de que la Junta Disciplinaria emita una Orden en virtud de esta Sección, el Obispo Diocesano pondrá la Notificación de Acuerdo con la disposición de la Iglesia y sus medios, según lo dispuesto en la Sección 3, así como a disposición de la Junta Disciplinaria y el Panel de Audiencias

Sec. 12.

Terminada la audiencia, el Panel de Audiencias deliberará en privado para llegar a una decisión sobre el asunto, que podría ser: (a) desestimación del asunto o (b) emisión de una Orden.

Sec. 13.

Si la decisión fuera desestimar el asunto, el Panel de Audiencias emitirá una Orden en la que se explicarán las razones para tal desestimación, la cual podría incluir además las bases sobre las que se exonera al Acusado. Se debe proporcionar una copia de la Orden al Obispo Diocesano, al Acusado, al Asesor del Acusado, al Demandante, al Asesor del Demandante y al Abogado Eclesiástico, y se debe guardar una copia de la Orden y enviar una copia a los Archivos de la Iglesia Episcopal. También se pondrá a disposición de la Iglesia y de los medios de comunicación eclesiásticos una copia de la Orden de la misma forma en que se pusieron inicialmente los documentos a disposición de la Iglesia y de los medios de comunicación eclesiásticos según lo establecido en el Canon IV.13.3.

Sec. 14.

Si la resolución fuera emitir una Orden, que no sea de desestimación, sea aplicarán las disposiciones del Canon IV.14.

Sec. 1.

Un Acuerdo podrá (a) disponer términos que fomenten el arrepentimiento, el perdón, la restitución, la justicia, la enmienda de la vida y la reconciliación del Demandante, el Acusado, la Comunidad afectada y otras personas; (b) imponer restricciones al Acusado en cuanto al ejercicio de su ministerio; (c) imponer al Acusado un período de prueba; (d) recomendarle al Obispo Diocesano que el Acusado sea amonestado, suspendido o destituido del ministerio; (e) limitar la participación del Acusado en asuntos de la Comunidad; o (f) imponer cualquier combinación de las medidas anteriores. Un Acuerdo podrá exigir que el Obispo Diocesano imponga la admonición, suspensión o destitución o condiciones recomendadas para que el Clérigo pueda volver a ejercer su ministerio. Un Acuerdo que disponga la suspensión del ministerio especificará los términos o condiciones y la duración de la misma. Un Acuerdo donde se requiera la limitación de la participación del Acusado en la Comunidad también incluirá condiciones para su reincorporación.

Sec. 2.

Si a través de una reconciliación se llegara a un Acuerdo, este será firmado por el Demandante, el Acusado y el Conciliador, siempre y cuando el Conciliador sea el último en firmarlo.

Sec. 3.

Si el Acuerdo fuera resultado del proceso de un Panel de Conferencia, al Demandante y a su Asesor deberá habérseles brindado primero la oportunidad de expresar su opinión ante el Panel respecto a los términos propuestos del Acuerdo. El Acuerdo será firmado por el Acusado, el Abogado Eclesiástico y el presidente del Panel, siempre y cuando el presidente sea el último en firmarlo.

Sec. 4.

En caso de cualquier Acuerdo que haya entrado en vigor:

a. En la fecha en que un Acuerdo entre en vigor y sea irrevocable, se deberá entregar una copia del Acuerdo al Demandante, al Asesor del Demandante, al abogado del Demandante, de haberlo, al Acusado, al Asesor del Acusado, al abogado del Acusado, de haberlo, al Abogado Eclesiástico, al presidente de la Junta Disciplinaria y al Obispo Diocesano. Si el Acuerdo se alcanzó ante el Conciliador, este deberá notificárselo a las personas indicadas anteriormente; si el Acuerdo se alcanzó ante el Panel de la Conferencia, el presidente del Panel de la Conferencia deberá notificar el Acuerdo a las personas indicadas anteriormente; y si el Acuerdo se alcanzó entre el Obispo Diocesano y el Acusado en virtud del Canon IV.9, el Obispo Diocesano deberá notificárselo a las personas indicadas anteriormente, así como al presidente del panel al que se asigne el asunto.

b. En el caso de un Acuerdo correspondiente a un Obispo Diocesano, Obispo Sufragáneo que preste servicio en virtud del Artículo II Sección 5 u Obispo que preste servicio en virtud del Canon III.13, el Obispo Presidente también deberá entregar una copia del Acuerdo al Comité Permanente de la Diócesis del Obispo. En el caso de un Acuerdo perteneciente a cualquier otro Obispo, el Obispo Presidente debe entregar también una copia del Acuerdo al Obispo Diocesano y al Comité Permanente de la Diócesis del Obispo.

c. A su discreción y por causa justificada para proteger a cualquier Persona Perjudicada o supuestamente Perjudicada, la persona requerida por esta Sección para entregar una copia del Acuerdo podría suprimir información sobre la Persona Perjudicada, incluyendo su identidad, pero las disposiciones requeridas por la Sección 1 y la Sección 9 de este Canon no pueden ser suprimidas.

Sec. 5.

El Obispo Diocesano contará con veinte días a partir de la fecha en que el Acuerdo se introduzca para avisarle por escrito al Acusado, al Asesor del Acusado, al abogado del Acusado, al Demandante, al Asesor del Demandante, al Abogado Eclesiástico y al Conciliador o al presidente del Panel de Conferencia si el Obispo Diocesano pronunciará la Sentencia o aceptará los otros términos del Acuerdo según las recomendaciones. El Obispo Diocesano comunicará que él o ella (a) pronunciará la Sentencia tal como fue recomendada, o bien (b) pronunciará una Sentencia de menor magnitud que la recomendada y/o (c) reducirá la carga sobre el Acusado de cualquiera de los otros términos del Acuerdo. Si se impone una Sentencia de Amonestación, Suspensión o Destitución, el Obispo Diocesano pronunciará la Sentencia no antes de los veinte días posteriores a la fecha en la cual se asiente el Acuerdo, pero no después de los cuarenta días posteriores a dicha fecha. El hecho de que el Obispo Diocesano pronuncie una Sentencia de menor magnitud que la recomendada no afectará la validez ni la obligación de hacer cumplir el resto del Acuerdo. En el caso de un Acuerdo en virtud del Canon IV.9, el Obispo Diocesano pronunciará Sentencia no antes del día después de la fecha en que el Acuerdo se vuelva vigente e irrevocable.

Sec. 6.

Una Orden emitida por un Panel de Conferencia o un Panel de Audiencias podrá (a) proporcionar términos que fomenten la recuperación, el arrepentimiento, el perdón, la restitución, la justicia, el reencauzamiento de las vidas y la reconciliación del Demandante, el Acusado, la Comunidad afectada y otras personas; (b) imponer restricciones al Acusado en cuanto al ejercicio de su ministerio; (c) recomendarle al Obispo Diocesano que el Acusado sea amonestado, suspendido o destituido del ministerio; (d) limitar la participación del Acusado en asuntos de la Comunidad; o (e) imponer cualquier combinación de las medidas anteriores. Una Orden que disponga la suspensión del ministerio especificará los términos o condiciones y la duración de la misma. Una Orden donde se requiera la limitación de la participación del Acusado en la Comunidad también incluirá condiciones para su reincorporación.

Sec. 7.

Antes de que un Panel de Conferencia o un Panel de Audiencias emita una Orden, deberá permitir que tanto el Obispo Diocesano, como el Acusado y el Demandante tengan la oportunidad de expresar su opinión sobre los términos de la Orden propuesta.

Sec. 8.

a. Salvo por una Orden de un Panel de Conferencia ante el cual el Acusado o el Abogado Eclesiástico haya presentado un aviso de objeción con la debida oportunidad, el Obispo Diocesano contará con veinte días a partir de la fecha de emisión de la Orden para avisarle por escrito al Acusado, al Asesor del Acusado, al Demandante, al Asesor del Demandante, al Abogado Eclesiástico y al presidente del Panel de Conferencia o Panel de Audiencias (el que haya emitido la Orden) si el Obispo Diocesano pronunciará la Sentencia o aceptará los otros términos de la Orden en la forma recomendada. El Obispo Diocesano comunicará que él o ella (a) pronunciará la Sentencia tal como fue recomendada, o bien (b) pronunciará una Sentencia de menor magnitud que la recomendada y/o (c) reducirá la carga sobre el Acusado de cualquiera de los otros términos de la Orden.

b. El Obispo Diocesano pronunciará la Sentencia no antes de los veinte días posteriores a la fecha en que se emitió la Orden, pero no después de los cuarenta días posteriores a tal fecha. No obstante cualquiera de las disposiciones de esta sección que indicaran lo contrario, no se pronunciará ninguna Sentencia mientras haya pendiente una apelación del asunto tratado. Sin embargo, mientras la apelación continúe pendiente, el Obispo Diocesano podrá imponer restricciones al Acusado en el ejercicio de su ministerio, podrá suspenderlo o podrá prolongar la restricción o suspensión que estaba en vigencia al momento en que se emitió la Orden. El hecho de que el Obispo Diocesano pronuncie una Sentencia de menor magnitud que la recomendada no afectará la validez ni la obligación de hacer cumplir el resto de la Orden.

Sec. 9.

En el Acuerdo o la Orden se incluirá, además de los términos y disposiciones que cumplan con lo dispuesto en los Cánones IV.14.1 y IV.14.6, (a) el nombre del Acusado; (b) una remisión al Canon o Cánones, secciones y subsecciones que especifican la Ofensa; y (c) información general relativa a la Ofensa que sea suficiente para ofrecer protección contra procesos prohibidos en virtud del Canon IV.19.13.

Sec. 10.

Un Acuerdo en virtud del Canon IV.9 tendrá el efecto que se dispone en el Canon IV.9.3. Un Acuerdo en Virtud del Canon IV.10 o IV.12 entrará en vigor treinta días después de la fecha en que el Conciliador o el presidente del Panel firme el Acuerdo. Una Orden entra en vigencia treinta días después de la fecha en que la Orden sea emitida.

Sec. 11.

Si la Orden es emitida por un Panel de Conferencia, el Demandante o el Abogado Eclesiástico puede oponerse a la Orden como se dispone en el Canon IV.12.12 y el asunto se remitirá a un Panel de Audiencias para hacer una audiencia como se dispone en el Canon IV.13.

Sec. 12.

Si el Acusado o el Abogado Eclesiástico opone a las Órdenes, se dará aviso de los Acuerdos y Órdenes que han entrado en vigor sin demora de la siguiente manera:

a. En el caso de cualquier Acuerdo u Orden referente a un Presbítero o Diácono, el Obispo Diocesano lo comunicará a todos los Clérigos de la Diócesis, a las Juntas Parroquiales de la Diócesis, al Secretario de la Convención y al Comité Permanente de la Diócesis, lo cual será agregado al registro oficial de la Diócesis; al Obispo Presidente, a todos los demás Obispos de la Iglesia y, donde no hubiera Obispo, a la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis de la Iglesia; al Presidente de la Cámara de Diputados; al Anotador de ordenaciones; a los Archivos; al Secretario de la Cámara de Obispos y al Secretario de la Cámara de Diputados; y a la Oficina del Ministerio de Transición, la cual deberá incluir una copia del aviso de Acuerdo u Orden en la cartera de la Oficina del Ministerio de Transición del Acusado.

b. En caso de que un Acuerdo u Orden se refiriera a un Obispo, el Obispo Presidente comunicará dicho Acuerdo u Orden a la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis de la Iglesia; al Anotador de Ordenaciones; al Secretario de la Cámara de Obispos, a todos los Arzobispos y Metropolitanos, a todos los Obispos Presidentes de Iglesias en plena comunión con esta Iglesia y a la Oficina del Ministerio de Transición, la cual deberá incluir una copia del aviso de Orden o Acuerdo en la cartera de la Oficina del Ministerio de Transición del Acusado.

c. Todos los avisos dados de conformidad con este Canon harán referencia al o los Cánones, Secciones y subsecciones que especifican la Ofensa que es objeto del Acuerdo u Orden.

d. Se comunicarán avisos similares siempre que se produzca una modificación o exoneración de una Orden de la cual se hubiera dado aviso previamente de conformidad con este Canon.

Sec. 13.

En cada caso, no obstante cualquier otra disposición de este Título que indique lo contrario, el Obispo Diocesano podrá divulgar dicha información relativa a la Ofensa o alegatos de la misma, o relativa a cualquier Acuerdo u Orden, si el Obispo Diocesano lo considerara conveniente.

Sec. 14.

Ningún Acuerdo ni arreglo civil podrá impedir ni restringir la divulgación de información objetiva relacionada con ninguna presunta Infracción contemplada en este Título. No obstante lo dispuesto en esta Sección, un Acuerdo o convenio civil podría impedir la revelacióón de la identidad de una supuesta Persona Perjudicada o de una cantidad pagada para resolver una reclamación u obtener una exención de responsabilidad civil.

Sec. 1.

Si el proceso ante el Panel de Audiencias sufre demoras exageradas o es suspendido y no se reanuda dentro de los sesenta días siguientes al recibo de una petición escrita de reanudación del proceso suscrita por el Abogado Eclesiástico o el Acusado, tanto el Abogado Eclesiástico como el Acusado podrán presentar una solicitud por escrito al Tribunal de Revisión para que este ordene al Panel de Audiencias que reanude el proceso. Una vez recibida la petición, el Presidente del Tribunal de Revisión nombrará un panel formado por un obispo, un presbítero o diácono y un laico de entre los miembros del Tribunal de Revisión. Los nombramientos se harán dentro de los quince días posteriores a la recepción de la petición. Ninguna persona nombrada será de la Diócesis en la que se encuentra el Panel de Audiencias. El Tribunal de Revisión analizará la petición dentro de los siguientes lineamientos:

a. La persona que presente la petición proporcionará copias de esta a los presidentes del Panel de Audiencias y de la Junta Disciplinaria. La petición incluirá una declaración relativa a la etapa en que se encuentra el proceso y la o las razones (en caso de conocerse) de la demora o suspensión del mismo, así como una descripción de las medidas tomadas por la persona que presenta la solicitud o por un tercero para eliminar el impedimento o la causa de la demora.

b. Dentro de los quince días siguientes al recibo de la copia de la petición, el presidente del Panel de Audiencias presentará su respuesta a la solicitud ante el Tribunal de Revisión, de la cual entregará copias al Abogado Eclesiástico, al Acusado y al presidente de la Junta.

c. El panel formado por el Tribunal de Revisión se reunirá, en persona, por videoconferencia o telefónicamente para considerar la petición y la respuesta, si la hubiera, del Panel de Audiencias. El Tribunal emitirá entonces una orden para que se reanuden el proceso o una orden en la que se rehúsa a solicitar que se reanude dicho proceso, con una explicación de los motivos para ello. La orden emitida por el Tribunal de Revisión tendrá carácter obligatorio para el Panel de Audiencias.

d. En caso de que un Panel de Audiencias al que se le ordene que reinicie el proceso se negara o no pudiera hacerlo, el Abogado Eclesiástico o el Acusado podrán pedirle al Tribunal de Revisión que ordene que el proceso se transfiera a un Panel de Audiencias de otra diócesis dentro de la misma Provincia, con una orden a la Junta de que la Diócesis original transmita las actas completas del proceso al Panel de Audiencias sucesor.

Sec. 2.

Dentro de los cuarenta días después de que el Panel de Audiencias emita una Orden, el Acusado o el Abogado Eclesiástico podrá apelarla ante el Tribunal de Revisión mediante un aviso por escrito de su apelación al Obispo Diocesano, con copia al presidente del Panel de Audiencias y al Presidente del Tribunal de Revisión. El aviso de la apelación debe ir firmado por el abogado del Acusado o por el Abogado Eclesiástico, y debe incluir una copia de la Orden que se apela, y debe establecer los motivos de la apelación.

Sec. 3.

Cualquier Orden de un Panel de Audiencias que indique que el Acusado no cometió una Ofensa vinculada a asuntos de Doctrina, Fe o Culto de la Iglesia, podrá ser apelada por el Obispo Diocesano si es que lo piden por escrito por lo menos otros dos Obispos Diocesanos de otras diócesis de la Provincia que no sean miembros del Tribunal de Revisión. Tal apelación se podrá remitir únicamente a asuntos de Doctrina, Fe o Culto de la Iglesia, y no podrá tener por finalidad revocar lo decidido por el Panel de Audiencias respecto a que el Acusado no cometió una Ofensa. El Obispo Diocesano puede presentar una apelación en virtud de esta sección mediante la entrega de una notificación de apelación al Acusado, al Abogado Eclesiástico, al Presidente del Panel de Audiencias y al Presidente del Tribunal de Revisión dentro de los cuarenta días siguientes a la emisión de la Orden por parte del Panel de Audiencia.

Sec. 4.

La apelación deberá basarse en las actas del Panel de Audiencias. Las actas de apelación podrán corregirse, si estuvieran equivocadas, pero el Tribunal de Revisión no podrá recibir nuevas pruebas.

Sec. 5.

Las normas y condiciones de apelación ante el Tribunal de Revisión serán las siguientes:

a. Si se emitió una Orden contra un Acusado que no se presentó ante el Panel de Audiencias o que no participó en el proceso llevado a cabo ante el Panel de Audiencias, dicha Orden será confirmada a menos que una revisión de las actas durante la apelación demuestre que el Panel de Audiencias cometió un claro error que haya perjudicado sustancialmente al Acusado. El Tribunal de Revisión analizará los hechos y las actas desde el aspecto más favorable para el Acusado.

b. En cualquier otra apelación, el Tribunal de Revisión amparará al apelante únicamente si, de acuerdo con las actas de apelación, determinara que la parte que solicita la revisión ha sido perjudicada sustancialmente por cualquiera de las siguientes causas:

Sec. 6.

Es el deber del Panel de Audiencias producir las actas de apelación, compuestas por una transcripción del proceso llevado a cabo ante el Panel de Audiencias junto con todos los documentos y pruebas tangibles que hubiera recibido dicho Panel. Estas actas deberán imprimirse o reproducirse según como lo autorice el Presidente del Tribunal de Revisión. Dentro de los treinta días posteriores a recibir las actas de apelación enviadas por el Panel de Audiencias, el apelante entregará dos copias de estas, el aviso de la apelación y el informe del apelante, si lo hubiera, a su contraparte, y entregará cinco copias al presidente del Tribunal de Revisión. Dentro de los treinta días posteriores a recibir una copia de las actas de apelación, la parte que se opone a la apelación presentará un informe explicando su oposición, de haberlo, al apelante, con cinco copias para el presidente del Tribunal de Revisión. El informe de respuesta del apelante se presentará, del mismo modo, dentro de los quince días siguientes a la presentación del informe de la oposición.

Sec. 7.

Todos los miembros y suplentes del Tribunal de Revisión que actúen para la apelación estarán presentes para cualquier proceso oral de la misma.

Sec. 8.

El Tribunal de Revisión mantendrá un acta de todos los procesos. El Tribunal de Revisión nombrará a un recopilador que labrará las actas de los procesos y que actuará bajo órdenes del Tribunal de Revisión.

Sec. 9.

Durante la audiencia de la apelación, el Tribunal de Revisión concederá al Acusado y al Abogado Eclesiástico la oportunidad de expresar su punto de vista. El Tribunal de Revisión podrá controlar la cantidad de abogados que podrán exponer su punto de vista.

Sec. 10.

Ninguna Orden ni decisión del Panel de Audiencias será anulada únicamente por errores técnicos o inofensivos.

Sec. 11.

Si después de presentar el aviso de apelación, el apelante no siguiera adelante con la apelación tal como se dispone en este Canon, el Tribunal de Revisión podrá desestimarla.

Sec. 12.

En cuanto sea posible, el Tribunal de Revisión pondrá los documentos a disposición de los miembros de la Iglesia y sus medios de comunicación como se dispone en esta Sección. Los documentos se divulgarán de manera que los miembros de la Iglesia y los medios de la Iglesia los conozcan ampliamente. Para un asunto en el cual un Presbítero o Diácono es el Acusado, la diseminación deberá incluir, como mínimo, publicar los documentos en el sitio web diocesano de la diócesis que llevó a cabo la audiencia del Panel de Audiencias. Para un asunto en el cual un Obispo es el Acusado, la diseminación deberá incluir, como mínimo, publicar los documentos en los sitios web de La Iglesia Episcopal y de la Convención General.

a. Los documentos que cubre esta Sección son todos documentos presentados o emitidos por el Tribunal de Revisión o por cualquiera de las partes o personas, incluidos, entre otros, mociones, informes, declaraciones juradas, opiniones, objeciones, decisiones, avisos, recusaciones y Órdenes, además de los documentos de un proceso de conformidad con la Sección 1 de este Canon.

b. El aviso en virtud de la Sección 2 estará disponible a más tardar diez días hábiles después de que el Presidente del Panel de Audiencias lo reciba.

c. No obstante lo anterior, el Tribunal de Revisión, a su discreción y por causa justificada para proteger a cualquier Persona Perjudicada o Persona Presuntamente Perjudicada, puede requerir la supresión de los documentos dispuesta en la Sección 12.a, después de consultar con el Abogado Eclesiástico, el abogado del Acusado, el Asesor del Acusado, el Asesor del Demandante o el abogado del Demandante, de haberlo, y cuando corresponda, el Obispo Diocesano.

Sec. 13.

Si en algún momento después de que un asunto se haya apelado ante un Tribunal de Revisión o se encuentre ante un Tribunal de Revisión conforme a la Sección 1, se llega a un Acuerdo que finalice el proceso antes de que el Tribunal de Revisión emita una Orden o su decisión, el Obispo Diocesano pondrá el Aviso de Acuerdo con la disposición de la Iglesia y sus medios de comunicación según lo dispuesto en la Sección 12, así como al Tribunal de Revisión y al Panel de Audiencias del cual se tomó la apelación o sobre quien se presentó una petición de conformidad con la Sección 1.

Sec. 14.

Después de haberse completado la audiencia sobre la apelación y de una deliberación en privado, el Tribunal de Revisión podrá (a) rechazar la apelación; (b) revocar o afirmar parcialmente o completamente la Orden del Panel de Audiencias; o (c) conceder una nueva audiencia ante el Panel de Audiencias.

Sec. 15.

Para tomar una decisión sobre la apelación, se exigirá que esté presente la mayoría de los miembros del Tribunal de Revisión. El Tribunal de Revisión emitirá su decisión por escrito y expondrá las razones sobre las que se basó; llevará la firma de los miembros que estuvieron de acuerdo con ella. La decisión se adjuntará al acta. Si no hubiera acuerdo de la mayoría de los miembros del Tribunal de Revisión, la Orden del Panel de Audiencias se mantendrá sin modificaciones, salvo aquellas partes de la Orden para la cual sí haya acuerdo entre los miembros del Tribunal.

Sec. 16.

Luego de tomada una decisión sobre la apelación, el Presidente del Tribunal de Revisión la comunicará por escrito al apelante, a la parte que se opone a ella, al Obispo Diocesano y al Abogado Eclesiástico. El actuario del Tribunal de Revisión y el presidente certificarán las actas de la apelación, las cuales serán entregadas al Obispo Diocesano junto con una copia de las actas de apelación del Panel de Audiencias.

Sec. 1.

Si la Junta Disciplinaria para Obispos recibe información que sugiere que un Obispo puede haber abandonado La Iglesia Episcopal (i) por una renuncia abierta a la Doctrina, Disciplina o Culto de la Iglesia; (ii) por la admisión formal en cualquier organismo religioso que no esté en plena comunión con esta Iglesia; o (iii) por oficiar actos episcopales en y para un organismo religioso ajeno a la Iglesia o a otra Iglesia en plena comunión con esta Iglesia, de tal forma que extienda a dicho organismo las Sagradas Órdenes como las sustenta esta Iglesia, o para administrar en beneficio de dicho organismo religioso la Confirmación sin el expreso consentimiento y comisión de la autoridad procedente de esta Iglesia, la Junta notificará oportunamente al Obispo Presidente y el Obispo en cuestión que está considerando el asunto. Al recibir dicha notificación, el Obispo Presidente podrá, con el consejo y consentimiento del Consejo Asesor del Obispo Presidente, establecer restricciones en el ministerio del Obispo en cuestión para el período, mientras que el asunto está bajo consideración de la Junta. Si, después de considerar el asunto, la Junta concluye, por mayoría de votos de todos sus miembros que el Obispo en cuestión ha abandonado La Iglesia Episcopal, la Junta certificará el hecho ante el Obispo Presidente, y junto con dicho certificado enviará un informe de los actos o declaraciones que demuestren dicho abandono, y el certificado y el informe serán registrados por el Obispo Presidente. El Obispo Presidente dispondrá una restricción sobre el ejercicio del ministerio de dicho Obispo hasta el momento en que la Cámara de Obispos investigue el asunto y proceda. Durante el período de dicha restricción, el Obispo no podrá realizar ningún acto episcopal, ministerial ni canónico.

Sec. 2.

El Obispo Presidente o el Funcionario Presidente de la Cámara de Obispos, notificará sin tardanza al Obispo de la certificación y restricción sobre el ministerio. Salvo que el Obispo restringido, en el plazo de sesenta días hiciera una declaración por un informe escrito verificado al Obispo Presidente afirmando que los hechos alegados en dicho certificado son falsos, y utilizara las disposiciones del Canon III.12.7, el Obispo estará sujeto a Deposición o Relevo y Destitución. Si el Obispo Presidente está razonablemente satisfecho de que el informe constituye (i) una retractación de buena fe de las declaraciones o actos expuestos en la certificación al Obispo Presidente o, (ii) un rechazo de buena fe de que el Obispo hizo las declaraciones o cometió los actos expuestos en el certificado, el Obispo Presidente, con el consejo y consentimiento de la Junta Disciplinaria para Obispos, dará fin a la restricción. De lo contrario, será deber del Obispo Presidente presentar el asunto ante la Cámara de Obispos en la siguiente reunión ordinaria o extraordinaria de la Cámara. La Cámara podrá, por mayoría del número entero de Obispos con derecho a voto, (1) dar su consentimiento a la destitución del Obispo en cuestión, en cuyo caso, el Obispo Presidente deberá deponer al Obispo del Ministerio ordenado de La Iglesia Episcopal y pronunciar y registrar en presencia de dos Obispos o más que el Obispo ha sido destituido, o (2) dar su consentimiento para el relevo y destitución del Obispo en cuestión del Ministerio Ordenado de La Iglesia Episcopal, en cuyo caso el Obispo Presidente declarará dicho relevo y destitución en presencia de dos Obispos o más.

Sec. 3.

Si se informa al Comité Permanente de la Diócesis en la cual un Presbítero o Diácono tiene su residencia canónica que dicho Presbítero o Diácono, sin haberse valido de las disposiciones del Canon III.7.9-11 o III.9.8-11, puede haber abandonado La Iglesia Episcopal, el Comité Permanente informará inmediatamente al Obispo Diocesano y al Presbítero o Diácono en cuestión que está considerando el asunto. Al recibir dicha notificación, el Obispo Diocesano podrá, con el consejo y consentimiento del Consejo Asesor, establecer restricciones en el ministerio del Presbítero o Diácono en cuestión para el período, mientras que el asunto está bajo consideración del Comité Permanente. El Comité Permanente averiguará y considerará los hechos y si determina por voto de tres cuartas partes de todos los miembros que el Presbítero o Diácono ha abandonado La Iglesia Episcopal por renuncia abierta a la Doctrina, Disciplina o Culto de la Iglesia, o por admisión formal a cualquier organismo religioso que no esté en plena comunión con la Iglesia, o en cualquier otra forma, será el deber del Comité Permanente de la Diócesis transmitir por escrito al Obispo Diocesano, o si no hubiera un Obispo, al Obispo Diocesano de una Diócesis contigua, su determinación, acompañada de una declaración señalando con detalles razonables los hechos o declaraciones sobre los cuales se ha apoyado para tomar dicha determinación. Si el Obispo Diocesano afirma la determinación, el Obispo Diocesano dispondrá una restricción sobre el ejercicio del ministerio de ese Presbítero o Diácono durante sesenta días y enviará al Presbítero o Diácono una copia de la determinación y declaración junto con una notificación indicando que el Presbítero o Diácono goza de los derechos especificados en la Sección 4 de este Canon, y que al final del período de los sesenta días el Obispo Diocesano considerará la deposición del Presbítero o Diácono de conformidad con las disposiciones de la Sección 4.

Sec. 4.

Antes del vencimiento del período de restricción de sesenta días, el Presbítero o Diácono podrá utilizar las disposiciones del Canon III.7.9-11 o III.9.8-11, según corresponda. Si dentro del período de sesenta días el Presbítero o Diácono trasmite al Obispo Diocesano una declaración escrita firmada por el Presbítero o Diácono con la cual el Obispo Diocesano quede razonablemente satisfecho de que constituye una retractación de buena fe de dichas declaraciones o actos sobre los cuales se ha apoyado la determinación o una negación de buena fe de que el Presbítero o Diácono haya cometido los hechos o realizado las declaraciones sobre las cuales se apoyó la determinación, el Obispo Diocesano podrá retirar la notificación y la restricción del ministerio caducará. Si, no obstante, dentro del período de sesenta días, el Obispo Diocesano no declarara el relevo y destitución de dicho Presbítero o Diácono de conformidad con el Canon III.7.9-11 o III.9.8-11, según corresponda, o el Presbítero o Diácono no hace una retractación o rechazo como se dispone más arriba, entonces será el deber del Obispo Diocesano escoger entre (i) deponer al Presbítero o Diácono o (ii), si el Obispo Diocesano está convencido de que no ha habido ninguna irregularidad o conducta impropia anteriormente, con el consejo y consentimiento del Comité Permanente, pronunciará y registrará en la presencia de dos o más Presbíteros, que el Presbítero o Diácono ha sido relevado y destituido del Ministerio Ordenado de esta Iglesia y de las obligaciones que le corresponden y (por causas que no afectan el carácter moral de dicha persona) queda privado del derecho de ejercer en La Iglesia Episcopal los dones y autoridad espiritual conferidos en la Ordenación.

Sec. 5.

A los efectos de la Sección 3 y 4 de este Canon, si no hay un Obispo Diocesano, el Comité Permanente deberá enviar el asunto al Obispo Diocesano de una Diócesis contigua, quien tendrá la autoridad de un Obispo Diocesano en la materia.

Sec. 1.

Salvo que se disponga lo contrario en este Canon, las disposiciones de este Título se aplicarán a todos los asuntos en los cuales el Clérigo sujeto al proceso sea un Obispo.

Sec. 2.

En todos los asuntos en los cuales el Clérigo sujeto al proceso sea un Obispo, los siguientes términos usados en los Cánones IV.5 a IV.16 y los Cánones IV.18 y IV.19 tendrán los siguientes significados respectivamente:

a. Junta Disciplinaria se referirá a la Junta Disciplinaria para Obispos como se dispone en el Canon IV.17.3.

b. Gestor es una persona nombrada por el Obispo Presidente.

c. Obispo Diocesano es el Obispo Presidente, a menos que el Clérigo sujeto al proceso sea el Obispo Presidente, en cuyo caso Obispo corresponde al Obispo autorizado por el Canon IV.19.24.

d. Abogado Eclesiástico significa la persona nombrada por la Junta Disciplinaria para Obispos para servir como Abogado Eclesiástico.

e. Investigador significará una persona que está calificada para actuar como Investigador de conformidad con este Título, seleccionado por el Panel de Referencia o por el Abogado Eclesiástico.

f. Tribunal de Revisión es el Tribunal de Revisión para Obispos que se define en el Canon IV.17.8.

Sec. 3.

a. Por el presente se establece la Junta Disciplinaria para Obispos como un tribunal de esta Iglesia que tendrá jurisdicción sobre asuntos de disciplina de los Obispos y para atender las apelaciones de los Obispos ante la imposición de restricciones al ejercicio de su ministerio o ante la imposición de Permisos Administrativos de Ausencia.

b. La Junta Disciplinaria para Obispos consiste en diez Obispos elegidos por la Cámara de Obispos en una reunión ordinaria de la Convención General, y otros seis Clérigos (incluido por lo menos un Diácono) y seis Laicos elegidos por la Cámara de Diputados en una reunión ordinaria de la Convención General. Todos los Laicos elegidos o nombrados para servir deben ser comunicantes adultos confirmados en buena posición.

c. Los miembros de la Junta servirán términos escalonados, con los términos de la mitad de los Obispos y la otra mitad de los Laicos, Presbíteros y Diáconos, mismos que se vencerán colectivamente al clausurarse cada junta regular de la Convención General.

d. A menos que sea elegido o designado para cubrir el resto de un mandato no vencido, cada miembro servirá desde la clausura de la Convención General en la que fue elegido hasta la clausura de la segunda reunión ordinaria de la Convención General después de la elección y hasta que el sucesor del miembro sea elegido y calificado.

e. Una vacante entre los Obispos miembros debe ser llenada por el Obispo Presidente con el consejo de los Obispos miembros del Consejo Ejecutivo. El Presidente de la Cámara de Diputados deberá llenar una vacante entre los otros miembros, con el consejo de los laicos, Presbíteros y Diáconos miembros del Consejo Ejecutivo. Todas las vacantes deben cubrirse en un plazo de sesenta días a partir de que se produzca la vacante.

f. Aun cuando se venza el período de ejercicio de un miembro, no se producirá ningún cambio en la composición de ningún Panel de Conferencia o Panel de Audiencias mientras esté un asunto pendiente ante ellos; y los miembros de la Junta que formen parte de dicho Panel y cuyo período de ejercicio expire de otro modo continuarán, no obstante, en su cargo hasta que se resuelva el asunto y únicamente a tal efecto.

Sec. 4.

Dentro de los sesenta días siguientes a cada Convención General, la Junta debe reunirse para elegir un presidente para el siguiente intervalo entre reuniones ordinarias de la Convención General. El presidente debe ser un Obispo. Si no hay un presidente, el Obispo con mayor antigüedad por consagración debe desempeñar las funciones de presidente.

Sec. 5.

El Panel de Conferencia constará de dos Obispos, un Presbítero o Diácono y un laico. El Panel de Audiencias constará de dos Obispos, un Presbítero o Diácono y un laico; la excepción será que el Panel de Audiencias para la Ofensa que se especifica en el Canon IV.4.1.h.2 referente a Ofensas de Doctrina contará únicamente con cinco Obispos.

Sec. 6.

Cuando el Acusado sea un Obispo, para suspender o destituir al Acusado se necesitará un Acuerdo o una Orden. En dicho caso la Sentencia de suspensión o destitución será dictada por el presidente de la Junta Disciplinaria para Obispos. El presidente no tendrá autoridad para negarse a pronunciar la Sentencia ni para imponer una Sentencia de menor magnitud. Cuando un Acuerdo establezca la suspensión o destitución de un Acusado que sea un Obispo, el presidente dictará la Sentencia dentro de los treinta días posteriores a la fecha en la cual el Conciliador o el presidente firme el Acuerdo. Cuando en una Orden se especifique la suspensión o destitución de un Acusado que además sea un Obispo, el presidente dictará la Sentencia no antes de los cuarenta días, pero no después de los sesenta días posteriores a la emisión de dicha Orden. No obstante cualquiera de las disposiciones de esta sección que indicaran lo contrario, no se pronunciará ninguna Sentencia mientras haya pendiente una apelación del asunto tratado. Sin embargo, mientras la apelación continúe pendiente, el presidente podrá imponer restricciones al Acusado en el ejercicio de su ministerio, podrá suspenderlo o podrá prolongar la restricción o suspensión que estaba en vigencia al momento en que se emitió la Orden. A menos que se disponga expresamente lo contrario por escrito en la restricción del ministerio o Sentencia de suspensión, un Obispo bajo restricción del ministerio o Sentencia de suspensión no ejercerá ninguna autoridad de su cargo y el Comité Permanente actuará como Autoridad Eclesiástica. Una Sentencia de suspensión de un Obispo que dure más de seis meses dará por terminada la relación pastoral entre el Obispo y la Diócesis, a menos que (i) el Comité Permanente, por dos tercios de los votos, solicite a la Junta Disciplinaria de Obispos, en un plazo de treinta días, que la relación continúe y (ii) la Junta Disciplinaria de Obispos apruebe dicha solicitud, excepto en el caso de una Sentencia de suspensión de un Obispo Provisional que preste servicio según lo dispuesto en el Canon III.13, lo cual dará como resultado la terminación del acuerdo con la Diócesis. Si la relación pastoral no se ha rescindido, se proporcionarán servicios religiosos y administración de los Sacramentos en esa Parroquia como si existiera una vacante. Esta Sección no prohibirá la aplicación del Canon III.12.11.

Sec. 7.

No obstante cualquiera de las disposiciones de este Título que indiquen lo contrario, no se llevará a cabo ningún proceso en virtud de este Título en contra de un Obispo cuando la Ofensa que se alega sea la violación del Canon IV.4.1.h.2 por profesar y enseñar, o por haber profesado y enseñado, en forma pública o privada, y de manera deliberada, cualquier Doctrina que sea contraria a la de la Iglesia, a menos que primero se hubiera emitido una declaración de desvinculación por parte de la Cámara de Obispos de la manera dispuesta en el Canon IV.17.7.a y a partir de entonces se hubiera recibido el consentimiento de un tercio de los Obispos habilitados para votar en la Cámara de Obispos para iniciar el proceso en virtud de este Título, tal como se dispone en el Canon IV.17.7.b.

a. Cualesquiera diez Obispos Diocesanos de la Iglesia podrán presentar al Obispo Presidente una petición por escrito, firmada por todos ellos, en la que se pida que la Cámara de Obispos emita una declaración de desvinculación. Dicha petición incluirá: una declaración de la Doctrina que se alega ser contraria a la de la Iglesia; el nombre de cada Obispo que se aduce ha profesado y enseñado, en forma pública o privada, y de manera deliberada, dicha Doctrina; y además, una breve declaración de los hechos sobre los que se basa la solicitud de declaración de desvinculación. En forma simultánea con la presentación de la petición, ante el Obispo Presidente deberá entregarse la declaración de desvinculación propuesta y un informe que la respalde. Acto seguido, el Obispo Presidente entregará una copia de la petición de la declaración de desvinculación junto con la declaración de desvinculación propuesta y una copia del sumario que la respalda a todos y cada uno de los Obispos titulares de la declaración. El Obispo Presidente fijará una fecha para la presentación de una respuesta y un informe que la respalde, que no será anterior a noventa días a partir de la fecha de presentación; asimismo, podría prorrogar el plazo para dar una respuesta por no más de sesenta días adicionales. Luego de presentar una respuesta y el informe que la respalde, si lo hubiera, o luego del vencimiento del plazo dispuesto para dar una respuesta, si no se presentara ninguna, el Obispo Presidente inmediatamente transmitirá copias de la petición de una declaración de desvinculación, la declaración de desvinculación propuesta, la respuesta y los informes a cada miembro de la Cámara de Obispos. La Cámara de Obispos someterá a consideración la petición de declaración de desvinculación en su próxima reunión regularmente programada al menos un mes después de haberse transmitido las copias de la solicitud de declaración de desvinculación, la declaración de desvinculación propuesta, la respuesta y los informes a todos y cada uno de los miembros de la Cámara de Obispos. La Cámara de Obispos podrá enmendar la declaración de desvinculación propuesta. Si al término de la reunión no se hubiera emitido una declaración de desvinculación, no se llevará a cabo ningún otro proceso en virtud de este Título contra ningún Obispo que sea objeto de ello por profesar y enseñar la Doctrina alegada en la petición de declaración de desvinculación.

b. Antes de transcurridos noventa días luego de la emisión de una declaración de desvinculación por parte de la Cámara de Obispos de la manera dispuesta en el Canon IV.17.7.a, cualesquiera diez Obispos Diocesanos con jurisdicción en esta Iglesia podrán presentar al Obispo Presidente una petición por escrito, firmada por todos ellos, en la que se pida que la Cámara de Obispos inicie proceso en virtud de este Título contra cualquier Obispo que sea sujeto de tal declaración de desvinculación por violación del Canon IV.4.1.h.2 con respecto a la misma Doctrina que se alegó en la petición de la declaración de desvinculación. Dicha petición de iniciación del proceso en virtud de este Título incluirá una explicación de por qué la emisión de una declaración de desvinculación no fue respuesta suficiente para el asunto alegado en la petición de declaración de desvinculación y estará acompañada de un informe que respalde la petición de iniciación del proceso. El Obispo Presidente fijará una fecha para la presentación de una respuesta, la cual incluirá una explicación de por qué la emisión de una declaración de desvinculación fue respuesta suficiente para el asunto alegado en la petición de declaración de desvinculación y estará acompañada de un informe que respalde su opinión; la fecha no será anterior a los noventa días a partir de la fecha de presentación y podría prorrogar el plazo para responder por no más de sesenta días adicionales. Luego de presentar una respuesta y el informe que la respalde, si lo hubiera, o luego del vencimiento del plazo dispuesto para dar una respuesta, si no se presentara ninguna, el Obispo Presidente inmediatamente transmitirá copias de la petición de iniciación del proceso en virtud de este Título, la respuesta y los informes a cada miembro de la Cámara de Obispos. No se iniciará ningún proceso en virtud de este Título por violación del Canon IV.4.1.h.2, a menos que el Obispo Presidente reciba el consentimiento por escrito de un tercio de los Obispos habilitados para votar en la Cámara de Obispos dentro de los sesenta días posteriores a la fecha en que se les enviaron las copias de la petición de iniciación del proceso, en virtud de este Título, de la respuesta y de los informes. Si el Obispo Presidente no recibiera, dentro de los sesenta días posteriores a dicha fecha, el consentimiento por escrito de un tercio de los Obispos habilitados para votar deberá descartar el asunto y no podrá llevarse adelante ningún otro proceso relativo a ello. Si el Obispo Presidente recibiera, dentro de los sesenta días antes especificados, los consentimientos por escrito necesarios, deberá dar aviso inmediato al presidente de la Junta Disciplinaria para Obispos. El presidente seleccionará sin demora, entre los miembros de la Junta Disciplinaria para Obispos, ya sea por sorteo o por otro medio al azar, un Panel de Audiencias que se compondrá por nueve Obispos y nombrará un presidente del Panel de Audiencia. El presidente de la Junta Disciplinaria para Obispos enviará de inmediato al presidente del Panel de Audiencias y al Abogado Eclesiástico, copias de la petición de iniciación de los procesos en virtud de este Título, la respuesta y los informes; el asunto se llevará adelante en virtud de este Título como un asunto que ha sido remitido al Panel de Audiencia.

Sec. 8.

Por el presente, se establece el Tribunal de Revisión para Obispos como un tribunal de la Iglesia que tendrá jurisdicción sobre las apelaciones de los Paneles de Audiencias de la Junta Disciplinaria para Obispos.

a. El Tribunal de Revisión para Obispos está compuesto por nueve miembros, todos los cuales deben ser Obispos. La Cámara de Obispos elegirá a tres Obispos en cualquier reunión normalmente programada de dicha Cámara de Obispos, para que sirvan hasta la clausura de la tercera reunión subsiguiente de la Convención General y hasta que sus sucesores sean elegidos y califiquen; sin embargo, no habrá cambios en la composición del Tribunal con respecto a un Acusado en particular después de una audiencia en el asunto y mientras esté pendiente de resolver ante el Tribunal.

b. El Obispo Presidente debe cubrir las vacantes en el Tribunal de Revisión para Obispos en un plazo de sesenta días a partir de que se produzca la vacante.

c. Entre ellos, los miembros de la Cámara de Revisión para Obispos deben elegir a un presidente.

d. Los gastos razonables y necesarios del Tribunal de Revisión para Obispos (honorarios, costos, desembolsos y gastos generales de los miembros, actuarios, recopiladores y Abogados Eclesiásticos) se cargarán a la Convención General y serán pagados por el Tesorero de la Convención General cuando lo ordene el presidente del Tribunal de Revisión. El Tribunal de Revisión para Obispos tiene autoridad para ordenar a la Convención General que pague estos gastos.

Sec. 9.

Un Acuerdo entre el Obispo Presidente y un Obispo que resulte de un arreglo de disciplina de conformidad con el Canon IV.9 (a) estará sujeto al derecho de retiro que se dispone en el Canon IV.9.3 y (b) será presentado por el Obispo Presidente ante la Junta Disciplinaria para Obispos para su aprobación inmediatamente después de ser firmado por el Obispo Presidente y el Acusado. A menos que sea retirado en virtud del Canon IV.9.3, tendrá efecto a partir de la aprobación de la Junta Disciplinaria para Obispos y no estará sujeto a apelación.

Sec. 1.

Todo Clérigo que sea objeto de una Orden que haya entrado en vigor podrá solicitar al Obispo Diocesano de la Diócesis que emitió la Orden, o al Obispo Presidente en el caso de un Obispo, que se haga una modificación o una exoneración de la Orden. Si el Obispo estuviera de acuerdo en que hay suficientes razones para conceder la modificación o exoneración solicitada, en su totalidad o en parte, se aplicarán los procesos dispuestos en este Canon para realizar dicha modificación o exoneración.

Sec. 2.

En el caso de una Orden relativa a un Presbítero o Diácono, toda disposición de cualquier Orden que no sea la de recomendar la destitución del Presbítero o Diácono, podrá ser modificada o remitida por el Obispo Diocesano de la Diócesis que emitió la Orden, con el consejo y consentimiento de dos tercios de los miembros de la Junta Disciplinaria.

Sec. 3.

En el caso de la destitución de un Presbítero o Diácono de conformidad con una Orden, dicha destitución deberá ser remitida y terminada por el Obispo Diocesano de la Diócesis que emitió la Orden solo previo cumplimiento de las siguientes condiciones: (a) la exoneración deberá contar con el consejo y consentimiento de dos tercios de los miembros de la Junta Disciplinaria de la Diócesis que emitió la Orden; (b) la exoneración propuesta, con las razones aducidas, se enviará para ser juzgada por cinco de los Obispos Diocesanos cuyas Diócesis sean las más cercanas a la Diócesis desde la cual se emitió la Orden, y el Obispo Diocesano recibirá por escrito la aprobación de la exoneración y el consentimiento para ello de al menos cuatro de los Obispos; (c) si la persona destituida tuviera residencia legal o canónica en una diócesis que no fuera aquella desde la cual se emitió la Orden, la exoneración propuesta junto con las razones para ella se enviarán para ser juzgadas por el(los) Obispo(s) Diocesano(s) de la(s) diócesis de residencia legal y canónica; tal(es) Obispo(s) Diocesano(s) será(n) quien(es) deberá(n) dar su aprobación por escrito de la exoneración y consentir a ella; y además (d) antes de autorizar la exoneración, el Obispo Diocesano exigirá que la persona destituida que desee volver a ser un ministro ordenado, firme la declaración requerida en el Artículo VIII de la Constitución.

Sec. 4.

En el caso de una Orden relativa a un Obispo, cualquier disposición de la Orden podrá ser modificada o exonerada por el presidente de la Junta Disciplinaria para Obispos, con el consejo y el consentimiento de la mayoría de los miembros de la Junta y de los Obispos que en ese entonces estén prestando sus servicios en el Tribunal de Revisión.

Sec. 5.

En el caso de una Orden que destituya a un Clérigo por abandonar la Iglesia, el Obispo no recibirá ninguna solicitud de exoneración hasta que la persona destituida haya vivido en comunión laica con la Iglesia durante al menos un año antes de solicitar la exoneración.

Sec. 6.

No se modificará ni exonerará ninguna Orden a menos que al Clérigo, al Abogado Eclesiástico y a todos y cada uno de los Demandantes se les haya otorgado la oportunidad de expresar su punto de vista ante la Junta Disciplinaria, o la Junta Disciplinaria y los Obispos que entonces estuvieran prestando servicios en el Tribunal de Revisión, según sea el caso, respecto a las razones por las cuales la modificación o exoneración propuesta debería permitirse o no.

Sec. 1.

Los procesos realizados en virtud de este Título no pertenecen al área civil ni penal, sino que son de naturaleza eclesiástica. Estos procesos representan la responsabilidad de la Iglesia de determinar quién podrá servir como Clérigo de ella, reflejando el sistema de gobierno y el orden de esta Iglesia jerárquica. Los Clérigos voluntariamente han solicitado y aceptado puestos en la Iglesia y por lo tanto han dado su consentimiento de someterse a la Disciplina de la Iglesia. En estos procesos no podrán reclamar, en virtud de este Título, garantías constitucionales que no sean las asociadas con los procesos judiciales seculares.

Sec. 2.

Ningún miembro de la Iglesia, laico u ordenado, podrá solicitar que la Constitución y Cánones de la Iglesia sean interpretados por un tribunal secular, ni podrá recurrir a un tribunal secular para resolver una disputa que surja de la Constitución y los Cánones; tampoco podrá utilizar dichos tribunales para demorar, obstaculizar, revisar o afectar de ningún modo ningún proceso en virtud de este Título.

Sec. 3.

Ningún tribunal secular tendrá autoridad para revisar, anular, revocar, restringir ni demorar ningún procedimiento realizado en virtud de este Título. En ningún tribunal secular podrá entablarse un proceso judicial para hacer cumplir los términos o disposiciones de un Acuerdo u Orden a menos que expresamente se lo autorice en ellos.

Sec. 4.

a. Un Clérigo no será sometido al proceso especificado en este Título por actos cometidos más de diez años antes de la iniciación del proceso, excepto en los siguientes casos:

b. Los plazos de la Subsección a. anterior no se aplicarán con respecto a personas cuyos actos incluyan violencia física, abuso sexual o explotación sexual, si los actos ocurrieron cuando la supuesta Persona Perjudicada era menor de veintiún años de edad; en ese caso, el proceso en virtud de este Título podrá comenzarse en cualquier momento.

c. Los límites de tiempo de la Subsección a. anterior no se aplicarán con respecto a las personas cuyos actos incluyan conducta sexual inapropiada, siempre que se inicien procesos en virtud de este Título entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.

d. Salvo lo dispuesto en la Subsección b. anterior, las limitaciones de tiempo para que se inicien procesos en esta Sección serán retroactivas tan solo al 1º de enero de 1996.

e. No se podrá comenzar ningún proceso en virtud de este Título del cual se alegue infracción del Canon IV.3.1.a o que constituya una infracción del Canon IV.4.1.b, c, e o h.2 a menos que los actos hayan sido cometidos, o hayan continuado, hasta los dos años inmediatamente previos al momento de iniciar el proceso.

f. Para los fines de esta Sección 4, los procesos se inician en virtud de este Título con respecto a una Ofensa determinada cuando se presentan alegatos específicos de haber cometido esa Ofensa ante el Gestor.

Sec. 5.

La jurisdicción y el lugar para los procesos realizados en virtud de este Título serán los siguientes:

a. Un Clérigo estará sujeto a los procedimientos mencionados en este Título por la supuesta comisión de una Ofensa en la Diócesis en la cual dicho Clérigo tiene su residencia canónica o en cualquier diócesis en la cual se alegue que ocurrió una Ofensa.

b. Toda vez que tenga que remitirse un asunto a un Gestor respecto a un Clérigo que no tenga su residencia canónica en la Diócesis del Gestor, el Obispo Diocesano de la Diócesis del Gestor deberá avisarle de inmediato al Obispo Diocesano de la Diócesis donde el Clérigo tiene su residencia canónica que la Diócesis del Gestor tiene intenciones de llevar adelante un proceso en virtud de este Título, con respecto a ese asunto. El Obispo Diocesano de la Diócesis de residencia canónica dispondrá de treinta días luego de recibir dicho aviso dentro de los cuales podrá oponerse a la asunción de jurisdicción sobre el asunto por parte de la diócesis del Gestor. Dicha objeción se hará por escrito y se dirigirá al Obispo Diocesano de la Diócesis del Gestor. Si el Obispo Diocesano de la Diócesis de residencia canónica no se opusiera a nada dentro del plazo mencionado, se dará por sentado que el Obispo de la Diócesis de residencia canónica acepta que se realice la asunción de jurisdicción sobre el asunto por parte de la diócesis del Gestor.

c. Si el Obispo Diocesano de la Diócesis de residencia canónica se opusiera de acuerdo con lo dispuesto en el Canon IV.19.5.b, dicho Obispo Diocesano y el Obispo Diocesano de la Diócesis del Gestor se pondrán prontamente de acuerdo en cuanto a cuál Diócesis asumirá la jurisdicción sobre el asunto y llevará a cabo el proceso. Si los dos Obispos no pudieran ponerse prontamente de acuerdo, su desacuerdo deberá resolverse del siguiente modo:

Sec. 6.

En cualquier procedimiento realizado en virtud de este Título, en el cual el Acusado no se presente ante el Panel de Conferencia tal como lo exige el Canon IV.12.4, o no se presente ante el Panel de Audiencias cal como lo exige el Canon IV.13.2.a.1, o no presente en tiempo y forma puntualmente la respuesta por escrito al Panel de Audiencias que exige el Canon IV.13.2.a.3, dicho Panel podrá, a su juicio, proceder en ausencia del Acusado. En cualquier proceso realizado en virtud de esta sección, dichos paneles pueden considerar los materiales descritos en el Canon IV.12.1, y cualquier otro tipo de pruebas cuyo uso esté permitido en procedimientos llevados a cabo ante dichos paneles. El que un Demandado no haya comparecido o no haya presentado una respuesta por escrito, según se describe en esta Sección, no será, por sí solo la base para determinar que se ha cometido una Ofensa, aparte de la Ofensa que surja por no comparecer o por no presentar la respuesta.

Sec. 7.

A menos que se disponga expresamente lo contrario por escrito sobre la restricción del ministerio o la Sentencia de suspensión, un Clérigo bajo una restricción del Ministerio o Sentencia de suspensión no ejercerá autoridad alguna de su oficio sobre la propiedad inmobiliaria o personal ni los asuntos temporales de la Iglesia salvo los asuntos que no puedan ser tratados por una persona aparte del titular del oficio, y podrá ejercer autoridad en esos asuntos únicamente previo consejo y consentimiento de la Junta Parroquial o del Comité de Obispos en el caso de propiedades o asuntos de la congregación, o del Comité Permanente en el caso de propiedades o asuntos Diocesanos. La Sentencia de suspensión de un Rector dará fin a la relación pastoral entre el Rector y la Junta Parroquial o la Congregación a menos que (i) la Junta Parroquial, por voto de dos tercios, pida a la Autoridad Eclesiástica dentro de un plazo de treinta días que continúe la relación y (ii) la Autoridad Eclesiástica apruebe dicha petición. Si la relación pastoral no se ha terminado, se mantendrán servicios religiosos y administración de los Sacramentos para esa Parroquia como si existiera una vacante en la oficina del Rector. Esta Sección no prohibirá la aplicación del Canon III.9.13.

Sec. 8.

Para calcular los plazos otorgados para los procesos descritos en este Título, se excluirá el día de la actuación o evento a partir del cual se considera que comienza a correr el plazo designado. Se incluirá el último día del plazo, a menos que sea sábado, domingo o día feriado en esa jurisdicción, en cuyo caso el plazo correrá hasta el fin del día siguiente que no sea sábado, domingo o día feriado en esa jurisdicción. Toda vez que una de las partes tenga el derecho de realizar un acto o se le requiera hacerlo dentro del plazo previsto después de la entrega del aviso formal o de otros documentos, si la entrega fuera por correo, se agregarán cinco días al plazo estipulado. Toda vez que en este Título se establezca que un acto dado deba realizarse oportunamente o sin demoras, dicho acto se hará tan rápidamente como sea posible dadas las circunstancias.

Sec. 9.

En todos los casos en virtud de este Título donde tome medidas o ejerza potestad un organismo canónico compuesto por varios miembros, incluidos los Paneles de Referencias, los Paneles de Conferencias, los Paneles de Audiencias y los Tribunales de Revisión, y se haya dado aviso a todos sus miembros de que deben reunirse, la mayoría de los miembros del organismo formará quórum, y una mayoría de los miembros presentes cuando haya quórum se considerará competente para actuar.

Sec. 10.

Todas las diócesis tomarán las medidas del caso para asegurarse de que haya asesores disponibles para los Acusados y para los Demandantes, tal como se dispone en este Canon, para dar apoyo, asistencia y consejo acerca del procedimiento indicado en este Título, así como acerca de los derechos, responsabilidades, consecuencias y alternativas relativas a este.

a. El Obispo Diocesano pondrá a disposición del Acusado a un Asesor por lo menos desde el momento en que suceda el primero de los siguientes eventos: (1) se haga la remisión para la conciliación al Panel de Conferencia o al Panel de Audiencias; (2) se imponga una restricción al ejercicio del ministerio o se imponga una Suspensión Administrativa, (3) el Acusado o el Obispo Diocesano le proponga términos de disciplina al otro en virtud del Canon IV.9 o (4) Se interrogue al Acusado, se le pida que haga una declaración o se le pida información.

b. El Obispo Diocesano hará que el Acusado tenga a su disposición un Asesor al menos desde el momento en que suceda el primero de los siguientes eventos: (1) envío del informe inicial al Panel de Referencia; (2) 15 días después de que el Demandante sea informado de una desestimación de conformidad con el Canon IV.6.5, (3) el Acusado o el Obispo Diocesano le proponga términos de disciplina al otro en virtud del Canon IV.9 o (4) el Obispo designe a una Persona Perjudicada como Demandante.

c. Ninguna de las siguientes personas podrá desempeñarse como Asesor: el Obispo Diocesano, el Abogado Eclesiástico, los miembros de la Junta Disciplinaria, el Gestor, ningún Investigador, ninguna persona que pudiera ser testigo en cualquier procedimiento pertinente, ni el Canciller o Vicecanciller de la Diócesis.

d. A ningún Acusado ni Demandante se le exigirá que acepte los servicios de un Asesor propuesto por el Obispo Diocesano. Cualquier Acusado o Demandante podrá utilizar los servicios de cualquier Asesor que elija después de designar a esa persona como Asesor por escrito y proporcionar esa información al Gestor.

e. Todas las comunicaciones entre el Acusado y su Asesor o abogado, y entre el Demandante y su Asesor o abogado, serán privilegiadas.

f. Cuando se trate de asuntos de disciplina, y a menos que en un Acuerdo u Orden se indique otra cosa, los costos y gastos razonables de proporcionar Asesores ofrecidos por el Obispo Diocesano serán cubiertos por la Diócesis. Los costos y gastos razonables de proporcionar asesores elegidos por el Acusado o el Demandante y que no fueron ofrecidos por el Obispo Diocesano serán responsabilidad de dicho Demandado o Demandante, a menos que en un Acuerdo u Orden se indique otra cosa.

g. En todos los procesos realizados en virtud de este Título en los cuales el Acusado o el Demandante tuvieran el derecho de estar presentes, también sus Asesores tendrán el derecho de estarlo.

Sec. 11.

Ninguna persona sujeta a la autoridad de la Iglesia deberá intentar coaccionar ni ejercer influencia indebida, en forma directa o indirecta, sobre las acciones de quienes desempeñen funciones en virtud de este Título, sobre los miembros de dicho organismo ni sobre otras personas que participen en dicho proceso.

Sec. 12.

En todos los procesos de este Título, cuando se requiera o permita que el Acusado o el Demandante comparezca, participe, declare o esté presente en el procedimiento, tendrá el derecho de estar acompañado y de estar representado por el abogado que elija. Toda vez que, en virtud de este Título, se entregue un aviso o un documento a un Acusado o a un Demandante, simultáneamente se entregará también una copia a su respectivo abogado, siempre y cuando el Acusado o Demandante, según corresponda, haya notificado al Obispo de la identidad e información de contacto de dicho abogado. Nada de lo incluido en este Título deberá interpretarse como exigencia de que un Acusado esté representado por un abogado. En virtud de este Título, todo lo que se requiere o se permite que haga el abogado del Acusado puede ser hecho por el propio Acusado.

Sec. 13.

Los procesos realizados en virtud de este Título que no sean respuestas pastorales, se prohibirán si la Ofensa específica ya hubiera sido objeto de un proceso previo en virtud de este Título contra el mismo Clérigo, y hubiera culminado con la emisión de una Orden o la celebración de un Acuerdo. Además, en el caso de un Clérigo que hubiera sido objeto de un proceso según un predecesor de este Título, los procesos de conformidad con este Título, además de las respuestas pastorales, quedarán prohibidos si la Ofensa ya fue previamente incluida en una acusación contra el Clérigo hubiera sido establecida expresamente en la renuncia y sometimiento voluntario de dicho Clérigo a medidas disciplinarias voluntarias por las cuales se hubiera dictado una Sentencia o formara parte del informe de un conciliador.

Sec. 14.

La imparcialidad de los funcionarios y entidades descritos en este Título deberá cumplir con las siguientes pautas:

a. Cualquier Obispo Diocesano que tenga autoridad según lo dispuesto en este Título, deberá excluirse voluntariamente de cualquier procedimiento en el que su imparcialidad pudiera ser razonablemente cuestionada. El Obispo también deberá excluirse voluntariamente cuando él, su cónyuge o un familiar con relación de parentesco de hasta tercer grado con cualquiera de ellos, así como el cónyuge de dicha persona, sea el Acusado, el Demandante o una Persona Perjudicada.

b. El Abogado Eclesiástico o cualquier miembro de cualquier Panel considerado en este Título, deberá descalificarse voluntariamente de cualquier proceso en el que su imparcialidad pudiera cuestionarse de manera razonable. La persona deberá descalificarse a sí mismo si dicha persona, su cónyuge o un familiar con relación de parentesco de hasta tercer grado con cualquiera de ellos, así como el cónyuge de dicha persona (1) es el Acusado, el Demandante o una Persona Perjudicada (2) es posible que se le llame a declarar en el proceso, (3) tiene prejuicios o predisposición en contra del Acusado, del Demandante o de cualquier Persona Perjudicada, (4) tiene conocimiento personal sobre pruebas que se disputan en el proceso, (5) tiene un interés económico en los resultados del proceso, sobre el Acusado, el Demandante o cualquier Persona Perjudicada, o sobre cualquier otro aspecto que pudiera ser substancialmente afectado por el resultado del proceso, o (6) es miembro de la misma congregación o tiene una estrecha relación personal o profesional con el Acusado, el Demandante, una Persona Perjudicada o un testigo del caso.

c. El Abogado Eclesiástico o el del Acusado podrán pedir la recusación de cualquier miembro de cualquier Panel descrito en este Título que no se haya descalificado voluntariamente tal como se establece en esta Sección. El Demandante o su Asesor podrá informar al Abogado Eclesiástico acerca de esta situación. La recusación será investigada por el resto de los miembros del Panel, quienes determinarán si la persona recusada deberá ser descalificada y reemplazada de conformidad con los procedimientos de este Título para el llenado de vacantes.

d. Ningún Obispo Diocesano ni Panel aceptará del Abogado Eclesiástico ni del Acusado ninguna renuncia a las bases de descalificación enumeradas en esta sección, a menos que vaya precedida de una divulgación completa de las bases de la descalificación, en las actas.

Sec. 15.

Además de cualquier recusación permitida en virtud del Canon IV.19.14, la integridad de la Junta Disciplinaria se preservará por medio de un sistema de recusación en cuanto a la membresía de cualquier Panel de la Junta nombrado para un proceso. De acuerdo con el Canon, cada diócesis tendrá un sistema de recusación. Si en los Cánones de las Diócesis no hubiera disposiciones para cuestionar a un miembro de la Junta, cualquier miembro de un Panel nombrado para participar en un proceso podrá ser recusado por el Abogado Eclesiástico o por el Acusado respecto a un conflicto de intereses o de prejuicios. Los restantes miembros de la Junta determinarán si la recusación es relevante y se basa en hechos reales y después determinará si el integrante recusado deberá ser excluido del procedimiento. Si el integrante fuera excluido, se nombrará a otro integrante de la Junta para integrar el Panel y llenar así la vacante creada por la recusación, debiéndose mantener el equilibrio necesario de laicos miembros ordenados.

Sec. 16.

Se supondrá que el Acusado no cometió la Ofensa. La prueba que se requiere para que un Panel de Audiencias determine que un Acusado cometió una Ofensa es que exista un predominio de pruebas claras y convincentes.

Sec. 17.

En todos los asuntos relacionados con este Título, la Iglesia deberá demostrar a través del Abogado Eclesiástico que el Acusado sí cometió una Ofensa.

Sec. 18.

Salvo que en este Título se disponga lo contrario, o salvo que exista causa justificante según lo determine el Panel de Audiencias, será deber de todos los miembros de esta Iglesia comparecer y declarar o responder cuando formalmente se lo solicite un Panel en cualquier asunto relacionado con lo descrito en este Título.

Sec. 19.

Ningún Canciller o Vicecanciller de una Diócesis se desempeñará como Abogado Eclesiástico en su Diócesis. Ningún Canciller o Vicecanciller de una Provincia se desempeñará como Abogado Eclesiástico en una Diócesis de esa Provincia ni en un procedimiento provincial. Ni el Canciller del Obispo Presidente ni el Canciller del Presidente de la Cámara de Diputados podrá desempeñarse como Abogado Eclesiástico en procedimiento alguno. El Abogado Eclesiástico en un procedimiento no podrá provenir del mismo bufete de abogados que un Canciller o Vicecanciller por lo demás descalificado en virtud de esta sección.

Sec. 20.

Los avisos u otros documentos entregados según los procedimientos de este Título se considerarán formalmente entregados si la persona recibe una copia, si se deja una copia a un adulto que resida en el hogar del interesado, si se envía por correo certificado una copia a su morada habitual o si se envía por medios electrónicos con recibo confirmado por escrito. Los avisos por publicación deberán hacerse en un periódico de circulación general dentro de la jurisdicción de la residencia habitual del interesado. La aceptación del documento enviado hace innecesario que se realice cualquier otro procedimiento.

Sec. 21.

La referencia en este Título a un Obispo Diocesano incluirá al Obispo Coadjutor si se le ha asignado jurisdicción específica a este para asuntos contemplados en este Título de conformidad con el Canon III.11.9.a.2 y un Obispo Sufragáneo u Obispo Asistente si las obligaciones específicas para los asuntos contemplados en este Título han sido asignadas expresamente al Obispo Sufragáneo u Obispo Asistente por el Obispo Diocesano.

Sec. 22.

Una Junta Disciplinaria o Tribunal de Revisión podrá, a su discreción, contratar un abogado para que le proporcione asesoría o asesore al Presidente de la Junta o a uno de sus Paneles en temas jurídicos, de procedimientos o de pruebas. Dicho abogado, si lo hubiera, no tendrá voto en ningún procedimiento realizado ante la Junta Disciplinaria, uno de sus Paneles ni el Tribunal de Revisión.

Sec. 23.

Salvo lo dispuesto expresamente en este Título, en el Canon Diocesano aplicable o en cualquier Acuerdo u Orden, todos los costos, gastos y honorarios, de haberlos, serán responsabilidad de la parte, persona o entidad que hubiera incurrido en ellos.

a. Los costos, gastos y honorarios necesarios correspondientes al Investigador, al Abogado Eclesiástico, al Panel de Conferencia, al Panel de Audiencias y a cualquier respuesta pastoral correrán por cuenta de la Diócesis.

b. Los costos y gastos necesarios del Tribunal de Revisión correrán por cuenta de la Convención General.

c. Los costos y gastos necesarios de la Junta Disciplinaria para Obispos y del Tribunal de Revisión para Obispos correrán por cuenta de la Convención General.

d. Nada de lo dispuesto en este Título impide el pago voluntario de los costos, gastos y honorarios responsabilidad del Acusado por otra parte o entidad, incluida una Diócesis.

Sec. 24.

Si el Obispo Presidente no pudiera actuar por ausencia, discapacidad u otro motivo, las acciones que en virtud de este Título debería realizar el Obispo Presidente serán realizadas por el Obispo que sería el Funcionario Presidente de la Cámara de Obispos, de conformidad con la Sección 3 del Artículo I de la Constitución en caso de renuncia, enfermedad, discapacidad o fallecimiento del Obispo Presidente.

Sec. 25.

Si la administración de la disciplina de clérigos de una Diócesis no se le asigna expresamente a un Obispo Diocesano, a un Obispo Coadjutor o a un Obispo Sufragáneo, y no está bajo restricción de ministerio o Sentencia de suspensión, la Diócesis deberá, por acuerdo de conformidad con el Canon III.13.2, disponer que un Obispo lleve a cabo los deberes de Obispo Diocesano en virtud de este Título antes de comenzar o continuar con cualquier proceso en virtud del mismo. Un Obispo que realiza los deberes del Obispo Diocesano en virtud de esta Sección tiene toda la autoridad y los poderes del Obispo Diocesano en virtud de este Título.

Sec. 26.

Toda vez que en este Título se establezca que una comunicación, deliberación, investigación o procedimiento será confidencial, ninguna persona con el conocimiento o la posesión de información confidencial derivada de tal comunicación, deliberación, investigación o procedimiento la divulgará, salvo si así se estableciera en este Título, en un Acuerdo u Orden o en las leyes vigentes.

Sec. 27.

Las Comunicaciones Privilegiadas no serán divulgadas ni se derivará ninguna inferencia negativa respecto a que sean privilegiadas, a menos que la persona a quien pertenece el privilegio renuncie a él. La renuncia de un privilegio puede ocurrir: (a) por divulgación voluntaria; (b) por no oponerse a tiempo el uso de una Comunicación Privilegiada o (c) por poner en riesgo la Comunicación Privilegiada. No obstante las disposiciones de esta sección que indique lo contrario, el hecho de que un penitente renuncie a los requisitos de confidencialidad relativos a las comunicaciones o divulgaciones realizadas dentro del Rito de Reconciliación de un penitente no significa que el confesor se verá forzado a divulgar nada relativo a tales comunicaciones o divulgaciones, pues la confidencialidad de la confesión es moralmente absoluta, tal como se expresa en el Libro de Oración Común.

Sec. 28.

El incumplimiento de cualquier requisito de proceso dispuesto en este Título no será motivo de desestimación de ningún proceso, a menos que dicho incumplimiento provoque una injusticia sustancial o perjudique gravemente los derechos de un Acusado según lo determine el Panel o el Tribunal ante el cual está pendiente el procedimiento en propuesta y audiencia.

Sec. 29.

Solamente con el fin de aplicar estos Cánones a personas que han recibido el pronunciamiento de la anterior Sentencia de destitución, se considerará que dicha Sentencia fue una Sentencia de destitución.

Sec. 30.

a. Los diarios de sesiones se llevarán y preservarán del siguiente modo:

b. El Obispo Diocesano deberá:

c. Cuando se envíen registros impresos en virtud de este Canon, deberá entregarse a los Archivos de La Iglesia Episcopal una copia o versión electrónica de los registros cuya conservación se exige en virtud de esta Sección en el formato que especifiquen los Archivos de La Iglesia Episcopal.

d. Los Archivos de La Iglesia Episcopal (el “Administrador”) crearán, administrarán y mantendrán un registro seguro y con acceso limitado en la base de datos central para rastrear los datos pertinentes a los procesos en virtud de este Título (la “Base de Datos”) con el fin de proporcionar datos e información estadística para ayudar en el fomento de la formulación de políticas, la educación, el ministerio y otros objetivos de gobierno de la Iglesia (colectivamente los “Propósitos de la base de datos”).

Sec. 31.

Todo Clérigo que tenga residencia canónica en la diócesis, que considere haber sido acusado, por rumores u otros medios, de una Ofensa para la cual podría realizarse un proceso según lo dispuesto en este Título, podrá en nombre propio pedir al Gestor que lleve a cabo una investigación con respecto a dicha acusación. Al recibo de tal petición del Clérigo, será el deber del Gestor llevar a cabo una investigación inicial de conformidad con el Canon IV.6 e informar el resultado al Clérigo.

Sec. 32.

Ningún Clérigo será responsable de Ofensa alguna si el acto u omisión que constituye la Ofensa hubiera ocurrido sino antes de la fecha de entrada en vigor de este Título, a menos que dicho acto u omisión hubiera constituido una ofensa en el predecesor de este Título.

Sec. 1.

Los términos en mayúsculas usados en este Canon y que por lo demás no se definen en este Título, tendrán el significado asignado en el predecesor de este Título.

Sec. 2.

Este Título tendrá vigencia a partir del 1° de julio del 2011. Salvo que se indique lo contrario en este Canon, el predecesor de este Título quedará anulado en la fecha en que entre en vigor este Título.

Sec. 3.

Los asuntos pendientes en el predecesor de este Título, en la fecha de entrada en vigor del presente, se manejarán del siguiente modo:

a. Cualquier Inhibición Transitoria continuará de conformidad con sus términos hasta que venza según el Canon 1.2(f) del predecesor de este Título. Cualquier Inhibición Transitoria continuará de acuerdo con sus términos, hasta que venza según de conformidad con el Canon 1.2(f) del predecesor de este Título. Una Inhibición Temporal que haya sido vigente antes de la fecha de entrada en vigor de este Título y que venza por motivo del vencimiento del plazo dispuesto en el Canon 1.2(f)(vi) del predecesor de este Título, podrá ser prorrogada y revisada. (1) de la manera dispuesta en el predecesor de este Título en el caso de cualquier asunto que proceda según el predecesor de este Título como se dispone en esta sección, o bien (2) en el caso de cualquier otro asunto, mediante la emisión de una restricción al ejercicio del ministerio, la imposición de una Suspensión Administrativa al Clérigo, o ambas, según las disposiciones de este Título.

b. Un Cargo contra un Presbítero o Diácono que esté pendiente en la fecha de entrada en vigor de este Título, y respecto al cual el Comité de Revisión Diocesano no hubiera emitido una Acusación ni hubiera votado por no emitirla, será remitido al Panel de Referencia y el asunto procederá de acuerdo con las disposiciones de este Título.

c. Un Cargo contra un Obispo que esté pendiente en la fecha de entrada en vigor de este Título, y respecto al cual el Comité de Revisión no hubiera emitido una Acusación ni hubiera votado por no emitirla, será remitido al Panel de Referencia y el asunto procederá de acuerdo con las disposiciones de este Título.

d. Una petición de declaración de desvinculación que esté pendiente en la fecha de entrada en vigor de este Título, procederá de acuerdo con el Canon IV.17.7.a, y el asunto de ahí en adelante procederá, de hacerlo, de conformidad con las disposiciones de este Título.

e. Una Acusación contra un Obispo en virtud del Canon 3.21(c) del predecesor de este Título que esté pendiente en la fecha de entrada en vigor de este Título, procederá de acuerdo con el Canon IV.17.7, y el asunto de ahí en adelante procederá, de hacerlo, de conformidad con las disposiciones de este Título.

f. Un caso en el cual se emita una Acusación contra un Clérigo antes de la fecha de entrada en vigor de este Título, y en el cual la respuesta del Acusado u otras respuestas no se den o no tengan que presentarse sino hasta después de la fecha de entrada en vigor de este Título, se remitirá al Panel de Conferencia y el asunto procederá de acuerdo con las disposiciones de este Título.

g. Un caso que esté pendiente ante un Tribunal Eclesiástico de Primera Instancia de una Diócesis, y en el cual la respuesta del Acusado u otras respuestas se den o tengan que entregarse antes de la fecha de entrada en vigor de este Título, y en el cual no se haya celebrado ningún Juicio, procederá de acuerdo con las disposiciones del predecesor de este Título a menos que el Abogado Eclesiástico, el Acusado y el presidente de la Junta Disciplinaria acuerden por escrito que el caso procederá según las disposiciones de este Título, en cuyo caso el asunto se remitirá al Panel de Audiencias y procederá de acuerdo con las disposiciones de este Título.

h. Una apelación de cualquier Fallo pronunciado por un Tribunal Eclesiástico de Primera Instancia de una Diócesis después de la fecha de entrada en vigor de este Título, procederá según las disposiciones de este Título.

i. Un caso que esté pendiente ante un Tribunal de Revisión del Juicio de un Presbítero o Diácono, procederá de acuerdo con las disposiciones del predecesor de este Título, a menos que el Abogado Eclesiástico, el Acusado y el Presidente del Tribunal de Revisión acuerden por escrito que el caso procederá según las disposiciones de este Título, en cuyo caso el asunto se remitirá al Tribunal de Revisión y el asunto, inclusive la concesión de una nueva audiencia, procederá según las disposiciones de este Título

j. Un caso que esté pendiente ante un Tribunal para el juicio de un Obispo, y en el cual la respuesta del Acusado u otras respuestas se dan o tienen que entregarse antes de la fecha de entrada en vigor de este Título, y en el cual no se ha celebrado ningún Juicio, procederá de acuerdo con las disposiciones del predecesor de este Título a menos que el Abogado Eclesiástico, el Acusado y el presidente de la Junta Disciplinaria para Obispos acuerden por escrito que el caso procederá según las disposiciones de este Título, en cuyo caso el asunto se remitirá al Panel de Audiencias y procederá de acuerdo con las disposiciones de este Título.

k. Un caso que esté pendiente ante un Tribunal de Revisión del Juicio de un Obispo, procederá de acuerdo con las disposiciones del predecesor de este Título a menos que el Abogado Eclesiástico, el Acusado y el presidente del Tribunal de Revisión para Obispos acuerden por escrito que el caso procederá según las disposiciones de este Título, en cuyo caso el asunto se remitirá al Tribunal de Revisión para Obispos y el asunto, inclusive la concesión de una nueva audiencia, procederá según las disposiciones de este Título.

Sec. 1.

Ningún Canon nuevo será promulgado ni ningún Canon existente será enmendado ni revocado salvo por Resolución concurrente de las dos Cámaras de la Convención General. Dicha Resolución puede introducirse primero en cualquiera de las cámaras y será remitida en cada Cámara al Comité de Cánones de la misma, para consideración, informe y recomendación, antes de la adopción por la Cámara; se dispone, no obstante, que en ambas Cámaras el requisito anterior de remisión podrá disculparse por un voto de tres cuartos de los miembros presentes.

Sec. 2.

Siempre que un Canon sea enmendado, promulgado o revocado en aspectos diferentes por dos o más promulgaciones independientes en la misma Convención General, incluso la promulgación de un Título entero, las promulgaciones separadas se considerarán como una promulgación que contiene todas las enmiendas o promulgaciones, sean o no revocadas, siempre que los cambios que se hagan en promulgaciones o enmiendas separadas no se contrapongan. Los dos miembros del Comité de Constitución y Cánones de cada Cámara de la Convención General nombrados de conformidad con el Canon V.1.6 determinarán si hay o no un conflicto y certificarán el texto de la promulgación única ante el Secretario de la Convención General.

Sec. 3.

Cuando un Canon que revocó otro Canon, en todo o en parte, sea a sí mismo revocado, tal Canon previo, en todo o en parte, no quedará por ello revivido ni restituido si no contiene palabras expresas a ese efecto.

Sec. 4.

se enmienda o agrega un Canon o Sección de un Canon o Cláusula de una Sección de un Canon, la promulgación tendrá materialmente uno de los formatos siguientes: “Que el Canon ... (Canon, Sección o Cláusula designado como se dispone en el Canon V.2.2) ... por el presente se enmiende de la siguiente manera: (insertar aquí la nueva redacción)”; o “Que el Canon ... (Canon o Sección designado como se dispone en el Canon V.2.2) ... por el presente se enmiende al agregar una Sección (o Cláusula) que diga lo siguiente: (insertar aquí el texto de la nueva Sección o Cláusula)”. Si se harán enmiendas en una de las reuniones de la Convención General a más de la mitad de los Cánones de un solo Título de los Cánones, la promulgación puede tener la siguiente forma: “Que el Título ... de los Cánones se enmiende por la presente para que diga lo siguiente: (insertar aquí la nueva redacción de todos los Cánones del Título sea o no enmendado el Canon individual)”. En caso de la inserción de un nuevo Canon o una nueva Sección o Cláusula en un Canon, o de la revocación de un Canon existente, o de una Sección o Cláusula, la numeración de los Cánones, o de una división de un Canon que sigue se cambiará de manera correspondiente, sin la necesidad de promulgar una enmienda o enmiendas a ese efecto.

Sec. 5.

Habrá un Conservador de la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal, nombrado por los Funcionarios Presidentes de las dos Cámaras de la Convención General y confirmado por el Consejo Ejecutivo. Las vacantes de ese puesto se cubrirán del mismo modo. El Conservador desempeñará su cargo por un período que comenzará doce meses después de la clausura de la reunión ordinaria anterior de la Convención General y permanecerá en funciones hasta doce meses después de la siguiente reunión ordinaria de la Convención General, o hasta que se confirme a un sucesor. El primer Conservador de la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal será nombrado por los Funcionarios Presidentes para ser confirmado en la primera reunión del Consejo Ejecutivo tras la adopción de este Canon. Será deber del Conservador certificar que todas las versiones digitales e impresas de la Constitución y los Cánones, incluyendo cualquier enmienda o enmiendas adoptadas en la Convención General más reciente, se ajustan a la Constitución y los Cánones debidamente autorizados por la Convención General.

Sec. 6.

Al cierre de cada reunión ordinaria de la Convención General, el Conservador de la Constitución y los Cánones, en consulta con el Canciller del Obispo Presidente, el Canciller del Presidente de la Cámara de Diputados, y el Presidente y Vicepresidente de la Comisión Permanente sobre Gobierno, Estructura, Constitución y Cánones, (a) certificará los cambios, de haberlos, efectuados en los Cánones, incluida la corrección de las referencias hechas en cualquier Canon respecto a otro, y los reportará, con el debido arreglo, al Secretario de la Convención General; (b) certificará de la misma manera los cambios, de haberlos, que se le hagan o se proponga hacerle a la Constitución, de conformidad con las disposiciones del Artículo XII de la Constitución, y los reportará al Secretario de la Convención General, quien los publicará en el Diario; y (c) certificará de la misma manera los cambios, de haberlos, introducidos en las Reglas de Orden Conjuntas. El Conservador también tendrá y ejercerá el poder de cambiar la numeración y corregir las referencias de Artículos, Secciones y Cláusulas de la Constitución según lo requiera la adopción de enmiendas a la Constitución en una reunión de la Convención General de la misma manera dispuesta con respecto a los Cánones y las Reglas de Orden Conjuntas.

Sec. 7.

Todos los Cánones promulgados por la Convención General, y todas las enmiendas y revocaciones de Cánones, a menos que se ordene expresamente lo contrario en un acto de la Convención General, entrarán en vigor el primer día de enero posterior al cierre de la Convención General en la que fueron promulgados o hechos.

Sec. 1.

Siempre que el término “Diócesis” se use sin calificación en estos Cánones, se entenderá que se refiere tanto a las “Diócesis” y a las “Diócesis Misioneras,” de la manera en que estos términos se usan en la Constitución, y también, siempre que corresponda, a la “Asamblea de Iglesias Episcopales de Europa”.

Sec. 2.

Siempre que en estos Cánones se haga referencia a un Canon, a una Sección de un Canon o a una Cláusula de una Sección de un Canon, la palabra “Canon” se dispondrá, seguida en orden por la designación numérica o alfabética del Título, el Canon, la Sección y la Cláusula, en cada caso separada por un punto.

Sec. 1.

Los miembros de todos los comités, subcomités, grupos de trabajo, paneles u otros organismos elegidos o nombrados por cualquier organismo paneclesiástico o líder de La Iglesia Episcopal incluidos, entre otros, la Cámara de Diputados, la Cámara de Obispos, el Consejo Ejecutivo, Comisiones, Comités, Agencias y Juntas de La Iglesia Episcopal y sus respectivos Funcionarios Presidentes, informarán de sus miembros a la Oficina de la Convención General, la cual publicará la información más tardar 30 días después de la elección o nombramiento.

Sec. 2.

Salvo cuando la Constitución o los Cánones de la Convención General dispongan lo contrario, un quórum de cualquier organismo de la Convención General que consista de varios miembros, habiendo sido todos citados debidamente para reunirse, constituirá una mayoría de dichos miembros; y una mayoría del quórum así citado será competente para actuar.

Sec. 1.

a. Salvo cuando la Constitución o los Cánones de la Convención General dispongan lo contrario, el término de un miembro en cualquier organismo de la Convención General que se componga de varios miembros quedará vacante de la siguiente manera:

b. El mandato de cualquier miembro que específicamente deba ser cumplido por un Presbítero o Diácono quedará vacante por la ordenación de ese miembro al episcopado.

c. El mandato de cualquier Clérigo que específicamente se deba cumplir en virtud de una residencia canónica provincial o diocesana quedará vacante al cambiar la residencia canónica a otra diócesis o a una diócesis en una provincia diferente, según sea el caso.

d. El mandato de cualquier Laico que específicamente se deba cumplir en virtud de una residencia canónica provincial o diocesana quedará vacante al cambiar de residencia canónica a otra diócesis o a una diócesis en una provincia diferente, según sea el caso.

Sec. 2.

a. El puesto de un laico queda vacante por la pérdida de su estado de comulgante en buena posición.

b. El puesto de cualquier miembro que específicamente deba ser cubierto por un Laico quedará vacante al ordenarse ese miembro.